Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

Este lunes 14 de octubre, la líder opositora María Corina Machado realizó una contundente denuncia sobre el caso de Lauriannys Cedeño, una joven de 17 años secuestrada por el régimen de Nicolás Maduro hace casi dos meses. Según Machado, Lauriannys fue víctima de un cruel abuso de poder tras ser acusada de terrorismo e instigación al odio, cargos que, según la oposición, carecen de fundamento.

La Patilla

Machado reveló que, durante su detención, Lauriannys ha sufrido tratos inhumanos que han afectado gravemente su salud. La joven, quien aparentemente fue arrestada tras enviar un mensaje de WhatsApp, ha padecido una convulsión que le provocó daño cerebral y parálisis en varias partes de su cuerpo. “Ella no solo es inocente, como el resto de los niños y adolescentes que han sido secuestrados. Es una de las víctimas más vulnerables, y este daño la afectará de por vida”, expresó Machado.

La líder opositora subrayó la necesidad de visibilizar la situación de Lauriannys y otros detenidos, llamando a la sociedad a resistir ante la injusticia. “Por Lauriannys y todos los secuestrados y presos políticos, seguimos y resistimos. Ellos son la razón principal por la que tenemos que seguir con más fuerza cada día”, afirmó.

Machado concluyó con un mensaje de esperanza y determinación: “Seguimos avanzando, porque todos ellos son nuestros hijos, y por ellos continuaremos hasta el final”. La denuncia ha generado un fuerte eco en las redes sociales, donde activistas y ciudadanos han comenzado a alzar la voz en apoyo a Lauriannys y en contra de la represión del régimen.

Nicolás Maduro aseguró este lunes que el magnate estadounidense Elon Musk invirtió “no menos” de 1.000 millones de dólares en un supuesto plan de “violencia” contra los comicios del 28 de julio, en los que el chavista fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un resultado cuestionado dentro y fuera del país.

La Patilla

“Elon Musk, sé lo que estoy diciendo, lo digo con conocimiento de causa y creo que me quedo corto, Elon Musk invirtió en el golpe de Estado, en el brote fascista, en la violencia contra el proceso electoral en Venezuela, no menos de 1.000 millones de dólares, no menos”, dijo el líder chavista en su programa semanal de televisión, aunque sin mostrar pruebas al respecto.

Acusó nuevamente al fundador de SpaceX de estar “detrás” del plan de “la extrema derecha” venezolana -como suele referirse a la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- para generar violencia y desconocer el resultado anunciado por el CNE, que aún no publica los datos desagregados de esos comicios, pese a que estaba establecido en el cronograma oficial.

“Detrás está el Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, la conspiración permanente del imperio norteamericano, los billetes del poder económico, Elon Musk. Elon Musk (…) duró como un mes escribiendo todos los días, que Venezuela, que Maduro, que esto, salgan a las calles, quemen, maten, hagan, y Elon Musk quedó derrotado”, sostuvo.

El líder chavista ve a Musk como su “archienemigo” y lo ha acusado de dirigir el “ciberfascismo” en Venezuela, especialmente por las protestas desatadas luego de las presidenciales, cuyo resultado oficial no es reconocido por numerosos países.

La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela afirmó este martes que ve motivos razonables para creer que el Gobierno de Nicolás Maduro cometió “crímenes de lesa humanidad” antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, marcadas por la persecución de opositores y la represión de las protestas tras los comicios.

EFE

En un informe de 158 páginas que abarca el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024 la misión acusa a fuerzas de seguridad y grupos civiles armados progubernamentales de asesinatos, desapariciones forzadas, actos de tortura y violencia sexual y de género.

Las fuerzas de seguridad estuvieron “involucradas masivamente” en violaciones de derechos humanos tales como detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza para reprimir protestas, o tratos crueles y degradantes, indica el documento, señalando como responsables a los servicios de inteligencia civil (SEBIN) y militar (DGCIM), así como a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional.

También asegura que “las declaraciones de las máximas autoridades del Estado, sobre todo después del 28 de julio, incitaron a la represión y contribuyeron a generar un clima de hostilidad y violencia”.

Otras instituciones señaladas en el informe son el Consejo Nacional Electoral, que “incumplió las medidas básicas de transparencia e integridad”, la Asamblea Nacional, “instrumental en la aprobación de nuevas leyes contrarias a los derechos humanos y restrictivas del espacio cívico y democrático”, o el sistema de justicia, que “siguió operando con falta de independencia”.

Aunque anteriores informes de la misión constituida en 2019 ya acusaron al Estado venezolano de graves violaciones de derechos humanos, el nuevo documento destaca que el perfil de las víctimas de la represión “se amplió de manera significativa” en el periodo electoral abarcando no sólo a líderes de la oposición y sociales.

En el contexto electoral los abusos también fueron sufridos por “ciudadanos comunes, simplemente por demostrar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por las autoridades”, indicó.

La misión que preside la jurista portuguesa Marta Valiñas destaca en el informe que en los 10 meses anteriores a las elecciones al menos 48 personas fueron detenidas en relación con conspiraciones invocadas por el Gobierno, muchas de ellas en la llamada operación Brazalete Blanco, y en la campaña electoral hubo otras 121 detenciones por colaborar en actividades de la oposición.

Ese tipo de campañas “sirvieron de justificación para la represión selectiva de militares, políticos y activistas de la sociedad civil”, señaló el informe del grupo de expertos, que junto a Valiñas está formado por el chileno Francisco Cox y la argentina Patricia Tappatá.

La represión aumentó tras los resultados electorales, cuando las autoridades, según el informe, “pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente”, con un número de detenciones, que pudieron contarse por miles, “sólo comparable con las protestas de 2014, 2017 y 2019”.

El clima de opacidad de las operaciones petroleras de Venezuela, la ausencia de mantenimiento de las instalaciones, la falta de capacitación del personal y el temor a denunciar las condiciones de inseguridad, favorecen el aumento de accidentes en el sector, de acuerdo con expertos y fuentes sindicales.

La Voz de América

A principios del siglo XX, la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) era considerada una de las principales y más seguras empresas en el mundo debido a sus estándares de calidad, eficiencia, producción y la ausencia de accidentes.

La estatal petrolera, incluso, llegó a ganar premios por su baja tasa de accidentes. Según expertos, como el ex director de PDVSA José Toro Hardy, esa reputación cambió entre 2006 y 2011, cuando se reportaron hasta tres accidentes diarios, en promedio.

En los últimos tiempos, sin embargo, investigadores, analistas, sindicalistas y trabajadores de la industria petrolera venezolana han notado un aumento de la ocurrencia de situaciones que comprometen la seguridad de empleados, operaciones e instalaciones por igual.

El 28 de septiembre pasado, PDVSA confirmó el hundimiento por “malas condiciones climáticas” de una barcaza petrolera en el Lago de Maracaibo, en el occidente del país, que causó las muertes de cinco de sus tripulantes.

En marzo de este año, un incendio en la refinería de Cardón (estado de Falcón) forzó su paralización, según un reporte de la agencia Reuters. En agosto, hubo una situación similar en esas mismas instalaciones, con capacidad de refinar 310.000 barriles por día.

En julio, el gobierno confirmó la explosión e incendio de una tubería de gas de la estatal petrolera en el estado oriental de Anzoátegui, sin víctimas, por un presunto sabotaje.

En enero, se incendió el antiguo patio de tanques de PDVSA en Los Puertos de Altagracia, en el estado occidental de Zulia, sin víctimas ni lesionados. En marzo, se informó de otro siniestro en los pozos de residuos petroleros de PDVSA en la Costa Oriental del Lago.

Un valor de otros tiempos

El año pasado, el independiente Observatorio de Ecología Política de Venezuela registró 8 incendios en instalaciones de PDVSA en Anzoátegui, Falcón, Monagas, Portuguesa y Zulia, pero sin descartar la existencia de otros que no hayan sido reportados por la prensa.

La frecuencia de los siniestros de los últimos años dista de los registros de seguridad de la PDVSA de principios de siglo, donde se celebraban y publicaban los hitos de miles de horas sin accidentes, recuerda el experto en la industria Antonio De La Cruz.

“La no ocurrencia de siniestros era un valor de esa PDVSA”, antes de que el expresidente Hugo Chávez despidiera a miles de trabajadores y gerentes de la estatal petrolera por haberse sumado a una paralización de actividades por más de dos meses, explica.

De La Cruz, analista no asociado del centro de investigación estadounidense Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), atribuye el aumento de sucesos de inseguridad en PDVSA a la falta de mantenimiento de sus instalaciones, la escasa capacitación del personal y a la existencia de leyes “opacas” para sus operaciones.

En 2020, la oficialista Asamblea Nacional Constituyente aprobó una Ley Antibloqueo para las actividades energéticas, que permite al Estado venezolano reservarse detalles clave de sus operaciones petroleras, como los pormenores de sus servicios contratados.

Iván Freites, sindicalista petrolero venezolano, asegura que los reportes oficiales de accidentes en la industria se dejaron de publicar paulatinamente a finales de la primera década del siglo XXI, durante la administración del expresidente Hugo Chávez.

Denuncia que la falta de transparencia del Estado venezolano sobre esos accidentes ocurre por el aumento de su frecuencia. Afirma que PDVSA dejó de publicar esas cifras después de la explosión ocurrida en 2012 en el complejo de refinación de Amuay, en el estado occidental de Falcón, donde hubo 55 muertos y más de 150 heridos.

Temor a detenciones o renuncias forzadas

Freites, secretario de profesionales y técnicos de la Federación Única de trabajadores Petroleros de Venezuela, resalta que las leyes exigen la designación de delegados de prevención y de un comité de investigación de esos accidentes en la industria.

“Eso no existe. Y el que hable va preso”, dice, resaltando el temor que hay entre sindicalistas y trabajadores petroleros de denunciar públicamente esos accidentes.

En febrero pasado, fue detenido un trabajador jubilado de PDVSA, Carlos Salazar, por criticar al empresario colombiano y funcionario del gobierno venezolano, Alex Saab. Luego de la elección presidencial de julio, se difundieron videos de trabajadores petroleros siendo detenidos en sus puestos de trabajo por agentes de inteligencia policial y militar.

En agosto, sindicatos denunciaron que más de 100 empleados de la petrolera estatal venezolana PDVSA, además de otros en el Ministerio del Petróleo y de otras áreas del sector público, fueron obligados a renunciar por sus posturas políticas tras las disputadas elecciones presidenciales.

Fuentes con conocimiento de la industria petrolera comentaron a la VOA bajo condición de anonimato, por temor a represalias, que dentro de PDVSA “se perdió el compromiso gerencial con la seguridad” de sus trabajadores.

“La acumulación de errores en las operaciones terminan en accidentes. Antes que ocurrieran esas explosiones e incendios, hubo una cantidad de indicios y eventos que hubiesen permitido advertir lo que iba a pasar”, advierte uno de los consultados.

Además, denuncian fallas en las investigaciones de esos accidentes, cuyos resultados no se comparten públicamente, y advierten que las “presiones” para aumentar la producción en los campos petroleros aumentan las probabilidades de accidentes.

En 2023, PDVSA se vio salpicada por un escándalo de corrupción milmillonaria que derivó en el arresto de decenas de dirigentes y empresarios, entre ellos el exvicepresidente del gobierno de Nicolás Maduro y exministro petrolero, Tareck El Aissami.

Sin embargo, el gobierno venezolano considera que la empresa estatal está hoy “en la cúspide de su recuperación estratégica”, de la mano de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quien el presidente Maduro puso al frente de la industria hace semanas.

Según sus comunicados, Venezuela tiene “una industria petrolera eficiente, soberana y reconocida internacionalmente por su confiabilidad y prestigio es una realidad”.

La producción petrolera nacional aumentó en septiembre a un promedio de 943.000 barriles diarios, de acuerdo con cifras oficiales. En 1999, esa cifra superaba los 3 millones de barriles por jornada, si bien entre 2020 y 2021 era ligeramente mayor al medio millón.

La industria petrolera se encuentra afectada desde esos años por un régimen de sanciones económicas y licencias especiales del gobierno de Estados Unidos, que dice querer presionar al poder político venezolano para que facilite una transición democrática.

A partir del 8 de octubre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) lanzó una nueva opción para obtener el permiso de trabajo para laborar legalmente en ese país.

El Nacional

Los cambios aprobados por USCIS, que facilita el proceso para quienes cumplan con los requisitos, están enfocados en la recepción de las presentaciones del Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo.

¿En qué consiste la nueva opción para solicitar el permiso de trabajo en Estados Unidos?

La agencia informó que está vigente una opción de presentación de solicitudes del referido formulario en formato digital PDF, para ciertos grupos de solicitantes que buscan el documento de autorización de empleo (EAD).

Quienes resulten elegibles “ahora podrán cargar un Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo, completado, junto con la evidencia requerida en formato PDF a través de su cuenta de USCIS en línea”, de acuerdo con la agencia.

Además, los solicitantes elegibles también pueden presentar un Formulario I-912, Petición de Exención de Tarifas, “completado con su solicitud usando la opción de presentación de solicitudes en PDF”.

“Esta es la primera vez que aceptamos solicitudes de exención de pago de tarifas presentadas de manera electrónica a través de las cuentas de USCIS en línea”, indicaron.

¿Quiénes pueden aplicar para solicitar permiso de trabajo con esta opción?

USCIS aclaró que el portal de admisión de documentos PDF estará disponible inicialmente para los solicitantes del Formulario I-765 que correspondan a las siguientes categorías:

  • Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado.
  • Solicitud de asilo pendiente presentada en o después del 4 de enero de 1995.
  • Ciertos solicitantes de visas basadas en la familia y basadas en el empleo pendientes de ajuste de estatus bajo la sección 245 de la Lay de Inmigración y Nacionalidad.
  • Persona con permiso de permanencia temporal.
  • Solicitud inicial de TPS pendiente en las que USCIS determina que el solicitante es elegible prima facie para TPS y puede recibir un EAD como un “beneficio de tratamiento temporal”.

USCIS indicó que, aunque la nueva opción amplía las opciones de presentación de solicitudes, las personas que buscan el permiso de trabajo “aún pueden presentar paquetes de solicitudes en formato impreso”.

La Internacional Socialista, una organización global que agrupa a partidos de izquierdas, ha expresado públicamente su apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris, quien se postula como candidata para las elecciones presidenciales de Estados Unidos el próximo 5 de noviembre.

Informe Orwell

A través de un comunicado en sus redes sociales, la organización que acobija a partidos socialistas señaló con entusiasmo su confianza en que Harris “hará historia como la primera mujer Presidenta de los Estados Unidos”.

El respaldo de la Internacional Socialista no es sorpresivo, ya que esta coalición ha estado históricamente alineada con figuras de izquierda y extrema izquierda que promueven quitarle dinero a los ricos para darle a los pobres, la alta intervención de la economía por parte del Gobierno, y una alta regulación del Estado a las iniciativas privadas.

El apoyo de la Internacional Socialista llega en un momento en el que Harris enfrenta una campaña electoral marcada por su falta de entrevistas con medios de comunicación, y con un alto escrutinio debido al pasado de su compañero de fórmula Tim Walz, en el que elogió al sistema comunista de China.

En un hecho que alarmante desató la indignación y el enojo de familias y organizaciones defensoras de los derechos de los niños, el Gobernador ultra kirchnerista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, está señalado de permitir y promover que en los programas de estudio de las escuelas bonaerenses se incluya material literario con contenido explícitamente pornográfico destinado a niños y adolescentes.

La Derecha Diario

El libro en cuestión, Cometierra de la autora Dolores Reyes, es uno de los textos recomendados en las escuelas de la provincia, y sus fragmentos son claramente inapropiados y peligrosos para menores de edad.

Una de las partes más impactantes del texto, que generó un fuerte repudio en la gente, pertenece a la página 81 de la obra, donde se describe de manera detallada una escena de sexo explícito con lenguaje vulgar y gráficas referencias sexuales.

Este contenido, lejos de aportar a una educación de calidad, introduce conceptos perturbadores para menores que apenas están en plena etapa de desarrollo emocional y cognitivo.

El extracto en cuestión describe escenas sexuales sin filtro, lo cual generó un alerta masiva por parte de padres que denuncian la incapacidad del gobierno provincial para establecer límites en la literatura destinada a los estudiantes.

A modo de ejemplo, y utilizando una de las partes menos explícitas del texto, se puede leer «con la mano libre, se desabrochó el cinturón, bajó el cierre del pantalón y se lo quito. La otra mano se cerró en mi nuca. No me podía mover».

La justificación del contenido bajo el pretexto de la «libertad artística» o de «romper tabúes» no sirve para justificar el grave error que se cometió al exponer a los niños a este tipo de contenido sexual explícito y dañino.

Este escándalo vuelve a poner bajo la lupa a la ya deficiente gestión de Axel Kicillof en materia educativa, sobre todo a los criterios utilizados por el Ministerio de Educación bonaerense para seleccionar los libros que llegan a las aulas.

Como mucha gente señaló, la inclusión de material de esta naturaleza no solo es inadecuada, sino que constituye un ataque directo a la inocencia de los menores y una forma de normalizar comportamientos sexuales explícitos en edades en las que los niños deberían estar protegidos de tales exposiciones.

Mientras tanto, Kicillof se mantiene en silencio, sin ofrecer explicaciones sobre la elección de los contenidos educativos. Las consecuencias de estas decisiones negligentes pueden tener efectos irreversibles en la formación de los jóvenes estudiantes.

Es sin duda el caso de corrupción municipal más grande en la historia de Chile: Cathy Barriga, ex modelo, ex bailarina, ex estrella de la TV, psicóloga, empresaria y ex alcaldesa de la comuna santiaguina de Maipú -con arresto domiciliario total tras formalizada por malversar las arcas municipales en unos USD 33 millones- abrió una página de contenido erótico para adultos que ya suma cientos de seguidores.

Infobae

La esposa del diputado conservador Joaquín Lavín (UDI) dio la noticia en sus redes sociales, asegurando que en su página en la plataforma Onfayer “encontrarás el lado más travieso de la ex ‘Robotina’ y la ex chica ‘Mekano’ en un espacio para seducir y sorprender”.

“Lo adverso me ha hecho más fuerte. En mi vida siempre he transformado energía. Soy resiliente (…) Ya pasé por el proceso de cuestionar lo injusto que estoy viviendo. Pero lo cierto es que la vida sigue”, dijo filosófica. “Y mientras tanto, me ocupo y sigo construyéndome. Y sin duda, a pesar de lo doloroso de todo esto, soy una mujer más fuerte”, agregó.

Desde Onfayer le dieron la bienvenida, a sabiendas de que su página será un éxito seguro. En ella hay algunas fotos gratuitas, pero las privadas cuestan USD 25 mensuales.

¿Quién es Cathy Barriga?

A sus 51 años, Cathy Carolina Barriga Guerra ha sabido hacerse un nombre, primero como un sexy personaje de la farándula criolla y luego como la polémica alcaldesa de la popular comuna de Maipú, asunto que la tiene con arresto domiciliario total en su parcela en las afueras de Santiago.

Es considerada como un referente por muchas mujeres, pues se la considera una “self -made woman”, es decir, una mujer que ha sabido hacerse a sí misma. Desde la vereda del feminismo, sin embargo, no es bien vista.

Su padre trabajaba en un casino y su madre, peluquera, la instó de pequeña a presentarse a concursos de belleza. Partió desde abajo, trabajando como promotora en un supermercado, y pronto fue elegida “Reina de Playas y Piscinas”. El año 96 debutó con su sexy personaje “La Robotina” en el programa televisivo “Maldita Sea”, el 2000 formó parte del elenco del popular programa juvenil “Mekano”, bailando escasa de ropa y hacienda noticia por sus romances, y también participó en un reality show.

El año 2009 sorprendió a medio Chile al anunciar su matrimonio con el ahora diputado Joaquín Lavín León (UDI), hijo del connotado político y exalcalde de Las Condes, Joaquín Lavín (UDI). Y el 2013, seguramente influenciada por su nueva familia, se lanzó a la política resultando elegida como Consejera Regional por las comunas santiaguinas de Maipú, Cerrillos y Estación Central. El 2016 llegó a la testera de la alcaldía de Maipú, con el apoyo de la UDI, consiguiendo el 35% de los votos.

Su (mala) gestión

A pocos meses de asumir como alcaldesa, Barriga despidió a 470 funcionarios, lo que se convirtió en una pesadilla judicial y financiera cuando la mayoría de ellos comenzaron a querellarse contra el municipio.

Luego vinieron otras denuncias en Contraloría, por falta de probidad al promocionar una marca de lentes durante su ejercicio como funcionaria estatal y gastos excesivos en la presentación de su cuenta púbica. También por reiteradas inasistencias a los concejos municipales; uso de recursos municipales para campañas políticas del ex presidente Sebastián Piñera y de su esposo y el uso excesivo de su imagen personal en la difusión de actividades del municipio.

Su lado narcisista salió a la luz cuando instauró la beca «Señora Alcaldesa Cathy Barriga Guerra», desatando críticas y bromas en redes sociales y el mundo político, al igual que cuando inauguró en el Liceo Nacional de Maipú un mural donde aparece su retrato junto al de otros próceres de la patria.

En enero de 2019, el Centro Veterinario Municipal de Maipú fue decorado con fotografías de Cathy Barriga posando junto a mascotas y a fines de ese mes, instalaron una gigantografía con su rostro en la Primera Granja Alimentaria Municipal.

A inicios de mayo de 2019, se supo que el municipio había gastado la cifra de $1.852.717.363 (poco más USD 2 millones) durante el año 2018 en la realización de doce eventos artísticos y culturales que incluyeron la contratación de imitadores y grupos musicales. A ellos su suman más de $2 mil millones (USD 2,3 millones) gastados en organizar los tres festivales llamados “Maipeluza”, nacidos para festejar las fiestas patrias, en uno de los cuáles su hijo interpretó la canción oficial y se llevó un galvano.

Otro bullado caso fue el viaje a Mendoza para ver un ballet de La Cenicienta, junto a dieciocho funcionarios municipales, el que tuvo un costo millonario debido a los altos viáticos que se pagaron a los trabajadores. Y antes de abandonar la alcaldía, en junio de 2021, ordenó instalar once placas de bronce para recordar su gestión en distintos puntos de Maipú, con un costo de más de $4 millones (USD 4.400).

La debacle comenzaría el 1 de noviembre de 2021, cuando mediante un reportaje transmitido por Tele 13, el nuevo alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, denunció a la administración de Barriga por el desvío de $1.900.000 000 (poco más de USD 2 millones), los cuales estaban destinados al desarrollo de la sanitaria municipal SMAPA pero fueron utilizados para construir un spa para adultos mayores.

Las pruebas en su contra

Según señaló la fiscal Parra, de la Fiscalía Oriente, el primer delito que buscarán acreditar se habría concretado cuando Barriga emitió una solicitud de modificaciones presupuestarias al Concejo Municipal con antecedentes adulterados. De esta forma habría asegurado falsamente a la instancia municipal la existencia de un superávit, mientras se ocultaba información contable. El segundo hecho que se acusa apunta a que la ex jefa comunal habría informado “falsamente” el estado financiero del municipio en las cuentas públicas de los años 2019 y 2020.

Collares Swarovski

El tercer delito perseguido es la adquisición -mediante trato directo, es decir, sin la aprobación del Concejo Municipal-, de al menos 1.000 collares de cristal por un valor cercano a $17.850.000 (casi USD 20 mil), los que permanecieron en su poder y cuyo destino aún se desconoce. Barriga, de hecho, regaló estos collares a distintas personalidades políticas, entre quienes se encontrarían Felipe Guevara, ex Intendente Metropolitano, y la diputada Carmen Hertz (PC), quien lo registró en la plataforma del Lobby y luego lo devolvió.

Falsa periodista

El cuarto ilícito apunta a la contratación de Andrea Monsalve en el cargo de periodista, quien no posee el título profesional y envió un certificado falso de la Universidad Católica.

De acuerdo a la persecutora, la labor de Monsalve era de asistente personal, específicamente en el cuidado del hijo de Cathy Barriga. Tras una fuerte discusión que incluyó una bofetada por parte de la ex alcaldesa, Monsalve fue derivada a la Dirección de Prevención y Seguridad Ciudadana, “a una oficina con un escritorio y una silla, sin computador, sin nada”.

Así, desde mayo de 2017 hasta el año 2021, Monsalve extendió 49 licencias médicas. Se estima que recibió entre enero de 2016 y 2020 un total líquido, según se investiga, de al menos a $110.003.072 (USD 119.847), incluido como perjuicio fiscal.

La vicepresidenta Kamala Harris redobló su reconocimiento al Día de los Pueblos Indígenas en medio de la indignación en las redes sociales por su descubierto apoyo al cambio de nombre del Día de Colón.

Fox News

«En este Día de los Pueblos Indígenas, estoy pensando en los jóvenes líderes indígenas que conocí en Arizona la semana pasada. Cuento con su liderazgo y espero con ansias nuestra alianza», publicó Harris en su cuenta de campaña X el lunes por la tarde.

La publicación llega mientras videos de Harris tanto de 2019 como de 2021 se han extendido como reguero de pólvora en las plataformas de redes sociales, destacando los comentarios anteriores de Harris apoyando el cambio de nombre del Día de Colón al Día de los Pueblos Indígenas y amonestando a los exploradores europeos por desatar una «ola de devastación para las naciones tribales» cuando llegaron a las Américas a fines del siglo XV.

«Cuenten conmigo para apoyarme», le dijo Harris a un votante en New Hampshire en 2019 cuando le preguntaron si apoyaba cambiar el nombre del Día de Colón a «Día de los Pueblos Indígenas», según muestran las imágenes del evento. Las declaraciones de Harris se produjeron aproximadamente un mes después de que lanzara su campaña para la Casa Blanca en 2020, que finalmente fracasó.

La campaña de Trump criticó a Harris por sus comentarios descubiertos en 2019, en un comentario exclusivo a Fox News Digital el domingo. 

«Kamala Harris es la típica izquierdista. No solo quiere aumentar los impuestos y desfinanciar a la policía, sino que también quiere cancelar tradiciones estadounidenses como el Día de Colón»,  dijo la secretaria de prensa nacional de la campaña de Trump , Karoline Leavitt.

«El presidente Trump se asegurará de que se honre el gran legado de Cristóbal Colón y protegerá esta festividad de los izquierdistas radicales que quieren borrar la historia de nuestra nación como Kamala Harris».

En 2021, Harris dijo como vicepresidenta que Estados Unidos «no debe rehuir» su «vergonzoso pasado» de exploradores europeos que, según ella, marcaron el comienzo de «una ola de devastación».

«Desde 1934, cada octubre, Estados Unidos ha reconocido el viaje de los exploradores europeos que desembarcaron por primera vez en las costas de las Américas», dijo Harris durante la 78.ª Convención Anual del Congreso Nacional de Indios Americanos el 12 de octubre de 2021. 

«Pero esa no es toda la historia. Esa nunca ha sido toda la historia», continuó Harris en su discurso de 2021. 

«Esos exploradores provocaron una ola de devastación para las naciones tribales, perpetrando violencia, robando tierras y propagando enfermedades», continuó. «No debemos eludir este pasado vergonzoso, y debemos arrojar luz sobre él y hacer todo lo posible para abordar el impacto del pasado en las comunidades indígenas actuales».

El Día de Colón es un feriado federal que celebra y reconoce oficialmente la llegada del explorador italiano Cristóbal Colón a las Américas en 1492. El presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt firmó una proclamación en 1934 convirtiendo el Día de Colón en un feriado nacional luego del cabildeo de las comunidades italoamericana y católica.

Víctor de Aldama, comisionista implicado en el caso de corrupción Koldo, le confesó a una persona de confianza que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dejó en España «maletas llenas de dinero» con el conocimiento del presidente Pedro Sánchez, reseña el medio El Español.

El Pitazo

La reunión con Rodríguez ocurrió en la madrugada del 20 de enero de 2020, un momento en que la vicepresidenta venezolana incumplía las sanciones de la Unión Europea (UE), que le impedían acceder al espacio Schengen.

El comisionista relató que las maletas fueron retiradas y transportadas en una furgoneta y que parte del equipaje quedó en España. Aunque no especificó la cantidad exacta, insistió en que el contenido era dinero y que Sánchez estaba al tanto.

De Aldama aseguró a su confidente que, ante la posibilidad de ser descubiertos, la versión oficial sería que el dinero estaba destinado a la compra de alimentos y medicinas para Venezuela. Añadió que los Gobiernos español y venezolano ya habían acordado cómo responder ante cualquier filtración o imágenes del equipaje.

Según el testimonio del confidente, Aldama mantuvo una relación cercana con Sánchez, al margen de sus contactos con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien fue el encargado de recibir a Delcy Rodríguez en territorio español.

Además, un informe reciente de la Unidad Central Operativa (UCO), órgano del servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil española, revela mensajes de WhatsApp entre Ábalos y Sánchez, en los que el presidente aprobaba la reunión con Rodríguez.

El confidente de Aldama también reveló que la delegación venezolana, compuesta por los altos funcionarios Félix Ramón Plasencia y Alejandra Bastidas, permaneció en suelo español durante unas ocho horas. Rodríguez abandonó Madrid a las 08:20 a.m. en un vuelo hacia Doha, capital de Catar, acompañada por su equipo.

Lea la nota completa siguiendo este enlace a El Español

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