La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) acaba de presentar su Informe Anual 2024, titulado «El derecho en acción para todos” (Law in Action). Este documento destaca los hechos clave que marcaron el año y las estrategias impulsadas para cumplir el mandato de la Oficina.
Por: Ramón Cardozo – DW
Respecto a la situación actual del caso de Venezuela, el fiscal Karim A.A. Khan señala, en primer lugar, la reanudación de la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. Esta reanudación fue posible gracias a la decisión de la Sala de Apelaciones de la CPI del 1 de marzo de 2024, que desestimó el recurso presentado por el Gobierno de Maduro con el fin de frenar el proceso.
Otro hito en los cuales se concentra el informe respecto al caso venezolano es el despliegue de actividades de la Fiscalía durante 2024 para promover en el país el principio de complementariedad. Este principio establece que la Corte Penal solo interviene cuando los sistemas judiciales nacionales son incapaces o no están dispuestos a investigar y juzgar efectivamente los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma.
A este respecto, la Fiscalía detalla que, en el marco de los Memorandos de Entendimiento y del Plan de Trabajo Conjunto suscritos con el Gobierno de Maduro, llevó a cabo tres misiones técnicas especializadas y Khan realizó su cuarta visita oficial a Caracas. Durante dicha visita, se anunció el compromiso del régimen venezolano de incorporar el Estatuto de Roma a su marco jurídico interno y se inauguró la oficina de la Fiscalía en Caracas.
Demasiado énfasis en la política de complementariedad
El informe de 2024 viene a reafirmar la impresión de que una parte significativa de los esfuerzos de la Fiscalía en el caso venezolano se han concentrado en actividades relacionadas con la política de complementariedad, mientras que las investigaciones autónomas del equipo del fiscal Karim Khan parecen avanzar a un ritmo más lento.
Esta situación viene siendo motivo de crecientes quejas por parte de las víctimas y sus familiares, así como del liderazgo opositor venezolano, la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV) de la CPI, y de varias organizaciones de derechos humanos y de defensa de la democracia. Todos ellos demandan, tras más de tres años desde el inicio de la investigación, medidas concretas por parte del Fiscal.
Si bien el principio de complementariedad es un pilar central del Estatuto de Roma, en el caso venezolano existen suficientes evidencias que demuestran la falta de voluntad genuina del régimen de Nicolás Maduro para llevar a cabo enjuiciamientos auténticos sobre los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país.
Ejemplos de ello son que las actuaciones del Gobierno ante la CPI se han centrado principalmente en obstruir la justicia y perpetuar la impunidad; que el Estado de Derecho y la autonomía del Poder Judicial en Venezuela han continuado deteriorándose gravemente; y que los crímenes de lesa humanidad persisten en el país, especialmente después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de este año.
Los esfuerzos de complementariedad no deben hacerse a expensas de retrasar las investigaciones
En su comunicación del 22 de noviembre de este año, la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV) de la CPI recoge el reclamo de las víctimas venezolanas respecto a «la falta de avances visibles en la investigación y el continuo énfasis del Fiscal en seguir una vía de complementariedad positiva, a pesar de la determinación inequívoca de la Sala de Apelaciones de que Venezuela actualmente no está dispuesta a emprender investigaciones y/o procesamientos genuinos».
La OPCV añade: «Si bien los procedimientos nacionales son un aspecto importante de la justicia internacional, los esfuerzos para alentar tales acciones no deben hacerse a expensas de retrasar pasos de investigación concretos y decisivos a nivel de la CPI».
Igualmente, la OPCV destaca que «muchas víctimas han expresado un profundo sentimiento de frustración, pues sienten que el Fiscal no ha dado a su situación la misma prioridad que en otras situaciones en las que las investigaciones han avanzado con mayor rapidez y han dado lugar a la emisión de varias órdenes de detención».
La diáspora venezolana también reclama celeridad
El reclamo de celeridad a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha sido también expresado por el liderazgo opositor democrático, que el 1 de diciembre de 2024 organizó, junto con la diáspora, protestas pacíficas en espacios emblemáticos de ciudades como Berlín, Bogotá, Madrid y Miami, bajo la consigna «CPI, ¡Actúa Ya! Basta de crímenes de lesa humanidad».
Con los rostros y las manos pintados de rojo sangre, los manifestantes portaron pancartas con mensajes contundentes: «El silencio de la justicia es cómplice» y «Cada día de inacción es otro día de sufrimiento para las víctimas». A través de esta movilización internacional, recordaron al mundo los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, subrayando la necesidad urgente de que la CPI acelere sus investigaciones y adopte medidas concretas.
La justicia penal venezolana, la menos independiente
La exigencia de acciones concretas ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) trasciende la demanda natural de justicia por parte de las víctimas. Se trata de una necesidad urgente para detener los crímenes de lesa humanidad que se siguen cometiendo en contra de la sociedad venezolana favorecidos por el clima de impunidad que existe en el país y la falta de independencia del poder Judicial.
Con una calificación de 0,11 sobre 1, la justicia penal venezolana ha sido calificada, por decimo año consecutivo, como la peor del mundo, de acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2024, elaborado por la organización World Justice Project.
Este estudio se fundamenta en 214.000 encuestas realizadas a ciudadanos y 3.500 abogados y juristas, y evalúa a 142 Estados. Esta pobre calificación viene a corroborar que, a pesar de los compromisos suscritos con la Fiscalía de la CPI, en la práctica Maduro no está dispuesto a ceder su férreo control sobre el sistema judicial, ni a permitir investigaciones genuinas en el país.
En Venezuela se siguen cometiendo delitos de lesa humanidad
A principios del mes de septiembre de 2024, 32 exjefes de Estado y de Gobierno reunidos bajo la «Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA Democrática)”, representados por el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, presentaron una solicitud formal al Fiscal de la CPI, Karim Khan, un informe jurídico donde se le insta a adoptar medidas urgentes y efectivas para investigar, procesar y sancionar los actos de «terrorismo de Estado» y los «crímenes de lesa humanidad» que el régimen de Nicolás Maduro continúa perpetrando de forma sistemática en contra de la población venezolana.
Los expresidentes subrayan en su solicitud que la CPI es la única instancia adecuada en este momento para enfrentar estos crímenes y garantizar justicia en un contexto de impunidad absoluta.
Afortunadamente, el Fiscal Karim Khan recogió las solicitudes de los exmandatarios y de otras organizaciones que corroboran estas demandas. En su informe de 2024, hizo referencia a la represión de las protestas poselectorales en Venezuela, señalando: «Tras las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela el 28 de julio de 2024, la Oficina recibió varias comunicaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, que han sido evaluadas de conformidad con el Estatuto y ha determinado que potencialmente caen dentro del alcance de su investigación actual y, como tal, los está considerando en este contexto».
Adicionalmente, durante su reciente discurso en La Haya, en la sesión anual de la Asamblea de los 124 Estados Parte del Estatuto de Roma, el Fiscal afirmó respecto al caso de Venezuela: «No he visto la implementación concreta de leyes y prácticas en Venezuela que esperaba. Como quiero dejar claro, la pelota está en la cancha de Venezuela. La pista de la complementariedad se está quedando sin camino. Y, como he dicho repetidamente en declaraciones públicas y en Venezuela, nuestras investigaciones independientes están en marcha».
A pesar de estos signos alentadores, las víctimas y la sociedad venezolana permanecen a la expectativa de que las palabras del Fiscal se traduzcan pronto en acciones concretas que eviten la erosión de la confianza y credibilidad en la CPI como un mecanismo efectivo de justicia internacional.
