El ministro de Defensa, Israel Katz, ordenó a las FDI completar el control de la zona de amortiguación entre Israel y Siria, después de que las FDI comenzaran su despliegue allí ayer.
En una declaración, Katz dice que también ordenó al ejército crear una “zona de seguridad libre de armas estratégicas pesadas e infraestructura terrorista” en el sur de Siria, incluso más allá de la zona de amortiguación, que podría representar una amenaza para Israel.
Además de eso, Katz ordenó a los militares establecer contactos con la comunidad drusa y otras poblaciones del sur de Siria.
Además, Katz dice que ha dado instrucciones a las FDI para “prevenir y frustrar inmediatamente la renovación de la ruta de contrabando de armas desde Irán al Líbano a través de Siria, en territorio sirio y en los puntos de cruce fronterizos”.
Por último, Katz ordena a los militares que sigan destruyendo “armas estratégicas” en Siria que Israel teme que puedan caer en manos de fuerzas hostiles, incluidos “misiles tierra-aire, sistemas de defensa aérea, misiles tierra-tierra, misiles de crucero, cohetes de largo alcance y misiles costa-mar”.
Un imán y profesor religioso de una mezquita en la comunidad de Taznakht, en Ouarzazate, ha sido detenido y presentado ante la Justicia tras ser acusado de abusos sexuales contra varias menores y de poseer material pornográfico relacionado con ellas, según informan fuentes judiciales y medios locales. Los presuntos hechos se habrían cometido en el marco de su labor docente, durante las clases de memorización del Corán que impartía en la mezquita Sidi Bilal.
La investigación se inició a raíz de una denuncia presentada al Fiscal General del Rey ante el Tribunal de Apelación de Ouarzazate, quien ordenó una indagación exhaustiva sobre el caso. Las menores, de menos de 13 años, declararon que el acusado las sometió a tocamientos indebidos en partes sensibles de sus cuerpos, como el pecho y los muslos, además de besarlas en las mejillas. Según las declaraciones, las acciones tenían un claro propósito de satisfacer deseos sexuales.
Los agentes de la policía judicial, adscritos al Centro Judicial de la Gendarmería Real, recopilaron testimonios detallados de las víctimas y de testigos, quienes confirmaron las denuncias. Durante el proceso, al imputado se le encontró un conjunto de imágenes de contenido pornográfico en su teléfono móvil, lo que incrementó la gravedad de las acusaciones. Al ser confrontado con las pruebas y las declaraciones, el acusado admitió su culpabilidad.
El Ministerio Fiscal ha presentado cargos formales contra el acusado por atentado al pudor contra menores con uso de violencia y por posesión de material pornográfico, ambos delitos agravados por su condición de figura religiosa. Tras comparecer ante el juez de instrucción, este decidió su ingreso en prisión preventiva en Ouarzazate mientras se desarrolla el procedimiento judicial.
El caso ha causado indignación en la comunidad local, dado que las familias confiaban en el entorno de la mezquita como un espacio seguro para la educación de sus hijas. Las autoridades han asegurado que continuarán investigando para esclarecer completamente los hechos y aplicar las sanciones correspondientes.
Un empresario argentino etiquetó un vino espumoso con el provocador e ingenioso nombre de «Lágrimas de zurdo», en honor a la victoria del presidente argentino, el ultraliberal Javier Milei, azote de las ideologías progresistas y los modelos económicos de los gobiernos de “izquierdas”.
“Se viene el fin de año y queremos que todos nos merecemos brindar como corresponde. Por eso tuvimos que crear el espumante ‘Lágrimas de Zurdo’, para que todos puedan brindar por la Libertad. Ha sido un año extraordinario de cosecha y cada uno de los ‘zurdos’ ha colaborado llorando desde su lugar”, indicó el productor del vino en su presentación.
Acorde a lo referido en su página web, Lágrimas de Zurdo “es la esencia de quienes sienten que ha llegado una nueva era. Es un cambio cultural y un nuevo paradigma. Para pequeñas o grandes ocasiones, descorchar ‘Lágrimas de Zurdo’ es un ritual, es la victoria del espíritu democrático”.
El creador del espumoso, con espíritu burlón, añadió a su mensaje de presentación una pregunta: “¿No les gusta?”. Y contestó tajante: “Hubieran ganado”.
El vino, “diseñado para brindar por la libertad”, está elaborado en Luján de Cuyo, en la provincia argentina de Mendoza, que constituye el corazón de la zona vitivinícola argentina, famosa por sus Malbecs y otros vinos tintos.
Está “regado con agua de cordillera a una altura de 1,050 metros”, y según su fabricante tiene un “aroma complejo y equilibrado, con burbujas finas y permanentes”. Está elaborado con 80% de uva Chardonnay, 20% de Chenín, tiene un 12,5% de volumen alcohólico y el fabricante añade en su etiqueta que, además, tiene un 56% de los votos, en alusión al resultado de las elecciones que ganó Milei.
“Como referente de las ideas libertarias, queremos que en estas fiestas puedan brindar con la evolución de la antorcha de la Libertad: el auténtico ‘Lágrimas de zurdo’… Sólo apto para ocasiones especiales”, indicó la casa productora del vino, que sale al mercado con un precio de 18,900 pesos argentinos (unos 18.60 dólares, o 17.69 euros).
«¡Viva la Libertad, carajo!», sentenció Milei en sus redes sociales al compartir una imagen del vino espumoso, aprovechando la ocasión para lanzar nuevamente el famoso «grito de guerra» que animó su campaña y lo llevó hasta la Casa Rosada en Buenos Aires.
Hace un mes, apenas concluido el espectáculo de las elecciones estadounidenses, presenciamos como daba comienzo otro nuevo show en el cenagoso mundo de internet y las redes sociales. Se trata de un de éxodo de usuarios, de la red social de Elon Musk, antes denominada Twitter, hoy X.
Ya desde 2022, esa red social ha estado situada en el centro de numerosas controversias alimentadas por ciertos sectores de la izquierda y bajo diversas formas de boicot. Pero fue con el comienzo de la campaña de las últimas elecciones estadounidenses, cuando la situación se recrudeció y desde entonces se está dando un «sabotaje» más organizado. Cientos de influencers, organizaciones y autoproclamados artistas están abandonando la plataforma entre su dosis habitual de lloros y pataletas, arrastrando consigo a decenas de miles de usuarios. Hasta ahora, las críticas a la nueva propiedad de X se limitaban a temas como «promover la proliferación de desinformación, toxicidad, extremismo, racismo, etc.», pero el apoyo abierto de Elon Musk a Donald Trump ha sido la gota que colmó el vaso.
Desde sus posiciones acusan a la plataforma de ser un «peligro para la democracia», ya que se ha transformado en «un lugar de propaganda salvaje y de odio político». Así, hemos sido testigos en las últimas semanas de la salida de la red social, con mensajes de incitación a seguir sus pasos, de personalidades relevantes en el extranjero como las actrices Barbara Streisand y Jamie Lee Curtis, el director Guillermo del Toro, el inversor y empresario Mark Cuban o el escritor Stephen King. Además, el periódico inglés The Guardian, uno de los más importantes e influyentes del mundo, ha anunciado que ya no publicará más contenido en la plataforma. En España, el diario La Vanguardia no ha tardado en seguir su estela y lo mismo ha hecho una institución cultural como el Institut Ramon Llull, la periodista Àngels Barceló o Sumar, que ha anunciado que seguirá publicando en la plataforma de forma esporádica pero sólo «para desmentir bulos».
Aunque algunas de las demandas promovidas por este movimiento de protesta como la intromisión de gigantes privados en los asuntos públicos pueden ser genuinamente compartidas, resulta cuando menos hipócrita que la iniciativa haya apuntado de manera exclusiva al multimillonario sudafricano y no hacia los millares de empresarios que se han comprometido políticamente a favor del Partido Demócrata. O tampoco en contra de la movilización de Meta, bajo presión de la Casa Blanca, para censurar contenidos y perfiles considerados incómodos. Tampoco se les vio muy agitados cuando el mismo Twitter, antes del cambio de propiedad, aplicó una abierta represión sobre contenidos relacionados con el COVID.
Resulta evidente al final de todo este asunto que cuando una red social concede una elevada, aunque no completa, libertad de expresión a todos sus usuarios —a diferencia de otras que si censuran de una manera obscena—, toda la izquierda y la internacional progresista, que acostumbra a marcar las reglas en otros ámbitos, simplemente deja de «jugar». Sin embargo, para su desgracia, a pesar de los abandonos y las distancias tomadas, el juego parece seguir su curso con absoluta tranquilidad. De hecho, en estos momentos, X es la aplicación, dentro de la categoría de «noticias», más descargada en los portales de aplicaciones españoles y estadounidenses. Y todo ello, a pesar del gran vacío que deja Àngels Barceló.
En una entrevista exclusiva con el canal Voz Media, el líder de las fuerzas democráticas, Edmundo González Urrutia, expresó este miércoles su confianza en que la nueva administración de Estados Unidos continúe apoyando la transición democrática que comienza en Venezuela.
Aunque evitó revelar detalles sobre su posible regreso al país para el próximo 10 de enero, afirmó que está preparado para asumir como presidente legítimo.
“Estratégicamente no he querido divulgar cómo porque eso forma parte de nuestro trabajo, pero nuestra intención es estar en Venezuela para que se respete la soberanía popular y la voluntad de millones de venezolanos que votaron por Edmundo González en las elecciones del 28 de julio. Es una deuda que tenemos y que queremos hacer cumplir”, dijo.
González Urrutia señaló que con la posible designación de Marco Rubio como secretario de Estado, el tema de Venezuela podría convertirse en una prioridad para el gobierno de Donald Trump. A tan solo un mes de la fecha estipulada para la juramentación presidencial, el político venezolano mostró su convicción de retornar a su tierra natal para asumir el cargo al que asegura haber sido elegido.
En la entrevista, reiteró su postura sobre las elecciones presidenciales en las que enfrentó al mandatario Nicolás Maduro. Afirmó que cuenta con más del 80% de las actas electorales que lo respaldan como ganador con más del 60% de los votos.
“Que presenten las actas y demuestren que Maduro ganó. Nosotros tenemos las actas que confirman nuestra victoria”, subrayó.
El mes pasado, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, reconoció oficialmente a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela a través de un mensaje en su cuenta de X, lo que refuerza su posición en el ámbito internacional.
“Esperamos que Estados Unidos continúe respaldando el proceso democrático que se está gestando en Venezuela y apoye la voluntad de la mayoría de los venezolanos que votaron por el cambio”, enfatizó el dirigente.
González Urrutia también analizó las recientes designaciones para el Departamento de Estado, destacando que la nueva administración de Trump podría brindar mayor atención a la crisis venezolana.
“La composición de los equipos del Departamento de Estado indica que América Latina, y en especial Venezuela, podrían ocupar un lugar prioritario en la agenda. Siempre he dicho que Venezuela no estaba en el radar de la política exterior de Estados Unidos, pero con la posible incorporación de Marco Rubio, se dan condiciones que podrían garantizar un enfoque más profundo hacia nuestra situación”, afirmó.
Edmundo González Urrutia concluyó reiterando su compromiso de regresar a Venezuela y asumir el mandato que asegura le fue otorgado por la voluntad popular, confiando en el respaldo internacional para consolidar el proceso democrático.
En una serie de excarcelaciones que se han generado desde finales del mes de noviembre, se han liberado a varios presos políticos en el contexto post electoral. Las familias de los liberados confirmaron la noticia la noche del martes 10 de diciembre, sin embargo, la protesta aún permanece por la continua detención de opositores.
– Luis Alexander Carima González – Fernando Andrés García Méndez – Johana de Los Ángeles Maldonado – Anibeys del Valle Betancourt – Juan Pablo Yaraguaracuto Rojas – Marianyeli Nazareth Girardot García
Estado Lara:
– Yenny Barrios (paciente oncológico) – María Eugenia Flores – Johendris Juárez (adolescente) – Carlos Jiménez (adolescente)
A pesar de estas liberaciones, el contexto político en Venezuela sigue marcado por la la represión. Decenas de presos políticos permanecen tras las rejas, lo que plantea serias dudas sobre el compromiso del gobierno con los derechos humanos. Entre los casos más emblemáticos se encuentra el de Carlos Vallecillo, preso político que tuvo un intento de suicidio el pasado 8 de diciembre y de quien hasta ahora su madre no tiene fe de vida.
Los familiares de los liberados expresaron su alegría, pero también su frustración por aquellos que aún siguen encarcelados.
Las organizaciones de derechos humanos han instado al gobierno a tomar medidas para garantizar la libertad de todos los presos políticos, recordando que la verdadera reconciliación en el país no será posible mientras queden ciudadanos injustamente encarcelados.
Ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Gerardo Werthein exigió a Nicolás Maduro que conceda los salvoconductos a los seis opositores al régimen caribeño que están refugiados en la embajada de Argentina en Venezuela.
El canciller condenó la decisión política de Maduro de negar los salvoconductos y describió las operaciones ilegales que ejecuta la dictadura venezolana contra los dirigentes de la oposición política que desde hace meses están protegidos en la embajada de Argentina en Caracas.
“El gobierno venezolano no solo ha negado los salvoconductos que permitirían su salida segura, sino que ha adoptado acciones de hostigamiento inaceptables. Los asilados están sometidos a cortes de agua, interrupción de la electricidad,restricciones en el ingreso de alimentos y la constante presencia de fuerzas de seguridad en los alrededores de la sede diplomática”, argumentó Werthein a través de una video conferencia que se formalizó desde su despacho en el Palacio San Martín.
La sesión extraordinaria de la OEA inició a las 9 AM (dos horas más tarde en la Argentina), afuera llovía y el transito se movía lento en la capital de Estados Unidos.
Al comienzo de su discurso, el canciller rescató la tarea del foto regional respecto a la situación en Venezuela, y en términos sutiles cuestionó a Brasil, Colombia, Bolivia y México que se mantuvieron al margen de la iniciativa diplomática que exige los salvoconductos para los asilados venezolanos.
“Los derechos humanos no admiten dobles varas. Los derechos se respetan o no se respetan. Los derechos civiles se respetan o no se respetan. La libertad se respeta o no se respeta. No hay espacio para matices. Los derechos no se condicionan ni se someten a negociaciones coyunturales. La legitimidad de esta Organización y la confianza de los pueblos en el sistema interamericano dependen de la coherencia de nuestras acciones”, sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores”.
Argentina estuvo acompañada por Canadá, Chile,Costa Rica,El Salvador,Estados Unidos,Guatemala, Haití,Panamá, Paraguay,Perú,República Dominicana, Surinam y Uruguay.
En la sede diplomática argentina se encuentran Magalli Meda, jefa de campaña del comando “Con Vzla”; Omar González, jefe regional del comando en Anzoátegui; Pedro Urruchurtu, jefe internacional del comando; Humberto Villalobos, jefe electoral; Claudia Macero, jefa de comunicaciones; y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Los refugiados venezolanos están en la embajada argentina desde antes de los comicios presidenciales que enfrentaron a Maduro con Edmundo González Urrutia y su aliada política María Corina Machado. Maduro perdió las elecciones y ejecutó un fraude histórico para perpetuarse en el poder.
En ese contexto, Javier Milei desconoció el triunfo del dictador caribeño y las relaciones de Argentina y Venezuela estallaron. Entonces, Maduro inició una operación de acoso constante contra la representación nacional en Caracas. El regimen ha quebrado todas las normas internacionales, y esto explica la acusación de Werthein ante el foro regional
La embajadora de Argentina en la OEA, Sonia Cavallo,aportó las evidencias a todos los representantes diplomáticos de los países que integran el foro regional, y en determinados casos se enfrentó con un profundo silencio cómplice o una pegajosa explicación florentina.
La posición más inexplicable fue de Brasil.Lula da Silva representa a la Argentina en Venezuela, tras la ruptura de relaciones diplomáticas, y conoce al detalle las distintas operaciones ejecutadas por el régimen contra los seis dirigentes opositores. Sin embargo, el presidente de Brasil ordenó a su embajador en la OEA que tomará distancia de la presentación que hará Werthein.
La doble vara moral de Brasil se repite con Colombia, México y Bolivia. Gustavo Petro, Claudia Sheinbaum, Gabriel Boric y Luis Arce tienen toda la información respecto al acoso político de Maduro contra los opositores, pero eligieron la neutralidad diplomática.
No es un secreto de Estado las diferencias ideológicas entre Milei, Da Silva y sus asociados regionales. Sin embargo, en asuntos vinculados a los derechos humanos, no es prudente hacer cálculos políticos. Brasil, México y Colombia -por citar tres casos- también tienen embajada en Caracas. Y con Maduro nunca se sabe.
Desde el inicio del acoso, la empresa estatal de electricidad (Corpoelec) arrancó los fusibles de la sede, dejando a la embajada sin suministro eléctrico. Aunque los refugiados cuentan con una pequeña planta eléctrica, solo funciona durante unas pocas horas al día, afectando la conservación de alimentos y el funcionamiento de los equipos básicos.
El suministro de agua también ha sido restringido. Desde el 27 de noviembre, las autoridades impiden la entrada de camiones cisterna, dejando a los refugiados con reservas mínimas de agua potable. La embajada, que antes de esta decisión política recibía agua solo una vez a la semana, enfrenta ahora una crisis humanitaria agravada.
Y a la falta de agua y luz, Maduro suma a los drones monitoreando el interior de la embajada y a las tropas de seguridad que se plantan frente al portón de la residencia para atemorizar a los refugiados y al personal administrativo que todavía acepta concurrir a la sede diplomática.
En Venezuela, los y las periodistas enfrentan una hostilidad creciente que refleja el deterioro de las libertades fundamentales en el país. Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el ejercicio del periodismo ha estado signado por el recrudecimiento de los patrones de agresión contra la prensa independiente, sobre todo contra profesionales de la comunicación que cubren la conflictividad asociada a los resultados oficiales de los comicios. Las violaciones de derechos humanos, entre ellos la libertad de expresión y el derecho a la información, han sido tan graves que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han calificado la situación como “terrorismo de Estado”.
Mediante un asedio sistemático que busca debilitar el periodismo venezolano independiente, el Estado ha redoblado sus esfuerzos para restringir la libertad de expresión y controlar el acceso a información clave para la ciudadanía. Asimismo, en medio de este panorama de violencia y censura, los y las periodistas no solo lidian con riesgos legales y personales, sino con la falta de acceso a fuentes confiables de información debido a la opacidad gubernamental.
Al 10 de diciembre de 2024, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) documentó 566 violaciones a la libertad de prensa, distribuidas en 380 casos denunciados que perjudicaron a un total de 260 trabajadores de la prensa: 155 hombres y 118 mujeres. Los reporteros fueron las principales víctimas, con 168 personas, seguidos por 16 directivos de medios; 15 camarógrafos; 15 reporteros gráficos, y 14 locutores.
IPYS Venezuela registró la deportación de 11 corresponsales extranjeros, seis devueltos al arribar al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y cinco que fueron detenidos después de haber ingresado al país, como evidencia de un intento por limitar la cobertura periodística independiente de las elecciones presidenciales.
Particularmente después del 28 de julio, el hostigamiento se extendió a otros trabajadores de la prensa que dan soporte a la producción de contenidos periodísticos y que, por lo general, están menos expuestos ante la opinión pública.
Las agresiones contra la libertad de expresión alcanzaron a 109 medios de comunicación, 14 organizaciones de la sociedad civil, una organización gremial y nueve plataformas de redes sociales y software de interés colectivo.
Entre los patrones de agresión más graves registrados durante 2024 destacan dos: 1) las detenciones arbitrarias, que se ejecutaron contra 14 reporteros, 2) y los desplazamientos forzados, que afectaron a 27 periodistas.
Como parte de estas estrategias que buscan silenciar espacios de información, hubo un incremento en los bloqueos digitales contra medios independientes, que alcanzó 39 espacios informativos. Además, 20 estaciones radiales fueron cerradas por orden de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en en los estados Lara (4), Portuguesa (3), Zulia (3), Bolívar (2), Carabobo (2), Guárico (2), Aragua (1), Falcón (1), Trujillo (1) y Yaracuy (1).
Los hechos de amedrentamiento encabezan los registros de ataques a la prensa independiente, con 150 casos reportados, seguidos por discursos estigmatizantes (96) que buscan desacreditar y aislar a los comunicadores.
Las restricciones en internet , incluyendo bloqueos y ciberataques, sumaron 85 incidentes y las limitaciones de acceso a la información otros 58. De este modo, fue debilitada la capacidad de los medios para operar y difundir contenido. En este período IPYS Venezuela registró 45 hechos de restricciones administrativas, 41 de censura directa y 32 de hostigamiento judicial que evidencian el uso del aparato legal como herramienta de represión.
Los victimarios estatales responsables de estas violaciones a las libertades informativas fueron principalmente los cuerpos de seguridad del Estado, en 131 oportunidades. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), con 23, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), con 19, y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Plan República, cada uno con 18 incidentes, se posicionan como agentes frecuentes de intimidación y censura, que actúan de manera coordinada para coartar el acceso a la información.
La Conatel ejecutó 22 ataques contra medios y periodistas y los ministerios otros 20, lo que indica el fortalecimiento de un aparato estatal de represión que opera contra la prensa independiente en Venezuela.
En el ámbito no estatal, los proveedores de internet protagonizaron 140 agresiones, a las cuales hay que sumar 59 ataques de personas no identificadas, y otras 38 visiblemente alineadas con el oficialismo.
Del total de incidencias documentadas entre enero y el 10 de diciembre, 169 casos ocurrieron a nivel nacional. Seguidamente en el Área Metropolitana de Caracas hubo 35 incidentes, mientras que entidades como Bolívar (19 casos), Trujillo (16), y Lara (13) también muestran un número elevado de vulneraciones denunciadas, especialmente tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando el contexto estuvo marcado por una intensificación de las tensiones sociales y un aumento en las medidas represivas, particularmente en respuesta a las protestas ciudadanas que se desarrollaron debido a la desconfianza en la transparencia del proceso.
Detenciones
La detención arbitraria contra personas periodistas es uno de los mecanismos de silenciamiento más preocupantes registrados durante 2024, pues agrava los riesgos de ejercer el libre periodismo y los trabajadores de la prensa se inhiben de informar sobre asuntos de interés colectivo para resguardar su libertad.
El efecto inhibitorio se extiende a otras personas periodistas que, con fundamento, también se autocensuran para no correr la misma suerte de quienes han sido detenidas.
Entre enero y el 10 de diciembre de este año, IPYS Venezuela registró el arresto de 14 personas periodistas, 11 de las cuales siguen en prisión. La mayoría de estas detenciones arbitrarias (11) ocurrieron después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Entre el 29 de julio y el 28 de agosto funcionarios de seguridad del Estado arrestaron a: Yousnel Alvarado, reportero gráfico de Barinas; Joaquín de Ponte, periodista de Guárico, liberado el mismo día; Paúl León, camarógrafo de Trujillo; Deysi Peña, reportera gráfica de Miranda; Fernando Chuecos, reportero gráfico de Trujillo; Roland Carreño, periodista y dirigente político de Caracas; José Camero, periodista y dirigente político de Guárico; Gilberto Reina, editor de Bolívar, excarcelado; Ana Carolina Guaita, periodista de Vargas; Carmela Longo, periodista de Caracas, excarcelada, y Biagio Pilieri, periodista y dirigente político de Caracas.
En 10 de estos casos las autoridades responsables no han ofrecido información oportuna y suficiente sobre los procedimientos ejecutados contra trabajadores de la prensa.
Seis de las detenciones de periodistas estuvieron relacionadas con la difusión o cobertura informativa de protestas ciudadanas tras los resultados anunciados la madrugada del 29 de julio por el Consejo Nacional Electoral.
Hasta la fecha, IPYS Venezuela documentó que Peña, León y Guaita fueron pasados a juicio tras las respectivas audiencias preliminares. Es decir, los jueces convalidaron las acusaciones fiscales en su contra y permanecerán presos.
Gilberto Reina, editor del medio digital La Sapa del Orinoco, fue una de las personas excarceladas el sábado 16 de noviembre, después de que el lunes 12 Nicolás Maduro ordenó revisar los casos de detenciones ocurridas tras el 28 de julio. Reina, quien se encontraba recluido en el Penal de Tocuyito, fue arrestado el 16 de agosto en Ciudad Bolívar, estado Bolívar, luego de publicar en su cuenta informativa un video en el que invitaba a participar en la concentración opositora convocada para el 17 de agosto.
Antes de los comicios, los periodistas Luis López, de La Verdad de Vargas, e Ismael Gabriel González, del equipo de Comunicaciones de Vente Venezuela, fueron detenidos por su trabajo periodístico el 14 y el 17 de junio, respectivamente.
La primera detención arbitraria a un periodista ocurrida en 2024 fue la de Carlos Julio Rojas, también activista social, quien fue arrestado por hombres encapuchados el 15 de junio en La Candelaria, Caracas. El 18 de abril se supo que está detenido en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y sus familiares pudieron visitarlo por primera vez el 26 de mayo.
A las personas periodistas detenidas durante 2024 se les ha negado el acceso a defensa privada. Nueve periodistas fueron presentados ante tribunales con competencia en materia de terrorismo, y les imputaron delitos como incitación al odio y terrorismo, que acarrean penas superiores a los 10 años de cárcel. En cuanto al patrón de audiencias telemáticas, esto limita la posibilidad de que se escuche a los trabajadores de la prensa detenidos sobre cualquier irregularidad registrada en sus procesos.
Estas acciones generan miedo en las víctimas y sus familias, quienes con frecuencia se abstienen de denunciar por temor a que sus parientes bajo arresto sean objeto de otros agravios, lo que limita la documentación de estas vulneraciones a sus derechos.
Desplazamientos forzados
IPYS Venezuela registró el desplazamiento forzado de 27 trabajadores de la prensa, quienes se vieron obligados a huir de sus lugares de residencia, a otra localidad, estado o país, para resguardar su libertad e integridad personal.
Estos desplazamientos, que los registros de IPYS Venezuela muestran como un patrón por primera vez en 2024, ocurren en medio de un entorno hostil de recrudecimiento de la criminalización del trabajo periodístico, las amenazas, la recurrencia del discurso estigmatizante por parte de altos funcionarios del gobierno, y el temor de ser objeto de detención arbitraria sin las garantías del debido proceso.
Del total de personas periodistas desplazadas forzosamente, 22 se movilizaron después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, por ser víctimas de amenazas o ataques físicos o verbales (11), tras recibir información sobre una orden de detención en su contra (6) y por avisos de posible detención (5). Las víctimas de estos agravios fueron 14 mujeres y ocho hombres. Once salieron del país, seis se trasladaron a otro estado y cinco se fueron a otra residencia dentro de su misma localidad para resguardarse.
Entre los mecanismos de criminalización y persecución contra la prensa destacaron las listas de personas que presuntamente serían detenidas, entre quienes se incluían periodistas, y que fueron difundidas por simpatizantes del oficialismo. Circularon también imágenes y videos con fotos de reporteros, en los que los llamaban fascistas, con la frase “se busca”, por realizar su labor informativa. Estos agravios forman parte de acciones que generaron un clima de intimidación en la población, como lo determinó la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los cuerpos de seguridad del Estado fueron responsables de otros actos intimidatorios y amenazas hacia trabajadores de la prensa. IPYS Venezuela registró 11 casos en los que personas periodistas fueron alertadas por fuentes internas de que podrían ser capturadas por fuerzas de seguridad y tres casos en los que funcionarios del Sebin fueron hasta los lugares de residencia de reporteros como forma de amedrentamiento.
El periodista Luis Gonzalo Pérez, quien formó parte del equipo de prensa que cubrió la gira de la opositora María Corina Machado antes de las elecciones, y quien trabaja como corresponsal para medios internacionales, anunció el 19 de septiembre que decidió salir del país por ser víctima de persecución y amenazas de detención después de informar sobre manifestaciones el 29 de julio. Aseguró que sus padres y su pareja también fueron objeto de intimidaciones y ataques como represalia por su trabajo periodístico.
Por temor a mayores represalias, en 24 de los casos registrados, las y los periodistas víctimas de desplazamiento forzado han preferido no denunciar (ni públicamente ni ante las autoridades estatales) las vulneraciones que les llevaron a huir. Esto dificulta poder conocer con mayor precisión el número de trabajadores de la prensa desplazados por ejercer su labor informativa y las circunstancias de su huida.
Por otra parte, se documentaron hechos de periodistas que, si bien no fueron objeto de ataques directos, decidieron salir del país debido a la persecución generalizada contra la prensa después del 28 de julio. Según el estudio Periodistas en el exilio: Aproximación a la diáspora de la prensa venezolana, publicado por IPYS Venezuela en agosto de 2024, las restricciones para el ejercicio del periodismo en Venezuela fueron señaladas por 85,63% de las personas consultadas como razones para migrar.
Las personas que se ven obligadas a desplazarse de sus residencias también sufren consecuencias psicoemocionales. Periodistas víctimas de esta situación dijeron a IPYS Venezuela que experimentaron ansiedad e insomnio antes, durante y después de verse forzados a desplazarse. En nueve casos de los 27 registrados, los desplazamientos forzados implican que la persona periodista se ve obligada a separarse del grupo familiar. En los casos de periodistas con hijos en edad escolar y adolescentes, el impacto se puede extender a estos niños, niñas y adolescentes, pues sus actividades cotidianas se ven interrumpidas como consecuencia del resguardo y el traslado hacia otros lugares.
Como medida de protección, las y los periodistas desplazados evitan difundir información sobre ciertos temas o cesan su trabajo por completo, lo que les deja sin su principal fuente de ingresos y profundiza la censura en un país en el que 15 millones de personas (45% de la población) viven en desiertos de noticias.
Hostigamiento judicial
En Venezuela se han sancionado y promulgado leyes contrarias a los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión que han sido aplicadas a periodistas y medios de comunicación social. Entre enero y el 10 de diciembre de 2024 IPYS Venezuela registró 32 agresiones correspondientes a la categoría de hostigamiento judicial, que fueron 17 procesos civiles o penales contra periodistas y medios de comunicación, y 15 amenazas de procesos legales o administrativos.
Destacan los inicios de investigaciones u órdenes de captura anunciadas por el fiscal general de la República, Tarek William Saab, contra periodistas señalados de estar implicados en conspiraciones o actos de extorsión. Los periodistas afectados por estas acciones fueron Sebastiana Barráez, Roberto Deniz, Ewald Scharfenberg, Claudia Macero y Orlando Avendaño.
En el ámbito legislativo también es grave el avance de instrumentos legales con limitaciones para las libertades informativas. Uno de estos es la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, promulgada el 29 de noviembre, que incluye disposiciones imprecisas que acarrean sanciones desproporcionadas a medios de comunicación, periodistas y cualquier persona que divulgue mensajes que puedan calificarse como promoción de las sanciones internacionales.
Otro instrumento legal que se cierne sobre las libertades informativas es la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sin Fines de Lucro, aprobada por la Asamblea Nacional (AN) el 15 de agosto y publicada en Gaceta Nacional con fecha del 15 de noviembre. Sin embargo, no se supo sobre esta publicación en Gaceta Nacional hasta el 3 de diciembre.
Esta ley impone requisitos para regular el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, lo que afectaría la libertad de asociación y a las personas beneficiarias de la actividad de las ONG en diferentes ámbitos de los derechos humanos.
Dado que muchos medios independientes en Venezuela tienen formas de asociación en los términos establecidos por esta normativa, su vigencia limitaría también la documentación, denuncia y difusión de asuntos de interés social.
El Proyecto de Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares, presentado el 2 de abril por la vicepresidenta Delcy Rodríguez ante la AN, inició el proceso de consulta pública, e incluye penas de prisión de hasta 12 años, inhabilitaciones políticas, sanciones administrativas y disolución de organizaciones sociales.
Es preocupante que esta normativa aplique regulaciones a los medios de comunicación fundamentadas en definiciones vagas de los términos “fascismo”, “neofascismo” y “expresiones similares”. Esto aumentaría el clima de censura para evitar represalias por ejercer la libertad de expresión. Asimismo, la imprecisión de las definiciones permitiría que dicha ley se aplique de manera arbitraria.
IPYS Venezuela rechaza la implementación de las denominadas ley Libertador, ley contra el fascismo y ley contra las ONG, pues tendrían un impacto profundamente negativo en el ejercicio de derechos en Venezuela y, en ese sentido, debilitarían la democracia en el país.
Bloqueos
En el espacio digital, el derecho al acceso a la información ha estado restringido por el aumento de bloqueos de sitios web de medios de comunicación. Durante 2024, IPYS Venezuela verificó que los principales proveedores de internet en el país bloquearon el acceso a 39 portales informativos y otras plataformas de interés colectivo.
De acuerdo con el reporte de derechos digitales 2023 de IPYS Venezuela, Algoritmos del Silencio, ese año hubo tres bloqueos a medios de comunicación registrados, que para entonces se sumaban a 43 sitios web que permanecen con restricciones de acceso en Venezuela.
Del total, 35 de los bloqueos reportados entre enero y el 10 de diciembre de 2024 (86,15%) ocurrieron a partir del 4 de julio, día de inicio de la campaña electoral para los comicios presidenciales. Durante la campaña, que se extendió hasta el 25 de julio, se registraron 12 restricciones que afectaron a los medios de comunicación TalCual, El Estímulo, Analítica y Runrun.es; las organizaciones EsPaja, IPYS Venezuela, Cazadores de Fake News, el Observatorio Venezolano de Fake News, Espacio Público, Medianálisis y Ve sin Filtro; y el sitio web del servicio de VPN de Proton VPN.
Desde el 8 de agosto permanece bloqueado el acceso a la red social X (antes Twitter) por la operadora estatal Cantv y seis proveedores privados. Esta restricción empezó a aplicarse minutos después de que Nicolás Maduro anunciara que firmó una propuesta hecha por la Conatel para sacar a X de Venezuela durante 10 días “para que ellos [la empresa] presenten sus recaudos”.
Con un ecosistema de medios tradicionales desmantelado, el aumento de las restricciones contra los medios digitales disminuye la posibilidad de acceder a información procesada periodísticamente. En un contexto electoral, los bloqueos de plataformas de difusión de noticias y organizaciones de la sociedad civil dificulta que la población tome decisiones fundamentadas.
Recomendaciones y estrategias de acción
La hostilidad contra la prensa en Venezuela constituye una política de Estado sistemática, que se ha profundizado y consolidado a lo largo de los últimos 25 años. Sin embargo, durante 2024 los ataques alcanzaron extremos nunca antes vistos.
Con suficiente fundamento, Naciones Unidas ha advertido que Venezuela atraviesa la peor crisis de derechos humanos de América Latina y el Caribe, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que en el país se aplican prácticas de terrorismo de Estado.
Un mayor debilitamiento de las libertades informativas en Venezuela implica mayores desafíos para el ejercicio del periodismo.
IPYS Venezuela destaca que, a pesar de la inclemente persecución a medios y periodistas, en Venezuela se sigue haciendo periodismo de valor, lo cual demuestra el compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos de profesionales resilientes.
En este contexto tan retador, IPYS Venezuela plantea las siguientes líneas de acción:
1.- Los derechos humanos son irrenunciables. Las exigencias de respeto y protección de la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública se deben mantener conforme a los estándares más favorables de protección. Sin embargo, frente a la actuación articulada de las instituciones estatales contra la prensa independiente y la profundización del autoritarismo en Venezuela, es conveniente reforzar las denuncias ante interlocutores internacionales que puedan elevar el costo de la represión.
La promoción y defensa de los derechos humanos no admite limitaciones derivadas de fronteras geográficas ni interpretaciones acomodaticias de la noción de soberanía nacional. El derecho a defender derechos se ejerce legítimamente en cualquier ámbito y, en ese sentido, puede ser útil fortalecer el debate sobre lo que ocurre en Venezuela ante las instancias de los sistemas de protección de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil de otros países y las que están aliadas regionalmente, así como ante las autoridades de los gobiernos democráticos.
2.- El periodismo venezolano necesita una sociedad que lo acompañe. Los medios, periodistas y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de la libertad de expresión deben hacer sinergia en defensa de las libertades democráticas.
Mediante narrativas creativas y amigables, es necesario incluir en la conversación pública la importancia del periodismo en una sociedad democrática, sobre todo en el entorno de las redes sociales, que constituyen la fuente de información más habitual de la población venezolana, en vista del debilitamiento del ecosistema de medios de comunicación tradicionales en el país.
Es conveniente destacar la utilidad de la información periodística confiable y verificada para que la ciudadanía, individual y colectivamente, pueda participar en asuntos públicos e incidir en las decisiones de los actores estatales y no estatales que afectan el ejercicio de sus derechos y, en definitiva, su calidad de vida.
3.- Lugares de encuentro y diálogo. Los medios de comunicación y los periodistas deben procurar espacios de reflexión sobre las mejores prácticas para ejercer la profesión de manera ética y responsable, particularmente en contextos adversos como el que existe en Venezuela. La rigurosidad en la verificación de cada dato, la escucha activa de las necesidades de las personas, así como el respeto a los y las protagonistas de cada relato blindan y legitiman el trabajo periodístico.
4.- Formación en derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los gremios están llamados a contribuir a fortalecer la formación permanente en derechos humanos de los y las trabajadores de la prensa venezolanos. Es necesario reforzar la identidad persona periodista-defensora de derechos humanos, para reafirmar la vocación de servicio de los y las trabajadores de la prensa y su compromiso con la democracia.
5.- A necesidades diferentes, protección diferenciada. Es necesario mapear riesgos con un enfoque interseccional, que permita atender las particularidades del ejercicio del periodismo en Venezuela según variables como género, condición laboral y ubicación geográfica.
6.- Sin seguridad no hay sostenibilidad. Los periodistas deben adquirir herramientas para cuidarse mutuamente. Además de la seguridad física y digital, el incremento de la persecución contra la prensa independiente en Venezuela amerita dedicar mayores esfuerzos a la seguridad psicosocial y a la seguridad legal.
La seguridad psicosocial de los y las periodistas comienza con el autocuidado y el fortalecimiento de la resiliencia. Los trabajadores de la prensa deben adquirir herramientas, para admitir vulnerabilidades, identificar eventuales alteraciones de la salud mental y solicitar ayuda profesional en caso de que sea necesario.
La seguridad legal implica una edición minuciosa de cada contenido periodístico en atención a las leyes y reglamentos que restringen la libertad de expresión, el derecho a la información y el derecho de acceso a la información pública en Venezuela. Se trata de un análisis prospectivo de los riesgos asociados al hostigamiento judicial.
Los requerimientos de seguridad en contextos adversos, como el que existe en Venezuela, se extienden a las fuentes de información, que también pueden ser víctimas de persecución y sufrir represalias por contribuir con medios de comunicación o periodistas. Los y las periodistas deben hacer un exhaustivo análisis de riesgos con cada informante e, incluso, advertir riesgos que el informante no considere. Una buena práctica es el consentimiento informado; solicitarlo y no darlo por sobreentendido.
7.- Estrategias para vencer la censura. El periodismo colaborativo con apoyo internacional le plantó cara al cerco informativo que el oficialismo quiso imponer en torno a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Quedó demostrado que en unión los y las periodistas son más eficaces ante el desafío de revelar lo que el poder quiere ocultar. Es necesario fortalecer las alianzas entre medios y entre periodistas e incluir a profesionales de diversas disciplinas que permitan, por ejemplo, contrarrestar la desinformación.
Nicolás Maduro pidió este martes la creación de cuerpos armados de campesinos y pescadores, con el objetivo de “combatir” en Venezuela en caso de “ser necesario”.
Durante una transmisión, pidió al MG Orlando Ramón Romero dar “un paso más allá” para conformar milicias junto a los mencionados cuerpos armados.
“Yo quiero que demos un paso más allá, mucho más allá. Mayor General Comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, tenemos que avanzar mucho más allá en la creación de la Milicia Nacional campesina, la Milicia Nacional de pescadores y los Cuerpos Combatientes Armados de campesinos, campesinas, pescadores y pescadoras. ¿Quiénes están dispuestos a combatir por su patria? ¡Alerta! ¿A dónde está la Milicia Nacional?”, expresó Maduro.
El dirigente político y activista de derechos humanos, Jesús Armas, ha sido reportado como desaparecido tras ser presuntamente secuestrado por individuos encapuchados en Caracas. Este incidente se suma a una serie de actos similares atribuidos al régimen de Nicolás Maduro, quien, según diversas organizaciones, ha intensificado la persecución de opositores en el contexto electoral de 2024.
La ONG Ciudadanía Sin Límites, de la que Armas es director, confirmó su detención y expresó que no se conoce su paradero hasta el momento, destacando la gravedad de la situación para los defensores de derechos humanos en el país.
La líder opositora María Corina Machado expresó su rechazo ante el secuestro de Armas, calificándolo como un acto del régimen. Según Machado, “Jesús Armas, miembro del Comando Con VZLA en Caracas fue secuestrado esta noche por agentes del régimen. Es un joven líder, valiente y comprometido con la democracia y la Libertad de Venezuela. Esto es un delito para la tiranía. No descansaremos hasta liberarlo a él y a todos los venezolanos”. Este tipo de detenciones se describen como estrategias del gobierno para silenciar las voces críticas.
Rodrigo Diamantini, en su cuenta de la red social X, proporcionó información sobre el suceso. Diamantini indicó: “#SOSVenezuela El activista de Derechos Humanos y líder social @jesusarmasccs fue secuestrado hoy por el régimen de Nicolás Maduro. Testigos vieron cuando 6 encapuchados lo metieron a la fuerza en una camioneta Fortuner Plateada hoy a las 9 pm en Caracas. #Difundir”. Este testimonio se alinea con otras versiones que describen la situación, subrayando la presión ejercida sobre los opositores al régimen en medio de las tensiones políticas.
El reportero Jesús Medina también brindó detalles del lugar del secuestro, afirmando que el hecho ocurrió en una pastelería de Las Mercedes, en el municipio Baruta, a plena vista de los presentes. Este relato refuerza la percepción de que tales actos se realizan de manera abierta y con impunidad, lo que añade un nivel de intimidación pública.
En este contexto, organismos como el Comité por la Liberación de los Presos Políticos y Realidad Helicoide emitieron comunicados en sus redes sociales sobre la detención de Armas. “Sujetos encapuchados secuestran al dirigente político, Jesús Armas, cuando se encontraba esta noche #10Dic, en Las Mercedes, Caracas, #Venezuela. Se desconoce su paradero”, aseguró Clippve en su cuenta.
Por su parte, Realidad Helicoide añadió: “Su detención es un claro ejemplo de la represión y persecución del régimen de Nicolás Maduro contra la disidencia. A Maduro le decimos que esto solo demuestra lo débil que es”.
La situación de Jesús Armas refleja una escalada de tensión política en Venezuela, donde las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas han sido señaladas como tácticas del estado para controlar y amedrentar a los opositores. En el actual clima de represión, el paradero de Armas permanece desconocido hasta las 22:30 horas, según información de las organizaciones mencionadas.
El exconcejal ha jugado un papel destacado en la defensa de los derechos de los presos políticos y en la organización de movimientos comunitarios en Caracas. Su participación activa en protestas y su asociación con los familiares de los detenidos lo ha convertido en una figura visible de resistencia frente al régimen, un hecho que aparentemente lo colocó en peligro.
Con el escenario pre y post-electoral en Venezuela, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos continúan vigilantes ante los acontecimientos que confirman la hostilidad del régimen hacia la oposición. La desaparición de Armas no es un caso aislado, sino una pieza más dentro de la desafiante dinámica entre el gobierno venezolano y aquellos que exigen libertades democráticas.
Con información de María Corina Machado en su cuenta de X, Rodrigo Diamantini, el reportero gráfico Jesús Medina, Clippve, Realidad Helicoide y el Comité por la Liberación de los Presos Políticos.
