La investigadora argentina Patricia Tappatá ha trabajado en la defensa de los derechos humanos en países de América, África, Asia y Europa y actualmente es experta en la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela, cuyo último informe ha alertado sobre cómo el Gobierno de Nicolás Maduro “ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más grave de la historia reciente”.
Por: María García Arenales – Infobae
La situación se ha vuelto especialmente complicada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio en las que Maduro fue declarado vencedor por el Consejo Nacional Electoral con el 51,9% de los votos y el antichavismo denunció “fraude”, constata el informe, por lo que Tappatá pide a la comunidad internacional que “no se canse” y siga vigilando lo que ocurre en Venezuela. En esta entrevista con Infobae España explica por qué se le acusa al país latinoamericano de estar cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Pregunta: La Misión de la ONU en Venezuela ya había documentado en informes anteriores que el Gobierno de Maduro había cometido crímenes de lesa humanidad, entre ellos el de persecución con motivaciones políticas o privación grave de la libertad. Sin embargo, en este último informe han destacado que la situación en el país respecto a los derechos humanos ha empeorado. ¿Qué es lo más grave que han observado?
Respuesta: Diría que hay tres cosas destacables en este último periodo [entre septiembre de 2023 y agosto de 2024]. Por un lado, ha habido una verdadera avalancha de violaciones a los derechos humanos con muertos, heridos y detenciones tras las elecciones del 28 de julio, aunque en realidad ya comenzó en los días previos. Nosotros registramos 1.260 detenciones, pero el propio Gobierno de Maduro habla de más de 2.200 detenidos, y entre ellos, más de 140 son niños. Las acusaciones contra los detenidos varían, pero en el caso de líderes políticos por lo general están acusados de participar en conspiraciones de terrorismo y crímenes de odio, acusaciones que son emitidas con una ligereza sorprendente y, cuando avanzan los procesos judiciales,tienen penas muy severas.
Un segundo punto que también es destacable es la persistente violación del debido proceso, ya que se detiene sin órdenes de aprehensión y, por supuesto, no en situación de flagrancia. Nunca se han identificado los efectivos que realizan la detención ni se explican al detenido las razones. Tampoco se cumple el plazo de 48 horas que otorga la legislación venezolana para que cualquier persona detenida sea presentada ante un juez y, cuando en muy escasas ocasiones se han realizado estas audiencias en el plazo debido, no son públicas, se realizan en centros penitenciarios o en lugares que no son los tribunales y sin presencia de defensa elegida por el detenido. Esto es muy grave porque básicamente nadie puede dar fe de que esas audiencias se realizaron. Adicionalmente, no se informa del paradero de las personas y, por lo tanto, no se admite la visita de familiares, como consta en el informe.
Otra cuestión que ocurre es que en este segundo punto de las violaciones al debido proceso, es que el anuncio está dado de una manera sui generis, pues suelen ser declaraciones del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, a través de su cuenta de la red social X, en conferencia de prensa o incluso en comentarios informales en el programa de televisión del actual ministro del Interior, Diosdado Cabello, Con el mazo dando. Esto no es un reconocimiento formal de comunicar algo tan relevante como que una persona ha sido privada de su libertad. El último aspecto destacable es que el uso de la tortura y, en particular el uso de la violencia sexual y la violencia basada en género, se ha presentado de manera absolutamente frecuente, no solo en mujeres adultas y adolescentes, sino también en el caso de hombres.
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Los miembros de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. (Antonio Broto / Efe)
P: ¿Cómo se puede entender que haya niños detenidos?
R: Esto es totalmente violatorio de las reglas internacionales de las que Venezuela es signatario sobre el trato que se debe dar a niños, niñas y adolescentes, y demuestra justamente que esta arremetida en las detenciones se ha provocado en situaciones de protesta callejera, donde, como sabemos, en muchos casos estos menores ni siquiera formaban parte de la protesta, sino que estaban en la puerta de su casa o pasaban por el lugar. Se han producido algunas liberaciones, pero no todas y, mientras tanto, nosotros todavía no hemos podido tener acceso. Hay relatos que son realmente escalofriantes respecto al tratamiento recibido por estos niños, que por supuesto han estado alojados en condiciones de detención junto a personas adultas en espacios absolutamente reducidos.
P: La misión mantiene que las violaciones de los derechos humanos no son hechos aislados y que se han seguido produciendo como parte de un “ataque generalizado y sistemático” del Gobierno venezolano contra la población civil, “en cumplimiento de una política estatal de silenciar a la oposición”.
R: El Gobierno de Venezuela tiene una continuidad en su forma de comportamiento en relación a la población y, no solo teniendo en cuenta lo ocurrido en este tiempo pre y post electoral, sino mirando en retrospectiva desde el 2020 hasta ahora. El ataque se ha comprobado como generalizado y sistemático en contra de la población civil en cumplimiento de una política que pretende silenciar, desalentar y sofocar a la oposición. Son, por tanto, violaciones y crímenes cometidos intencionalmente como parte de ese ataque. Y una de las cuestiones que es fundamental para determinar también que es un crimen de lesa humanidad es que los autores materiales e intelectuales tienen conocimiento de ese ataque y de que sus actos forman parte de ese ataque planificado.
P: Han constatado que 25 personas fallecieron en las protestas del país tras las elecciones, pero no han podido documentar la autoría. ¿Se esperaban algo así?
R: No esperábamos para nada que hubiera ese número de muertos. Nosotros incluso hemos cambiado nuestros planes originales de contenido del informe. Como resultado de las elecciones tuvimos que dejar a un lado el trabajo sobre las estructuras de represión, sobre la Guardia Nacional Bolivariana, para concentrarnos en esta avalancha de violaciones a los derechos humanos. Hemos podido registrar de manera seria ese número de muertos, todos por arma de fuego, pero no podemos avanzar quiénes son los autores.
P: También han indicado en su informe que estos crímenes y abusos implican a una gama de actores institucionales como las fuerzas de seguridad del Estado, el fiscal general o el Tribual Supremo. ¿Quién es el responsable final de estas violaciones a los derechos humanos?
R: En el informe anual hemos hecho un racconto del comportamiento de las instituciones y hemos sostenido que para llevar adelante esta política de desmovilización, atemorización y silenciamiento de la oposición, que tiene como objetivo final acabar con la misma y con la crítica al Gobierno, es un plan estructurado. También hemos indicado que la cadena de mandos nos lleva inevitablemente a los lugares más altos de las autoridades del Poder Ejecutivo y, en el caso de lo sucedido tras las elecciones del 28 de julio, han estado involucrados el presidente Nicolás Maduro, el señor Jorge Rodríguez como presidente de la Asamblea Legislativa y Diosdado Cabello, ahora ministro del Interior, pero anteriormente con una vocería muy activa en su programa Con el mazo dando. Y nos referimos de manera directa a estas personas porque los mensajes han sido inequívocos y casi diarios. La cantidad de noticias que produce el régimen político de Venezuela es profusa, realizan constantemente declaraciones que tratan de amedrentar a los ciudadanos que realizan críticas al Gobierno o no necesariamente se refieren a opiniones de ciudadanos, sino que profieren amenazas. Y toda esa cuestión de amenaza luego es llevada adelante por el fiscal Tarek William Saab, que es directamente un brazo judicial que trata de cubrir con un halo de legalidad las decisiones que están tomadas en otro lado. Es decir, ellos aplican esta política generalizada y sistemática para acabar con la oposición, el fiscal lo lleva adelante y cuando elevan los niveles de tratamiento judicial, llegamos al Tribunal Supremo, que cumplió un rol también muy importante en este supuesto proceso de brindar transparencia ante la exigencia internacional de dar a conocer los resultados de las actas. Entonces ahí hay una actuación definitivamente concertada y con niveles de complicidad con el Poder Judicial. Todas esas situaciones configuran un panorama absolutamente irregular y al margen del Estado de Derecho.
P: ¿Qué le pide esta misión a la comunidad internacional?
R: Venezuela necesita de la comunidad internacional más que nunca. La comunidad internacional tiene que poder encontrar alguna vía de diálogo, sea a través del protagonismo de países de la región o de otros países que puedan abrir algún canal para que se pueda hablar de un camino de resolución a este impasse donde no puede verse con claridad qué va a pasar con los resultados electorales que fueron desconocidos por el Gobierno. Pero no solo eso. Se le pide a la comunidad internacional que no se canse y que mantenga un ojo, en el caso del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sobre la situación de Venezuela. La comunidad internacional tiene que encontrar nuevos modos de dialogar, de hablar y de hacer que Venezuela preste atención a esta situación totalmente irregular donde está siendo nada más y nada menos que acusada de crímenes de lesa humanidad.
P: En lo que respecta a España, ese diálogo desde luego no va a ser fácil, dada la tensión entre ambos países tras la llegada a Madrid del opositor venezolano Edmundo González y ahora con la detención de dos ciudadanos españoles en Caracas acusados de “terroristas” por el Gobierno de Maduro.
R: En el caso de España, una de las cosas que nosotros estamos esperando es que se dé a conocer si las autoridades consulares, por ejemplo, han podido tomar contacto con [la defensora de los derechos humanos] Rocío San Miguel, la ciudadana venezolana que también tiene ciudadanía española [que lleva detenida más de siete meses también acusada de “terrorismo” por el Gobierno de Maduro]. No tengo la información suficiente respecto a los dos detenidos recientemente, pero sí se espera que los países no trasgredan las convenciones internacionales. Ya vimos el nivel de amenaza que hubo sobre la embajada argentina en Caracas, donde están asilados seis miembros de la oposición venezolana, además de que se revocó el permiso para que Brasil custodiara dicha embajada. Todas estas manifestaciones no se sabe si son excesos verbales o amenazas, como en el caso de los recientes detenidos de nacionalidad española, porque es una cuestión que el gobierno bolivariano usa mucho, o es un avance sobre una transgresión de normas de convivencia entre las naciones que hasta el momento habían sido respetadas. El territorio de un país extranjero como lo constituye una embajada o la asistencia consular a un ciudadano de otra nacionalidad ha sido permanentemente respetado aun en situaciones de conflicto armado internacional, así que creo que la firmeza y los canales de diálogo deben imponerse para mandar mensajes.
