Dos dirigentes sindicales afines al ex presidente Evo Morales fueron capturados por la Policía en Bolivia este miércoles. Se trata de Humberto Claros y Ramiro Cucho, dos de los campesinos que habían comandado los bloqueos realizados entre el 14 de octubre y el 6 de noviembre en protesta contra el Gobierno y en respaldo al líder cocalero.

Por: María Silvia Trigo – Infobae

La Procuraduría General del Estado (PGE) los acusa por los delitos de terrorismo, financiamiento del terrorismo y alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, y había solicitado su detención el 6 de noviembre.

Tras conocerse que habían sido capturados, Morales se pronunció en redes sociales y dijo que “con este tipo de acciones al margen de la ley, buscan disciplinar y acallar al pueblo que sufre la inflación, escasez de combustibles y falta de movimiento económico”. El líder cocalero calificó estas detenciones como un “secuestro” y aseveró que “a través de la manipulación de la justicia se busca disciplinar a la sociedad para que acepte callada y sumisa la actual situación económica”.

Claros es miembro de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) y cobró notoriedad nacional al ser una especie de vocero de las protestas. Fue él quien anunció el inicio y la suspensión de la medida de presión ante los medios de comunicación. Según reportes de la prensa local, fue aprehendido en la localidad de Quillacollo (Cochabamba) por personal policial vestido de civil que lo trasladó a la sede de Gobierno.

Ramiro Cucho es dirigente del Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y fue detenido en Potosí e igualmente llevado hasta La Paz.

La aprehensión de ambos dirigentes se dio después de una semana de que se levantaran los bloqueos de 24 días con los que el país estuvo parcialmente paralizado y que generaron una pérdida de 2.000 millones de dólares, según los datos que maneja el Gobierno.

La movilización llegó a tener 23 piquetes simultáneos, la mayoría en el departamento de Cochabamba (centro), con lo que el occidente y oriente del país estaban incomunicados, lo que generó el desabastecimiento de algunos productos alimenticios y la consecuente fluctuación de los precios. Adicionalmente, alteraron la logística de distribución de combustible lo que profundizó la crisis de suministro de diésel y gasolina que enfrenta el país desde hace varios meses.

Tras la detención de ambos dirigentes, diputados y senadores que responden al presidente Luis Arce se pronunciaron para exigir que se investigue el origen de los recursos económicos con los cuales financiaron los bloqueos. “Creemos que pudo haber llegado dinero de Venezuela y eso nos daña”, declaró la senadora Virginia Velasco a los medios en La Paz.

El indicio que existe, es que en medio de las protestas, se conoció que Morales utiliza vehículos que son propiedad de la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa). “Son carros prestados”, admitió el líder cocalero y dijo que fueron entregados por motivos de seguridad con conocimiento del presidente. “El propietario puede prestar, regalar. Saludo la solidaridad de Venezuela”, expresó el jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Radio Kawsachun Coca.

La caída de estos dos dirigentes pueden no ser las únicas. La PGE también pide la captura de Juan Ramón Quintana, quien fuera el hombre fuerte de Evo Morales durante su Gobierno como ministro de la Presidencia y uno de sus colaboradores cercanos en la actualidad. La PGE les atribuye a estas personas la organización de “grupos irregulares” para la instalación de los puntos de bloqueo propiciado por el denominado Estado Mayor del Pueblo, cuya dirigencia es afín al expresidente Morales.

Evo Morales ha perdido el control del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido que lideró por más de dos décadas y que lo llevó al poder entre 2006 y 2019. En medio de la disputa con su antiguo delfín, el presidente Luis Arce, la justicia boliviana determinó validar un congreso paralelo en el que se eligió como jefe del partido a un aliado de Arce, el dirigente Grover García.

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A través de una resolución, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de Bolivia puso fin a la disputa sobre el liderazgo del partido y validó a García como nuevo presidente del MAS. Los magistrados Gonzalo Hurtado e Yván Espada, que firman la resolución, indicaron que el Congreso Nacional del MAS-IPSP, llevado a cabo en El Alto entre el 3 y el 5 de mayo de 2024, y convocado por facciones de las organizaciones fundadoras del partido, aliadas al Gobierno, es válido.

Sin embargo, Morales y sus seguidores también habían realizado una convención del partido en la localidad de Lauca Ñ, en el Chapare de Cochabamba, bastión político y sindical del líder cocalero, en la que lo ratificaron como jefe del MAS. El fallo de la Sala Cuarta del TCP, emitido este jueves, avala el congreso “arcista” de El Alto y desplaza a Morales.

Con esa decisión, el ex presidente Evo Morales queda despojado de sus atribuciones como jefe del MAS. Este fallo del TCP coincide con otra determinación que complica el futuro político de Morales, un auto constitucional, firmado el 1 de noviembre, que impide la elección de autoridades por tercera vez.

La nueva directiva del partido está integrada por Fidel Surco, de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios de Bolivia, y Julia Ramos, quien representa a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”.

Los tres fueron personas cercanas a Morales cuando estuvo en el poder. García cuenta con amplio recorrido como líder sindical, fue alcalde municipal y presidente y vicepresidente del MAS en Cochabamba. Fidel Surco fue senador y dirigente del MAS y Julia Ramos fue diputada y ministra de Desarrollo Rural y Tierras.

El control del partido era uno de los ejes de la disputa entre Morales y Arce. Ambos realizaron sus congresos, eligieron a las nuevas directivas e intentaron validarlos institucionalmente. Al acercarse el plazo definitivo para evitar la anulación del MAS por falta de acuerdos, el líder cocalero encabezó movilizaciones entre septiembre y noviembre con una serie de demandas, entre las que se incluía la validación del congreso de Llauca Ñ, en el que se lo ratificó como jefe del MAS.

Hasta la publicación de esta nota, Morales no se había pronunciado sobre su desplazamiento como jefe histórico del partido. Sin embargo, se pronunció sobre la detención de dirigentes campesinos que comandaron las movilizaciones de septiembre y octubre en contra del Gobierno, al que acusó de gestar “un plan de escarmiento a la lucha social al estilo de las dictaduras militares, donde a través de la manipulación de la justicia se busca disciplinar a la sociedad para que acepte callada y sumisa la actual situación económica”.

El fallo que le impide volver a ser candidato y el que anula su liderazgo en el partido, complica el retorno de Evo Morales al poder y a la vez genera preocupación sobre el uso de la justicia para ordenar el escenario político, en un país agobiado por la crisis económica, política e institucional.

El dirigente opositor Eduardo Battistini denunció este miércoles la muerte de Jesús Manuel Medina, testigo electoral del pasado 28 de julio que se encontraba bajo custodia en una celda del chavismo.

La Patilla

Medina fue detenido por uniformados policiales en su casa, ubicada en el municipio Aragua del estado Anzoátegui, un día después de la elección presidencial.

Sus familiares y allegados habían alertado en redes sociales que se encontraba en un gravísimo estado de salud debido a la falta de atención médica oportuna y problemas por enfermedades crónicas que padecía, específicamente una diabetes tipo II y una afección cardíaca.

Luego de varias semanas de sufrir abscesos en la piel, Medina fue trasladado al hospital Luis Razzetti de Barcelona, donde los especialistas vieron frustrada su tarea de sanarlo.

“Hace unos días hacía un video para denunciar la crítica situación de salud de Jesús Manuel Medina, como le conocían cariñosamente, Manolín”, recordó Battistini en un video publicado en su cuenta de X.

“Él se encontraba secuestrado por el régimen de Maduro, simplemente por haber sido testigo electoral de Edmundo González el 28 de julio. Hoy me dicen sus familiares que falleció y que falleció en custodia del Estado”, confirmó el líder de Primero Justicia (PJ) en el exilio.

Battisini subrayó que se trata de “otra víctima más del régimen de Nicolás Maduro, que pone de luto no solamente a su familia, sino a todos los venezolanos. ¿Hasta cuándo vamos a tener que seguir sufriendo como venezolanos la pérdida de seres queridos, de luchadores, de amigos, simplemente por un régimen que se aferra al poder a costa de lo que sea?”

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, investigado por golpismo, “lamentó” y “repudió” este jueves el ataque con explosivos contra la sede de la Corte Suprema en el que murió el agresor y llamó a todos los partidos e instituciones del país a avanzar en una “pacificación nacional”.

EFE

“Ya es hora de que Brasil vuelva a cultivar un ambiente adecuado para que diferentes ideas puedan enfrentarse pacíficamente y para que la fuerza de los argumentos valga más que el argumento de la fuerza”, manifestó el líder ultraderechista en sus redes sociales.

Bolsonaro, investigado en el Supremo por incitar y participar en una supuesta trama golpista para derrocar al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras perder las elecciones de 2022, atribuyó “el triste episodio” ocurrido en la plaza donde se concentran los tres poderes, en Brasilia, a un “hecho aislado” cometido por “una persona con problemas de salud mental”.

El suceso tuvo lugar la noche del miércoles, cuando un hombre se acercó a la sede del Supremo y empezó a lanzar artefactos explosivos contra la máxima instancia judicial del país, según las imágenes de las cámaras de seguridad divulgadas este jueves.

En un momento determinado, se produce una detonación cerca del hombre, que se desploma y muere. La Policía desactivó la pasada madrugada el resto de explosivos que el atacante llevaba en un “cinturón” conectado a un “temporizador”.

“Hago un llamado a todas las corrientes políticas y a los líderes de las instituciones para que, en este momento de tragedia, tomen las medidas necesarias para avanzar en la pacificación nacional. Quien se beneficiará de esto no será uno u otro partido, líder o corriente política. Será Brasil”, apuntó Bolsonaro.

La conocida como Plaza de los Tres Poderes ya fue el escenario del ataque de miles de extremistas que el 8 de enero de 2023 trataron de incitar un golpe de Estado contra Lula, con la intención de devolver al poder a Bolsonaro.

Bolsonaro, quien ha vertido duras acusaciones contra los jueces del Supremo, ha pedido de forma reiterada al Congreso una amnistía para los condenados por ese episodio, bajo el argumento de que es necesario “pacificar” el país.

En este contexto, el capitán retirado del Ejército señaló este jueves que “la defensa de la democracia y la libertad no tendrán éxito hasta que se restablezca en nuestro país la posibilidad de diálogo entre todas las fuerzas de la nación”.

El ataque frente al Supremo, que no causó más víctimas, estuvo precedido por una detonación de explosivos colocados en el interior de un automóvil aparcado en la calle, al lado de un edificio anexo a la Cámara de los Diputados.

El dueño del automóvil fue identificado como Francisco Wanderley Luiz, conocido como Tiu França, un militante del Partido Liberal (PL), formación que lidera Bolsonaro, uno de los referentes de la extrema derecha latinoamericana.

El atentado se produjo en vísperas de la celebración de la cumbre de presidentes y jefes de Gobierno de los países del G20, que se celebrará en la ciudad de Río de Janeiro los días 18 y 19.