El dirigente político Omar González denunció este jueves un aumento del asedio policial a la Embajada de Argentina en Caracas, después que prohibieran el acceso a medicamentos para tratar enfermedades cardíacas.
A través de un mensaje en su cuenta de X, alertó que esa medida arbitraria pone en riesgo la vida de los opositores que siguen asilados en la residencia de la sede diplomática.
“Atención!!! Se agrava asedio de quienes nos encontramos asilados en la embajada argentina en Caracas. Hoy se prohibió acceso a medicamentos vitales para tratar enfermedades cardíacas, lo que pone en riesgo la vida de los perseguidos políticos aquí asilados”, escribió.
La líder opositora, María Corina Machado, calificó este jueves de “oportuna y firme” la resolución del Parlamento Europeo que reconoce la victoria de Edmundo González Urrutia y no considera a Nicolás Maduro presidente legítimo.
“Absolutamente OPORTUNA y FIRME esta resolución de hoy del Parlamento Europeo, en la cual reafirma su apoyo a nuestra Soberanía Popular. El mundo sabe que el Presidente de Venezuela es Edmundo González Urrutia, porque los venezolanos así lo decidimos el 28 de julio”, expresó Machado en un mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter).
Asimismo, insistió en que “haga lo que haga Maduro no puede lograr un ápice de legitimidad. Al contrario, cada día se descubren y denuncian más crímenes del régimen”.
“Cada día están más aislados, y ellos lo saben. Fuerza; seguimos adelante”, sentenció.
El Parlamento Europeo condenó este jueves que el líder chavista, Nicolás Maduro, haya usurpado la presidencia de Venezuela con su toma de posesión el pasado 10 de enero sin haber demostrado que ganó las elecciones de julio de 2024, un movimiento que considera “un intento ilegal de permanecer en el poder por la fuerza”.
Aprobada por 374 votos a favor, 53 en contra y 163 abstenciones, se trata de la segunda resolución parlamentaria sobre Venezuela en la nueva legislatura europea, después de una inicial el pasado mes de septiembre en la que la Eurocámara reconoció al líder opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo y legítimo de Venezuela.
El miércoles 1 de enero de 1958, cuando el Sol mañanero comenzaba a calentar el fresco clima de Caracas, aviones de la entonces Fuerza Aérea Venezolana (FAV) llegaron a la aún adormecida capital desde la base de Boca de Río, cerca de Maracay, y descargaron sus municiones sobre el Palacio de Miraflores. Las detonaciones, perceptibles desde diversos sectores aledaños a la casa de gobierno, confundieron a una buena cantidad de citadinos al creer que se trataba de trasnochadas celebraciones del Año Nuevo, muy lejos de sospechar que avisaban el inicio del fin de la dictadura.
La primera rebelión militar contra la camarilla encabezada por el general Marcos Pérez Jiménez, que ejercía el poder hacía ya casi una década, no tuvo éxito inmediato —algunos de sus protagonistas fueron detenidos al día siguiente de la sublevación y otros debieron buscar refugio fuera del país—, pero sí desencadenó una serie de pronunciamientos y avivó la creciente inestabilidad política. Esta reacción en cadena de hechos sobrevenidos concluiría 22 días después con el derrocamiento del régimen, el cual había germinado a raíz del golpe de Estado en noviembre de 1948 contra el presidente Rómulo Gallegos, pionero de los presidentes venezolanos elegidos democráticamente.
Tres días después de la inédita incursión aérea, la Junta Patriótica, órgano clandestino constituido el 4 de junio de 1957 para coordinar la lucha contra el dictador, publica un manifiesto bajo el título de “Pueblo y Ejército unidos contra la usurpación”. El 5 de enero, primer domingo del año, los cuerpos de seguridad detienen a un alto número de oficiales de las Fuerzas Armadas y Pérez Jiménez reajusta su gabinete. Entre los días 7, 9 y 10 la cosa se pone más movida: los estudiantes protestan en las calles, renuncia el cuerpo ministerial y se practican nuevas detenciones de opositores. El 13 vuelve a ser reorganizado el gabinete, asumiendo Pérez Jiménez, además de la Presidencia, también el Ministerio de la Defensa.
El 15 de enero, tal día como hoy hace 67 años, circula la llamada “Declaración de los intelectuales”, manifiesto en el que se demandan libertad y democracia. También se solicita que los poderes públicos sean “expresión genuina de la voluntad popular”. El 21 comienza la huelga de la prensa que rápidamente genera un parón general al que se suman el sector comercio y servicios públicos básicos como el transporte. La imposición de un toque de queda por parte del agonizante gobierno no surte ningún efecto al manifestarle las Fuerzas Armadas su rechazo, por lo que el día 23 el último dictador de Venezuela en el siglo XX decide dejar el cargo y abandonar el país junto con su familia.
De estos hechos como el ocurrido en Venezuela el 23 de enero de 1958 está abarrotado el transitar de la humanidad. El fin del régimen de Pérez Jiménez, que había sido proclamado presidente de la República por el Consejo Supremo Electoral (CSE) el 20 de diciembre de 1957 para gobernar otro lustro —tras un inconstitucional plebiscito que dijo haber ganado cinco días antes—, pasó a engrosar la abundante lista histórica de fenómenos sociales ocurridos en el planeta y que tienen un prevaleciente denominador común como la causa que los genera: la necesidad de cambiar lo establecido.
“Los fenómenos sociales son aquellos eventos, tendencias o reacciones que tienen lugar dentro de una sociedad determinada y que se evidencian a través de la modificación de la conducta colectiva, ya sea de un grupo más o menos representativo o de la sociedad entera. Cada fenómeno social refleja el modo específico en que una sociedad organiza y estructura sus reacciones a las condiciones objetivas y subjetivas de la vida. Es decir, se trata de una manera de gestionar y asimilar los hechos que ocurren en una sociedad, muy a menudo para propiciar un cambio (https://concepto.de/fenomenos-sociales/)”.
23 de enero de 1958. Ese día comenzó tan abruptamente como los anteriores para los caraqueños, en especial aquellos que vivían en el este de la capital venezolana.
Un inusual estruendo mecánico sacó a más de uno de la cama, pero la oscuridad de la noche hizo difícil identificar la causa. Hubo que esperar hasta el amanecer para esclarecer lo ocurrido.
«Cayó [el general Marcos] Pérez Jiménez», «Liquidada la tiranía» o «El dictador huyó al extranjero».
Con esos titulares los diarios dieron cuenta de lo ocurrido horas antes: el régimen militar que durante una década rigió los destinos del país sudamericano había colapsado.
65 años después, BBC Mundo conversó con historiadores y revisó publicaciones y entrevistas hechas a algunos de los protagonistas del suceso que permitió el restablecimiento de la democracia liberal-representativa en Venezuela, para reconstruir la salida al exilio del hasta entonces hombre fuerte.
Midiendo fuerzas hasta el final
«Salí de Venezuela sin que me pusieran un revólver en el pecho. Nadie me empujó (…) En ese momento no estábamos recibiendo tiros de ninguna parte, ni había ninguna unidad alzada», afirmó Pérez Jiménez en el libro «Habla el general», publicado en 1983.
Esta versión, sin embargo, fue refutada por historiadores que sostienen que la marcha del dictador sí fue forzada por una situación insurreccional dentro de las Fuerzas Armadas.
«Los miembros del Estado Mayor le dijeron a Pérez Jiménez: ‘Usted debe irse, pero le daremos las condiciones para que se vaya'», le dijo a BBC Mundo Luis Buttó, profesor jubilado de Historia de la Universidad Simón Bolívar de Caracas.
«La intención de quienes lo depusieron fue negociar con él su salida del país, porque si no, le hubieran hecho lo mismo que él le hizo al general Isaías Medina Angarita (en octubre de 1945), derrocarlo y detenerlo», agregó,
Esta opinión es compartida por José Alberto Olivar, miembro de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela.
«No hubo una huida furtiva ni un escape de película, todo fue parte de unos acuerdos dentro de la institución castrense para una transición ordenada, en términos militares», apuntó.
El año 1958 comenzó convulsionado.
El 1 de enero unidades de la Aviación y del Ejército se alzaron en armas y atacaron el Palacio presidencial de Miraflores y la sede del Ministerio de Defensa en Caracas.
Y aunque el gobierno se impuso, quedó mortalmente herido al quedar en claro que los militares estaban divididos, aseguraron los expertos.
Al final de la tarde del 22 de enero los cadetes de la Escuela Militar y unidades de la Armada estacionadas en el cercano puerto de La Guaira, unos 50 kilómetros al norte de la capital venezolana, se sublevaron.
Los uniformados aprovecharon la agitación que desde el día 21 se venía registrando en el país, debido a la huelga de la prensa y al paro general convocado por los proscritos partidos políticos agrupados en la llamada Junta Patriótica. El alto mando haría lo propio después.
Pérez Jiménez pasó horas llamando a distintos cuarteles para conocer con qué apoyos contaba, pero a la medianoche puso en orden sus papeles, llamó a su esposa y le pidió que se preparara para dejar el país.
A la 1:00 am del día 23, el general le solicitó a su chofer, Juan José Montilla, que lo buscara en Miraflores, y unos 15 minutos después salió por última vez de su despacho y se puso en dirección hacia la Base de La Carlota, al este de la ciudad.
«La vaca sagrada», el avión C 54 que Pérez Jiménez usó para salir de Venezuela luego de ser depuesto, hoy se exhibe en un museo cerca de Caracas.
Un problema tras otro
Cerca de la 1:30 de la madrugada, Pérez Jiménez y su esposa, Flor Chalbaud de Pérez, sus tres hijas y otros parientes llegaron al aeródromo militar.
La idea era abordar el avión conocido popularmente como «La vaca sagrada», un C 54 Skymaster que desde 1949 fungía como aeronave presidencial.
El aparato coincidentemente estaba en esa base. Días antes el cuatrimotor había regresado de Colombia, a donde se lo llevaron algunos de los cabecillas de la fallida insurreción de año nuevo.
El mayor José Cova Rey, quien pilotó el avión, se encontró con que los oficiales comisionados para ponerlo en condiciones de volar habían dejado sus puestos sin cumplir la tarea.
Al revisar «La vaca sagrada», el uniformado observó que no contaba con suficiente combustible.
Y por ello le sugirió a Pérez Jiménez utilizar uno más pequeño, algo a lo que el depuesto mandatario se negó, porque tendría que dejar a la mitad de sus acompañantes, relató el historiador Luis Heraclio Medina en su artículo «La Vaca Sagrada: mitos y realidades».
Medina aseguró que entonces Pérez Jiménez propuso volar hasta la isla de La Orchila, en el Caribe venezolano y donde mandó construir una residencia de veraneo. ¿La razón? Desde allí pedirían que les enviaran más combustible, pero Cova rechazó esa idea.
«Negativo, mi general, cuando este avión despegue usted ya no será presidente», habría dicho el piloto.
Entonces se solicitó una cisterna de combustible al cercano aeropuerto de Maiquetía y, aunque las nuevas autoridades la concedieron, la misma fue incendiada por unos exaltados.
Sin embargo, un segundo camión, que iba fuertemente custodiado, sí logró llegar hora y media después, ante la desesperación de los viajeros.
Resuelto el problema del combustible surgió un nuevo contratiempo: no había copiloto.
El mecánico que debía unirse a la tripulación se negó a subir al aparato, aunque luego apareció otro uniformado que aceptó la misión, relató Medina.
Desde el 1 de enero de 1958, el gobierno de Pérez Jiménez enfentó numerosos alzamientos e insurrecciones militares.
Ni huida ni escape
A eso de las 3 de la madrugada todos los obstáculos parecían superados, pero se presentó el último: el aeropuerto no tenía luces de balizaje; es decir, no estaba preparado para aterrizajes ni despegues nocturnos.
Para evitar que el aparato se saliera de la pista y estrellara, los autos en los que los pasajeros llegaron al lugar fueron colocados a los lados con sus luces encendidas, para así orientar al piloto, narró el exdiputado Juan José Caldera, hijo de quien luego sería dos veces presidente de Venezuela, Rafael Caldera, en su libro «Mi testimonio».
La rudimentaria solución funcionó y la aeronave despegó y puso rumbo a República Dominicana, donde el dictador Rafael Leonidas Trujillo recibió a su otrora colega.
«El avión iba sobrecargado y tuvo problemas para alzar vuelo», agregó a BBC Mundo el también historiador Edgardo Mondolfi.
En «La vaca sagrada» no solo iban Pérez Jiménez y su familia, sino otras 20 personas y sus respectivos equipajes.
Colaboradores como el también general Luis Felipe Llovera Páez, quien fuera su ministro del Interior y de Comunicaciones; y familiares de estos, figuraban entre los pasajeros.
Con el paso del tiempo algunos acólitos del régimen aseguraron que desde el Ministerio de Defensa tenían listas las baterías antiaéreas para derribar el aparato, una versión que los expertos rechazan.
«La salida de Pérez Jiménez fue negociada y prueba de ello es que hasta se pudo llevar a su suegra (…) Fue una salida apresurada, con inconvenientes y cierta dosis de dramatismo, pero no fue a volandas, porque pudo hacer una lista de quienes lo acompañarían. Cuando alguien huye esto no ocurre», indicó Buttó.
Mondolfi, por el contrario, sí cree que el dictador huyó. «Es el único presidente del siglo XX que se ha puesto en fuga (…) y lo hizo para salvar su pellejo y evitar ser apresado», opinó.
Dos grandes errores
«Marcos Evangelista [los nombres de pila de Pérez Jiménez], vámonos, que pescuezo no retoña».
A la historia ha pasado esta frase que el general Llovera Páez le habría dicho a Pérez Jiménez entre el 22 y 23 enero de 1958 para convencerlo de que su tiempo se había acabado.
¿Pero qué causó la caída de un gobierno que hasta hacía poco lucía consolidado, que tenía a la prensa silenciada y a sus principales oponentes en el exilio, en las cárceles, atemorizados o en los sepulcros?
«Pérez Jiménez decidió saltarse su propia Constitución y en lugar de convocar elecciones presidenciales llamó a un plebiscito [celebrado el 15 de diciembre de 1957], donde se le preguntó al elector si quería prorrogarle su mandato por cinco años más», explico Olivar.
«Aquello provocó un quiebre en las Fuerzas Armadas, que era la institución que sostenía a su gobierno, porque truncó las aspiraciones de otros jefes militares que ansíaban ocupar posiciones más altas».
El hecho de que el contraalmirante Wolfang Larrazábal, entonces comandante general de la Armada y oficial de mayor antigüedad, terminara en la Jefatura del Estado reafirma la tesis del experto.
No obstante, hasta el final de sus días, Pérez Jiménez negó que hubiera sido derrocado.
«Me cansé de sofocar intentos [de golpes de Estado]», declaró.
Asimismo, el general afirmó que tenía el suficiente apoyo para imponerse el 23 de enero.
¿Por qué no lo hizo entonces? «Me fui, porque si amanezco [en Miraflores] iba a tener que fusilar a mucha gente y no quise hacerlo», respondió en varias entrevistas a lo largo de los años.
A Pérez Jiménez no le molestaba que se le llamara dictador, pero sí que se dudara de su honradez.
Esto, a pesar de que fue extraditado a Venezuela, enjuiciado y condenado por hechos de corrupción en la década de los 60, y luego vivió el resto de su vida hasta su muerte en 2001 en uno de los barrios más lujosos de Madrid (España) sin trabajar.
El exgobernante confirmó uno de los hechos más famosos de su salida y que ha servido a quienes lo acusan de haberse enriquecido ilícitamente durante su mandato: dejó una maleta con una importante suma de dinero en metálico.
«Toda persona que sale de viaje lleva sus maletas y tiene que llevarse en ellas los valores que tenga (…) en una de mis maletas iban valores que tenía en mi casa, producto de negociaciones hechas con entera honorabilidad, producto de ahorros, etc. Y entonces cometí la tontería de decir: cuiden esa maleta. Lo percibieron unos oficiales y en el momento de embarcar se apropiaron de la maleta», confesó en el libro «Habla el general».
Los republicanos de la Cámara de Representantes presentaron un proyecto de ley para que Estados Unidos recompre el Canal de Panamá después de que el presidente electo Trump expresó su preocupación de que la importante vía fluvial esté bajo control chino.
El proyecto de ley, denominado Ley de Recompra del Canal de Panamá, fue presentado por el representante Dusty Johnson, RS.D., miembro del Comité Selecto sobre China y del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes.
«El presidente Trump tiene razón al considerar la recompra del Canal de Panamá», dijo Johnson en un comunicado. «El interés de China en el canal y su presencia en la zona son motivo de preocupación. Estados Unidos debe proyectar su fuerza en el exterior: poseer y operar el Canal de Panamá podría ser un paso importante hacia un Estados Unidos más fuerte y un mundo más seguro».
El proyecto de ley tiene otros 15 copatrocinadores republicanos: los representantes Dan Crenshaw, Randy Weber, Troy Nehls y Brian Babin de Texas; Mike Collins, Barry Loudermilk y Andrew Clyde de Georgia; Barry Moore de Alabama; Jack Bergman de Michigan; Mike Rulli de Ohio; Neal Dunn y Aaron Bean de Florida; Erin Houchin de Indiana; Abraham Hamadeh de Arizona; y Mike Lawler de Nueva York.
Si se convierte en ley, el proyecto daría al presidente la autoridad para actuar en coordinación con el secretario de Estado, para «iniciar y conducir negociaciones con las contrapartes apropiadas del Gobierno de la República de Panamá para readquirir el Canal de Panamá «.
A partir de la fecha de promulgación de la medida, el presidente tiene 180 días para presentar un informe al Congreso detallando el progreso de las negociaciones, los posibles desafíos y los resultados previstos.
El Departamento de Estado de Estados Unidos estima que alrededor del 72% de todos los barcos que pasan por el Canal de Panamá provienen o se dirigen a un puerto estadounidense.
Al destacar la importancia estratégica del canal para Estados Unidos, la oficina de Johnson también destacó que la vía fluvial es un punto de tránsito clave para los buques de la Guardia Costera y del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
Sin acceso al canal, los barcos se verían obligados a viajar 8.000 millas adicionales alrededor de Sudamérica.
«Más de 10.000 barcos utilizan el Canal de Panamá cada año, generando miles de millones de dólares en peajes que beneficiarían económicamente a Estados Unidos», dijo la oficina de Johnson.
El recién juramentado Secretario de Estado, Marco Rubio, viajará a Panamá para su primer viaje internacional como principal diplomático del país, según ha sabido Fox News.
Aunque todavía se están ultimando los detalles, la visita podría tener lugar la próxima semana.
El viaje planeado se produce después de las reiteradas promesas del presidente Donald Trump , quien regresó a la Casa Blanca el lunes, de recuperar el Canal de Panamá.
Trump mencionó nuevamente el Canal de Panamá durante su discurso inaugural el lunes, afirmando que ahora estaba en manos de China y prometiendo recuperarlo.
«China está operando el Canal de Panamá. Y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá y lo estamos recuperando», dijo Trump.
El presidente panameño, José Raúl Mulino, respondió con contundencia a los comentarios de Trump el miércoles diciendo: «Rechazamos en su totalidad todo lo que ha dicho el señor Trump. Primero, porque es falso y segundo, porque el Canal de Panamá es de Panamá y seguirá siendo de Panamá».
Estados Unidos construyó el canal a principios del siglo XX bajo la dirección del entonces presidente Theodore Roosevelt, en busca de formas de facilitar el tránsito de buques comerciales y militares entre sus costas. Washington cedió el control de la vía acuática a Panamá el 31 de diciembre de 1999, en virtud de un tratado firmado en 1977 por el entonces presidente Jimmy Carter.
La noticia del viaje de Rubio fue reportada primero por Politico y podría incluir otros países centroamericanos como Guatemala y El Salvador, donde se espera que Rubio aborde una prioridad principal de frenar la migración masiva que describió a principios de esta semana.
La portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, dijo a Fox News que «el secretario Rubio está priorizando la región porque es donde vivimos», y agregó que «no continuaremos ignorando la región como lo han hecho otras administraciones».
Agregó: «La interacción con nuestros vecinos es un elemento vital para abordar la migración, las cadenas de suministro y el crecimiento económico, que son clave para la búsqueda del Secretario Rubio de una política exterior centrada en hacer que Estados Unidos sea fuerte, próspero y seguro».
El gobierno panameño expresó este martes (21.01.2025) al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, su preocupación por la afirmación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que buscará retomar el control del canal de Panamá.
En una carta, distribuida a la prensa por la cancillería panameña, la misión permanente de Panamá ante la ONU le dice a Guterres que las declaraciones de Trump el lunes en su discurso de toma de posesión «son preocupantes».
«Solicitamos sus buenos oficios para transmitir esta comunicación a los 15 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas», del que Panamá forma parte desde el 1 de enero, subrayó la misiva, que resume las declaraciones de Trump y respuesta del gobierno panameño.
Trump reiteró en su discurso del lunes lo que ya había dicho en las últimas semanas, que su gobierno va a «recuperar» el canal de Panamá, bajo soberanía panameña desde hace 25 años, por la supuesta presencia de China en la vía interoceánica.
«China opera el canal de Panamá, y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá. Y lo vamos a recuperar» dijo Trump.
«El canal es y seguirá siendo de Panamá»
El presidente panameño, José Raúl Mulino, le respondió que «el canal es y seguirá siendo de Panamá».
El canal de Panamá, construido por Estados Unidos e inaugurado en 1914, tiene a este país norteamericano y a China como sus dos mayores usuarios.
Estados Unidos lo entregó a Panamá en diciembre de 1999 en cumplimiento de los tratados firmados en 1977 por el entonces presidente Jimmy Carter y el general panameño Omar Torrijos.
El Parlamento Europeo condenó este jueves que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, haya “usurpado” la Presidencia de Venezuela el pasado 10 de enero, al no haber demostrado su victoria en las elecciones de julio de 2024. Según la resolución aprobada por 374 votos a favor, 53 en contra y 163 abstenciones, este acto es considerado un intento ilegal de perpetuarse en el poder.
Esta es la segunda resolución de la Eurocámara sobre Venezuela en la actual legislatura. En septiembre, el Parlamento Europeo ya había reconocido al líder opositor Edmundo González Urrutia como presidente electo y legítimo del país. Por su parte, el Consejo de la Unión Europea, encargado de política exterior y en representación de los Estados miembros, también reconoce la victoria de González Urrutia pero aún no lo considera oficialmente presidente legítimo, aunque desconoce la legitimidad de Maduro.
La resolución de este jueves cuenta con un apoyo parlamentario más amplio y diverso en comparación con la de septiembre. “El régimen venezolano ha perdido una oportunidad decisiva para respetar la voluntad del pueblo y asegurar una transición democrática”, señalaron.
La mayoría parlamentaria que ha aprobado esta resolución es más progresista que la que sacó adelante el reconocimiento de González Urrutia en septiembre, ya que entonces lo logró el Partido Popular Europeo con los grupos conservadores y de extrema derecha y en esta ocasión el abanico que ha votado a favor va desde algunos conservadores hasta los socialistas, incluyendo también a los liberales.
El documento también pide a la Unión Europea que no sea “ambigua” y refuerce el apoyo a las fuerzas democráticas en Venezuela, elevando las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro
Fuentes de los socialistas y liberales explicaron a EFE que la actitud de los populares en esta ocasión ha sido mucho más constructiva a la hora de incluir las sensibilidades de todas las partes, lo cual les ha permitido sumarse al “sí”.
En contra han votado La Izquierda y los diputados de BNG, Compromís y los Comunes, mientras que el resto de los Verdes se han abstenido mayoritariamente.
También se han pronunciado en contra la mayoría de los Patriotas por Europa, grupo en el que se enmarca Vox, que consideran que el texto no es lo suficientemente duro y “debilita la posición europea frente a la dictadura chavista”.
La resolución insiste en que el régimen publique todas las actas de las elecciones de julio y recordó que, con base en las presentadas por la oposición democrática y a las declaraciones de las organizaciones internacionales independientes presentes en dichos comicios, los eurodiputados reconocen a González Urrutia como ganador de las elecciones.
“El respeto de la voluntad del pueblo venezolano expresada en las elecciones sigue siendo la única vía para que Venezuela restablezca la democracia”, apuntaron, al tiempo que celebraron que la UE haya ampliado sus sanciones al régimen por esta crisis.
Aún con ello, reclamaron que continúen reforzando estas medidas restrictivas para incluir al propio Nicolás Maduro, su círculo más próximo y sus familias, incluidos Jorge Rodríguez y Vladimir Padrino López, así como a todos los responsables de violaciones de los derechos humanos, la reivindicación ilegítima de autoridad, la usurpación de funciones oficiales y todos los actos represivos en Venezuela.
El Parlamento iraquí ha aprobado un polémico paquete de enmiendas que otorga a los tribunales islámicos una mayor autoridad en cuestiones familiares como el matrimonio, el divorcio y las herencias, marcando un retroceso en los derechos individuales, especialmente de mujeres y niñas. Esta reforma permite que los clérigos dictaminen según sus interpretaciones de la ley islámica, como la de la congregación chií Jaafari, que establece que las niñas pueden casarse desde los nueve años.
La normativa, que sustituye aspectos de la Ley de Estatus Personal iraquí aprobada en 1959, ha generado una ola de críticas. Esta ley había sido considerada una de las más progresistas de Oriente Próximo y fijaba los 18 años como la edad mínima para contraer matrimonio, permitiéndolo a los 15 años solo bajo condiciones específicas y con la autorización de un juez. La reforma, sin embargo, legaliza el matrimonio infantil, una práctica que, según Unicef, ya afecta al 28% de las mujeres en Irak a través de matrimonios religiosos no reconocidos hasta ahora.
Las enmiendas han sido aprobadas en circunstancias cuestionables. Varios parlamentarios denunciaron que se logró un quórum mínimo y que la sesión fue un «caos», con decenas de diputados abandonando la sala antes de la votación. Nour Nafe, diputada opositora, calificó el procedimiento como una «farsa» y criticó la falta de un texto legal claro: «Son una colección de ideas escritas en dos hojas de papel». Incluso legisladoras chiíes como Alya Nassif se manifestaron en contra, describiendo la reforma como una «amenaza para la sociedad y las familias».
El camino hacia la aprobación de estas reformas no ha estado exento de resistencia. Intentos similares en 2014 y 2017 fueron bloqueados tras el rechazo de amplios sectores de la sociedad. Sin embargo, en agosto del año pasado, grupos conservadores chiíes volvieron a presentar la propuesta, lo que desencadenó protestas masivas de mujeres y jóvenes en ciudades importantes del país. Estas manifestaciones evidenciaron el descontento de gran parte de la población ante lo que consideran un retroceso en derechos fundamentales.
El diputado independiente Sajjad Salem criticó duramente la aprobación de la enmienda, calificándola como un acto de «decadencia y blasfemia» que daña la reputación de Irak. Sus declaraciones reflejan el descontento generalizado entre quienes ven en estas medidas una consolidación de la desigualdad y una amenaza a los derechos humanos.
Esta reforma representa un giro significativo hacia interpretaciones religiosas en el derecho familiar iraquí, profundizando las divisiones sectarias y generando incertidumbre sobre el futuro de los derechos de las mujeres en el país.
La Casa Blanca ha anunciado este martes la prohibición de los programas de diversidad, igualdad e inclusión (conocidos como DEI, por sus siglas en inglés) del Gobierno federal, cumpliendo así con la promesa del presidente estadounidense, Donald Trump, que ha calificado estos proyectos de «discriminatorios».
La Administración Trump ha señalado que al poner fin a los DEI, la contratación y ascensos «recompensarán» las habilidades y desempeño individuales, mejorando la «eficiencia», reduciendo los gastos y exigiendo a las subcontratas que cumplan con las leyes. Así, prohíbe que quienes contratan tengan que equilibrar la fuerza laboral «en función de raza, sexo, identidad de género, preferencia sexual o religión«.
Las nuevas autoridades estadounidenses han considerado que esta orden ejecutiva «reafirma» los valores de «dignidad individual, trabajo duro y excelencia» al poner «fin a los mandatos de equidad anticonstitucionales y profundamente degradantes» de la Administración de Joe Biden y Kamala Harris. «Los radicales DEI han contaminado peligrosamente a muchas de nuestras empresas críticas e instituciones influyentes, incluido el Gobierno federal», ha dicho.
Asimismo, ha asegurado que, «en el sector privado, muchas corporaciones y universidades utilizan los DEI como excusa para prácticas laborales sesgadas e ilegales y preferencias de admisión ilegales, ignorando el hecho de que la retórica y las ideas fundacionales de los DEI fomentan la hostilidad y el autoritarismo entre grupos».
Con todo, ha criticado que «se gastan miles de millones de dólares al año en los DEI, pero en lugar de reducir los prejuicios y promover la inclusión, crean y amplifican la hostilidad prejuiciosa y exacerba los conflictos interpersonales». «Todo hombre y mujer debería tener la oportunidad de llegar tan lejos como su trabajo duro, iniciativa individual y competencia los puedan llevar«, ha zanjado.
«Hoy, Trump ha firmado una histórica orden ejecutiva que protege los derechos civiles de todos los estadounidenses y amplía las oportunidades individuales al poner fin a la preferencia radical por los DEI en las contrataciones federales y ordenar a las agencias federales que combatan implacablemente la discriminación en el sector privado», reza un comunicado.
Washington ha señalado que «esta orden hace cumplir los estatutos federales y promueve fielmente la promesa de la Constitución de igualdad ante la ley sin distinción de color«. «Trump prometió acabar con los DEI en el Gobierno federal, proteger la igualdad de oportunidades y obligar a las escuelas a poner fin a las políticas de admisión discriminatorias, y cumplió», ha indicado su oficina.
