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Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

Durante el gobierno de Nicolás Maduro, por cada 2 dólares generados por la venta de crudo en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), uno era desviado hacia redes privadas vinculadas al poder, según documentos internos y entrevistas con funcionarios petroleros venezolanos obtenidos por el diario The New York Times.

El Nacional

El esquema, sustentado en empresas fantasma y acuerdos opacos, permitió que miles de millones de dólares salieran de las arcas del Estado sin registro ni supervisión. Solo entre 2021 y 2022, compañías asociadas a estas redes exportaron petróleo por más de 11.000 millones de dólares sin pagar a la estatal, cifra equivalente a la mitad de los ingresos petroleros en ese período.

¿Cómo funcionaba la trama de corrupción en Pdvsa?

La investigación identifica a Carlos Malpica Flores, sobrino de la esposa de Maduro, Cilia Flores, como una figura central en la estructura financiera que facilitó estas operaciones. Desde posiciones clave dentro del aparato estatal y posteriormente como operador externo, Malpica habría gestionado contratos y transacciones que consolidaron el control del círculo cercano de Maduro sobre la riqueza petrolera.

Durante más de una década, Pdvsa pasó de ser el principal motor económico del país a convertirse, según la investigación, en un instrumento de distribución de beneficios para una élite política y empresarial, lo que garantizó lealtades dentro del gobierno en medio de sanciones internacionales y la crisis económica.

Uno de los casos más representativos señalados por el reportaje es el de la compañía Hangzhou Energy, registrada en China, que obtuvo contratos altamente favorables para comercializar crudo venezolano. A cambio de compromisos imprecisos de supuesta ayuda humanitaria, esta firma accedió a volúmenes significativos de petróleo bajo condiciones consideradas atípicas.

Estos acuerdos de petróleo por alimentos —similares al obtenido por Hangzhou y supuestamente establecidos como respuesta a las sanciones estadounidenses— se convirtieron en una importante fuente de corrupción durante los últimos años del mandato de Maduro, desviando miles de millones de dólares de las arcas del Estado en un contexto de crisis humanitaria; así lo sostienen tanto el gobierno de Estados Unidos como las investigaciones realizadas por el medio de comunicación venezolano Armando.info.

Los documentos también revelan mecanismos de pago poco convencionales, como transacciones en moneda local, fuertemente devaluada, en lugar de divisas. Este tipo de acuerdos permitió a los intermediarios obtener ganancias extraordinarias mediante arbitraje cambiario, en contradicción con los principios básicos de la exportación petrolera.

Persiste la opacidad en los negocios petroleros

Tras la salida de Maduro, la nueva administración encabezada por Delcy Rodríguez ha prometido una transformación en la gestión de la industria.

Sin embargo, persisten señales de continuidad en los privilegios otorgados a ciertos actores económicos cercanos a Maduro bajo la gestión de Rodríguez, de acuerdo con entrevistas con funcionarios petroleros venezolanos y con personas cercanas al sector realizadas por el medio en condición de anonimato.

Malpica, que logró entablar una amistad con Rodríguez a lo largo de los años, según varias personas que conocen bien a ambos, parece haberse librado hasta ahora de la “limpieza” de la nueva presidenta, la cual ha derivado en el despido o el ostracismo de decenas de familiares de Maduro.

En paralelo, el gobierno de Donald Trump ha planteado un esquema de supervisión directa sobre las exportaciones venezolanas, incluyendo la presentación de presupuestos mensuales y la contratación de firmas auditoras.

Los avances concretos siguen siendo limitados. Aunque se lanzó una plataforma digital denominada Soberanía Transparente, diseñada para permitir a los ciudadanos rastrear el destino de cada dólar generado por la industria petrolera, este portal oficial solo registra una transacción sin detalles relevantes, mientras que los informes de auditoría aún no se han hecho públicos.

El «rodriguismo» es un híbrido monstruoso de tres cabezas. Emergió redivivo de las propias entrañas de un sistema criminal que sigue haciendo de las suyas, pero con otro formato. La perfidia, pujas y purgas, son ajustes de cuenta dentro del sistema, entre viejos capos venidos a menos y viejos capos reciclados de esa mafia que continua actuando impunemente, hoy bajo el circunstancial amparo de un tutor enfocado, de momento, en petróleo y minería.

Basta enunciar algunas de sus acciones y omisiones para entender que los objetivos de esa maligna estructura, son los de alterar la dinámica del cotarro político y así producir mayor desazón, ruido, dolor y desesperanza a los venezolanos. Este marco operacional del sistema, hoy matizado por las contorsiones del “rodriguismo”, lo registramos como la matriz del mal que sigue generando caos y devastación en el país desde aquella trágica autoflagelación colectiva de 1998. 

El cambio de pelaje de los zorros del triunvirato, que hoy reniega del chavomadurismo, y su salida del closet como ‘pitiyanquis’ de nueva generación, explican su genuflexión y refuerzan la tesis de la traición a sus mentores, De la peor manera, cobró vida la patada histórica a Chávez y Maduro. Transversalmente, aguas muy abajo, perviven radicales que no les perdonan tamaña felonía. Poco les ha importado entregarse con armas y bagaje al propio verdugo del 3E, por el afán de mantenerse impunes en el poder, abrigando mejores tiempos para traicionar a ese nuevo mentor a partir de noviembre.

Hoy el triunvirato es la nomenklatura que dirige a un sistema que ha envilecido las instituciones públicas y sigue criminalizando, apresando y reprimiendo a inocentes inculpados por sus opiniones, pero no entrega a los «extraditables». Con el nuevo formato, aprueban ineficaces leyes a la carta para el gusto de los inversionistas del «odiado imperio», e igualmente aplican y desaplican una ignominiosa Ley de Amnistía de dudosa eficacia y vigencia. Mas de 500 presos políticos, civiles y militares lo demuestran. 

Odian y temen a María Corina, pero ansían parecerse a ella. Quieren hacerse de su discurso sobre el regreso de la diáspora, sus símbolos y tarjeta; de los colores pasteles que sustituyen al disfraz rojo rojito y los rosarios que pretenden ocultar ritos de santería y a paleros satánicos. Sin desparpajo, desaparecen a los ojitos de Chávez. Son burdos intentos de cambio que difícilmente pasarán desapercibidos por un pueblo que los detesta. 

Este es un sistema que recicla a sus alfiles en el poder público. Se redefine con imposturas y pretensiones de engaño al gran aliado de ocasión. Las designaciones, en esos cotos, develan la farsa: sirven a los intereses del mismo sistema que hoy manejan. Lo del TSJ es aberrante. Por ilegítimos e ineficaces, nunca trascenderán en democracia. Todas estas señales, demuestran que rige el mismo sistema que destruyó al Estado de derecho y le vendió el alma al diablo de la corrupción, lavado y narcoterrorismo. No en balde, los estrechos vínculos que aún subsisten con los peores carteles, la guerrilla, Rusia y China. Apuestan a Irán y a Cuba en sus trances.

Los integrantes del triunvirato, con semejantes antecedentes, piden perdón y pretenden en vano ocultar un largo pasado plagado de inexcusables ejecutorias, pero en paralelo manipulan para convertirse en los únicos actores electorales y futuros factores políticos; por eso, obstruyen la fluidez del mantra que de la mano de MCM, nos conducirá a un sistema democrático que sustituirá para siempre a este sistema criminal. 

Por razones de «tempo», nos preguntamos: ¿Hasta cuándo seguirá la alianza que sirve de sostén a este infame sistema y al triunvirato del horror? Oigan al senador Scott. Venezuela, todavía oprimida, necesita apoyo para una verdadera liberación que el presidente Trump no puede ignorar. Nos liberó de Maduro y estamos agradecidos, pero no del sistema y del triunvirato.

Tiene la palabra, Mr. Barrett.

Víctor A. Bolívar
IG/X:@vabolivar

Por años, el análisis del sector petrolero venezolano ha estado atrapado en una premisa equivocada: que el poder reside en los barriles. Esta idea, heredada de una lógica industrial del siglo XX, resulta hoy insuficiente para explicar la dinámica real de un sistema que ha mutado silenciosamente. En la Venezuela contemporánea, el petróleo sigue siendo central, pero ya no es el eje del poder. El verdadero control se ha desplazado hacia un terreno menos visible: la validación legal, el flujo financiero y la arquitectura institucional que los sostiene.

Este cambio no es accidental. Es el resultado de una transformación deliberada, en la que el Estado, presionado por sanciones, aislamiento y restricciones operativas, ha reconfigurado su forma de ejercer poder. No mediante la apertura, sino a través de una opacidad funcional que, lejos de ser caótica, responde a una lógica precisa.

El fin del paradigma extractivo

Tradicionalmente, los sistemas petroleros se analizaban en términos de capacidad productiva: reservas, infraestructura, inversión. Pero en el caso venezolano, esa lógica ha sido superada por una realidad más compleja. Hoy, el acceso al sistema no depende de la capacidad técnica para extraer crudo, sino de la posibilidad de operar dentro de un marco legal fragmentado y condicionado externamente.

Las licencias emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) han redefinido el campo de juego. Estas no solo autorizan o restringen operaciones; en la práctica, determinan quién puede participar, bajo qué condiciones y con qué grado de seguridad. El resultado es una forma de soberanía condicionada, donde el poder formal permanece en Caracas, pero el poder efectivo se distribuye en nodos regulatorios externos.

La opacidad como sistema

En este contexto emergen los Contratos de Participación Productiva (CPP), que han pasado a dominar la operación en el terreno. A primera vista, estos contratos podrían interpretarse como instrumentos pragmáticos para sostener la producción en condiciones adversas. Sin embargo, un análisis más profundo revela otra función: la construcción de un ecosistema deliberadamente opaco respaldado por la Ley Antibloqueo (2020).

Decenas de empresas —muchas de ellas estructuras offshore o entidades sin trayectoria pública verificable— operan dentro de este esquema. La ausencia de licitaciones abiertas, la falta de supervisión independiente y la centralización de decisiones configuran un sistema cerrado. No se trata simplemente de debilidad institucional. Se trata de un modelo que reduce la trazabilidad, fragmenta la responsabilidad y dificulta cualquier forma de escrutinio.

Esta arquitectura tiene consecuencias concretas. Proyectos emblemáticos han sufrido caídas abruptas en producción, no por falta de recursos, sino por la ausencia de reglas claras. La incertidumbre jurídica no solo desincentiva la inversión; erosiona la capacidad misma de operar.

Un equilibrio de desconfianza

El sistema actual puede entenderse como un equilibrio inestable entre actores que no confían entre sí, pero que tampoco pueden prescindir unos de otros.

Estados Unidos, a través de su régimen de licencias OFAC, ejerce un control indirecto que evita la intervención total, pero mantiene influencia decisiva sobre los flujos financieros de las exportaciones petroleras. El gobierno venezolano, por su parte, prioriza la liquidez inmediata y la preservación del control político, incluso a costa de la transparencia. Las empresas petroleras, enfrentadas a riesgos legales significativos, adoptan una estrategia de contención: observan, evalúan y, en la mayoría de los casos, esperan.

En paralelo, una diáspora petrolera activa documenta irregularidades, rastrea estructuras opacas y busca generar presión ante la Casa Blanca. Su papel, aunque limitado en términos operativos, introduce una variable incómoda: la posibilidad de que la opacidad deje de ser invisible.

La lógica de la autocracia en red

Este modelo no es único, pero sí representativo de una tendencia más amplia. En su análisis de las redes autoritarias contemporáneas, Anne Applebaum describe sistemas que no dependen exclusivamente del control territorial o de la represión directa, sino de estructuras flexibles, transnacionales y, sobre todo, opacas.

Venezuela encaja en esta descripción. El uso de entidades offshore, la fragmentación contractual y la dependencia de marcos regulatorios externos no son anomalías. Son mecanismos que permiten operar en un entorno hostil sin exponer completamente el sistema. La opacidad, en este sentido, no es una falla. Es una estrategia.

Escenarios sin ruptura

El futuro inmediato no apunta a una transformación radical. Las probabilidades favorecen la continuidad del modelo actual, quizás con ajustes marginales que introduzcan mayor supervisión, pero sin alterar su estructura fundamental. La creación de una agencia técnica independiente —frecuentemente propuesta como solución— enfrenta obstáculos políticos significativos.

Un colapso operativo tampoco puede descartarse, pero incluso ese escenario no garantiza una transición hacia la transparencia. En sistemas de este tipo, las crisis suelen reforzar las dinámicas existentes en lugar de sustituirlas.

El verdadero campo de batalla

La narrativa oficial, tanto interna como externa, continúa enfocándose en la producción: cuántos barriles se extraen, cuántos se exportan, cuánto podría recuperarse. Pero esta narrativa oculta el elemento central del sistema.

La verdadera competencia no se desarrolla en los campos petroleros. Se despliega en los espacios donde se validan contratos, se autorizan operaciones y se controlan los flujos financieros. Es allí donde se define quién tiene acceso, quién queda excluido y quién, en última instancia, ejerce el poder.

Esta realidad plantea una pregunta fundamental, no solo para Venezuela sino para el análisis de los sistemas autoritarios contemporáneos: ¿qué ocurre cuando el control ya no depende de la fuerza ni de la producción, sino de la arquitectura invisible que regula el acceso al sistema?

Responder a esa pregunta exige abandonar las categorías tradicionales y reconocer que, en el mundo actual, el poder no siempre se ve. Pero siempre deja huellas.

Antonio de la Cruz

El hantavirus que causó tres muertes en un crucero en el océano Atlántico es de la cepa Andes, única de la que se ha documentado transmisión entre humanos, confirmó este miércoles un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

EFE

La identificación fue posible gracias a una muestra tomada mediante PCR de una persona que había estado a bordo del buque afectado, el MV Hondius, indicó un comunicado del Centro de Enfermedades Virales Emergentes de los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG).

La información fue comunicada de inmediato a la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza y a la OMS, indicó HUG, una de las instituciones médicas más prestigiosas en el país.

El crucero de lujo partió de Argentina y a principios de abril un pasajero neerlandés presentó síntomas, tras lo que falleció el día 11.

Su esposa desembarcó ya con síntomas en la isla de Santa Elena, en mitad del Atlántico, y tomó un vuelo a Johannesburgo, en Sudáfrica, pero murió en los servicios de emergencia de un hospital de esa ciudad.

Una segunda mujer, de nacionalidad alemana, falleció el 2 de mayo, cuatro días después de empezar a mostrar signos de neumonía.

El Ministerio de Sanidad español ha designado la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, como lugar para que reciba atención médica el pasaje y la tripulación del MV Hondius, ahora fondeado en Cabo Verde, aunque las autoridades regionales de Canarias se oponen por razones de seguridad.

También será atendido en Tenerife el médico de a bordo, que será evacuado en avión en breve hasta un hospital tinerfeño.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Países Bajos informó el martes de que preparaba la evacuación de tres enfermos que requieren atención médica urgente, y destacó que está apoyando a la empresa operadora del crucero, la neerlandesa Oceanwide Expeditions, en ese proceso.

Las autoridades de Cabo Verde confirmaron este miércoles que ya llegó al país uno de los dos aviones ambulancia que evacuarán a tres enfermos, pues no permiten que el buque atraque.

La decisión de Estados Unidos de autorizar que el Gobierno venezolano financie la defensa legal del derrocado presidente Nicolás Maduro no es un gesto político a su favor, sino, según expertos legales, una maniobra para proteger la integridad del proceso judicial.

CNN

Las sanciones estadounidenses al gobierno, así como varios funcionarios y empresas estatales venezolanas habían bloqueado el acceso a fondos vinculados al Estado venezolano, lo que complicaba la capacidad de Maduro de pagar a sus abogados.

Maduro enfrenta cargos en Estados Unidos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos relacionados con armas, de los que se declaró inocente en enero.

Su abogado, Barry Pollack, pidió en febrero al juez federal, Alvin Hellerstein, desestimar el caso, alegando que las restricciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impedían cubrir los honorarios legales y violaban su derecho a un abogado bajo la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU.

Hellerstein expresó en una audiencia su escepticismo frente a esa limitación y subrayó que el derecho a la defensa es fundamental, sugiriendo que restringir los recursos legales del acusado podría poner en riesgo la validez del caso.

Riesgos y dificultades del proceso

“La Sexta Enmienda garantiza el derecho a un abogado, y quienes contratan uno tienen derecho, con excepciones limitadas, a elegirlo. De lo contrario, una condena podría ser anulada y el caso tendría que repetirse”, advirtió el abogado y analista de CNN Joey Jackson.

Jackson subrayó, además, que los casos de esta magnitud requieren tiempo y recursos, y que una defensa bien financiada es clave para someter las pruebas de la Fiscalía a un escrutinio riguroso.

“Sin esas condiciones, los fiscales se arriesgan a enfrentar reclamos por ‘asistencia ineficaz de abogado’, otra vía que podría revertir una condena”, dijo Jackson.

Ante ese escenario, Washington acordó a finales de abril permitir que el Estado venezolano cubra los honorarios legales de Maduro bajo ciertas condiciones, en lo que representa una de las primeras victorias legales importantes para su defensa.

“Esto termina siendo una solución práctica y razonable para ambas partes. Para la Fiscalía, insistir en bloquear los fondos podía significar retrasar aún más un caso que ya avanza lentamente, incluso obligando a reiniciar parte del proceso si la defensa cambiaba de abogado,” dijo el exfiscal federal y analista de CNN, Elie Honig.

“Al mismo tiempo, los jueces no tienen la facultad de anular sanciones, que son decisiones de los poderes ejecutivo y legislativo. En ese contexto, permitir el financiamiento evita un choque innecesario y mantiene el caso en curso”.

El impacto político en Venezuela

Más allá de los tribunales, la decisión también tiene eco en Venezuela, donde algunos la ven como una injusticia en medio de la crisis económica que atraviesa el país.

“Nosotros realmente ahorita no tenemos esa capacidad adquisitiva. Yo creo que él tiene que pagar”, dijo Jorge Castro durante una protesta laboral el viernes en Caracas.

Ese sentimiento se repite entre quienes cuestionan el uso de recursos del Estado para financiar la defensa de Maduro.

El costo total exacto de la defensa legal de Maduro se desconoce, pero casos complejos como este pueden costar millones de dólares. Algunos abogados, especialmente los de primer nivel en Estados Unidos, llegan a cobrar hasta miles de dólares por hora.

“Hay una crisis humanitaria… y, aun así, del erario público van a salir millones de dólares para defender a (Maduro)”, opinó Estela Romero, otra ciudadana venezolana.

Sea cual sea el costo, no es que pagarlo resuelva los problemas de la población Venezuela. Varios analistas y organismos internacionales coinciden en que la recuperación de los sectores claves de ese país requerirá cientos de miles de millones de dólares.

Aunque Delcy Rodríguez y su administración confirmaron en documentos judiciales que el gobierno venezolano está dispuesto a pagar los honorarios legales de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, según analistas, la decisión también reabre tensiones internas, expone estrategias y deja a la presidenta encargada de Venezuela en una posición incómoda.

El abogado y exfiscal venezolano Zair Mundaray explicó en entrevista con CNN que el impacto político de la medida se juega, en gran parte, dentro del chavismo.

“Este llamado ‘chavismo originario’ tiene como punto de honor que se defienda a Maduro, porque lo ven como una derivación de Hugo Chávez. Pero esto lo rechaza mayoritariamente la población”, dijo Mundaray.

Según su análisis, el apoyo al chavismo es limitado. Cita sondeos recientes, realizados en las que califica de condiciones restrictivas, que, según él, lo sitúan cerca del 10 % al 15 % de la población, lo que, afirma, obliga al Gobierno interino a tomar distancia de Maduro.

“La misma Delcy Rodríguez ha venido borrando todos los símbolos de lo que es Nicolás Maduro de los espacios públicos y comunicacionales y hasta han hecho llamados a decir que en el pasado se cometieron errores, como si ellos no fueran parte de ese pasado”, dijo.

Aprovechando el anuncio del aumento salarial de la semana pasada, la presidenta encargada hizo un llamado a corregir esos errores.

El objetivo de Rodríguez y otros altos funcionarios es sostenerse en el poder, aseguró Mundaray, incluso a costa de Maduro. “Son a quienes menos les conviene que Maduro salga bien parado de este proceso”.

Esto deja a Delcy Rodríguez en un difícil equilibrio: por un lado, desmarcarse de Maduro y por el otro, retener a una base chavista, aún leal, que exige respaldo al exmandatario.

“Existen señalamientos de que Delcy Rodríguez es una suerte de traidora a aquellos supuestos principios (del chavismo) por el entendimiento que mantiene con los Estados Unidos”, dijo Mundaray.

Rodríguez ha defendido su cooperación con Estados Unidos como una medida pragmática para estabilizar el país y proteger su economía, al tiempo que insiste en que no compromete la soberanía de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro.

El régimen chavista prepara un nuevo golpe contra la propiedad privada en Venezuela. Bajo la excusa de ayudar a jóvenes y familias recién casadas, Delcy Rodríguez anunció una reforma a las leyes inmobiliarias que busca tomar el control de aproximadamente 500.000 viviendas que actualmente se encuentran desocupadas o “congeladas”.

La Patilla

Durante su reciente alocución, Rodríguez presentó la medida como un plan social para dinamizar el mercado de arrendamiento. Sin embargo, la realidad detrás de este anuncio es que el chavismo busca adueñarse de las propiedades que dejaron los millones de venezolanos que se vieron obligados a huir del país por la crisis, para ahora ofrecerlas al mejor postor, generar ingresos o entregarlas a sus simpatizantes.

La sucesora de Nicolás Maduro dejó clara la intención de intervención al afirmar que el Estado será el encargado de “garantizar que esa relación fluya” entre arrendador y arrendatario.

En la práctica, esto significa que el régimen actuará como un intermediario forzoso. Al no existir Estado de derecho ni seguridad jurídica, el chavismo impondrá las reglas, decidirá quién ocupa los inmuebles y manejará el mercado de alquileres pasando por encima de los verdaderos dueños.

Estados Unidos anunció el martes la concesión de una licencia que autoriza a distintas entidades legales a asesorar a las autoridades encargadas de Venezuela, a la petrolera estatal PDVSA y a sus subsidiarias en procesos de reestructuración de deuda.

EFE

La licencia general 58, emitida por el Departamento del Tesoro estadounidense, exime temporalmente de sanciones a bufetes de abogados, consultorías y asesorías financieras para que puedan dialogar con las autoridades del país caribeño y preparar el terreno para una futura reestructuración de pasivos.

Los servicios autorizados incluyen la “evaluación, el desarrollo o la preparación de opciones de reestructuración de la deuda, propuestas y materiales de apoyo relacionados”.

No obstante, el documento oficial aclara que, por el momento, continúan sancionadas las operaciones de reestructuración, renegociación, transferencia o quita de deuda con Caracas y PDVSA.

La medida se produce 20 días después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunciara el restablecimiento de relaciones con las autoridades venezolanas. Tanto el FMI como acreedores soberanos y bancos comerciales aún no tienen autorización de Washington para ejecutar operaciones relacionadas con la reestructuración de la deuda pública venezolana sin riesgo de sanciones.

El lunes pasado, Washington extendió la protección sobre la refinería Citgo, filial de PDVSA en territorio estadounidense, frente a las reclamaciones de sus acreedores. El Departamento del Tesoro, a cargo del secretario Scott Bessent, emitió una nueva licencia general, que sustituye a la anterior de marzo, y autoriza desde el 19 de junio ciertas transacciones relacionadas con un bono de deuda de PDVSA, aunque mantiene restricciones que impiden a los tenedores ejecutar garantías sobre Citgo.

El bono, emitido en 2016 por hasta USD 7.100 millones, tiene como garantía el 50,1% de las acciones de Citgo, cuya sede se encuentra en Houston, Texas. Venezuela dejó de pagar esa deuda en 2019 y, desde entonces, los acreedores intentaron tomar el control de la refinería para recuperar su inversión.

En 2025, un juez de Nueva York confirmó la validez de los bonos y ordenó a PDVSA el pago de USD 2.860 millones. No obstante, el Gobierno estadounidense bloqueó en reiteradas ocasiones la ejecución de la garantía, con el objetivo de proteger este activo estratégico mientras continúan las disputas legales.

Por otra parte, en otra gran noticia para el sector venezolano, la petrolera francesa TotalEnergies confirmó la semana pasada que está próxima a firmar un acuerdo con PDVSA, para comercializar crudo y exportarlo a una de sus refinerías en Texas.

“Hemos avanzado en las negociaciones y estamos a punto de firmar algunos contratos comerciales con Venezuela”, afirmó Jean Pierre Sbraire, director financiero de TotalEnergies. Sbraire explicó que la empresa desarrolla un esquema de comercialización enfocado en los flujos desde Venezuela hacia la costa del golfo de México, en el sur de Estados Unidos.

Parte del crudo pesado adquirido a PDVSA se destinará a la refinería de Port Arthur, ubicada a las afueras de Houston, que posee una capacidad de procesamiento de unos 238.000 barriles diarios.

El anuncio del acuerdo entre TotalEnergies y PDVSA se produce semanas después de que la estadounidense Chevron firmara un convenio con la petrolera venezolana para ampliar la producción en el país sudamericano.

Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas durante una operación militar de Estados Unidos, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada con el respaldo de Washington. Desde entonces, la administración de Donald Trump levantó de forma gradual las sanciones económicas impuestas a Venezuela, mientras Caracas aprobó medidas de apertura al sector privado, especialmente en la industria petrolera.

En ese sentido, el vicepresidente de la Cámara Petrolera de Venezuela (CVP), Álvaro Pérez Díaz, afirmó que actualmente existen “pocas restricciones para trabajar” en el mercado petrolero venezolano, tras las licencias concedidas por Estados Unidos.

“Las licencias han ido dando permisos, han ido variando y toda la industria que está alrededor del petróleo pues se va moviendo en condición a cómo estas han ido cambiando, pero estamos trabajando y en este momento hay pocas restricciones para trabajar”, señaló Pérez Díaz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes la suspensión temporal del llamado “Proyecto Libertad”, la operación destinada a garantizar el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz, en medio de los avances en las negociaciones con Irán.

EFE

“Hemos acordado mutuamente que, mientras el bloqueo seguirá en pleno vigor, el Proyecto Libertad… será pausado por un corto período de tiempo”, señaló Trump en sus redes sociales.

La decisión implica frenar momentáneamente el esquema de escolta y guiado de embarcaciones en una de las rutas marítimas más sensibles del mundo.

El mandatario explicó que la medida responde a pedidos de terceros países y al estado actual de las conversaciones diplomáticas.

“Basado en la solicitud de Pakistán y otros países… y el gran progreso hacia un acuerdo completo y final con representantes de Irán”, sostuvo, al justificar el cambio de estrategia.

Trump también destacó el resultado de la campaña militar previa.

“El tremendo éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra Irán” fue uno de los factores que, según indicó, permitió avanzar hacia una instancia de negociación más favorable.

Pese a la pausa en el operativo marítimo, el presidente dejó en claro que otras medidas de presión continuarán vigentes.

“El bloqueo permanecerá en pleno vigor y efecto”, afirmó, marcando que la suspensión del proyecto no implica una relajación general de la postura estadounidense.

La decisión abre un compás de espera para evaluar si las conversaciones con Teherán logran cerrarse con un acuerdo definitivo.

Según Trump, el objetivo es “ver si el acuerdo puede ser finalizado y firmado” en el corto plazo, mientras se mantiene la presión en el terreno.

Nueva fase tras el fin de la ofensiva militar

Más temprano, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que la etapa ofensiva contra Irán finalizó y que la estrategia estadounidense pasó a un esquema centrado en la protección del tránsito marítimo.

“La operación ‘Furia Épica’ terminó… hemos concluido esa etapa”, afirmó en una conferencia en la Casa Blanca.

Rubio explicó que, tras el alto el fuego que comenzó a regir a inicios de abril, Washington puso en marcha el denominado “Proyecto Libertad”, orientado a asegurar la circulación de buques en el estrecho de Ormuz.

“Es una operación defensiva”, subrayó, al tiempo que aclaró que las fuerzas estadounidenses no iniciarán ataques. “Solo responderemos si Irán dispara primero”, precisó.

El funcionario también hizo referencia a la notificación enviada por Trump al Congreso, en la que se comunicó el cierre de la campaña militar iniciada el 28 de febrero. Esa comunicación coincidió con el límite legal establecido para solicitar autorización legislativa en caso de prolongar el despliegue de tropas en el exterior.

En ese contexto, Rubio cuestionó la Ley de Poderes de Guerra, una normativa vigente desde 1973 que obliga al Ejecutivo a obtener aval del Congreso para mantener operaciones militares más allá de 60 días. La calificó como “totalmente inconstitucional”, aunque señaló que el Gobierno mantuvo informados a los legisladores durante el conflicto para preservar el diálogo institucional.

La nueva fase combina presión diplomática, presencia militar disuasiva y medidas para sostener la navegación en el estrecho de Ormuz.

La pausa del “Proyecto Libertad” se inscribe en ese escenario, donde Estados Unidos evalúa si las negociaciones con Irán avanzan hacia un acuerdo definitivo sin renunciar a su capacidad de respuesta.

Israel y Estados Unidos atacaron Irán el 28 de febrero, matando a altos dirigentes y destruyendo importantes instalaciones militares y económicas, pero sin lograr el colapso de la república islámica, que ha respondido con ataques con misiles y drones en toda la región.

El 8 de abril, Trump declaró un alto el fuego con Irán, que desde entonces ha prorrogado a pesar de que las negociaciones con Teherán se encuentran estancadas.

Rubio afirmó que Estados Unidos ha “alcanzado los objetivos” de la guerra.

“Estos tipos se enfrentan a una destrucción real y catastrófica de su economía”, dijo, al tiempo que añadió que Trump seguía prefiriendo un acuerdo negociado con Irán.

Delcy Rodríguez llegó al poder con la tarea de desfacer entuertos. Parte de ese esfuerzo quijotesco pasa por desmontar la estructura de opacidad que ha marcado el manejo de los recursos y los asuntos públicos en Venezuela, país que Transparencia Internacional califica como el más corrupto del continente americano.

Por: Pedro Pablo Peñaloza – Infobae

Tan pronto asumió el poder, Rodríguez anunció la creación de dos fondos especiales, uno para la protección social y otro para los servicios públicos e infraestructura. Hasta allí nada nuevo dentro de un régimen que a lo largo de 27 años ha creado distintos programas al margen de las instituciones tradicionales para la administración del erario nacional.

La sorpresa llegaría después. “Dos fondos soberanos con una plataforma tecnológica que transparente completamente el uso de esos fondos (…) Cuando empiecen a ingresar los dividendos de la venta de petróleo y gas, nosotros iremos informando cuánto hay en el fondo, el pueblo venezolano debe saber y vamos a informar también en qué se van a gastar los fondos soberanos”, apuntó la mandataria interina.

Nada

La promesa se cumplió. A medias. El gobierno registró el sitio llamado Transparencia Soberana, pero sin brindar el nivel de precisión ofrecido. Su lanzamiento se realizó el 13 de marzo y hasta la fecha se limita a señalar que entraron 300 millones de dólares y, con la misma, salieron esos 300 millones sin dejar rastro.

El concepto del ingreso es “venta extraordinaria de fuel oil” y el de egresos, “aumento del ingreso mínimo integral”. Debe acotarse que el incremento del ingreso mínimo integral de los trabajadores se decretó el 30 de abril; es decir, mes y medio después de la publicación.

La página expone que “los datos se publican de forma continua, a medida que se registran nuevos ingresos o egresos”. No obstante, no se ha ejecutado ninguna actualización, siendo el único “balance” el de los 300 millones de dólares.

Dónde están

En su comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos a mediados de abril, Michael Kozak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, afirmó que unos 3 mil millones de dólares habían sido entregados al gobierno de Delcy Rodríguez por la venta de petróleo.

“El dinero ha sido canalizado al gobierno de Venezuela para pagar salarios y comprar diluyentes para la industria petrolera”, dijo Kozak. Tomando como referencia esta declaración, la directora de la ONG Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, sostiene que la presidenta encargada “se está burlando de los venezolanos”.

“La página de Transparencia Soberana miente. No se han recibido solo 300 millones. Pero, además, no necesitamos solamente cifras sino conocer de dónde proviene el dinero, por qué concepto, cuánto se produjo y a dónde fue a parar ese dinero”, esboza De Freitas un largo cuestionario que incluye la necesidad de desvelar los detalles de los convenios que está firmando Caracas con las compañías transnacionales.

La portavoz de Transparencia Venezuela enfatiza que antes de emprender ambiciosas iniciativas para superar la opacidad, el gobierno de Rodríguez debería hacer lo elemental: publicar la Ley de Presupuesto, un texto que ni siquiera tienen los diputados de la Asamblea Nacional.

“Cómo vamos a saber qué se hace con los fondos públicos y que no se están robando el dinero de todos los venezolanos”, cuestiona De Freitas.

El economista venezolano Néstor Suárez, egresado de la Universidad del Zulia (LUZ), con maestría y doctorado por la Universidad de Londres y exviceministro de Hacienda, ha lanzado un fuerte llamado a redefinir el futuro de la industria de hidrocarburos en el país mediante su completa privatización.

MFM

En un extenso hilo publicado en X (antes Twitter), Suárez argumenta que la propiedad estatal del petróleo y el gas, heredada de prácticas coloniales absolutistas, representa el principal obstáculo para el progreso económico y el bienestar de la mayoría de los venezolanos.

“La propiedad del petróleo y el gas en manos del Estado es el principal obstáculo para el progreso económico, la prosperidad y el bienestar de la amplia mayoría de los ciudadanos venezolanos”, afirma Suárez. “Ya basta. Tenemos que privatizar por completo la industria de petróleo y gas”.

Crítica a la herencia estatista

El analista señala que Venezuela heredó no solo la propiedad estatal de los recursos minerales, sino también una forma “absolutista y personalista” de administrarlos, similar a las antiguas Ordenanzas de Minería coloniales. Esto se traduce en concesiones revocables unilateralmente (expropiaciones), despidos sin causa y un control centralizado que, según él, perpetúa mentalidades estatistas y socialistas.

Suárez compara la experiencia venezolana con otros países petroleros. Destaca que, con la excepción de Noruega, ningún país ha logrado traducir la riqueza de los hidrocarburos en prosperidad y bienestar generalizado para sus ciudadanos. Critica a las monarquías del Golfo Pérsico por limitar derechos políticos y de las mujeres, y califica a regímenes como los de Rusia, Irán y Venezuela como “petro-dictatoriales”, citando al autor Thomas Friedman. Según esta visión, estos gobiernos usan los ingresos petroleros para bloquear reformas democráticas y mantener el control de la población.

Propuesta radical: privatizar y cambiar el sistema

El economista propone una reforma radical que elimine la propiedad estatal de los hidrocarburos y erradique los “complejos derivados de la cultura y mentalidad anticapitalista, estatista y socialista”. Para Suárez, la única alternativa viable para preservar la libertad y la propiedad privada es la privatización total de la industria.

Esta postura se enmarca en propuestas previas del economista, quien ha abogado por un “plan maestro” de desestatización y privatización amplia de la economía venezolana, incluyendo reformas constitucionales.

Néstor Suárez, con experiencia académica en Estados Unidos y trayectoria en el sector público venezolano, ha venido desarrollando estas ideas en artículos y publicaciones recientes, posicionándose como una voz crítica del modelo estatista petrolero vigente en Venezuela.

La propuesta llega en un momento en que el sector petrolero venezolano enfrenta desafíos estructurales de larga data, con debates abiertos sobre su futuro en el marco de cualquier eventual transición política o económica en el país.

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