Un informe realizado por una coalición de ONG revela cómo el gobierno de Nicolás Maduro recurrió a grupos armados y a las organizaciones políticas para presionar, amenazar y chantajear a los ciudadanos en las elecciones presidenciales de Venezuela del pasado 28 de julio.
El Nacional
Con relatos de testigos y denuncias se exponen las intimidaciones, chantajes, ofertas de incentivos y amenazas de despidos que prevalecieron en la mayoría de las parroquias que fueron estudiadas para el informe, 133 de las 169 donde ganó Maduro.
El informe, realizado por Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento, da cuenta de la utilización de colectivos, consejos comunales y grupos armados, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional, para incidir en los resultados electorales.
Los resultados de las elecciones presidenciales que se conocen a la fecha dan como ganador a Edmundo González Urrutia, que obtuvo 7.443.854 votos, según los datos publicados por su comando de campaña. El oficialismo, sin embargo, obtuvo victorias en 14,88% de las 1.141 parroquias que tiene Venezuela.
Las parroquias elegidas están distribuidas en 65 municipios de Distrito Capital, Miranda, Zulia, Lara, Apure, Portuguesa, Aragua, Bolívar, Sucre y Delta Amacuro, muchas en zonas rurales.
¿Qué métodos emplea el gobierno de Maduro para intimidar a los ciudadanos?
“En zonas rurales de los estados Apure, Zulia, Portuguesa, Bolívar, Delta Amacuro, Lara, Miranda y Sucre se constató que hubo intervención de consejos comunales (organizaciones comunitarias, impulsadas por Chávez, que se encargan de la implementación de las políticas públicas y el desarrollo de la comunidad y del acceso a servicios básicos), la guerrilla del ELN y cuerpos de seguridad del Estado para garantizar el triunfo de Maduro”, se lee en el informe.
En Zulia, “Maduro ganó en los municipios Indígena Bolivariano Guajira, Mara y Machiques de Perijá, territorios en donde opera el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo de la guerrilla colombiana. Esta guerrilla somete a los pobladores a través del control social, mediante el retiro de beneficios, como la alimentación, bonos y servicios básicos. Para ello utiliza a dirigentes políticos o los consejos comunales, según denuncias de habitantes”, detalla.
“En esta región hay otro patrón: en las zonas rurales con más votos para Maduro sus habitantes son trabajadores de organismos públicos. Fuentes consultadas para este informe señalaron que los directivos de esas instituciones amenazaron con despedir a los empleados que no votaran por el candidato del oficialismo”, agrega.
Los miembros de las Unidades de Batalla Hugo Chávez también coaccionaron con el voto asistido, vigilando a los ciudadanos en las urnas y obligándolos a marcar la opción de Maduro.
En Portuguesa, señala el informe, se repitió la estrategia de la compra de votos a través de los programas sociales. También hubo violencia en los centros electorales.
“El oficialismo en Portuguesa ganó en siete parroquias. En Guanarito y otras jurisdicciones los funcionarios del CNE y Plan República no facilitaron las actas ni permitieron la entrada de testigos al conteo de votos, denunció un dirigente político”, expone.
La Misión de la ONU indica que “la detención de las personas en el marco de esta operación” se da solo por el “hecho de haber manifestado su descontento con el resultado electoral en videos o mensajes difundidos a través de las redes o de aplicaciones de mensajería instantánea»
Lo que dice de la operación Tun Tun
La operación Tun Tun es destacada en el informe. Señala que “se vale de una estructura de delatores creada por el gobierno para allanar viviendas sin orden judicial y ejecutar detenciones arbitrarias o desapariciones forzadas”.
Más adelante indica que en al menos 10 de las 38 parroquias del estado Sucre en las que ganó Maduro “hay presencia de bandas criminales”. Y aunque no se consiguieron indicios específicos de intimidación a quienes habitan en San Juan, Güiria, San Antonio de Irapa y San Juan de las Galdonas, “el control de los grupos armados en esas poblaciones es total”. El Tren de Aragua es uno de los grupos que opera en Güiria.
“Esos grupos ejercen gobernanzas criminales en esas parroquias, lo que significa que tienen injerencia en prácticamente todos los ámbitos de la vida social en esas comunidades. Su sola presencia ya es suficiente intimidación para sus habitantes”, agrega.
Control social ejercido por colectivos y consejos comunales
En Lara, el informe refleja dos fenómenos, coinciden defensores de derechos humanos: el control se ejerce a través del manejo partidario, deliberado y arbitrario de las organizaciones comunitarias que obedecen al Ejecutivo y el control social es más efectivo porque sus habitantes son más vulnerables.
“Un defensor de derechos humanos a cargo del monitoreo de incidencias durante la elección presidencial asegura que los resultados en las parroquias rurales en Lara se asemejan a los de otros estados, como Portuguesa, en donde el aparataje del Estado empleó mecanismos de coacción para tener la mayoría de los votos”, explica.
Así, se evidencia que en las zonas rurales del país “existe un control social por parte de colectivos (grupos paramilitares) y consejos comunales, mediante las amenazas con el retiro de beneficios (como la bolsa CLAP, pensiones o servicios básicos)”.
Exposición a la violencia
Catedral es la única de las 23 parroquias del municipio Libertador (Caracas) en la que Maduro venció a Edmundo González. “En esta parroquia tiene su base de operaciones el colectivo Catedral Combativa, integrado por hombres armados que ejercen un importante control territorial y social en toda su área”, describe el informe.
“La presencia de los integrantes del colectivo Catedral es intimidatoria. Controlan la venta de alimentos, a través de un mercado popular; regulan el tránsito de vehículos; cumplen funciones de seguridad en los alrededores del Ministerio de Relaciones Exteriores, y tienen su sede a una cuadra de este despacho”, agrega.
Los colectivos condicionaron el voto a favor de Maduro
El gobierno de Maduro condicionó el voto tanto en zonas urbanas como rurales, concluye el informe: “En las zonas rurales se dieron amenazas con las fuentes de ingreso, acceso a alimentos, servicios básicos (agua, electricidad y gas doméstico) y permanencia en el trabajo. En las zonas urbanas, se notan patrones de violencia de grupos armados, quienes dispersaron a los electores mediante la intimidación. Tanto en parroquias urbanas como rurales, hubo voto asistido por parte de miembros del oficialismo”.
Entre las 5:30 am y las 11:30 am del 28 de julio, día de las elecciones presidenciales, el Centro de Observación Electoral de la Sociedad Civil contabilizó 58 incidentes, incluyendo la presencia de grupos irregulares, intimidación a miembros de la sociedad civil y actores políticos e impedimentos para el ingreso de testigos o miembros de mesa de la oposición en los estados Mérida, Barinas, Falcón, Portuguesa, Táchira, Apure, Aragua, Guárico y Zulia.
“El 28 de julio los colectivos condicionaron el voto para favorecer al oficialismo en algunas parroquias, según registros de ONG. Al igual que en procesos anteriores, amenazaron a aquellos que no quisieron votar por el candidato oficialista. Pese a estas maniobras, el 28 de julio la mayoría eligió al opositor Edmundo González. Cuando se empezaron a presentar irregularidades en los centros de votación –como la negativa de cerrar las mesas electorales por parte de los militares o impedimentos para entregar las actas o cajas electorales–, los ciudadanos hicieron reclamos a las puertas de los centros de votación. En respuesta a estas manifestaciones, los colectivos trataron de infundir el miedo con disparos y persecuciones para dispersar a los electores”, concluye.
