La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) condenó este lunes a Venezuela por violar los derechos políticos del excandidato presidencial Henrique Capriles durante el proceso electoral de 2013, lo que incluyó la negación a una auditoría de votos y el “uso abusivo del aparato estatal” en favor del entonces “presidente encargado” Nicolás Maduro.

EFE

El Estado es responsable por violaciones a los derechos políticos, garantías judiciales, protección judicial, libertad de expresión, y el derecho a la defensa, dijo la presidenta de la Corte-IDH, Nancy Hernández, en un acto de notificación de la sentencia a las partes, transmitido por las redes sociales, para el cual el Estado venezolano no acreditó representantes.

Capriles obtuvo 49,12% de los votos contra el 50,61% de Maduro, según los resultados anunciados entonces por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, en una contienda electoral que estuvo precedida por la muerte del expresidente Hugo Chávez Frías el 5 de marzo de 2013, tras lo cual, Maduro, quien fue vicepresidente ejecutivo, ejerció como “presidente encargado”.

“La Corte constató que el proceso electoral tuvo lugar en un contexto progresivo de deterioro de la separación de poderes en Venezuela y de la independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia”, afirmó la jueza Hernández.

La jueza también explicó que la Corte-IDH “acreditó la existencia de un uso abusivo del aparato del Estado durante el proceso electoral que favoreció al candidato oficial Nicolás Maduro y afectó la integridad del proceso electoral y los derechos políticos del señor Capriles y de sus electores”.

La Corte-IDH ordena tomar medidas para dejar sin efecto la multa a Capriles

La sentencia señala que durante la campaña hubo uso de medios de comunicación públicos, declaraciones y movilizaciones de funcionarios del Estado, presiones indebidas, y uso de recursos públicos para la cobertura y promoción de Nicolás Maduro, y que las autoridades judiciales rechazaron más de 300 denuncias de irregularidades presentadas por Capriles.

“La actuación del Estado constituyó un abandono de los principios fundamentales del Estado de derecho en tanto desconoció las reglas previstas en el derecho interno para limitar el poder y hacer posible el juego democrático, y permitió el uso del aparato del Estado para favorecer al candidato oficial antes, durante y después de la elección”, manifestó Hernández.

Los jueces señalaron que “la afectación a la integridad del proceso electoral, y la falta de equidad en este, afectó el derecho de los electores venezolanos a elegir libremente a sus gobernantes”.

La Corte-IDH también determinó que una multa impuesta por las autoridades venezolanas a Capriles tras presentar recursos para la revisión de votos, constituyó una violación al derecho a la libertad de expresión y de pensamiento.

En la sentencia, el tribunal internacional ordenó al Estado venezolano tomar las medidas necesarias para dejar sin efecto la multa a Capriles.

La Corte-IDH también ordenó al Estado “adoptar medidas para garantizar la integridad de los procesos electorales” y para “garantizar la posibilidad de verificación de resultados electorales”.

Otra orden del tribunal es la de “facilitar el acceso libre y equitativo de los candidatos a los medios de comunicación” públicos y de alcance general y medidas para garantizar la independencia del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia.

Kash Patel, elegido por Donald Trump para dirigir el FBI y ferviente partidario del presidente electo, ha prometido ayudar a desmantelar la misma organización que se dispone a dirigir.

CNN

El exabogado de oficio es considerado una figura controvertida, cuyo valor para el presidente electo deriva en gran medida del desdén que comparten por el poder establecido en Washington.

Ponerle al frente del FBI exigiría forzar la salida del actual director, Christopher Wray, nombrado por Trump en 2017, antes de que expire su mandato de 10 años dentro de tres años, una posible medida que ya ha suscitado críticas bipartidistas.

El director del FBI también debe ser confirmado por el Senado, donde los miembros ya se están preparando para ver cómo van a navegar por una serie de selecciones poco ortodoxas de Trump.

Hasta finales de la semana pasada, algunas personas cercanas a Trump creían que la elección para el FBI era un “cara o cruz” entre Patel y el fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, según una fuente familiarizada con las discusiones.

Sin embargo, algunos en el círculo íntimo de Trump no estaban contentos con ninguna de las dos opciones, dijo la fuente, añadiendo que un tercer candidato desconocido probablemente habría surgido en la próxima semana o dos si Trump no hubiera tomado una decisión para entonces.

Patel, en particular, no es visto como una opción de consenso, dijo la fuente, señalando que siempre iba a reducirse a lo que Trump quería y, potencialmente, a la última persona que habló con un día determinado.

La promesa de enfrentarse al “Estado profundo”

En su libro de 2023, “Government Gangsters: The Deep State, the Truth, and the Battle for Our Democracy”, Patel expone sus argumentos contra lo que él denomina “el Estado profundo” —un término amorfo que, según él, incluye a dirigentes electos, periodistas, magnates de las grandes empresas tecnológicas y “miembros de la burocracia no electa”— y pide “una limpieza exhaustiva” del Departamento de Justicia que, según él, ha protegido a altos cargos del Partido Demócrata mientras perseguía injustamente a los republicanos y sus aliados.

Trump ha elogiado el libro como un “plan para recuperar la Casa Blanca y expulsar a estos gángsters de todo el Gobierno”, según los mensajes promocionales del libro.

Patel ha criticado duramente al FBI, y en una entrevista en un podcast en septiembre pidió que la sede de la agencia en Washington fuera desmantelada y convertida en un “museo del Estado profundo”.

“La huella del FBI se ha vuelto tan jo****mente grande”, dijo Patel en el programa “Shawn Ryan Show”, criticando la operación de recopilación de inteligencia de la agencia.

Durante la entrevista, Patel también ridiculizó al FBI por su orden de registro de 2022 de la residencia de Trump en Mar-a-Lago, Florida, que llevó a la presentación de cargos contra el expresidente por retener documentos clasificados. El juez que supervisaba ese caso finalmente desestimó los cargos contra Trump tras determinar que el fiscal especial había sido nombrado ilegalmente.

En una entrevista de 2023 con Steve Bannon, un exasesor de Trump, Patel dijo que el Departamento de Justicia bajo el Gobierno de Trump “iría tras” miembros de los medios de comunicación.

“Tenemos que poner en el Departamento de Justicia a patriotas estadounidenses de arriba a abajo”, dijo Patel y agregó que bajo la administración de Trump el Gobierno “saldrá y encontrará a los conspiradores, no solo en el gobierno sino en los medios de comunicación”.

“Sí, vamos a ir a por la gente de los medios que mintió sobre los ciudadanos estadounidenses, que ayudó a Joe Biden a amañar las elecciones presidenciales: vamos a ir a por ustedes”, dijo.

Cuando Trump, durante su primer mandato, supuestamente consideró nombrar a Patel subdirector del FBI, el exsecretario de Justicia Bill Barr escribió en sus memorias que Patel “no tenía prácticamente ninguna experiencia que lo calificara para servir al más alto nivel de la agencia policial preeminente del mundo”, y agregó que Patel se convertiría en el número 2 del FBI “por encima de su cadáver”.

Ascenso a Washington

Patel, que se define a sí mismo como neoyorquino de nacimiento, fue educado en el hinduismo por sus padres inmigrantes, según cuenta en su libro. Escribió que creció siendo apolítico, pero que se hizo más de derechas durante sus estudios en la Universidad de Richmond. Esto, escribió, hizo que su eventual carrera como defensor público fuera un “ajuste extraño” y describió a sus colegas en ese campo como “la extrema izquierda de la izquierda”.

Patel se licenció en la Facultad de Derecho de la Universidad de Pace en 2005 y, según su libro, trabajó durante unos nueve años como abogado de oficio en Florida. Pasó temporadas en la oficina del defensor público en el condado de Miami-Dade y en el Distrito Sur de Florida.

Patel luego pasó a trabajar como fiscal federal en la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, según su libro. Lo calificó de “trabajo de ensueño” para cualquier abogado joven.

En el Departamento de Justicia, Patel supervisó el procesamiento de delincuentes vinculados a Al Qaeda, ISIS y otros grupos terroristas, según un perfil del Departamento de Defensa. También actuó como oficial de enlace del departamento con el Mando Conjunto de Operaciones Especiales durante operaciones contra “objetivos terroristas de alto valor”.

Patel ha afirmado ser el “fiscal principal” en el caso del Departamento de Justicia contra los autores del ataque de 2012 a un complejo diplomático estadounidense en Bengasi (Libia), en el que murieron cuatro estadounidenses. Pero The New York Times informó en octubre que Patel era un funcionario subalterno en ese momento y no formaba parte del equipo del juicio.

En 2018, Patel pasó a trabajar como ayudante del representante Devin Nunes, el principal republicano en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes en ese momento. Patel desempeñó un papel clave en los esfuerzos de Nunes para desacreditar la investigación del FBI sobre Rusia en la campaña de Trump, incluido un polémico memorando clasificado que alegaba abusos del FBI en las órdenes de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera sobre asesores de Trump.

Incorporación a la administración de Trump

En 2019, Patel pasó a trabajar para Trump en el Consejo de Seguridad Nacional antes de convertirse en jefe de gabinete del secretario de Defensa interino, Christopher Miller, hacia el final del primer mandato de Trump. Trump hizo que se hablara brevemente de Patel como posible reemplazo de la entonces directora de la CIA, Gina Haspel, a quien había considerado despedir después de las elecciones de 2020. Patel también estuvo a cargo de la transición del Pentágono durante el primer mandato de Trump, supervisando la coordinación con la administración entrante de Biden-Harris.

Patel también se vio envuelto en el caso de los documentos clasificados contra Trump, que ahora ha sido desestimado. Durante el verano de 2022, se convirtió en una de las personas designadas por Trump para interactuar con los Archivos Nacionales y el Departamento de Justicia cuando ambos organismos trataron de recuperar los registros clasificados que Trump había guardado de su presidencia. Patel era uno de un puñado de asesores del entorno de Trump que podían tener riesgos legales relacionados con la situación de Mar-a-Lago, según informó entonces CNN, y compareció ante el jurado investigador que tenía el caso. Patel no fue acusado.

En 2021, también se reunió con la comisión de la Cámara de Representantes que investigaba el ataque del 6 de enero en el Capitolio, que en aquel momento consideró que “hay razones de peso para creer” que Patel tenía información importante sobre cómo el Departamento de Defensa y la Casa Blanca se prepararon y respondieron al ataque.

En una declaración de entonces, Patel dijo que había comparecido ante el panel “para responder a las preguntas lo mejor que pueda”.

Después de Trump: libros infantiles y fundaciones

Patel, considerado incluso entre los leales a Trump como promotor de sí mismo implacable, ha utilizado su aparente cercanía con el presidente electo para sostener su imagen pública a través de libros y cargos en fundaciones y think tanks.

Desde el primer gobierno de Trump, Patel ha escrito una trilogía de libros infantiles titulada “The Plot Against the King”. El primer libro cuenta la historia de “Hillary Queenton y su astuto caballero”, quienes “difundieron mentiras de que el rey Donald había hecho trampas para convertirse en rey”. El segundo cuenta la historia de la “búsqueda de la verdad y el descubrimiento de pruebas de un terrible plan para elegir a Sleepy Joe en lugar del rey Donald el día de la elección”. Y su último libro, publicado en septiembre, cuenta la historia del “rey MAGA” en un viaje para “acabar con Comma-la-la-la y reclamar su trono”.

Patel fundó Fight With Kash —ahora Kash Foundation—, que se “dedica a proporcionar ayuda financiera a miembros en servicio activo y veteranos, fondos de defensa legal y programas educativos”, según la organización.

Patel —y su fundación— fueron objeto de escrutinio el año pasado después de que dos de los testigos del presidente republicano de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan, dijeran que Patel había pagado sus honorarios legales en su misión de demostrar que el gobierno federal ha sido “convertido en un arma” contra los conservadores.

Según su fundación, Kash también forma parte del consejo de administración de Trump Media Technology Group, la empresa matriz de la plataforma de redes sociales de Trump, Truth Social.

Kash también ha sido miembro sénior de seguridad nacional e inteligencia en el Centro para la Renovación de Estados Unidis, un think tank fundado por Russell Vought, elegido por Trump para dirigir la Oficina de Gestión y Presupuesto y uno de los autores clave del conservador Proyecto 2025.

Desde la condena de Hunter Biden por delitos federales relacionados con armas e impuestos durante el verano, la Casa Blanca ha insistido en que el presidente Joe Biden no tenía intención de indultar a su hijo.

BBC

Pero el domingo, el presidente emitió un polémico indulto general, diciendo que su hijo había sido objeto de ataques por parte de sus rivales políticos.

Los republicanos se apresuraron a denunciar la medida, citando las promesas anteriores de Biden de no intervenir en favor de Hunter. La medida también ha puesto de relieve el papel de los indultos presidenciales y la independencia del sistema judicial estadounidense.

El presidente electo Donald Trump calificó la intervención de “abuso”, mientras que el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, acusó al presidente Biden de intentar “evitar la rendición de cuentas”.

¿Biden descartó el indulto?

Hunter Biden se declaró culpable en dos juicios separados durante el verano: uno por cargos de impuestos federales y otro por mentir sobre su consumo de drogas en un formulario al comprar un arma.

Tras su condena, la Casa Blanca dejó inmediatamente claro que no podía esperar un indulto presidencial de su padre.

En una entrevista con ABC en junio, cuando se le preguntó si había “descartado un indulto” para su hijo, Biden respondió: “Sí”.

Biden también dijo a los periodistas en una cumbre del G7 en junio: «Dije que acataría la decisión del jurado y lo haré. Y no lo indultaré».

Tan solo el 7 de noviembre, apenas dos días después de que Donald Trump asegurara su regreso a la Casa Blanca, los funcionarios de la administración Biden todavía insistían en que el presidente no tenía intención de indultar a su hijo.

Cuando se le preguntó en una conferencia de prensa si el presidente Biden estaría tentado a ayudar a Hunter, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo: «Nos han hecho esa pregunta varias veces, nuestra respuesta se mantiene, que es no».

Biden también enfatizó en junio que estaba “satisfecho” de que su hijo había recibido un juicio justo, en contraste con sus comentarios del domingo donde dijo que Hunter había sido objeto de “un error judicial”.

¿Existe un precedente para la medida de Biden?

Los indultos presidenciales no son raros y ha habido ejemplos de presidentes anteriores que indultaron a miembros de su familia.

En enero de 2001, justo antes de dejar el cargo, Bill Clinton indultó a su medio hermano por condenas por distribución de drogas que se remontan a 1985.

Y Donald Trump indultó en diciembre de 2020 a Charles Kushner, el padre de su yerno Jared Kushner, por hacer declaraciones falsas durante una investigación, manipulación de testigos y evasión fiscal.

Durante el fin de semana, el presidente electo nombró a Charles Kushner como su candidato para ser embajador de Estados Unidos en Francia , una decisión que generó sorpresa en París.

Pero el indulto de Hunter Biden difiere de los ejemplos anteriores en varios aspectos; el más notable es que un presidente nunca antes ha indultado a su propio hijo.

La duración del indulto concedido por el presidente Biden también ha sido objeto de cierto escrutinio. El indulto de Hunter Biden cubre todos los delitos cometidos por su hijo durante un período de casi 11 años, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 1 de diciembre de 2024.

Jeffrey Crouch, profesor adjunto de política en la American University, dijo a la BBC que «es muy inusual tener un indulto presidencial que cubra un período de tiempo tan amplio».

Otro factor distintivo es que Hunter Biden aún no ha sido sentenciado y deberá comparecer ante el tribunal a finales de este mes. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, es “muy inusual” que un presidente indulte a alguien antes de que sea sentenciado por un delito federal.

Jeffrey Crouch dijo a la BBC que los funcionarios normalmente recomiendan un período de espera de cinco años antes de solicitar un indulto.

Sin embargo, esta medida no es inédita. Por ejemplo, en 2017, Donald Trump indultó al ex sheriff de Arizona Joe Arpaio (condenado por desacato criminal) antes de que fuera sentenciado.

¿Qué ha dicho Biden sobre los indultos anteriores de Trump?

Biden ha sido franco al atacar algunos de los indultos que emitió su predecesor durante su primer mandato.

En 2019, Biden atacó a Trump por indultar a dos oficiales del ejército estadounidense (uno de los cuales había sido condenado y otro iba a ser juzgado) por crímenes de guerra en Afganistán.

Biden dijo que el entonces presidente había traicionado “el estado de derecho, los valores que hacen que nuestro país sea excepcional y a los hombres y mujeres que visten el uniforme con honor”.

Más tarde, en 2020, cuando Trump conmutó la sentencia de su asesor informal Roger Stone, Biden calificó a su rival como “el presidente más corrupto de la historia moderna de Estados Unidos”.

En términos más generales, durante su campaña de 2020, Biden acusó a Trump de socavar la oficina del fiscal general y politizarla.

«El fiscal general no es el abogado del presidente. Es el abogado del pueblo», dijo Biden. «Nunca habíamos visto nada parecido a la prostitución de ese cargo que vemos hoy».

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emitió un indulto presidencial para su hijo Hunter, quien enfrentaba una sentencia por dos casos penales.

BBC

La medida ha sido polémica, ya que el presidente saliente había descartado previamente tal medida, pero afirmó que los casos contra su hijo tenían motivaciones políticas.

Su uso de sus poderes de indulto continúa una tradición de presidentes de ambos lados de la división política estadounidense de conceder clemencia a personas cercanas a ellos.

¿Qué hizo Hunter Biden?

Hunter Biden estaba esperando la sentencia a finales de este mes en dos casos federales.

En junio, se convirtió en el primer hijo de un presidente estadounidense en funciones en ser condenado penalmente, en un caso relacionado con su posesión de armas . Un jurado de Delaware lo declaró culpable de tres cargos por mentir sobre su consumo de drogas en un formulario al comprar una pistola.

También estaba esperando la sentencia tras declararse culpable en septiembre en un caso fiscal federal que se centraba en si había pagado suficientes impuestos entre 2016 y 2019. Los nueve cargos incluían no presentar y pagar sus impuestos, evasión fiscal y presentación de una declaración falsa.

Enfrentaba hasta 25 años de prisión en el caso de las armas y 17 años en el caso de los impuestos, aunque probablemente recibiría aranceles mucho más cortos y tendría que cumplir las dos sentencias simultáneamente, dijeron los expertos al New York Times.

¿Qué es un indulto presidencial?

La Constitución de Estados Unidos decreta que un presidente tiene el amplio «poder de conceder indultos y concesiones por delitos contra los Estados Unidos, excepto en casos de juicio político».

En este caso, el «indulto total e incondicional» del presidente es inusualmente amplio.

Cubre cualquier posible delito federal que el joven Biden pueda haber cometido durante un período de más de 10 años desde enero de 2014 hasta diciembre de 2024.

Eso abarca un período más allá de los delitos fiscales y de armas de Hunter Biden y se remonta al año en que se unió a la junta directiva de Burisma, una empresa de energía ucraniana, mientras que su padre, entonces vicepresidente de Estados Unidos, tenía un papel clave en la política estadounidense hacia Kiev.

La redacción del indulto también deja claro que cubre cualquier delito que el joven Biden «haya cometido o pueda haber cometido».

El indulto representa un perdón legal, pone fin a cualquier castigo posterior y restablece derechos como el de poder votar o postularse a un cargo público.

Aunque se considera que el poder de indulto es amplio, no es ilimitado. Por ejemplo, un presidente solo puede conceder indultos por delitos federales ( a nivel nacional ).

La cuestión es relevante porque hay un interrogante sobre la sentencia que se impondrá a Trump en el caso de sobornos en Nueva York. No podrá indultarse a sí mismo en ese caso a nivel estatal cuando regrese a la Casa Blanca en enero.

¿Cuántos indultos han concedido otros presidentes?

Existe un precedente de larga data de presidentes estadounidenses de ambos partidos que han otorgado indultos, incluso a personas cercanas a ellos. Este es el 26.º indulto otorgado por Biden , un demócrata.

En 2020, el republicano Trump indultó a Charles Kushner, suegro de su hija Ivanka. Kushner fue sentenciado a dos años de prisión en 2004 por cargos que incluían evasión fiscal, delitos de financiación de campañas y manipulación de testigos.

Y en 2001, Bill Clinton indultó a su medio hermano menor, Roger Clinton, por un delito relacionado con la cocaína que se remonta a 1985.

En ambos casos, los indultos se otorgaron a personas que ya habían cumplido una condena. La intervención del presidente Biden en el caso de su hijo se produce antes de la sentencia.

Según el Pew Research Center, Trump concedió 237 actos de clemencia durante sus cuatro años en la Casa Blanca, incluidos 143 indultos y 94 sentencias conmutadas. Muchos de ellos se produjeron antes de que dejara el cargo.

Esa cifra es significativamente menor que la de su predecesor, Barack Obama , quien durante sus ocho años de mandato concedió 1.927 actos de clemencia, según Pew. Se trata de 1.715 conmutaciones y 212 indultos.

La mayoría de quienes recibieron clemencia ejecutiva bajo el gobierno de Obama habían sido condenados por cargos de narcóticos en el apogeo de la llamada guerra estadounidense contra las drogas.

Uno de los indultos presidenciales más controvertidos fue el que Gerald Ford concedió a su predecesor Richard Nixon en 1974, en el que se contemplaban los actos ocurridos durante el escándalo Watergate. Se lo describió como un esfuerzo por sanar la situación de la nación.

¿Qué han dicho Biden y Trump sobre los indultos?

Al día siguiente de asumir el cargo en 2021, Biden enfatizó que haría las cosas de manera diferente a Trump. Su secretario de prensa dijo a los periodistas que la oleada de indultos de último minuto emitidos por Trump «no era un modelo… de cómo el presidente Biden usaría su propio poder. Usaría su propio poder de manera mucho más juiciosa».

Biden dijo después de la condena de su hijo que no concedería el indulto. En el comunicado en el que anunció su cambio de postura, reconoció que se había comprometido a «no interferir en la toma de decisiones del Departamento de Justicia», pero dijo que el hijo de Biden había sido «señalado» y sometido a un «error judicial».

Trump se encuentra entre los que han atacado a Biden por la medida, calificándola de «abuso».

El presidente entrante preguntó si Biden también indultaría a sus partidarios que fueron procesados ​​por los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Trump, quien enfrentó una serie de problemas legales mientras estuvo fuera de la Casa Blanca, ha afirmado repetidamente que el sistema de justicia estadounidense ha sido utilizado como arma contra él y sus partidarios.

Ha prometido conceder indultos a quienes se amotinaron en Washington, pero aún no se sabe exactamente a quién se concederá el indulto ni si se extenderá a quienes hayan sido condenados por los delitos más graves y violentos.