Tras reelegirse mediante unas elecciones marcadas por denuncias de fraude y el brote de protestas en los barrios pobres de Caracas, apagadas con represión y detenciones masivas, Nicolás Maduro resalta insistentemente las virtudes de lo que denomina “la unión y la fusión cívico-militar-policial”.

Por: Víctor Salmerón – El Observador

El mandatario venezolano se prepara para juramentarse el próximo 10 de enero y su permanencia en el poder dependerá de que siga demostrando capacidad para mantener la lealtad del ejército, el control de los cuerpos policiales y el acercamiento con los empresarios para mantener a flote a una economía débil y vulnerable.

A lo interno del gobierno estas áreas críticas están en manos de tres figuras que en sí mismas representan los principales grupos de poder dentro del chavismo: Diosdado Cabello, quien controla los cuerpos policiales como ministro de Interior y Justicia; Vladimir Padrino, el general que ha mantenido firme al ejército y Delcy Rodríguez, la vicepresidenta que mueve los hilos de la economía y la relación con los empresarios.

Diosdado Cabello, la mano dura de un «chavista radical»

Diosdado Cabello es considerado uno de los hombres más poderosos de Venezuela. Su llegada al poder vino de la mano de Hugo Chávez, a quien acompañó como militar en el intento de golpe de estado del 4 de febrero de 1992.

Se describe en su cuenta de X como “venezolano, Bolivariano, revolucionario y Chavista radical”. Su hermano, José David Cabello, está al frente del organismo encargado de recaudar impuestos y su esposa, Marleny Contreras ha ocupado distintos ministerios.

El pasado 28 de agosto Nicolás Maduro lo nombró como ministro del Interior, entregándole el control de la policía y la inteligencia: Guardia Nacional Bolivariana, Servicio Bolivariano de Inteligencia, Policía Nacional Bolivariana y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

No es primera vez que ocupa este cargo. En 2002 Hugo Chávez lo puso al frente de la policía tras el golpe de estado que lo removió del poder por 48 horas.

Diosdado Cabello se describe en su cuenta de X como “venezolano, Bolivariano, revolucionario y Chavista radical”.

Su regreso al Ministerio del Interior, 22 años después, fue visto como el anuncio de una fuerte represión y así ha sido: la organización Foro Penal precisó que tras las protestas a raíz de la controvertida reelección de Maduro las cárceles se abarrotaron con dos mil presos políticos.

Si bien a lo interno del chavismo siempre se comentó sobre una rivalidad entre Cabello y Maduro, su lealtad no ha tenido fisuras: “Aquí está a la orden, presidente, un soldado del 4 F, un soldado de la revolución, un soldado suyo”, dijo Cabello a Maduro al ser nombrado ministro del Interior.

Rafael Simón Jiménez, exvicepresidente de la Asamblea Nacional, historiador y analista político considera que la rivalidad “ha podido disfrazarse o solaparse por la necesidad de conservar el poder”.

Desde su punto de vista “el aparente protagonismo cobrado por Cabello luego de las elecciones del 28 de julio lo coloca en el centro de un papel de represor que no creo que le granjee simpatías ni siquiera dentro del chavismo, ese poder que para muchos es protagónico yo lo veo como episódico o circunstancial”.

Cabello cuenta con una plataforma propia de comunicación y propaganda: el programa de televisión “Con el mazo dando” que transmite por el canal de televisión del Estado. Para opositores el ser nombrado en el Mazo puede ser el anuncio de su investigación o detención.

María Corina Machado, la líder de la oposición, llamó a protestar el próximo 9 de enero, el día previo al que Maduro se dispone a juramentarse para un nuevo período presidencial en medio del desconocimiento de una larga lista de países que consideran la elección como fraudulenta.

Desde el 4 de enero Diosdado Cabello tiene desplegada la policía en distintas zonas de Caracas, los autos son revisados, las alcabalas se han multiplicado.

“Algunos dirán ¿por qué hacen el despliegue? Porque conocemos la oposición que tenemos. Ante las amenazas que hacen contra la democracia estamos obligados a garantizar la paz. Con las medidas que hemos tomado y que se están tomando eso está garantizado, el 10 de enero se juramenta Nicolás Maduro”, aseguró Cabello.

Vladimir Padrino, un muro contra los intentos de rebeldía en el Ejército

Desde 2014 el general Vladimir Padrino ocupa el cargo de ministro de la defensa y tras las pasadas elecciones no ha dudado en mantener el apoyo a Maduro: “El próximo 10 de enero acompañaremos a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro, quien será juramentado frente a la Asamblea Nacional y frente al pueblo”, dijo la semana pasada.

Bajo el liderazgo de Padrino las Fuerzas Armadas han tenido un rol protagónico en el gobierno con el control de empresas de minería, ministerios clave como el de la Alimentación y hasta un banco especial para el sector militar.

En los mandos medios ha habido señales de descontento que los servicios de inteligencia han desarticulado. De acuerdo con Foro Penal actualmente permanecen detenidos 162 militares que forman parte de la lista de presos políticos.

Un oficial retirado, que prefiere mantener el anonimato, explica que tras el intento de golpe de estado de 2002 Hugo Chávez debilitó la estructura de mando vertical creando un sistema con un elevado número de generales y tropas en múltiples zonas del país que dificulta la coordinación para posibles acciones que desestabilicen al gobierno.

“Los generales son pequeñas piezas de un enorme rompecabezas y eso se ha reforzado en los últimos años”, afirma el oficial retirado.

En la noche del 5 de enero Edmundo González Urrutia, el exdiplomático que sustituyó en las pasadas elecciones presidenciales a María Corina Machado, inhabilitada para postularse, grabó un video donde llama a la Fuerza Armada a respaldarlo y facilitar su juramentación como presidente de la nación.

“Según la Constitución de 1999, promovida por Hugo Chávez, el 10 de enero, por la voluntad soberana del pueblo venezolano, yo debo asumir el rol de comandante en jefe”, afirmó González Urrutia que de acuerdo a las actas en poder de la oposición fue elegido como presidente en las pasadas elecciones presidenciales.

Por ahora los llamados de este tipo se han estrellado ante el muro que lidera el general Vladimir Padrino.

Delcy Rodríguez, la «querida vice» que teje acuerdos con la elite empresaria

El pasado 13 de noviembre Maduro dijo entre risas que crearía una cargo especial para Delcy Rodríguez. “Siguiendo el ejemplo de Trump, voy a crear un nuevo cargo aquí: rectora de la eficiencia económica, rectora de la calidad y la producción. No tendrá satélites en el espacio, pero tiene cerebro, compadre, que es lo que hace falta”.

Rodríguez estudio derecho en la Universidad Central de Venezuela y luego vivió en París donde cursó una especialización en derecho laboral. Durante el gobierno de Hugo Chávez no tuvo mayor protagonismo pero con Maduro se ha desempeñado como ministra de comunicación, canciller, ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior y, actualmente, es vicepresidenta de la república y ministra de petróleo.

Jorge Rodríguez, su hermano, es presidente de la Asamblea Nacional y fue reelegido para el período 2025-2026.

En octubre de 2023 Adán Celis, el presidente de Fedecámaras, el gremio que agrupa a la empresa privada en el país y que adversó a Hugo Chávez se refirió a Delcy Rodríguez en un acto público como “nuestra queridísima vicepresidenta” dejando en claro el signo de los nuevos tiempos.

Bajo su liderazgo el gobierno tejió un acuerdo donde la élite empresarial ha renunciado por completo a participar en política a cambio de un entorno más favorable en el que se negocia la devolución de empresas que les fueron expropiadas, la eliminación de facto del control de precios e incluso se prepara un plan de privatización de empresas públicas.

Desde el 28 de agosto Delcy Rodríguez sumó a sus funciones el Ministerio de Petróleo desde donde busca captar inversión extranjera para impulsar la producción y aumentar los ingresos del gobierno.

“Si bien tiene el cargo de vicepresidenta de la república su rol principal es en la economía y ahora en el ala petrolera que es crucial porque aporta nueve de cada diez dólares que ingresan al país”, dice un empresario que prefiere reservar su identidad.

Rafael Simón Jiménez explica que “en Venezuela se habla del denominado grupo de los seis como centro de toma de decisiones: Maduro y su esposa Cilia Flores, los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello y el general Padrino”.

“Es evidente que dentro de ese grupo hay diferencias y pujas por el control de espacios del cual obtener ventajas personales, pero ese grupo tiene un gran instinto de conservación que los hace alinearse en un solo frente a la hora de peligrar su permanencia en el poder. Eso es precisamente lo que hemos visto antes y después del 28 de Julio”, agrega.

Ante la inminente toma de posesión del presidente electo Donald Trump, surge la pregunta: ¿cómo influirá la nueva administración de los Estados Unidos en el crimen organizado en Venezuela?

Por: Sarah Döbbener – InSight Crime

Durante el primer mandato de Trump, su política hacia el país sudamericano comprendía sanciones económicas e intentos de cambio de régimen, denominado como política de máxima presión. Tras las elecciones venezolanas de 2018, marcadas por irregularidades, Nicolás Maduro se declaró ganador. En respuesta, Trump reconoció a Juan Guaidó, entonces líder de la oposición, como presidente legítimo de Venezuela.

Sin embargo, la política de máxima presión no debilitó a Maduro. Por el contrario, ante el colapso económico provocado por la pérdida de ingresos petroleros, el mandatario fortaleció su poder al recurrir con mayor intensidad a las economías ilícitas para sostener su régimen. Creó un Estado híbrido donde hay una línea delgada entre gobernabilidad y criminalidad. Además, estrechó lazos con aliados estratégicos como Rusia y China, quienes ofrecieron apoyo crucial a Venezuela durante la pandemia, y consolidó su posición al demostrar su capacidad de adaptación.

A continuación, InSight Crime explora dos escenarios basados en entrevistas con expertos en crimen organizado y la política estadounidense que podrían influir en la evolución del crimen organizado en Venezuela durante el segundo mandato de Trump.

Escenario 1: Presión incrementada

El primer escenario, denominado “presión incrementada” por algunos expertos, emerge como el más probable, según las entrevistas conducidas por InSight Crime. 

Este enfoque sería liderado por una hipotética influencia predominante de Marco Rubio, un fuerte crítico del gobierno venezolano nominado como próximo secretario de Estado, y Mike Waltz, futuro asesor de seguridad nacional que anteriormente apoyó sanciones al régimen de Maduro, y quien se reunió con el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia el pasado 6 de enero. La política se caracterizaría por un endurecimiento de las sanciones internacionales. Las medidas incluirían la imposición de nuevas sanciones a funcionarios de alto nivel y sectores clave de la economía venezolana, con especial énfasis en la industria petrolera.

Según estimaciones de expertos, el retorno de sanciones más estrictas reduciría los ingresos petroleros del país de manera drástica. Frente a esta pérdida de recursos, el gobierno venezolano y sus aliados podrían intensificar su dependencia de economías ilícitas, “vendiendo más petróleo en el mercado negro a través de intermediarios dudosos”, señaló a InSight Crime Geoff Ramsey, miembro principal del Atlantic Council’s Adrienne Arsht Latin American Center.

El narcotráfico sería otro beneficiario indirecto de esta presión. Venezuela, como corredor estratégico para la droga proveniente de Colombia, podría experimentar un aumento en el tránsito de sustancias ilícitas, con el fin de generar ingresos mediante el encubrimiento de estas actividades. Otro sector que podría ganar protagonismo es el de la minería ilegal, una economía ilícita altamente lucrativa, pero difícil de combatir debido a los retos en el rastreo de la procedencia del oro. Sin embargo, los actores criminales también enfrentarán desafíos. Ramsey señaló que las redes criminales también podrían enfrentar mayores dificultades debido a un incremento en la vigilancia y patrullaje en los países vecinos.

El fortalecimiento de las economías ilícitas podría tener implicaciones profundas para la estabilidad del régimen de Maduro. Un investigador especializado en crimen organizado en Venezuela consultado por InSight Crime, quien no quiso revelar su nombre por razones de seguridad, advirtió que la creciente concentración de rentas ilícitas en manos de actores privados podría intensificar las tensiones dentro del Estado. Facciones internas, motivadas por el control de economías como la minería ilegal, podrían desencadenar luchas de poder, alimentando un ciclo de violencia que fracturaría aún más al régimen. Estas rentas ilícitas podrían ser utilizadas para financiar armas, reclutar personal y adquirir recursos destinados a organizar golpes de Estado o levantamientos, aumentando el riesgo de una implosión en las estructuras de poder actuales.

Los expertos consultados por InSight Crime descartaron la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, argumentando que esta opción no estaría alineada con los intereses de Donald Trump. Su lema “Make America Great Again”, traducido al español como “hacer a América grande otra vez”, refleja un enfoque prioritario en los asuntos internos del país. Además, los costos asociados a una operación de tal magnitud serían excesivamente altos. Cualquier operación armada podría agravar la crisis humanitaria en Venezuela y aumentar significativamente el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, un efecto contrario a las metas de Trump de reducir la inmigración al país norteamericano.

Escenario 2: Cohabitación pragmática

Otro escenario identificado por los expertos, aunque considerado menos probable, es el de la “cohabitación pragmática”, un enfoque que podría ser implementado si la propuesta directora de la Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien ha expresado reservas sobre la presión excesiva, logra ejercer mayor influencia dentro del gabinete de Trump. 

En este escenario, en lugar de recurrir nuevamente a las sanciones y la presión internacional, Estados Unidos consideraría retomar las relaciones diplomáticas con Venezuela.

El investigador consultado por InSight Crime lo resumió de la siguiente manera: “Si se da lo que llaman la cohabitación pragmática, lo que ocurriría en 2025 es una estabilización de la economía y, por ende, la aproximación de Maduro a los mercados ilegales tendería a moderarse.” 

A pesar de que durante la administración del presidente Joe Biden se levantaron algunas de las sanciones contra la petrolera estatal venezolana y se otorgaron licencias de operación a Chevron, una compañía petrolera estadounidense, no fue posible reanudar por completo las relaciones diplomáticas entre ambos países. Esta situación se agudizó de manera abrupta tras las elecciones de julio de 2024, cuestionadas por su carácter fraudulento, lo que llevó a Biden a reconocer al candidato opositor como ganador.

Si Trump adoptara el enfoque de cohabitación pragmática hacia Venezuela, serían necesarios esfuerzos adicionales para promover el diálogo entre los dos países. Dada su admiración por líderes fuertes, como lo ha expresado respecto a Putin, no sería descabellado pensar que podría acercarse a Maduro. Este tipo de diálogos se centrarían probablemente en la reducción de la migración desde Venezuela, a cambio de negociaciones sobre el sector petrolero.

La reanudación de un diálogo entre ambos países podría conducir al alivio de las sanciones, permitiendo la recuperación del sector petrolero. Como consecuencia, el gobierno venezolano dependería menos del mercado negro para comercializar su crudo. Además, la eliminación de sanciones que afectan a entidades y personas vinculadas al comercio con Venezuela podría abrir la puerta a más inversiones extranjeras, facilitando mejoras en la infraestructura petrolera e incrementando los ingresos estatales. El sector privado, severamente afectado por las sanciones que dificultaron el comercio internacional y disuadieron la inversión extranjera, también se vería beneficiado. La ausencia de restricciones ayudaría a la economía venezolana en general, aumentando los ingresos de la población al generar más empleo legal, lo que podría atenuar la dependencia a economías ilícitas.

A la par, la recuperación económica impactaría también en la trata de personas. Con menos venezolanos obligados a emigrar por necesidad, se reduciría la vulnerabilidad frente a redes como el Tren de Aragua, debilitando a esta organización transnacional.

Incluso en una situación de cohabitación pragmática, las economías criminales continuarían operando en Venezuela. Por una parte, funcionarios gubernamentales y de seguridad corruptos del gobierno de Maduro no tendrían incentivos para abandonar las rentas ilegales que los enriquecen bajo el ambiente de impunidad que el Estado ha garantizado para perpetuarse en el poder. Además, la presencia de grupos criminales, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y sus cercanas relaciones con actores del Estado, asegura que las actividades criminales continuarían afectando la seguridad del país y la región.

El Gobierno de España no enviará a ningún representante a la fraudulenta toma de posesión que pretende llevar a cabo Nicolás Maduro el próximo 10 de enero burlando la soberanía popular expresada en las elecciones del 28 de julio de 2024.

EFE

Así lo confirmaron fuentes del ministerio español de Asuntos Exteriores a la agencia EFE, que recordó que España tampoco envió representación cuando Maduro asumió el 10 de enero de 2019.

Sin embargo, el Gobierno español aún no reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, a pesar de que el 85% de las actas de escrutinio certifican su victoria con más del 67% de los votos.

La situación política en Venezuela se ha intensificado tras las amenazas del régimen de Nicolás Maduro a un grupo de expresidentes latinoamericanos que han manifestado su intención de acompañar al líder opositor Edmundo González Urrutia en su intento de asumir la Presidencia el próximo 10 de enero.

RCN

Este acto tiene lugar después de las elecciones del 28 de julio, en las que González Urrutia se proclamó como ganador. A medida que se acerca la fecha de la ceremonia de posesión, las autoridades venezolanas, lideradas por Diosdado Cabello, han lanzado severas advertencias contra quienes planean ingresar al país para respaldar a la oposición.

Cabello asegura que aeronaves serán neutralizadas si violan el espacio aéreo venezolano

Diosdado Cabello, número dos del régimen venezolano, fue tajante en su advertencia: cualquier aeronave que intente ingresar a Venezuela sin la debida autorización será neutralizada. El dirigente aseguró que el país cuenta con un sistema de radares de alta tecnología y con una ley aprobada en 2013 que permite la neutralización de aviones que no se reporten adecuadamente.

“Cualquier aeronave que viole el espacio aéreo estará corriendo un gravísimo riesgo”, afirmó Cabello, dejando claro que las consecuencias para los exmandatarios y otros líderes que intenten entrar al país sin permiso serán graves. El gobierno venezolano ha reaccionado con firmeza a las declaraciones de varios exgobernantes latinoamericanos, quienes han expresado su deseo de acompañar a González Urrutia en su lucha por lo que considera un derecho legítimo a la presidencia de Venezuela.

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello advierte a expresidentes del Grupo IDEA: “Será neutralizada cualquier aeronave que viole el espacio aéreo”

“Estarían corriendo un gravísimo riesgo (…) yo les recomiendo que no se pongan a inventar” https://t.co/Guj5nyxR6w pic.twitter.com/Q8Eur4OOrE

— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) January 7, 2025

El Parlamento venezolano también se une a las amenazas contra los exmandatarios

En paralelo, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría oficialista, ha declarado a los expresidentes de Colombia, México, Paraguay, Bolivia, Panamá, Ecuador y Costa Rica como “personas no gratas” ante la posibilidad de que intenten ingresar al país para acompañar a González Urrutia.

El Parlamento venezolano considera que este grupo de exmandatarios está actuando como parte de una “fuerza extranjera” que busca “invadir” el país y entorpecer el juramento de Nicolás Maduro como presidente. Este acuerdo fue aprobado por unanimidad y refleja la postura del oficialismo de rechazar cualquier tipo de injerencia internacional en los asuntos internos de Venezuela.

En este contexto, la tensión entre el gobierno de Maduro y la oposición, respaldada por expresidentes y líderes internacionales, sigue escalando, mientras la comunidad internacional observa atentamente los desarrollos en torno a la posesión presidencial del 10 de enero.

El régimen de Nicolás Maduro intensificó la persecución política en Venezuela al registrar al menos 20 detenciones y desapariciones forzadas en menos de 24 horas, en un contexto de alta tensión política previo a la juramentación presidencial prevista para el próximo 10 de enero. Entre los detenidos, se encuentran dirigentes opositores, activistas y familiares del presidente electo Edmundo González Urrutia, quien insiste en que ganó los cuestionados comicios presidenciales del pasado 28 de julio.

Infobae

El partido opositor Vente Venezuela (VV) denunció la detención arbitraria de seis activistas en los estados Trujillo y Bolívar, quienes fueron identificados como Darío Durán, Marianela Ojeda, Eduardo Briceño, Francisco Graterol, Robert Rea y Jeremy Santamaría. Según el coordinador de derechos humanos de VV, Orlando Moreno, cuatro de los detenidos pertenecen a las filas de su partido. Estas aprehensiones se suman a los casos de Enyer Abreu Jordan, detenido el pasado sábado en Trujillo, y Simón Vargas, arrestado el 2 de enero en Táchira.

“Esto es una muestra más de cómo el régimen de Nicolás Maduro utiliza la represión para intimidar a quienes luchan por la democracia”, expresó Edmundo González Urrutia en sus redes sociales.

En total, las cifras más recientes del Comité de Derechos Humanos de VV señalan que 160 opositores han sido arrestados desde las elecciones de julio, cuyos resultados fueron rechazados por la oposición y organismos internacionales.

Por otro lado, la desaparición forzada del ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Enrique Márquez, encendió nuevas alarmas. La ONG Un Mundo Sin Mordaza denunció que Márquez fue interceptado por agentes encapuchados en la noche del 7 de enero, exigiendo al régimen de Maduro que informe su paradero. Márquez había sido un crítico abierto del fraude electoral, solicitando la publicación de las actas de votación y condenando la represión contra opositores como Juan Barreto.

Además, el presidente electo, Edmundo González Urrutia, denunció este martes en la tarde el secuestro de su yerno, Rafael Tudares, mientras este llevaba a sus hijos a la escuela en Caracas. Según González Urrutia, Tudares fue interceptado por hombres encapuchados que lo subieron a un vehículo sin dejar rastro de su paradero.

En paralelo, la líder de Vente Venezuela, María Corina Machado, denunció el hostigamiento por parte de agentes chavistas contra su familia, señalando que la vivienda de su madre en Caracas fue rodeada y vigilada con drones, además de sufrir un corte de electricidad. Machado afirmó que esta es una estrategia para silenciar a los opositores y atemorizar a sus seguidores.

La situación ha provocado críticas internacionales. El secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su preocupación y pidió que “no haya más represión” en los días previos al 10 de enero. Asimismo, la embajada de Estados Unidos para Venezuela, con sede en Bogotá, condenó las recientes detenciones arbitrarias.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también emitió un informe el 7 de enero, en el que documenta graves violaciones de derechos humanos en Venezuela tras las elecciones de julio. Según el informe, estas acciones represivas han dejado 25 asesinatos, decenas de desapariciones forzadas, 2.000 detenciones arbitrarias y casos de torturas y tratos crueles.

En un contexto de aislamiento internacional y creciente represión interna, Maduro anunció el martes la captura de siete supuestos “mercenarios” extranjeros, incluidos dos estadounidenses. Sin embargo, no presentó pruebas ni detalles sobre estas detenciones, las cuales, según opositores, buscan desviar la atención de la crisis interna.

Con apenas tres días para la toma de posesión, tanto Maduro como González Urrutia han llamado a sus seguidores a movilizarse en las calles. Mientras el chavismo convocó a actos masivos en apoyo al mandatario, la oposición insiste en organizar protestas para denunciar el fraude y exigir el respeto a los resultados que, aseguran, otorgan la victoria a González Urrutia.

Debido a un extraño contratiempo en el discurso público en la era de las redes sociales, muchos estadounidenses están descubriendo lo que en el Reino Unido se conoce como el “escándalo de las bandas de secuestradores”, un título suave para lo que bien puede ser recordado como una de las atrocidades más viles y tiránicas jamás cometidas por un gobierno elegido democráticamente contra sus propios ciudadanos. 

Por: José Addington – The American Conservative

El escándalo en sí tiene más de una década de antigüedad , con informes que sacudieron al público británico que aparecieron por primera vez en la conciencia pública en 2013, pero por algún capricho de la historia y el azar (la creciente ira populista por la inmigración, los cambios en el panorama de los medios, la reelección de Donald Trump, la compra de Twitter por Elon Musk), el escándalo se ha vuelto viral en las redes sociales anglófonas a principios de 2025. Incluso muchos británicos que sabían de la existencia del escándalo se han sorprendido por los detalles que ahora entran en la conciencia pública por primera vez.

Los hechos en sí son tan horribles que resultan casi inconcebibles. Desde finales de los años 80 hasta la actualidad, decenas de miles de jóvenes británicas, la mayoría de ellas de entre 10 y 15 años, han sido violadas, maltratadas y prostituidas a la fuerza por bandas de hombres musulmanes paquistaníes en el Reino Unido. Las autoridades británicas, desde la policía local hasta el ayuntamiento y los miembros del Parlamento, no sólo estaban al tanto de los abusos que se estaban produciendo, sino que obstaculizaron los intentos de detener los crímenes horrendos, llevar a los perpetradores ante la justicia o permitir que el público conociera la situación, todo ello con el fin de impedir que se produjeran “disturbios raciales”.

Las cifras en sí mismas son espantosas; algunas estimaciones sitúan el número total de víctimas en 250.000. Los detalles de los abusos son aún peores. Las niñas fueron violadas con botellas rotas, marcadas a fuego y vendidas por sus abusadores docenas o incluso cientos de veces. Otras fueron pasadas de mano en mano entre amigos y familiares: hermanos, tíos y primos, todos abusando de la misma víctima. A algunas las rociaron con gasolina y las amenazaron con cerillas encendidas. Muchas vieron a sus familias amenazadas con violación, tortura o asesinato. Algunas fueron asesinadas de formas horribles. A otras las obligaron a reclutar nuevas víctimas.

Esto ocurrió con la complicidad del estado británico. Cuando las niñas denunciaron los abusos a las fuerzas de seguridad locales, se les dijo que no se podía hacer nada y las rechazaron . La policía se negó a abrir investigaciones penales, argumentando que niñas de tan solo 11 años mantenían relaciones sexuales consentidas. Cuando los padres comprendieron que la policía no los ayudaría, intentaron quitarles a sus hijas de las manos de sus violadores personalmente, pero terminaron siendo arrestados ellos mismos. En al menos un caso, la policía encontró a una niña que estaba siendo abusada por siete hombres y la arrestó por conducta ebria y desordenada, mientras dejaba a los hombres en libertad.

Varios intentos de llamar la atención de los funcionarios sobre el tema fueron ignorados: los investigadores independientes fueron marginados , los informes oficiales del gobierno fueron suprimidos . Cuando una investigadora, que fue contratada para investigar casos de abuso sexual en 2001, presentó un informe señalando que el problema estaba casi completamente contenido dentro de la comunidad musulmana paquistaní, un funcionario le dijo «nunca más debes referirte a eso» y luego fue asignada a tomar un curso de dos días sobre etnicidad y diversidad «para aumentar [su] conciencia de los problemas étnicos». Los oficiales de policía, funcionarios del gobierno y figuras de los medios de comunicación trabajaron constantemente para oscurecer la naturaleza y los perpetradores de los abusos, descuidando la clasificación o reportando las etnias de los criminales, oscureciendo datos para evitar sacar conclusiones obvias y declarando que tales acusaciones constituían un «pánico moral» que estaba siendo explotado por racistas y la extrema derecha. Un documental de 2004 para Channel 4, que se había realizado para resaltar el problema de la violación en grupo y el abuso sexual infantil, fue retrasado después de que la policía local y organizaciones sin fines de lucro «antifascistas» alegaran que «incitaría a la violencia racial».

Los sistemas políticos occidentales modernos presuponen que el Estado es una extensión de una nación única: un cuerpo cívico común con un contexto sociocultural relativamente uniforme, creencias morales, religiosas y políticas fundamentales y vínculos históricos, afectivos e idiomáticos comunes. Sólo una sociedad así es capaz de autogobernarse.

Ahora se están poniendo a prueba esas suposiciones. Mucha gente desdeña los vínculos y las fronteras tradicionales entre las naciones. Los avances en la tecnología moderna han simplificado la migración masiva, pero al mismo tiempo han hecho mucho más difícil la integración; los migrantes pueden, gracias a los modernos medios de transporte y telecomunicaciones, mantener sus vínculos familiares, su idioma, su cultura y sus medios de comunicación con pocas molestias. Los cambios en las combinaciones sociopolíticas hacen que la inmigración sea cada vez más atractiva económicamente, ya que la caída de las tasas de natalidad choca con un sistema de bienestar que depende del crecimiento económico y de una elevada proporción de trabajadores por cada persona dependiente. 

En Occidente, en consecuencia, casi todos los países han optado por permitir el ingreso y la ciudadanía a sus países de masas sin precedentes de inmigrantes de etnias y culturas distantes, con la esperanza de evitar el declive demográfico y económico y mantener la solvencia de sus sistemas de bienestar.

Ha sido, casi en todas partes, una decisión impopular. La población en general nunca ha sido particularmente favorable a la migración masiva con su delincuencia, desorden urbano, guetización y, en Europa, el auge del terrorismo islámico y el extremismo político que la acompañan. Pero las clases dominantes, por su naturaleza, están en gran medida aisladas de estas preocupaciones. A salvo en comunidades cerradas y protegidos por seguridad privada, los políticos de ambos partidos pudieron trasladar los costos de la inmigración a las clases bajas mientras cosechaban los beneficios ellos mismos.

Pero eso no significa que no hayan sido conscientes de los costos. De hecho, las élites son muy conscientes de los peligros potenciales de la inmigración masiva. En consecuencia, han gastado enormes cantidades de esfuerzo y dinero en «gestionar las tensiones raciales», desplegando iniciativas educativas, organizaciones sin fines de lucro, campañas en los medios, regulaciones e incentivos para corporaciones privadas y, por supuesto, los órganos del Estado para reprimir los posibles conflictos entre nativos y recién llegados. Los perturbadores de la paz son reprimidos, despedidos, condenados al ostracismo e incluso arrestados, algunos por un delito que no es mayor que el de expresar su opinión (en el Reino Unido, al carecer de las sólidas protecciones a la libertad de expresión de la Primera Enmienda, el encarcelamiento por publicar un discurso en Internet es una rutina). 

Las decenas de miles de jóvenes británicas violadas, torturadas y maltratadas por los paquistaníes fueron simplemente los sacrificios necesarios para mantener el nuevo Estado multicultural y posnacional en el Reino Unido. Su sufrimiento fue menos importante que el mantenimiento de la armonía social que exige el moderno orden sociopolítico que ha sucedido a la Gran Bretaña de posguerra.

Por supuesto, gran parte, quizá incluso la mayor parte de la conducta de la policía, los políticos o los medios de comunicación no fue un intento consciente de comprar la armonía social a costa de la violación de niños. Unos pocos funcionarios británicos aceptaron inocentemente la perspectiva religiosa del progresismo moderno, que considera la provocación del racismo en la sociedad como el pecado principal. Mucho más importante, todos eran conscientes de que, cualesquiera que fueran sus propias opiniones al respecto, esa perspectiva religiosa conlleva la sanción del Estado: los funcionarios que examinaran demasiado de cerca casos potencialmente incendiarios podrían encontrarse pronto frente a acusaciones de mala conducta. La policía ya estaba familiarizada con esas acusaciones: el Informe Macpherson de 1999 había acusado al Servicio de Policía Metropolitana de ser culpable de “racismo institucional” por su manejo del asesinato del hombre negro Stephen Lawrence en 1993.

Pero los crímenes son demasiado numerosos y las pruebas demasiado condenatorias como para que los implicados puedan mantener algún tipo de inocencia, incluso si no hubo una conspiración. Los agentes y los políticos eran perfectamente conscientes de los horribles crímenes que estaban fomentando, ya fuera con intenciones de “por el bien de la sociedad” o de salvar el pellejo. “Creo que debe haber concejales y diputados en todo el país que sabían lo que estaba pasando pero estaban aterrorizados”, dijo Anne Cryer, una política que abogó sin éxito por la investigación de los casos de abusos sexuales cometidos por hombres paquistaníes en su distrito en 2002. “Es un miedo genuino, estar aterrorizado de ser etiquetado como racista. Nadie quiere ser llamado racista, y menos aún alguien que no lo es”.

A largo plazo, puede que no haya sido prudente intentar preservar la armonía racial permitiendo abusos racializados y horrendos contra la población nativa, pero la lógica de la sociedad multicultural exige que el Estado y los órganos de opinión de las élites privilegien a las minorías y repriman los acontecimientos potencialmente divisivos. La reconstrucción de la nación exige un reordenamiento moral, y el nuevo código debe colocar la diversidad y la armonía étnica como las principales virtudes y el racismo como el principal vicio, para que el nuevo modo y orden funcionen. De lo contrario, podrían legitimar un rechazo del multiculturalismo a la luz de algún bien social superior, como la protección de los niños.

Y no fue necesariamente una apuesta desacertada. El escándalo ha superado hoy sus límites, pero hasta principios de esta semana parecía haber estado bien contenido. Han pasado más de diez años desde que se conoció la noticia de que el gobierno británico era cómplice de la violación sistemática de miles de niñas. ¿Qué consecuencias han sufrido los culpables? 

Ninguna, en absoluto. Nadie ha sido procesado por su complicidad en estos horribles crímenes. Ningún agente de policía ha perdido siquiera su trabajo por este asunto. Las consecuencias políticas han sido mínimas: el jefe del Servicio de Fiscalía de la Corona entre 2008 y 2013, cuando estalló el escándalo, no era otro que Keir Starmer, actualmente primer ministro del Reino Unido. La cobertura del escándalo por parte de la prensa dominante fue mínima, pero no inexistente, y las leyes draconianas relativas a la publicidad de los juicios penales hicieron que muchos de los peores detalles salieran a la luz en silencio después de los hechos. 

Incluso los propios criminales –violadores, torturadores, asesinos– han salido airosos. Muchos de ellos han recibido sentencias de diez años o menos y ya han regresado a ensuciar las calles de Gran Bretaña.