En una democracia republicana auténtica, la toma de posesión de un nuevo gobierno trasciende el simple formalismo constitucional para convertirse en una verdadera celebración cívica. Este momento simboliza la unidad nacional y reafirma el consenso fundacional de que el país ha de ser gobernado por quienes han obtenido el respaldo mayoritario en elecciones libres y justas. Al mismo tiempo, quienes no alcanzaron la victoria asumen el papel esencial de ejercer como contrapeso democrático, garantizando así el equilibrio institucional y el pluralismo sobre el que se sostiene la república. Para el ciudadano común, esta ceremonia afianza la confianza en un sistema donde su voluntad cuenta y se respeta.
Por: Ramón Cardozo – DW
En la Venezuela de 2025, la toma de posesión presidencial prevista para el 10 de enero dista mucho de ese ideal cívico republicano, perfilándose más bien como un evento marcado por la arbitrariedad, la confrontación y la incertidumbre. Para esa fecha, Nicolás Maduro pretende juramentarse como presidente electo, a pesar de haber perdido ampliamente las elecciones del 28 de julio de 2024, según evidencian las actas comiciales recopiladas por la oposición. Mientras tanto, el legítimo vencedor, Edmundo González Urrutia, obligado a exiliarse en España, es acusado por el régimen de conspiración y usurpación de funciones, entre otros varios delitos, llegando incluso a ofrecerse una recompensa de 100.000 dólares por su captura.
Maduro, sin legitimidad democrática
Carente de toda legitimidad democrática —ese «derecho a gobernar” que, en una democracia, deriva de la voluntad popular—, Maduro se mantiene en el poder gracias al control que ejerce sobre el aparato represivo del Estado. Los continuos arrestos postelectorales y los más de 1.500 presos políticos en las cárceles de alta seguridad del régimen son una clara evidencia de ello. Por esta razón, González Urrutia, quien ha prometido estar en Venezuela el día 10 para juramentarse como presidente, viene instando de manera reiterada a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a hacer cumplir la Constitución y defender la soberanía popular. El general Padrino López, ministro de la defensa del régimen, rechazó el llamado del presidente electo, y aseguró que la FANB reconocerá el 10 de enero a Nicolás Maduro como el presidente del país.
Por su parte, la líder de la oposición, María Corina Machado, quien se encuentra en Venezuela en condición de clandestinidad, ha convocado a la ciudadanía a salir a las calles este 9 de enero para defender el triunfo de González: «Si salimos todos, millones, ¿cómo pueden unos cientos o miles de personas armadas prevalecer frente a 30 millones de venezolanos? Al final, la única manera de ser libres es vencer el miedo», afirmó Machado.
Un país en tensión y bajo vigilancia extrema
En medio de un ambiente de rechazo popular al régimen y ante el temor de que los llamados de la dirigente opositora desencadenen una masiva reacción cívica de protesta en el país, Maduro ha ordenado reforzar la presencia de los cuerpos de seguridad y de choque en el territorio venezolano, especialmente en la capital de la República. A través de redes sociales y organizaciones de la sociedad civil, se ha reportado un fuerte incremento en la presencia de funcionarios de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana en zonas populares de Caracas, como Catia, El Valle y La Vega. Asimismo, se han implementado estrictos operativos de control en múltiples puntos estratégicos, entre los que destacan el aeropuerto de La Carlota, el centro de la ciudad y los principales accesos a la capital. Estos operativos incluyen controles vehiculares exhaustivos y patrullajes armados.
Adicionalmente, el segundo hombre del régimen y ministro del Interior, Diosdado Cabello, ha anunciado para el mismo día 9 una marcha de simpatizantes del oficialismo. La movilización chavista tiene previsto recorrer todo el este de la ciudad y, como es habitual, seguramente estará acompañada por los grupos paramilitares conocidos como «colectivos”.
Este amplio despliegue de efectivos militares, organismos de seguridad y fuerzas de choque persigue un objetivo claro: disuadir o reprimir de manera violenta y expedita cualquier manifestación ciudadana que desafíe el poder de facto de Maduro. Ante el extenso historial del régimen en violaciones a los derechos humanos, que incluyen la práctica del terrorismo de Estado y la comisión de crímenes de lesa humanidad, la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela de la ONU ha hecho un llamado urgente: las autoridades deben respetar el derecho ciudadano a manifestarse y expresarse libremente, sin temor a represalias. De este modo, las calles de Venezuela, lejos de un ambiente de festividad cívica en vísperas de la asunción presidencial, reflejan un país en tensión y bajo vigilancia extrema.
Sillas vacías en la juramentación de Maduro
Los eventos de toma de posesión son actos que trascienden las fronteras nacionales. En el ámbito internacional, estas fechas funcionan como un mensaje hacia el mundo: el sistema político de un país ha funcionado conforme a los principios democráticos, garantizando el respeto de la voluntad popular. En reciprocidad, la comunidad internacional responde mediante su acompañamiento, que no es un mero formalismo, sino un gesto de reconocimiento a la legitimidad del nuevo gobierno en el escenario global.
En el acto convocado por Maduro para el próximo día 10, las sillas reservadas para los representantes internacionales reflejarán, muy probablemente, el aislamiento y el escaso grado de legitimidad del que goza el régimen en la comunidad internacional. Aunque no se ha brindado información oficial sobre los asistentes internacionales al evento, ya se da por descontada la ausencia de representes de importantes países del hemisferio, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Panamá, República Dominicana y El Salvador. Asimismo, según información publicada recientemente en el diario El País de España, los embajadores de los países de la Unión Europea habrían decidido no asistir al acto.
Los ausentes dicen más que los presentes
También será notorio que las sillas reservadas para los países fronterizos de Venezuela, Colombia y Brasil no estarán ocupadas por los respectivos mandatarios. Tanto Petrocomo Lula, quienes históricamente han sido aliados ideológicos del chavismo, y tras fracasar en sus intentos de que Maduro presentara evidencias de su supuesto triunfo electoral, han optado por no asistir personalmente, limitándose a enviar a sus embajadores. Esto pone en evidencia los crecientes costos políticos de apoyar abiertamente al régimen de Maduro.
La predecible presencia de países del hemisferio como Cuba y Nicaragua, o potencias extrarregionalas como Irán, Rusia y China, lejos de contrarrestar el cuadro de aislamiento, más bien subrayará que el apoyo internacional de Maduro proviene únicamente de un círculo reducido de actores totalmente alejados del mundo democrático.
Las sillas vacías de la comunidad internacional, los cientos de presos políticos, las calles sometidas a una intensa vigilancia y control por parte de las fuerzas de seguridad —en un intento por prevenir una masiva reacción cívica de protesta — evidencian la profunda brecha que existe entre la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas el 28 de julio y el poder de facto de Maduro, que busca revestirse de legitimidad mediante la simulación de un acto de juramentación democrático. Estos hechos testimonian también la infatigable lucha de la sociedad venezolana que, respaldada por la gran mayoría de las democracias del mundo, persiste con inmensos sacrificios en su empeño por recuperar su libertad.
