Armando Esteban Quito, Author at Morfema Press

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos reportó este domingo la excarcelación de 175 personas que detuvieron tras las presidenciales del 28 de julio, en el contexto de las protestas contra el anuncio del Consejo Nacional Electoral, en el que dieron como ganador a Nicolás Maduro.

EFE

Familiares indicaron que 150 fueron excarcelados de la prisión conocida como Tocorón, en el estado Aragua, mientras que 20 estaban en el penal Tocuyito, Carabobo.

La organización también informó sobre la excarcelación de «una ciudadana» que estaba en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana en Apure, además de tres más que permanecían detenidas en la GNB de Miranda.

«Hoy celebran su regreso a casa tras largos meses de una prisión injusta por crímenes que nunca cometieron. Sin embargo, su libertad plena sigue siendo una deuda pendiente del Estado venezolano», expresó el comité.

El reporte de la organización se produce luego de que el Ministerio Público informara este sábado sobre 381 nuevas excarcelaciones de personas detenidas tras las presidenciales, para un total de 1.896 liberaciones con medidas cautelares, que fueron concedidas después de la solicitud de revisión de estos casos ante la justicia.

A través de un comunicado, la Fiscalía detalló que las revisiones de los casos de estas personas, a quienes vinculó «a los hechos de violencia» poselectorales, fueron solicitadas y acordadas entre los días 16 y 24 de enero.

Entretanto, familiares de «presos políticos» exigieron a las autoridades venezolanas la revisión de los casos de sus parientes para que puedan ser liberados, así como «celeridad» en las excarcelaciones, ya que consideran que sus allegados son «inocentes», según varios comunicados que compartió el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en X.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de las personas que considera están detenidas por razones de conciencia, informó este sábado que en Venezuela hay 1.601 presos políticos, mientras que la Fiscalía y la administración de Maduro afirman que en el país no hay presos políticos, sino que cometieron delitos.

La Comisión Europea ha aprobado el uso de polvo de larvas de gusano como «ingrediente» en diversas categorías de alimentos, incluyendo el pan. Según ha anunciado la Dirección General de Alimentación y Veterinaria (DGAV), este polvo podrá incorporarse en productos como quesos y derivados, mermeladas de frutas y verduras, alimentos a base de pasta, productos procesados con patatas e incluso panes.

La Gaceta de la Iberosfera

El etiquetado de estos alimentos deberá advertir que este «ingrediente» podría provocar reacciones alérgicas en personas alérgicas a los crustáceos, productos derivados de crustáceos y ácaros. Con ello, el productor conseguirá la autorización concedida tras la evaluación de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, por sus siglas en inglés), que confirmó la seguridad de este polvo de larvas de gusano.

Esta decisión se alinea con las imposiciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que promueve el consumo de insectos como una fuente de proteínas más sostenible. En este contexto, también se ha aprobado el consumo del grillo doméstico en sus formas congelada, deshidratada y en polvo, así como el de langostas migratorias.

Agentes federales detuvieron a docenas de miembros del Tren de Aragua en una redada nocturna en un “club nocturno improvisado” en Denver, después de que la viciosa pandilla carcelaria venezolana aterrorizara la ciudad y el suburbio de Aurora.

The New York Post

La DEA dijo que agentes en Colorado interrumpieron una “fiesta a la que sólo se podía asistir con invitación” en la que docenas de pandilleros estaban andando sueltos en el condado de Adams, justo en las afueras de los límites de la ciudad de Denver.

En las redadas se encontraron dinero en efectivo, armas, pistolas y drogas, incluida Tusi o “cocaína rosa”, un poderoso narcótico en cuya distribución la pandilla ha desempeñado un papel importante en todo Estados Unidos.

Un video publicado por la División de las Montañas Rocosas de la DEA mostró un autobús blanco lleno de pandilleros arrestados, escoltados por vehículos policiales por carreteras nevadas.

Los arrestos involucraron a alrededor de 50 miembros del Tren de Aragua en total, lo que marca el último paso en la ofensiva de la administración Trump contra inmigrantes ilegales con antecedentes penales que representan una amenaza potencial a la seguridad pública.

«Queremos que el país sepa que todos apoyaremos la prioridad del presidente de atrapar a los criminales ilegales más peligrosos», dijo el administrador interino de la DEA, Derek Maltz, a The Post.

Tanto el presidente Trump como Homan se han comprometido a encontrar, arrestar y, en última instancia, deportar a millones de inmigrantes que han ingresado ilegalmente al país.

A 900 días de su mandato, Gustavo Petro enfrenta una situación crítica en su Gobierno, con promesas incumplidas y una creciente crisis tanto en el ámbito de seguridad como en el económico.

Por: Sabrina Martín – La Gaceta de la Iberosfera

El país se enfrenta a un panorama de violencia incontrolable, una crisis económica con altos niveles de déficit fiscal y una administración incapaz de resolver los problemas internos de Colombia.

Violencia desbordada en el Catatumbo y el fracaso de la «Paz Total»

La crisis de seguridad en el Catatumbo es uno de los episodios más preocupantes del Gobierno de Petro. A pesar de las alertas de diferentes organizaciones y la creciente violencia, el Gobierno no logró frenar la expansión de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (EL N) y las disidencias de las FARC.

Esta situación llevó al presidente a decretar el estado de conmoción interior el 24 de enero, cubriendo 19 municipios del Catatumbo y algunas zonas cercanas. Sin embargo, la medida llega tarde, pues las tensiones en la región ya eran evidentes desde 2024, y el resultado ha sido una crisis humanitaria que ha provocado el desplazamiento de más de 40.000 personas.

La promesa de alcanzar una «Paz Total» ha quedado en entredicho. En lugar de avanzar en acuerdos de paz con los grupos armados ilegales, el país ha sido testigo de un incremento de la violencia.

El ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo siguen operando con impunidad, lo que evidencia la incapacidad del gobierno de Petro para implementar políticas de seguridad efectivas.

En un mensaje reciente, Petro acusó al ELN de intentar apoderarse del territorio para financiarse a través del narcotráfico, pero estas declaraciones no han logrado ocultar la falta de estrategias claras para afrontar el desafío.

Desconexión con la realidad

Mientras la violencia azotaba el Catatumbo, el presidente Petro emprendió un viaje a Haití, en medio de la crisis interna. Este viaje fue percibido como una desconexión con las necesidades inmediatas del país y generó críticas tanto desde la oposición como dentro de su propio sector.

El senador Miguel Uribe Turbay calificó la decisión como una «irresponsabilidad», señalando la falta de capacidad del gobierno para manejar los problemas internos de Colombia. Además, el Gobierno continúa confiando en soluciones internacionales que no se traducen en resultados concretos para frenar la violencia en el terreno.

Crisis económica y mal manejo fiscal

Paralelamente, el Ejecutivo enfrenta una grave crisis económica. Según informes, el país presenta un déficit fiscal de 30 billones de pesos, lo que genera incertidumbre y desconfianza en la gestión del Gobierno.

Esta situación se agrava con el incumplimiento de pagos a contratistas del Estado, quienes aún no han recibido sus salarios de diciembre, lo que ha generado malestar tanto en la oposición como dentro del propio Gobierno.

La falta de recursos para cumplir con los compromisos fiscales refleja una deficiencia en la administración de los recursos públicos y la incapacidad para estabilizar la economía del país.

A lo largo de estos 900 días, Gustavo Petro ha enfrentado una serie de desafíos que, lejos de resolverse, han empeorado. La desconexión con la realidad, sumada a la falta de acciones efectivas en materia de seguridad y economía, deja en claro que el Gobierno de Petro no ha logrado cumplir con las expectativas generadas al inicio de su mandato.

En un giro inesperado en las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, la administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció sanciones severas contra el país que lidera Gustavo Petro luego de que dos vuelos de repatriación con migrantes indocumentados fueran rechazados en territorio colombiano. El anuncio, acompañado de medidas económicas y migratorias de gran alcance, fue difundido por el mandatario estadounidense a través de su red social Truth, en un mensaje cargado de críticas hacia el Gobierno colombiano.

Por: Katherine Lancheros – Infobae

Trump afirmó que “la negación de estos vuelos por parte de Petro ha puesto en peligro la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública de los Estados Unidos”. Como respuesta, anunció la implementación inmediata de varias medidas de represalia, entre las que se destacan:

Aranceles de emergencia del 25% a los bienes colombianos que ingresen a Estados Unidos, que aumentarán 50% en una semana.
Restricciones migratorias, incluyendo la revocación de visas para funcionarios gubernamentales, aliados, familiares y simpatizantes del gobierno colombiano.
Sanciones financieras y bancarias aplicadas mediante la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (Ieepa).
Inspecciones exhaustivas de ciudadanos colombianos y mercancías por razones de seguridad nacional.

El mensaje de Trump destacó que estas acciones “son solo el comienzo” de una respuesta más amplia que busca presionar al Gobierno colombiano para cumplir con las normativas internacionales relacionadas con la aceptación de migrantes deportados.

Cierre de la sección de visas en la embajada estadounidense

Una de las medidas de mayor impacto anunciadas hasta ahora es el cierre de la sección de visas en la embajada de Estados Unidos en Bogotá, efectivo a partir del 27 de enero de 2025. Esta decisión afecta directamente a miles de ciudadanos colombianos que planeaban solicitar visas de turismo, negocios o estudios, lo que provocó incertidumbre en sectores educativos y empresariales.

Además, la imposición de aranceles a los productos colombianos amenaza con desestabilizar sectores clave de la economía del país. Productos como flores, café y textiles, que son fundamentales en las exportaciones hacia Estados Unidos, enfrentarían un aumento en sus costos, disminuyendo su competitividad en el mercado norteamericano.

Por otro lado, las restricciones migratorias y el cierre de la sección de visas es lo que más preocupación provocó entre familias colombianas y estudiantes que dependen de la movilidad entre ambos países.

“¡No permitiremos que el Gobierno colombiano viole sus obligaciones legales con respecto a la aceptación y devolución de los criminales que forzaron a ingresar a los Estados Unidos!”, señaló Trump en su propia red social.

Estados Unidos revoca visas a familiares, aliados y simpatizantes del Gobierno de Gustavo Petro

Como se menciona previamente, las crecientes tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia, el presidente estadounidense Donald Trump anunció nuevas sanciones que incluyen la revocación de visas a los familiares, aliados políticos y simpatizantes del Gobierno de Gustavo Petro.

Trump afirmó de manera contundente: “Sanciones de visa a todos los miembros del partido, familiares y simpatizantes del gobierno colombiano”. Este mensaje deja claro que las restricciones no solo afectarán a funcionarios del Gobierno, sino a figuras públicas cercanas al partido del presidente Petro y al Pacto Histórico, su coalición política.

Entre los afectados directamente por la medida estarían los familiares más cercanos del mandatario colombiano, incluida su esposa, Verónica Alcocer, y sus hijos Nicolás, Sofía, Andrea, Antonella y Gustavo, este último residente en Canadá.

Además de la familia presidencial, las sanciones también alcanzarían a líderes y funcionarios de la coalición del Pacto Histórico, incluidos senadores, congresistas y otros altos cargos del Gobierno. Esta decisión provocó alarma en los círculos políticos de Colombia, ya que representa un golpe a la representación internacional y a la capacidad de liderazgo del gobierno en escenarios globales.

Figuras públicas que han manifestado su simpatía hacia la administración de Petro, como la reconocida actriz y activista Margarita Rosa de Francisco, podrían también verse afectadas por esta política restrictiva. Aunque no se ha confirmado una lista específica de personas sancionadas, la ambigüedad del anuncio incrementó la incertidumbre entre funcionarios y aliados del mandatario colombiano.

El concepto de identidad personal ha existido desde hace siglos con documentos físicos como pasaportes, certificados de nacimiento y tarjetas de identificación emitidas por gobiernos para verificar la identidad de una persona. Su digitalización, sin embargo, comenzó a tomar forma sólo con el advenimiento de las computadoras y las bases de datos digitales en la década de 1960 y 1970. Las primeras bases de datos comenzaron a ser utilizadas por gobiernos y grandes organizaciones para almacenar y gestionar información de identidad, lo que permitió la transición de registros en papel a registros digitales, mejorando la eficiencia en la gestión de datos.

Por: Camilo Cetina – CAF

En los años 80 y 90, las tarjetas de identificación con banda magnética y, posteriormente, con chips inteligentes (smart cards) permitieron almacenar información digital de identidad en un formato portátil. Estas tarjetas se utilizaron en diversos contextos, desde tarjetas de crédito hasta identificaciones laborales y gubernamentales. Con la expansión de internet en la década de 1990, los gobiernos y las organizaciones comenzaron a desarrollar bases de datos centralizadas accesibles en línea para almacenar y gestionar la información de identidad de manera más eficiente. Esto permitió la verificación de identidades en tiempo real y facilitó la administración de servicios públicos y privados.

Sin embargo, esa permanente expansión de conjuntos de datos centralizados trajo un reto: el dato por sí mismo, como la vinculación a un empleo o el registro de la voz de una persona, no tiene la capacidad de revelar directamente a la persona que la produjo. La identificación se configura una vez se confronta el dato biométrico y el registro que relaciona dicho dato con un nombre o un número de identificación y datos biográficos, por ejemplo. Así, en la década de 2000, se introdujeron tecnologías biométricas como la huella dactilar, el reconocimiento facial y el escaneo de iris como mecanismos de verificación de identidad. Estas tecnologías comenzaron a ser utilizadas en pasaportes electrónicos, control de fronteras y sistemas de autenticación en línea. Ejemplos comunes incluyen bases de datos gubernamentales de identificación, servicios de inicio de sesión como Google o Facebook, y registros de clientes en bancos.

Esa permanente transformación digital de la identidad ha facilitado y modernizado trámites, procesos y transacciones económicas, gracias, entre otros aspectos, al manejo centralizado de la información. Gobiernos, bancos y grandes corporaciones, almacenaban y controlaban la información personal de los usuarios. Con el tiempo esto trajo problemas de seguridad y privacidad, ya que dichas bases de datos centralizadas eran objetivos atractivos para los hackers.

La forma tradicional de mitigar ese riesgo de saboteo a bases de datos de identificación personal es el desarrollo de la ciberseguridad. Pero otro modelo de identidad basado en identificadores descentralizados (DID por su acrónimo en inglés), surge también como alternativa frente a los retos en seguridad y privacidad. Un DID es un identificador único y verificable que no depende de una autoridad central. Estos identificadores funcionan a través de registros descentralizados, como blockchain, para obtener información relacionada con la identidad de una persona o entidad. La tecnología blockchain permite que los datos se almacenen en múltiples nodos distribuidos, lo que dificulta su alteración o eliminación sin el consenso de toda la red que los conecta. Adicionalmente, en un sistema de identidad digital descentralizada, los individuos tienen control total sobre su propia información. Los usuarios pueden crear, gestionar y compartir sus identidades sin depender de una autoridad central.

Así, la identidad digital autosoberana (IDA) permite a los individuos controlar datos personales sin depender de una autoridad central, mejorando la privacidad y la seguridad. Permite a los usuarios tener un control total sobre sus datos personales, decidiendo qué información compartir y con quién, sin depender de intermediarios; también las personas pueden utilizar su identidad verificada de manera fácil y segura en múltiples plataformas y aplicaciones sin necesidad de registrarse repetidamente. Finalmente, la IDA dificulta la usurpación o suplantación de identidad y el robo de información personal. Proyectos como uPort, Sovrin y Microsoft ION han liderado el desarrollo de soluciones IDA.

Detrás de los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC en el Catatumbo están los intereses de la administración de Nicolás Maduro para controlar la frontera y frenar cualquier posible intervención extranjera en Venezuela, según publicó Semana.

El Nacional

El medio colombiano realizó una investigación durante días en la zona del conflicto, donde conversó con altos mandos colombianos, líderes sociales, campesinos, cocaleros y personas cercanas a la guerrilla para concluir que los enfrentamientos entre las guerrillas colombianas no son solo por el control del narcotráfico.

«El ELN es la contención en la frontera en caso de cualquier invasión que ataque a la revolución venezolana. Eso está clarísimo. Siempre ha sido así», aseguró un alto funcionario de la fuerza pública de Colombia.

Un oficial, bajo anonimato, admitió que las fuerzas de Antonio García estaban perdiendo terreno en Norte de Santander, lo que generó preocupación en el entorno de Maduro. Esto se agravó cuando el expresidente Álvaro Uribe volvió a plantear la idea de una intervención militar para derrocar al chavismo.

Unidades de inteligencia y líderes sociales señalaron que el ataque del ELN no fue casualidad. Incluso el Gobierno de Gustavo Petro, a través de su comisionado de paz, Otty Patiño, considera probable que Maduro esté implicado en la masacre del Catatumbo.

La eliminación de la estructura 33 de las disidencias de las FARC fue planificada desde 2024 y ocurrió al mismo tiempo que el supuesto cartel de los Soles se establecía en el Catatumbo, según Semana.

Apoyo al ELN

De acuerdo con la revista colombiana, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino y Tareck El Aissami enviaron a sus representantes con enormes sumas de dinero para reactivar el comercio de la hoja de coca. Además, señalaron la «indisciplina» de las FARC en esa zona fronteriza, ya que no estarían respetando acuerdos básicos para operar allí.

Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, uno de los líderes principales de las Farc, reveló a Semana este viernes que el chavismo ha apoyado la ofensiva del ELN. Según él, desde hace un año utilizan los recursos del Estado para atacar y desmantelar los campamentos de sus hombres.

«El ELN ha corrompido a algunos mandos militares que han apoyado a este grupo en la zona de frontera. Algunos soldados activos salen de permiso y participan en operativos de esas estructuras, se ganan un dinero y retornan a sus cuarteles nuevamente», señaló Díaz Mendoza.

Destacados líderes locales de Norte de Santander, que mantienen contacto directo con la cúpula del ELN, confirmaron dicha información.

Expulsión de las FARC

Consideran que los militares venezolanos colaboraron para expulsar a los integrantes de las Farc de su territorio, obligarlos a refugiarse en el Catatumbo y así facilitar que el ELN los masacrara.

«Las FARC fueron expulsadas de Venezuela. Allá identificaron sus fincas, les quemaron los cambuches, hubo bombardeos. Ellos expusieron a las FARC hacia Colombia», señaló una de esas personas bajo condición de anonimato..

El ELN ha sido, históricamente, la primera línea de protección para el chavismo, y mantener a esta guerrilla operativa es clave para la permanencia de Maduro en el poder. Uno de sus hombres, que ha participado en múltiples negociaciones, señaló que el ELN se ha transformado en un grupo armado al servicio de Maduro, encargado de realizar el trabajo sucio.

«El ELN, con los cubanos, (son) las últimas retaguardias de seguridad de Maduro», dijo la fuente. Un funcionario colombiano también lo reconoció.

El gobierno colombiano emitió el viernes un decreto que declara el estado de conmoción interior en Catatumbo, medida anunciada previamente por el presidente Petro.

Según los datos oficiales, los enfrentamientos han dejado entre 60 y 80 muertos, y han provocado el desplazamiento forzado de más de 36.000 personas. En los primeros días de enero, más de 700 personas se desplazaron a Venezuela, mientras que 395 personas han sido «extraídas» de la zona, incluidos 14 firmantes de paz y 17 de sus familiares.

Además, más de 7.000 personas permanecen confinadas en los municipios de Tibú, Teorama y San Calixto.

En entrevista con SEMANA, Calarcá Córdoba, comandante y en la mesa de diálogo del Gobierno colombiano, dijo que desde hace un año existen operativos militares venezolanos encaminados a destruir la infraestructura de las Farc en el Catatumbo.

La Patilla

SEMANA: ¿Qué apoyo ha recibido el ELN de parte del régimen de Nicolás Maduro para esta arremetida contra las disidencias de las Farc en el Catatumbo?

CALARCÁ CÓRDOBA: Lo que sí podemos decir es que el ELN ha corrompido algunos mandos militares que han apoyado este grupo en la zona de frontera. Esto lo podemos decir porque hace más de un año ha habido operativo de la fuerza militar venezolana encaminada a destruir toda la infraestructura que los camaradas habían construido para las ayudas de las mismas comunidades. Hasta donde teníamos conocimiento, los elenos estaban cubriendo los gastos de estos operativos. La política nuestra siempre ha sido de respeto a los pueblos hermanos y a sus gobiernos, nuestra lucha es en Colombia hasta que se superen las causas que generaron el conflicto en el país.

SEMANA: ¿Hay militares y civiles venezolanos apoyando al ELN en esta última arremetida?

CALARCÁ CÓRDOBA: Es posible que sí. Eso lo hemos evidenciado en la confrontación con esos grupos, algunos soldados activos salen de permiso y participan en operativos de esas estructuras, se ganan un dinero y retornan a sus cuarteles nuevamente. Sabemos que algunos mandos corruptos se han puesto al servicio del ELN en la zona de frontera. Pero de ahí a decir que es un plan del Gobierno venezolano, no tenemos esa información.

SEMANA: ¿Los refuerzos del ELN llegaron procedentes de Venezuela? ¿O se movilizaron desde Arauca, como dice Petro?

CALARCÁ CÓRDOBA: Decir que el refuerzo para esta masacre llegó todo desde Arauca, no es así; esto es algo que el ELN venía orquestando desde hace varios meses y fueron concentrando la fuerza y comprando material de guerra desde hace mucho tiempo. En Arauca lo que se palpa es que el ELN ha venido perdiendo la confrontación. La guerra se veía venir, lo que nunca nos imaginamos fue que dicha organización se ensañara contra el pueblo, o sea, la gente desarmada.

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En su regreso a la presidencia, Donald Trump ha implementado una nueva orden ejecutiva que busca reforzar los valores tradicionales en las políticas de género en Estados Unidos.

La Derecha Diario

La directiva, titulada “Defendiendo a las Mujeres del Extremismo de la Ideología de Género y Restaurando la Verdad Biológica al Gobierno Federal”, introduce cambios significativos en la administración de las prisiones federales y los centros de detención migratoria, con el objetivo de proteger la seguridad y dignidad de las mujeres.

Un enfoque centrado en la verdad biológica

La orden ejecutiva de Trump se fundamenta en la idea de restaurar la “verdad biológica” como base para las políticas gubernamentales. Entre las principales medidas, se encuentran:

Asignación basada en el sexo al nacer: Las mujeres transgénero serán alojadas en instalaciones para hombres, con el objetivo de proteger los espacios exclusivos de las mujeres cisgénero.
Control de fondos federales: Se prohíbe el uso de dinero público para tratamientos médicos relacionados con la transición de género, priorizando el uso eficiente de los recursos en otros programas penitenciarios.
Revisión del Prison Rape Elimination Act: Se modificarán las disposiciones de esta ley para adaptarlas a las nuevas políticas, reforzando la seguridad en las asignaciones de alojamiento.

Las cárceles de mujeres serán para mujeres biológicas | La Derecha Diario

Protección a las mujeres y eficiencia gubernamental

Desde el punto de vista de la administración Trump, estas políticas buscan garantizar la seguridad de las mujeres en los entornos penitenciarios. Según la orden, los esfuerzos por redefinir el género han tenido consecuencias negativas para las mujeres, exponiéndolas a riesgos innecesarios en espacios tradicionalmente protegidos.El Gobierno de Trump analiza desplegar vehículos de combate en la frontera con MéxicoPutin aseguró que la guerra en Ucrania podría haberse evitado si Trump era presidenteReincorporación de EEUU al Consenso de Ginebra ¿Y Argentina, para cuándo?

Además, la prohibición de tratamientos médicos financiados con fondos federales responde a un enfoque fiscal responsable, priorizando la inversión en programas que beneficien a toda la población penitenciaria.

Apoyo a la seguridad y valores tradicionales

El equipo del presidente Trump ha destacado que estas medidas representan un compromiso con los valores tradicionales que defienden los derechos de las mujeres y la estabilidad del sistema penitenciario.

La administración también ha asegurado que trabajará para garantizar que las políticas se implementen de manera justa y en cumplimiento con las normativas legales existentes.

Datos relevantes

Cuidado responsable de recursos: La medida busca evitar el uso de fondos públicos en tratamientos médicos controvertidos, redirigiendo estos recursos a necesidades prioritarias.
Fortalecimiento de las prisiones: Se pretende reforzar la seguridad en los centros penitenciarios, evitando situaciones que puedan poner en riesgo a las mujeres cisgénero.
Respaldo a los valores: La orden ejecutiva subraya la importancia de defender principios que históricamente han sido clave en la sociedad estadounidense.

La líder opositora venezolana María Corina Machado destacó el viernes el informe presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), que denuncia lo que califica como una “estrategia represiva” tras las presidenciales del 28 de julio, en las que el dictador Nicolás Maduro se autoproclamó como presidente.

EFE

A través de su cuenta en X, Machado afirmó que el informe “ratifica que el régimen comete prácticas de terrorismo de Estado”, en referencia a las acusaciones contra la dictadura de Maduro.

Según el documento de la CIDH, estas prácticas incluyeron “al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Machado aseguró que el informe expone las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos para “enterrar la expresión de la soberanía popular”.

Asimismo, reiteró que el verdadero ganador de los comicios fue Edmundo González Urrutia, quien se encuentra exiliado en España desde el mes de septiembre. La líder antichavista elogió lo que calificó como “posiciones nítidas y firmes de los países de la región” que, a su juicio, comprenden la gravedad de la crisis venezolana.

“Los Gobiernos democráticos de este hemisferio nos apoyan y continuarán elevando sus voces y presionando cada día más hasta lograr la liberación de todos los presos políticos y la transición democrática en Venezuela”, expresó.

Machado también pidió a la comunidad internacional no guardar silencio frente a “estas atrocidades”, en referencia a las denuncias de represión documentadas en el informe.

El informe, presentado por la relatora de la CIDH para Venezuela, Gloria De Mees, fue elaborado a partir de fuentes primarias y secundarias, ya que el organismo no ha podido visitar el país.

El extenso documento, que se publicó tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para su tercer mandato, el pasado 10 de enero, recoge, según dice, evidencias de que el Gobierno de Venezuela llevó a cabo una estrategia represiva en el contexto electoral.

De Mees compareció por videoconferencia en la OEA para explicar el análisis a los países reunidos, que ya habían recibido una copia previamente.

“El control de las instituciones destinadas a promover y proteger los derechos humanos y la democracia, unido a la corrupción a gran escala para el cobro de rentas legales e ilegales, ha garantizado la impunidad de las fuerzas de seguridad. Estas acciones han comprometido la gobernanza y han afectado significativamente al disfrute de los derechos humanos”, aseguró la relatora durante su exposición.

El informe acusa a Maduro, investido para un tercer sexenio pese a las denuncias de fraude, de haber llevado a cabo una represión tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, con “al menos 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas breves, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Además, asegura que Maduro no solo “ejecutó prácticas de terrorismo de Estado” para “impedir la participación política de la oposición”, sino que también “implementó una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder”.

Morfema Press

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Armando Esteban Quito