Sigue la incertidumbre sobre el paradero de Alexei Navalny. El líder opositor ruso, quien lleva una semana sin contactar con sus abogados y que, según sus colaboradores, habría sido trasladado a una nueva prisión, tampoco compareció este martes por videoconferencia en una audiencia judicial.

EFE

La principal portavoz de Navalny, Kira Yarmish, dijo en su cuenta de la red social X que las autoridades han modificado ahora su versión, después de que durante días atribuyeran su incomparecencia en los tribunales a supuestos problemas de conexión.

Un trabajador de la colonia IK-6 confirmó que ya no está en esta cárcel, aunque desconoce su paradero actual, según Yarmish.

“Durante seis días, mintieron (…) sólo para ganar tiempo”, denunció.

Sobre la desaparición de Navalny hoy se pronunció también por primera vez el Kremlin: dijo desconocer el paradero del líder opositor ruso.

“No, nosotros no tenemos ni intención ni posibilidad de conocer la suerte de los presos y los pormenores de su estancia en las correspondientes instituciones penitenciarias”, dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telemática diaria.

A su vez, tachó de “inadmisible” la injerencia de Estados Unidos en la situación de Navalny.

“Aquí estamos hablando de un preso que fue declarado culpable en virtud de la ley y está cumpliendo la condena que se le dictó. Consideramos inadmisible e imposible cualquier injerencia, sea de quien sea, incluido Estados Unidos”, señaló.

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Matthew Miller, adelantó que manifestará a Moscú su preocupación por el estado de Navalny.

Los colaboradores, que denuncian desde hace una semana la imposibilidad de contactar con el político, levantaron el lunes la voz de alarma de que éste ya no se encontraba en la prisión número 6 de la región de Vladímir, donde cumplía su condena desde junio de 2022.

“Acaban de decirle a su abogado que el preso Navalny ya no está en la cárcel”, dijo ayer Yarmish.

Por el momento, se desconoce si el líder opositor fue trasladado a una prisión en la parte europea de Rusia o a otra penitenciaría en Siberia.

Silenciarlo después de la nueva postulación de Putin

Sus aliados acusan al Kremlin de querer silenciarlo justo después de que el presidente, Vladímir Putin, anunciara su intención de presentarse a la reelección.

El pasado 7 de diciembre Navalny pidió desde la cárcel votar contra el jefe del Kremlin en las elecciones del 17 de marzo de 2024.

“Ese día llamamos a todos a acudir a las urnas y votar contra Vladímir Putin. Esto se puede hacer poniendo una cruz en la casilla de cualquier otro candidato”, escribió en su canal de Telegram.

Navalny también anunció la puesta en marcha de una página web (neputin.org) que pedía a los rusos a apoyar a cualquier candidato a la presidencia, salvo el actual jefe del Kremlin. Un día después de su lanzamiento el sitio fue bloqueado.

El líder opositor, con varios frentes judiciales abiertos, cumple una condena de 19 años en una colonia de régimen estricto, sin apenas contacto con el exterior.

Sus abogados denunciaron las condiciones en que se encuentra recluido, que han derivado en un empeoramiento de su salud, si bien el Gobierno no ha dado ninguna muestra de clemencia hacia una de las voces más simbólicas de disidencia.

Chile elige el domingo (17.12.2023) por segunda vez si quiere o no una nueva Constitución. En este sufragio obligatorio los chilenos deberán votar «A favor» o «En Contra» del texto planteado.

DW

La propuesta plebiscitada, en gran parte diseñada por el derechista Partido Republicano y los sectores conservadores, es muy diferente al primer texto presentado, de inclinación progresista e izquierdista, que fue desechado abrumadoramente en septiembre de 2022.

Según las encuestas más recientes, los chilenos rechazarían también este segundo texto. Si esto ocurre, Chile mantendría la Constitución actual, que se originó en dictadura, pero fue posteriormente reformada por gobiernos democráticos. ¿Qué tan diferentes son entre sí la actual Carta Magna y el texto propuesto? Expertos consultados por DW entregan algunas claves.

Una propuesta constitucional inclinada a la derecha

«El texto presentado refleja los intereses que se expresaron en la mayoría del Consejo Constitucional. Es decir, refleja una concepción de derecha de la Constitución», cuenta a DW Claudio Fuentes, politólogo y profesor de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales (UDP).

El académico explica que esto se expresa en normas sobre la «familia, aborto, protección de la propiedad y asegurar a empresas privadas su participación en diversos ámbitos de la vida nacional». Asimismo, añade, «prioriza una noción centrada en el crecimiento económico más que en la sustentabilidad, y un fuerte acento en aspectos valóricos, en lo que concierne a la identidad nacional, entre otros».

¿Qué diferencias hay entre ambos textos?

Danilo Herrera, analista político especializado en procesos constitucionales, señala a DW que, si se le da «una mirada preliminar al texto presentado, no va a encontrar demasiadas diferencias». El problema, agrega, es que «en el texto particular, en la letra chica, como decimos en Chile, vamos a encontrar una profundización del modelo neoliberal, que el país ha adoptado desde la dictadura de Augusto Pinochet«.

Herrera, que ha seguido de cerca el proceso, menciona, por ejemplo, la constitucionalización «del sistema de Isapres, que es el seguro de salud privado» o de las «Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), que son empresas privadas que manejan las pensiones en Chile», sistemas que han sido duramente cuestionados por la ciudadanía.

Fuentes, por su parte, dice que «desde el punto de vista ideológico, la propuesta sigue una misma línea, aunque se produce un híbrido entre aspectos conservadores, con la adición de algunos derechos tradicionalmente liberales, como la protección de la libertad de pensamiento, reconocimiento del Estado social de Derecho, y de los pueblos indígenas, por citar algunos».

Asimismo, el experto de la UDP destaca algunas «novedades» en el texto presentado: «Un capítulo especial de partidos políticos y ciudadanía; un capítulo especial de medio ambiente y otro capítulo especial sobre seguridad pública».

Temas de mayor controversia

La discusión en materia de seguridad pública se centra en qué tan efectiva es la nueva propuesta para combatir la migración irregular, la delincuencia y el narcotráfico. El observador constitucional Herrera asegura que expertos constitucionales denunciaron problemas técnicos insalvables en la nueva propuesta, que, a diferencia de la actual Carta Magna, «pueden hacer más difícil la persecución del narcotráfico».

Según el especialista, en la actualidad, el Estado actualiza cada dos meses una lista en detalle con las drogas cuyo comercio se sanciona por narcotráfico. Con la nueva propuesta, subraya, se «obliga a aprobar una nueva ley cada vez que sale una droga nueva para perseguir ese delito en particular, lo que la hace poco eficiente».

Fuentes plantea algo similar: «Se requeriría primero aprobar leyes para implementar las medidas que se establecen en la Constitución. En segundo lugar, sabemos que el control de la delincuencia no es fruto de un texto constitucional, sino que del modo en que se implementen leyes, se desenvuelvan las instituciones y se establezcan recursos para tales objetivos».

El aborto y las contribuciones

Otros temas que modificaría la implementación de la nueva Carta Magna son el posible fin del aborto por tres causales o la eximición del pago de contribuciones, un impuesto para quienes poseen propiedades, que se utiliza para financiar los municipios.

«Los ricos van a dejar de pagar las contribuciones según este texto», indica Herrera. Por lo tanto, concluye, la eliminación de este impuesto, «implicaría un desfalco al presupuesto de todos los municipios del país».

Fuentes también declara que, efectivamente, se trata de «una norma que beneficia a sectores con mayores recursos, dado que solo el 22% de los contribuyentes paga dicho impuesto. Aquello afectaría a sectores populares, que dejarían de percibir los efectos de aquel impuesto redistributivo».

Toda una polémica se ha desatado dentro y fuera de Guatemala luego de los señalamientos de la Fiscalía sobre los resultados de las pasadas elecciones generales en ese país centroamericano. Para algunos políticos hay un golpe de Estado en marcha para impedir la toma de posesión del presidente electo Bernardo Arévalo, cuyo partido, Movimiento Semilla, pertenece a la Internacional Progresista -frente creado por el senador demócrata estadounidense Bernie Sanders-, para enfrentar el avance de la derecha a nivel mundial en alianza con el Foro de Sao Paulo y Grupo de Puebla.

La Gaceta de la Iberosfera

En respuesta a la controversia suscitada, el pasado viernes 8 de diciembre, el Ministerio Público ofreció una rueda de prensa para explicar su punto de vista basado -según afirma- en una investigación técnica, científica y objetiva. Más de hora y media alcanzó el encuentro entre funcionarios del ente con los medios de comunicación.

Entre los hallazgos exhibidos este 8 de diciembre, el agente fiscal Leonor Morales Lazo afirma que el Movimiento Semilla, partido de Bernardo Arévalo, fue fundado con firmas falsas: «5.542 personas que aparecen adhiriéndose a la organización no existen, en el caso de otras 2.394 no coincide el nombre con el Documento Personal de Identificación (DPI) registrado, 40 personas están fallecidas, 13 personas han declarado que no firmaron adhesión alguna y 132 aparecen repetidas».

Morales Lazo agrega que: «la totalidad de ilegalidades encontradas en las hojas de adhesión ascienden a 8.121 personas«. En otras palabras, el Ministerio Público señala que el partido Movimiento Semilla no obtuvo el número de afiliados que la ley establece para su conformación.

El titular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), José Rafael Curruchiche, indicó que existen graves incongruencias entre los ingresos y egresos en la campaña, además de aportes anónimos, falta de documentos que soporten los ingresos y posible lavado de dinero u otros activos. Curruchiche agregó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no presentó las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público, como es el deber ser, cuando se advierte la posiblilidad de un delito como lo arrojó la auditoria financiera al partido Semilla, que fue realizada por el propio organismo electoral.

El agente fiscal Leonor Morales Lazo, señaló además que: «a consecuencia de los allanamientos realizados el 12 y 29 de septiembre de 2023 en las instalaciones del Centro Operativo del Proceso Electoral (COPE) y la sede del Tribunal Supremo Electoral, se estableció que se incurrió en ilegalidades en el resguardo de las cajas electorales. El Ministerio Público pudo establecer que en dichas cajas no se encontraba el documento 4 que consigna el dato de los votos obtenidos por los candidatos. También pudo establecer que no había uniformidad en los formatos empleados, lo que contradice la propia normativa del TSE».

Morales Lazo también apunta que al departamento de Información y Prensa del Ministerio Público se le solicitó una descarga de todos los acuerdos del TSE para revisar exhaustivamente la normativa y poder así aclarar el punto anterior encontrando que, «en el año 2023, el TSE solo publicó en su página web 55 acuerdos de un total de 1.936 acuerdos suscritos, lo cual constituye una grave irregularidad y atenta contra la transparencia de los procesos electorales«.

Mas adelante, la agente fiscal expresó que «se adquirió de forma sospechosa y con fuertes indicios de sobreprecio un software que sirvió de plataforma para el evento electoral, el cual, siendo manejado por terceros, comprometió la operación regular del proceso electoral dando lugar a vulneración informática que generó resultados irregulares, lo cual irrespeta la voluntad del pueblo».

El sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), fue intervenido desde el exterior para introducir votos (no existentes). Existen indicios racionales suficientes para presumir que tales ilícitos fueron cometidos con complicidad de funcionarios del TSE, para hacer que los resultados coincidieran con las actas. Por otra parte, la fiscalía afirma que las actas de escrutinio o «actas No. 4» fueron modificadas, introduciendo un nuevo formato no aprobado por el TSE, así lo destacó Morales Lazo a partir del minuto 55.

Pasada ya una hora de la rueda de prensa, se mencionó que 9 entidades comerciales y particulares fueron contratadas para la impresión del material electoral, pero que solo 4 de ellas fueron reportadas al Ministerio Público por parte del TSE. Los fiscales expresaron sorpresa al conocer que una de las empresas contratadas no está especializada en impresión de documentos sino en la administración y explotación comercial de un centro de convenciones, recepciones y banquetes, así como en la prestación de servicios de alimentación y bebidas.

Otras irregularidades encontradas por la Fiscalía se refieren a que las juntas receptoras modificaron, sin tener la potestad, un sinnúmero de actas No.4, especificándose que solo las juntas electorales municipales pueden hacer modificaciones previo reclamo comprobado. Quienes alteraron las actas No.4 no fueron los miembros de las juntas receptoras, sino individuos vinculados al TSE, una vez entregadas las actas, afirmó la agente

Otra de las puntualizaciones hecha por Morales Lazo durante el encuentro con la prensa fue la referente a los testimonios ofrecidos al Ministerio Público por parte de Digitadores digitales contratados por el TSE quienes confesaron que, luego de la primera vuelta, aproximadamente a las 11 de la noche, sus jefes les indicaron digitalizar actas No. 4 con enmiendas, es decir, ilegales, «para no tardar más». 17 de estos digitadores eran afiliados a Semilla, lo cual, según la normativa vigente es inadmisible. Por otra parte, muchas actas de escrutinio No. 4 carecían de sello, lo cual las invalida. La omisión es culpa del TSE, que no suministró el material necesario.

En el mismo orden de ideas, el Ministerio Público informa que, según la investigación realizada, 68.200 votos no fueron contabilizados por diversas razones -no necesariamente ciertas- como actas supuestamente ilegibles y mesas que, por omisión del TSE, no se pudieron abrir.

Otros hallazgos revelados por la Fiscalía refieren que según confesiones voluntarias de diversos trabajadores del TSE -todas concordantes entre si- las actas de cierre o «actas No. 8», no coincidían con los datos del TREP, por lo cual funcionarios del TSE solicitaron a los representantes de las juntas electorales departamentales modificar dichas actas -en fecha posterior a la contienda electoral- para hacerlas coincidir con el TREP. Además, el TSE ocultó al Ministerio Público 7 mil actas No.4, necesarias para verificar los resultados de las juntas electorales departamentales las cuales tenía en su poder.

El objetivo de este ocultamiento era poder adulterar las actas No.8, tal como lo declararon los testigos. Más grave aún es que según lo arrojado por la investigación, en las actas No.4 ya revisadas, se encontraron 22.981 irregularidades, entre ellas, más votantes que inscritos en las mesas. Pudo además el Ministerio Público establecer que hubo una pre-carga ilegal de datos (o sea, de votos) en el sistema TREP del TSE, horas antes de la hora de cierre de la votación.

Ante tales hallazgos cabe la pregunta: ¿Golpe de Estado en marcha o fraude electoral?

Como venezolana que ha vivido dentro del sistema de opresión y carente de libertades como el de Chávez-Maduro, escuchar declaraciones como las aquí descritas enciende las alarmas. Y es que en 25 años hemos aprendido que el fraude electoral es mucho más que el robo de votos.

Es la protesta violenta como mecanismo de chantaje, son firmas falsas, adulteración del padrón electoral, financiamiento ilegal, normas que se ignoran, muertos que votan, miembros de centros colocados para avalar el fraude, ocultamiento de actas, totalización falseada con software manipulable. Todo esto y más apalancado por una vocería mediática de una maquinaria internacional de izquierda que amenaza y presiona a quienes hablen de fraude.

Como dice mi amigo, el escritor venezolano Alejandro Peña Esclusa, el fraude electoral es «un sistema integral que incluye de manera protagónica el uso del poder político para cooptar todas las instituciones y muy particularmente, las autoridades electorales, para asi pervertir las reglas del juego democrático».

El que no la debe, no la teme, dice un refrán popular, por tanto es un deber de los políticos que aspiran dirigir los destinos del país centroamericano -que es el caso que hoy nos ocupa- argumentar en contrario a lo afirmado por la Fiscalía y no quedarse en simples slogans. Eso es lo que sin duda espera la ciudadanía. Por respeto a ellos, a los que sufragaron en favor de uno u otro candidato y por la salud de la democracia y la libertad, es necesario e indispensable proceder con las aclaratorias ante tamaña denuncia.