Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

La próxima comparecencia judicial de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores ante un tribunal federal de Nueva York se aplazó del 17 al 26 de marzo, según documentos judiciales presentados este martes. La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York atribuyó el cambio de fecha a “problemas de agenda y logísticos”, sin ofrecer detalles adicionales en la solicitud, que fue aceptada tanto por la defensa como por el juez Alvin Hellerstein.

Infobae

El abogado de Maduro, Barry Pollack, no respondió a las solicitudes de comentarios de la agencia AFP. Pollack, conocido por haber representado al fundador de WikiLeaks Julian Assange, lidera la defensa del exmandatario venezolano en este caso de narcotráfico que podría resultar en cadena perpetua.

Maduro, de 63 años, compareció por primera vez ante la justicia estadounidense el 5 de enero, dos días después de su captura durante un operativo militar de Estados Unidos en Caracas. En esa audiencia inicial se declaró inocente de los cargos de tráfico de drogas y afirmó categóricamente que es un “prisionero de guerra” y que continúa siendo “el presidente constitucional de Venezuela”. Su esposa Flores, de 69 años, también se declaró inocente.

La acusación formal incluye cuatro cargos: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas de guerra. El documento de 25 páginas presentado por el Departamento de Justicia alega que ambos “se asociaron con narcotraficantes y grupos narcoterroristas” para enviar “miles de toneladas de cocaína” hacia territorio estadounidense a través de puntos de transbordo en el Caribe y Centroamérica.

Según la acusación, Maduro y Flores formaron parte del llamado Cártel de los Soles, una estructura de narcotráfico vinculada a altos funcionarios militares venezolanos. La fiscalía sostiene que esta red criminal operó durante más de 25 años bajo la protección de instituciones estatales.

El fiscal federal Jay Clayton explicó que el aplazamiento es necesario para permitir que la fiscalía “produzca el descubrimiento de pruebas” y que la defensa tenga “una oportunidad adecuada de revisarlas” antes de presentar mociones previas al juicio. Este intercambio de evidencias será crucial para determinar el curso del proceso.

Durante la audiencia del 5 de enero, tanto Maduro como Flores mostraron evidencias físicas de su captura. Flores presentó un moratón en el ojo derecho y vendajes en la frente, mientras que sus abogados solicitaron atención médica por posibles fracturas en las costillas.

Maduro gobernó Venezuela desde marzo de 2013 hasta enero de 2026. Tras su captura, el poder fue asumido por Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidenta desde 2018. El Tribunal Supremo de Justicia venezolano ordenó que Rodríguez asumiera “en condición de encargada” todas las atribuciones presidenciales, sin declarar la falta absoluta de Maduro.

El caso judicial contra Maduro enfrenta numerosos desafíos legales. Su equipo de defensa ha anticipado que impugnará la legalidad de su detención, argumentando que goza de inmunidad soberana como ex jefe de Estado. Esta estrategia defensiva tiene precedentes: el ex dictador panameño Manuel Noriega utilizó el mismo argumento sin éxito tras ser capturado en una invasión militar estadounidense similar en 1990. Noriega fue condenado y cumplió 17 años de prisión en Estados Unidos.

La audiencia del 26 de marzo será fundamental para definir el rumbo del proceso. Si bien la defensa mantiene que la detención de Maduro fue ilegal, la fiscalía prepara un caso que, de prosperar, podría derivar en una condena a cadena perpetua para ambos acusados. A sus 63 años, Maduro podría pasar el resto de su vida en prisión si es declarado culpable. Mientras tanto, Venezuela transita una realineación política incierta.

El primer vuelo de la aerolínea española Air Europa aterrizó la noche del martes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Caracas y marcó la reanudación de las operaciones entre España y Venezuela tras casi tres meses de suspensión.

AFP

El avión, un Boeing 787-9 Dreamliner, partió del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y llegó al país sudamericano cerca de las 21:00 hora local, según registros de seguimiento de vuelos. Se trata del primer arribo de una aeronave procedente de Europa desde la interrupción de conexiones aéreas en noviembre.

La compañía del grupo Globalia se convirtió en la primera aerolínea española en retomar la ruta, por delante de Plus Ultra, que prevé reiniciar sus operaciones a principios de marzo, y de Iberia, que evalúa las condiciones de seguridad antes de anunciar una fecha para su regreso.

Air Europa reactivará su programación de forma gradual. En febrero operará tres vuelos semanales entre Madrid y Caracas los martes, viernes y domingos, en fechas específicas como el 17, 20, 22, 24 y 27. En marzo aumentará la frecuencia a cuatro vuelos semanales durante las tres primeras semanas y luego a cinco. La empresa informó que comunicará cualquier cambio “a través de sus canales habituales”.

La reanudación del tráfico aéreo entre España y Venezuela se produce tras el levantamiento de restricciones que afectaron la conectividad desde finales de noviembre. En ese período, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y su homóloga europea, la Agencia Europea de Seguridad Aérea, recomendaron evitar vuelos hacia el país por cuestiones de seguridad.

La conectividad aérea se vio alterada después de que Estados Unidos solicitara el 21 de noviembre extremar precauciones al sobrevolar el espacio aéreo venezolano ante lo que calificó como “una situación potencialmente peligrosa”, en medio de su despliegue militar en el mar Caribe. Las aerolíneas comerciales suspendieron rutas como medida preventiva.

El 29 de enero, el presidente estadounidense Donald Trump anunció la reapertura del espacio aéreo venezolano a vuelos comerciales tras una conversación telefónica con Delcy Rodríguez, quien asumió el poder de forma temporal después de la captura del dictador Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense realizada a comienzos de enero.

La reactivación del transporte aéreo internacional también incluye el retorno progresivo de otras compañías. La portuguesa TAP Air Portugal anunció que retomará sus conexiones con Venezuela, mientras la colombiana Avianca y la panameña Copa Airlines, junto con su filial de bajo costo Wingo, ya reanudaron operaciones hacia el país.

Desde Estados Unidos, American Airlines expresó su intención de reiniciar vuelos hacia territorio venezolano en cuanto se consoliden las condiciones operativas y de seguridad. La recuperación del flujo aéreo se considera un paso clave para restablecer la conectividad internacional.

El arribo del vuelo procedente de Madrid se produjo en un contexto político marcado por el cambio de escenario en el país tras la caída de Maduro, quien permanece detenido en Nueva York a la espera de juicio por narcotráfico. Trump afirmó que está a cargo del país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo después de esa operación.

La interrupción de vuelos desde Europa y otras regiones generó un impacto directo en el tránsito de pasajeros y en el transporte de carga. El retorno progresivo de las aerolíneas refleja una normalización parcial de las operaciones tras las advertencias de seguridad y el cierre del espacio aéreo.

Venezuela propuso este martes a Guyana abrir una negociación directa y “de buena fe” para resolver la histórica controversia por el territorio del Esequibo, al cumplirse 60 años de la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966.

Europa Press

El planteamiento fue difundido por la cúpula chavista que encabeza Delcy Rodríguez, en un comunicado en el que se reafirma que Caracas no renunciará a sus derechos sobre la zona en disputa y rechaza la vía judicial impulsada por Georgetown.

En el texto oficial, el chavismo sostuvo que “el único camino posible para la solución de la controversia territorial es entablar definitivamente una negociación de buena fe” y remarcó que el Acuerdo de Ginebra constituye, para Caracas, el “único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución mutuamente aceptable”.

En su declaración, Caracas afirmó que el acuerdo firmado en 1966 “sepultó la discusión sobre la validez o invalidez del Laudo Arbitral de 1899” y estableció la obligación de las partes de buscar un arreglo práctico y satisfactorio. Según el documento, durante seis décadas Venezuela habría demostrado su “absoluto compromiso” con ese mandato.

La postura de Venezuela apunta contra la estrategia de Guyana ante la Corte Internacional de Justicia. El comunicado denuncia que Georgetown, “desde al menos el año 2015”, ha desconocido el Acuerdo de Ginebra y ha promovido una “demanda unilateral” ante el tribunal de La Haya, al que el régimen de Caracas considera sin jurisdicción para dirimir el caso.

Venezuela jamás renunciará a sus derechos y títulos históricos sobre la Guayana Esequiba, la cual ha sido, es y será parte de la integridad territorial de Venezuela”, subraya el texto difundido por el chavismo. La formulación ratifica la línea sostenida por Caracas durante décadas frente a un territorio que administra Guyana y que representa cerca de dos tercios de su superficie.

El diferendo gira en torno a una extensa región de aproximadamente 160.000 kilómetros cuadrados ubicada al oeste del río Esequibo. Se trata de una zona estratégica por su potencial petrolero, minero y ambiental, y que adquirió una relevancia adicional en los últimos años a partir del desarrollo de grandes proyectos energéticos en aguas cercanas.

La controversia se remonta al Laudo Arbitral de París de 1899, que otorgó la soberanía del territorio a la entonces Guayana Británica. Décadas más tarde, Venezuela declaró nulo ese fallo y firmó con el Reino Unido el Acuerdo de Ginebra, que estableció un mecanismo para buscar una solución negociada.

En 2018, Guyana acudió a la Corte Internacional de Justicia para que el tribunal se pronuncie sobre la validez del laudo de 1899 y, por ende, sobre la soberanía del territorio.

El comunicado difundido este martes también reivindica el referéndum no vinculante celebrado en Venezuela en diciembre de 2023 sobre el estatus del Esequibo, presentado por el chavismo como un mandato político para no ceder en la reclamación territorial. En ese marco, la cúpula venezolana sostiene que cualquier solución debe surgir de un proceso de diálogo entre las dos capitales y no de un fallo judicial.

Desde el ámbito militar, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, respaldó la iniciativa y afirmó que la coyuntura regional “puede traer nuevas oportunidades para resolver las controversias territoriales en la región y pasar a un juego de suma positiva que traiga progreso para las naciones”.

Agregó que la Fuerza Armada ratifica su compromiso con una “solución pacífica, práctica y satisfactoria para ambas partes en la región del Esequibo con su proyección marítima, también pendiente por delimitar”.

En su declaración final, el régimen venezolano reiteró que la libertad de negociación no puede estar condicionada por decisiones externas y sostuvo que el diferendo debe resolverse bajo los términos acordados en 1966.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este martes que las ventas de petróleo venezolano gestionadas por Washington podrían superar los 10.000 millones de dólares al año, recursos que, según sus declaraciones, serán utilizados para iniciar un proceso de reconstrucción en Venezuela tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

EFE

Wright explicó que, hasta el momento, se han comercializado alrededor de 1.000 millones de dólares en crudo, y que ya existen acuerdos firmados para vender otros 5.000 millones en los próximos meses, proyectando una cifra anual superior a los 10.000 millones.

El funcionario estadounidense sostuvo que este “volumen de ingresos enorme” estará dirigido a “empezar a reconstruir un país y una sociedad, restablecer una prensa libre y un Gobierno representativo”.

El líder del Departamento de Energía de Estados Unidos mantuvo la semana pasada reuniones en Caracas con la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, a fin de consolidar un acuerdo energético considerado “histórico” por las partes.

El pacto establece que el petróleo venezolano será comercializado bajo supervisión estadounidense, con el objetivo de canalizar los recursos hacia proyectos de desarrollo y reformas institucionales.

El secretario de Energía destacó que el acuerdo no solo beneficiará a Venezuela, sino también a la industria estadounidense. Según Wright, el crudo venezolano es del tipo específico para el que fueron diseñadas muchas refinerías en Estados Unidos en la década de 1970.

Ayudará a la producción de asfalto en Estados Unidos, abaratando la construcción de carreteras”, afirmó. El funcionario subrayó que este mecanismo permite aprovechar las capacidades técnicas ya instaladas y contribuir al mercado interno estadounidense, al tiempo que se obtiene un suministro estable de hidrocarburos.

Wright calificó la cooperación como “increíble” y señaló que la transformación de la industria petrolera venezolana se está logrando “sin ningún soldado estadounidense sobre el terreno y sin un solo dólar del contribuyente estadounidense”.

Destacó que la estrategia forma parte de una diplomacia que describió como “fuera de lo convencional”, promovida por la administración Trump, y señaló que representa “un antes y un después” en la relación bilateral.

Tras la captura del dictador narco Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero, el presidente Donald Trump pidió “acceso total” a los recursos energéticos venezolanos, instruyendo a las autoridades de su país a asumir la gestión directa del sector.

Wright confirmó que Washington mantendrá el control de la venta del petróleo venezolano por un tiempo “indefinido”, lo que implica que el país sudamericano dependerá de las decisiones estadounidenses para acceder a los ingresos generados por su principal recurso de exportación.

Sin embargo, el secretario de Energía recordó que Estados Unidos continúa utilizando el control sobre la industria petrolera venezolana como herramienta de presión política.

Wright enfatizó que el manejo de los flujos de ingresos y la supervisión de las exportaciones constituyen un instrumento central para condicionar a Caracas en el proceso de transición y para asegurar que los fondos se destinen a los fines establecidos en los acuerdos bilaterales.

En este escenario, la cúpula chavista ha presentado el acuerdo petrolero como un paso clave para estabilizar la economía nacional y sentar las bases para reformas profundas.

El control de la industria energética sigue siendo el eje de la relación entre Caracas y Washington, en un contexto donde Estados Unidos, según sus autoridades, apuesta por una recuperación venezolana liderada por instituciones renovadas y una orientación democrática.

El acuerdo energético y el control de las exportaciones de crudo marcan una nueva etapa en la política bilateral y redefinen el papel de Venezuela en el mercado global, mientras los recursos generados bajo supervisión estadounidense se convierten en el principal sostén financiero del gobierno interino y en una pieza clave para la estrategia de reconstrucción nacional.

Human Rights Watch (HRW), la ONG referente en la lucha de los derechos humanos, instó al régimen venezolano, encabezado desde enero por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a desmantelar el aparato represivo del Estado, aplicar reformas electorales y judiciales efectivas, y destituir al fiscal general Tarek William Saab por su papel en la maquinaria chavista, especialmente tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

Europa Press

“Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo reformas reales de sus leyes e instituciones judiciales y electorales. Cualquier otra cosa equivaldría a una transición simulada que quizás sirva los intereses de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, pero que no reivindicará los derechos del pueblo venezolano”, señaló en un comunicado la directora de HRW para las Américas, Juanita Goebertus.

La organización valoró las recientes excarcelaciones de presos políticos, consideradas un “alivio importante”, aunque recordó que unas 600 personas permanecen encarceladas por motivos políticos. HRW advirtió que el aparato represivo sigue activo y que la ley de amnistía debatida en la Asamblea Nacional no garantiza la liberación incondicional de todos los detenidos arbitrariamente.

“La discusión sobre la amnistía no debe usarse como excusa para retrasar la liberación incondicional de los presos políticos ni las reformas necesarias para restaurar la democracia”, subrayó Goebertus.

El proyecto de ley, según el chavismo, contempla la excarcelación de personas que hayan cometido delitos desde 1999, pero organizaciones y activistas advierten que excluye a decenas de detenidos y obliga a los beneficiarios a reconocer hechos que niegan haber cometido.

HRW citó datos de Foro Penal que apuntan a casi 19.000 detenciones arbitrarias en Venezuela, con denuncias de malos tratos, tortura, incomunicación y audiencias virtuales masivas. También recordó que, desde 2014, se registran violaciones generalizadas de derechos humanos contra disidentes, periodistas y activistas, con la complicidad de la Fiscalía y el Poder Judicial.

La ONG demandó reformas para garantizar la independencia judicial, cooptada desde la reforma de 2004 durante el gobierno de Hugo Chávez, y la destitución de Tarek William Saab, señalando que su permanencia es incompatible con un proceso de reforma real.

Además, exhortó a crear condiciones para elecciones libres y justas, incluyendo la revisión del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyos miembros respaldaron la reelección de Maduro y bloquearon candidaturas opositoras, como la de María Corina Machado.

HRW remarcó que Rodríguez debe garantizar el acceso sin restricciones a Venezuela para los observadores internacionales de derechos humanos, incluidas la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU (FFM) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el fin de que puedan documentar la situación de derechos humanos en el país.

El martes, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora de Venezuela, reclamó que la ley de amnistía en discusión en el Parlamento sea “verdadera, integral y efectiva” y permita la liberación total de todos los presos políticos.

La alianza advirtió que el texto actual deja fuera a numerosos detenidos y condiciona la libertad a requisitos que distorsionan el propósito de reconciliación nacional.

En un comunicado, la PUD sostuvo que “una amnistía que excluye a presos no es amnistía” y denunció que cualquier normativa que seleccione beneficiarios o imponga restricciones representa “administración del castigo” y no un acto de justicia. La coalición insistió en la necesidad de “libertad plena para todos los presos políticos, sin excepciones, sin cálculos y sin trampas jurídicas”.

El pronunciamiento se conoció mientras la Asamblea Nacional mantiene pendiente el segundo y último debate del proyecto de ley, necesario para su aprobación final. La votación fue postergada debido a desacuerdos internos sobre un artículo que exige que los beneficiarios de la amnistía se presenten formalmente ante la justicia, requisito conocido como “ponerse a derecho”.

La censura de José Jerí como presidente del Congreso volvió a sacudir el tablero político peruano con una celeridad que, en otros países, sería excepcional. En apenas unos días, quien encabezaba el Legislativo —y había asumido la conducción del país por sucesión constitucional— quedó apartado de su cargo.

Por: Yenny Melo – Infobae

Jerí no fue destituido como presidente de la República, sino censurado en su condición de titular del Parlamento. El matiz es relevante. Pero el trasfondo también: en el Perú de la última década, las herramientas para remover autoridades —ya sea a través de la vacancia presidencial o la censura parlamentaria— dejaron de ser excepcionales y se han convertido en mecanismos habituales de reconfiguración política.

Para comprender por qué el país ha normalizado esta dinámica que lo está llevando a tener 8 presidentes en los últimos 10 años, es necesario mirar más allá de los nombres propios y analizar el funcionamiento de sus reglas institucionales y cómo se usan en la práctica.

El mecanismo clave: cómo funciona la vacancia presidencial

Aunque José Jerí no fue removido mediante este mecanismo —su salida se dio por censura como presidente del Congreso—, la lógica es comparable: la continuidad en el poder depende menos del mandato popular que de la correlación de fuerzas en el Parlamento. El mismo Congreso que puede declarar la vacancia presidencial es el que, con mayorías circunstanciales, redefine su propia conducción.

La Constitución de 1993 establece en su artículo 113 que el presidente puede ser declarado vacante por varias causales. La más controvertida es la “incapacidad moral permanente”.

El procedimiento es político y parlamentario: basta que el 20 % de congresistas presente una moción de vacancia, se requiere el voto del 40 % del pleno para admitirla a debate y la destitución se concreta con el respaldo de dos tercios del número legal de congresistas, es decir, 87 de 130 votos.

En el papel, alcanzar dos tercios parece un umbral alto, pero en la práctica, en un Congreso fragmentado y con bloques opositores dispuestos a articularse, no es una barrera infranqueable. Además, el proceso puede desarrollarse en cuestión de días. El presidente tiene derecho a ejercer su defensa ante el pleno, aunque no se trata de un juicio judicial con etapas probatorias prolongadas, sino de una decisión esencialmente política.

Ese diseño convierte la continuidad presidencial en una cuestión de correlación de fuerzas parlamentarias.

La desventaja de no tener mayoría parlamentaria

Aquí surge el segundo factor determinante: la debilidad del sistema de partidos. En el Perú reciente, varios presidentes han llegado al poder sin mayoría propia en el Congreso. Gobernar sin un bloque sólido implica depender de negociaciones constantes para aprobar leyes, sostener gabinetes y evitar interpelaciones o censuras. Un presidente sin mayoría vive bajo amenaza permanente: si su relación con el Parlamento se deteriora, la oposición puede impulsar una moción de vacancia. La aritmética legislativa se vuelve decisiva.

En sistemas presidencialistas más estables, la ausencia de mayoría obliga a construir coaliciones formales. En el caso peruano, donde los partidos son frágiles y las alianzas volátiles, la negociación suele ser más precaria. Sin una base parlamentaria consistente, el Ejecutivo queda expuesto.

En el caso de Jerí, su permanencia al frente del Legislativo también estuvo sujeta a esa aritmética. Sin una mayoría consolidada que lo sostuviera, su posición se volvió vulnerable. En un Congreso fragmentado, las alianzas pueden construirse y deshacerse con la misma rapidez con la que se vota una moción.

La “incapacidad moral permanente”: una causal abierta

El elemento más polémico es la interpretación de la “incapacidad moral permanente”. A diferencia de causales objetivas como muerte o incapacidad física, esta figura no está definida con precisión en la Constitución.

No exige una sentencia judicial firme ni un estándar probatorio técnico: es el Congreso el que interpreta cuándo existe incapacidad moral. En la práctica, ello ha generado enfrentamientos recurrentes entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Según miembros del gobierno de turno, la aplicación amplia de esta causal puede ser percibida como una herramienta de presión o incluso de desestabilización. Para el Congreso, representa un mecanismo de control político legítimo.

La ambigüedad del concepto es el núcleo del conflicto. Al no estar delimitado jurídicamente, el criterio termina siendo político, y quien tiene la facultad de interpretar es el propio Congreso.

Cuando el Congreso tiene “la sartén por el mango”

El resultado de esta combinación es claro: el Parlamento no solo legisla y fiscaliza, sino que posee una herramienta efectiva para poner fin anticipado al mandato presidencial.

Perú es formalmente un régimen presidencialista: el jefe de Estado es elegido por voto popular directo. Aunque el Congreso puede, mediante una decisión política y con los votos suficientes, declarar la vacancia.

No es un parlamentarismo clásico, donde la caída del gobierno está prevista como parte del diseño. Tampoco es un presidencialismo rígido, donde la destitución es extraordinaria y altamente judicializada. Es una fórmula híbrida que amplifica la confrontación cuando no existen mayorías estables.

Desde 2016, la repetición de vacancias e intentos de vacancia ha generado un efecto de normalización. La destitución dejó de percibirse como un evento excepcional y pasó a convertirse en una herramienta disponible dentro del juego político.

En otras democracias de la región, como Chile o Uruguay, los mecanismos de acusación constitucional existen, pero su activación es poco frecuente y suele estar respaldada por procesos más definidos. En el Perú, la combinación de ambigüedad constitucional, fragmentación partidaria y procedimiento expedito reduce los costos políticos de activar la vacancia.

La censura de José Jerí no es una vacancia presidencial, pero ocurre dentro del mismo ecosistema institucional: un sistema donde las mayorías pueden reorganizar el poder con rapidez.

La facilidad para remover a quien ocupa la presidencia del Congreso y, en determinados casos, a quien encabeza la Presidencia de la República no responde únicamente a una coyuntura, sino que es consecuencia de un diseño institucional potente, combinado con partidos débiles y mayorías volátiles.

La censura de José Jerí es una muestra de esa capacidad de reorganización interna. No se trató de una crisis constitucional de gran escala, sino de una decisión política tomada con rapidez por mayorías parlamentarias que interpretan y ejercen sus facultades con amplio margen.

La pregunta ya no es quién cae hoy, sino cuánto tiempo podrá sostenerse quien asuma mañana.

La congresista Alexandria Ocasio-Cortez ( AOC ) enfrenta reacciones negativas en las redes sociales después de afirmar incorrectamente que Venezuela se encuentra “debajo del ecuador” durante una discusión sobre política exterior en la que criticaba a Donald Trump en Alemania.

Hindustan Times

“No es un comentario sobre quién era Maduro como líder” AOC hizo este comentario el domingo mientras participaba en un panel en la Universidad Técnica de Berlín para la Conferencia de Seguridad de Munich.

Argumentó que aunque Venezuela está ubicada al norte del ecuador, a la administración no se le permitió llevar a cabo un supuesto «acto de guerra» ya que está al sur del ecuador.

Dijo: «Vemos lo ocurrido en Venezuela , por ejemplo; no se trata de un comentario sobre quién era Maduro como líder. Canceló elecciones, era un líder antidemocrático; eso no significa que podamos secuestrar a un jefe de Estado».

Añadió además: “No podemos participar en actos de guerra sólo porque la nación está por debajo del ecuador”.

Ocasio-Cortez también se burló del Secretario de Estado Marco Rubio durante el evento por afirmar, con toda objetividad, que la actual cultura vaquera en las Américas estaba influenciada por los colonos españoles.

En un esfuerzo de operaciones especiales conocido como Operación Resolución Absoluta, Estados Unidos capturó a Maduro el 3 de enero y lo acusó en Manhattan de conspiración para importar cocaína y narcoterrorismo, violaciones de armas de fuego y corrupción.

La segunda audiencia del exmandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, fue retrasada y la justicia estadounidense dio una nueva fecha; en N+ Univision revelaron por qué cambiaron el día.

Univision

La razón por la que fue atrasada se debe a que la defensa de Maduro presentó la solicitud debido a que la fiscalía señaló que hay «problemas de planificación y logística».

Por ello, tanto la Fiscalía como la defensa acordaron que este tiempo adicional es necesario y por consecuencia la segunda audiencia se llevará a cabo el próximo 26 de marzo de 2026, en una corte federal de Nueva York, estaba prevista para el día 17 del mismo mes.

¿Qué cargos enfrenta Nicolás Maduro?

Nicolás Maduro, de 63 años, enfrenta cargos en Estados Unidos relacionados con presunto tráfico de drogas. Durante su primera comparecencia ante la corte, que se realizó el pasado 5 de enero, dos días después de su detención en Caracas en el marco de una operación militar estadounidense, el exmandatario se declaró inocente y aseguró ser un «prisionero de guerra».

Cabe señalar que en el mismo proceso está incluida su esposa, Cilia Flores, de 69 años, quien igualmente deberá presentarse ante el tribunal el 26 de marzo.

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El pistolero enloquecido que mató a dos personas e hirió gravemente a otras tres en un partido de hockey de secundaria en Rhode Island el lunes por la tarde ha sido identificado como un padre transgénero que criticó el odio “anti-trans” en disputas legales familiares y desquiciados discursos en las redes sociales.

New York Post

Robert Dorgan, de 56 años, quien disparó a cuatro miembros de su familia y a un amigo de la familia antes de suicidarse tras el tiroteo mortal en la pista de hielo de Pawtucket, usó el alias femenino Roberta Esposito, dijo la jefa de policía de Pawtucket, Tina Goncalves, durante una conferencia de prensa el lunes por la noche.

“Hemos identificado al sospechoso por su nombre de nacimiento: Robert Dorgan”, indicó Goncalves. “También sabemos que se llama Roberta y usa el apellido Esposito”.

La noche antes de que el sospechoso irrumpiera en el torneo de hockey con un arma, respondió siniestramente: «Sigan golpeándonos, pero no se pregunten por qué nos volvemos locos» en respuesta a una publicación anti-trans de X.

Según los documentos judiciales obtenidos por la estación local WPRI, Dorgan, el padre de un estudiante de último año de North Providence High School que competía en el torneo de hockey, se sometió a una cirugía de reasignación de género en 2020.

Su identidad transgénero pareció ser fuente de múltiples batallas judiciales de familia en los años previos al tiroteo selectivo del lunes, que según la policía fue el resultado de una disputa doméstica.

Su exesposa solicitó el divorcio en 2020 alegando «cirugía de reasignación de género, rasgos narcisistas y trastornos de la personalidad», según el expediente judicial obtenido por el medio local. Posteriormente, el razonamiento fue sustituido por «diferencias irreconciliables que provocaron la ruptura inmediata del matrimonio», informó el medio.

Su separación se formalizó en 2021. Entre las víctimas fatales del tiroteo del lunes se encuentran la madre del hijo de Dorgan, jugador de hockey, y el hermano del estudiante atleta, según informaron varias fuentes a WPRI . No está claro si su ex es la misma mujer a la que mató a tiros.

También en 2020, Dorgan se presentó en el Departamento de Policía de North Providence e informó que su suegro quería que se fuera de su casa en North Providence debido a su cirugía de reasignación de género, informó la publicación.

Dijo que su suegro usó un insulto hacia las personas transgénero para decir que ningún individuo así «se quedaría en mi casa», dijo el pistolero a la policía.

También afirmó, de forma extraña, que su suegro había amenazado con “hacer que una pandilla callejera asiática lo asesinara si no se mudaba de la residencia” donde había vivido durante siete años, según los documentos judiciales.

Una cuenta X que parece pertenecer al enloquecido tirador trans está llena de miles de publicaciones desquiciadas, incluidas algunas que critican el odio anti-trans, así como varios discursos antisemitas, pro-nazis y racistas.

En una respuesta del 15 de febrero a una publicación que llamaba hombre a la congresista estadounidense abiertamente trans Sarah McBride, Dorgan escribió escalofriantemente: “sigan criticándonos, pero no se pregunten por qué nos volvemos LOCOS”.

En otras publicaciones de X, ofreció su apoyo a la Segunda Enmienda y a ICE y su desdén por el aborto.

Según informes, Dorgan estaba armado con varias pistolas durante el tiroteo en la pista de hielo.

Goncalves elogió a un «buen samaritano» que, según ella, intervino e «intentó someter» a Dorgan. Los testigos afirmaron que el hombre —padre de otro jugador de hockey— desarmó a Dorgan, pero tenía un arma de repuesto, ambas recuperadas por la policía en el lugar de los hechos.

Dorgan se quitó la vida en la escena del tiroteo el lunes, dijo la policía.

Hasta el lunes por la noche, tres víctimas seguían en estado crítico.

Una mujer que fue vista saliendo de la estación de policía de Pawtucket más temprano ese día dijo que el pistolero era su padre , quien «tiene problemas de salud mental» y estaba «muy enfermo».

“Le disparó a mi familia y ahora está muerto”, dijo.

Las desgarradoras imágenes en vivo que capturaron el caos que se desató mostraron a grupos de espectadores corriendo hacia la salida mientras otros se apresuraban a socorrer a las víctimas. Un testigo declaró a CBS News que vio a alguien intentando practicarles RCP a las víctimas.

Perú nuevamente enfrenta una severa crisis política al decirle adiós a su presidente número siete en solo 10 años. José Jerí fue censurado y desituido del máximo poder del Estado tras 130 días en el cargo. El Congreso fue el responsable de su salida donde, en un pleno extraordinario, la mayoría votó por el cambio del mandatario luego de una serie de polémicas en las que se ha visto envuelto y ha dado pase a una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias, el escándalo de las contrataciones en Palacio de Gobierno y una escalada en el rechazo ciudadano tras los destapes del llamado Chifagate.

Infobae

En una maratónica sesión, que se inició a las 10:00 horas y terminó pasadas las 14:20 horas, el Pleno del Congreso decidió aprobar la moción de censura con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones.

Previamente, la representación nacional sometió a una cuestión previa para impedir la votación de las mociones de censura y proceder a la figura de la vacancia presidencial y así alargar hasta marzo el proceso para retirar del cargo a Jerí. Sin embargo, esta movida política, fue desestimada por la mayoría parlamentaria.

Una caída anunciada

La caída política de Jerí se aceleró en el último mes. Según las más recientes encuestas de Ipsos e Imasen, la desaprobación del mandatario aumentó en 20 puntos porcentuales en apenas treinta días, alcanzando un 61% de rechazo según Ipsos y un 70,4% según Imasen. El desplome de su popularidad coincidió con las revelaciones sobre reuniones no registradas con empresarios chinos, entre ellos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, así como con la difusión de informes periodísticos sobre la contratación de allegadas mediante el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), un régimen reservado para altos perfiles y que en este caso benefició a personas sin experiencia previa en el sector público.

La presión institucional aumentó aún más cuando la Contraloría General de la República solicitó expedientes y comprobantes de pago de varias de las contrataciones cuestionadas en el Despacho Presidencial. Paralelamente, la Fiscalía Anticorrupción inició una investigación preliminar contra “los que resulten responsables” por la modalidad y los vínculos personales detrás de los contratos. Si bien Jerí no podía ser incluido directamente en la pesquisa por su investidura, el despacho del Fiscal de la Nación no descartó incluirlo.

El ‘Chifagate’: el escándalo que motivó la destitución

El escándalo mayor, sin embargo, fue el Chifagate, que expuso la relación del presidente con Zhihua Yang, empresario con millonarios contratos estatales y señalado como operador del llamado “Club de la Construcción chino”. Las imágenes de Jerí ingresando encapuchado a un restaurante de San Borja, fuera de todo registro oficial, detonaron la crisis. El mandatario ofreció múltiples versiones sobre el motivo de la reunión y, finalmente, admitió el error y pidió disculpas públicas, pero el daño a su credibilidad ya era irreversible. Según Ipsos, el 78% de los peruanos percibe indicios de corrupción en el comportamiento del presidente.

El contexto político se volvió aún más adverso cuando surgieron nuevos cuestionamientos sobre la vida privada del mandatario. Reportajes recientes revelaron la realización de fiestas privadas con congresistas, ministros y personas vinculadas a una presunta red de prostitución en el Congreso, así como visitas reiteradas de jóvenes a su despacho parlamentario y presidencial, muchas de las cuales posteriormente accedieron a contratos en el Estado. Estos hechos, sumados a la filtración de imágenes y mensajes en redes sociales entre Jerí y sus colaboradoras, profundizaron la percepción de falta de transparencia y ética en su gestión.

¿Qué pasará con la Presidencia?

La destitución de Jerí activa el mecanismo de sucesión presidencial previsto en la Constitución. Según el procedimiento parlamentario, el Pleno del Congreso debe convocar a una nueva sesión para elegir a un nuevo presidente del Congreso, quien asumirá la jefatura del Estado de manera interina hasta la transmisión de mando el 28 de julio.

El presidente del CongresoFernando Rospigliosi, informó que el nuevo mandatario que sucederá en el cargo a José Jerí será elegido este miércoles 18 de febrero a las 18:00 horas.

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