El 31 de agosto, la justicia brasileña bloqueó la disponibilidad de X en el país debido a la negativa de X a censurar en secreto importantes contenidos políticos. Esto incluye contenidos de cuentas de fuera de Brasil e incluso de legisladores en ejercicio. Más radicalmente, el juez Alexandre Moraes ordenó a las tiendas de aplicaciones bloquear varias redes privadas virtuales (VPN) y creó una nueva sanción para los brasileños que consiguieran acceder a X a través de una VPN.

Por: David Inserra – El Cato

Aunque la orden original de bloquear las VPN fue revocada, una sala del Tribunal Supremo de Brasil mantuvo la prohibición de X y la nueva multa. La multa, de casi 9.000 dólares, equivale aproximadamente a los ingresos de un brasileño medio. Es evidente que el tribunal brasileño considera a X responsable por no haber obedecido sus órdenes de censura. Pero imponer una multa tan punitiva a los brasileños por el mero hecho de decir lo que piensan en Internet demuestra hasta dónde deben llegar los autoritarios para prohibir efectivamente una plataforma de expresión.

La justicia brasileña no se detuvo ahí. Moraes también congeló las cuentas bancarias de Starlink, la empresa dedicada a proporcionar Internet vía satélite. Dado que Elon Musk había cerrado la oficina brasileña de X, Moraes consideró necesario ir a por otra de las empresas de Musk, aún así estas otras no tienen relación alguna con X. Ya es bastante malo ver a las autoridades judiciales saqueando otras empresas para satisfacer su rencor contra Musk, pero para empeorar las cosas Starlink no es completamente propiedad de Musk. Musk posee aproximadamente la mitad de Starlink, lo que significa que las autoridades brasileñas también van a por la mitad de la empresa que pertenece a otros inversores.

En respuesta, Starlink se negó inicialmente a bloquear X en sus servicios de Internet, antes de capitular finalmente a las demandas brasileñas. Si Starlink se hubiera negado, las autoridades brasileñas podrían haber prohibido Starlink y su servicio a más de un cuarto de millón de brasileños. Aunque las autoridades brasileñas no pueden hacerse con los satélites de Starlink, podrían haber intentado apoderarse de los terminales terrestres, lo que habría perjudicado considerablemente la disponibilidad de Internet en Brasil, especialmente entre los usuarios de sus vastas zonas rurales.

Silenciar el discurso político crítico con el gobierno actual, amenazar a los ciudadanos con multas masivas por el mero hecho de publicar en Internet, congelar los activos de inversores internacionales, estar dispuesto a cortar Internet a cientos de miles de personas… no son acciones propias de una democracia liberal, sino de tiranos. Incluso destacados partidarios de las tácticas de censura del poder judicial brasileño creen que estas nuevas acciones han cruzado el Rubicón.

Moraes y los tribunales en general han adquirido nuevos poderes para actuar como víctima, fiscal, juez, jurado y verdugo. Sus órdenes van en contra de la letra clara de la ley brasileña y de las protecciones constitucionales para la expresión, y carecen de cualquier sentido real del debido proceso, a menudo se emiten en secreto y con poca explicación de qué ley han violado el contenido o los individuos en cuestión.

Por desgracia, la respuesta de Estados Unidos a esta ilegalidad ha sido inexistente. La administración Biden no ha emitido ninguna declaración sobre los ataques a empresas, inversores y principios estadounidenses en Brasil. Lo mismo puede decirse de los ataques a empresas estadounidenses procedentes de la Unión Europea y otros países. La ausencia de una respuesta formal a estas agresiones está afectando a las empresas y los ciudadanos estadounidenses, ya que un número cada vez mayor de países apunta a la libertad de expresión y a las empresas tecnológicas que la hacen posible.

Aún más inquietante es el apoyo que esta censura está recibiendo de algunas élites estadounidenses. El comentarista demócrata Robert Reich, por ejemplo, escribió un artículo de opinión en The Guardian pidiendo a los reguladores internacionales que «amenacen a Musk con arrestarlo si no deja de difundir mentiras y odio en X» y que el gobierno estadounidense deje de contratar con Space X y utilice la Comisión Federal de Telecomunicaciones para demandar a Musk porque sus derechos de expresión no son de «interés público». Keith Ellison, el abogado general del gobernador de Minnesota, Walz, publicó explícitamente un apoyo de la censura brasileña. Del mismo modo, demasiados políticos han alabado o colaborado con la maraña reguladora de la UE para proteger a las sociedades de la incitación al odio y la desinformación.

The New York Times, en su por lo demás meritorio reportaje sobre la situación, resumía esta visión del conflicto con la siguiente elección. «Hacer demasiado poco y permitir que la charla en línea socave la democracia; hacer demasiado y restringir la expresión legítima de los ciudadanos».

La idea de que permitir que la gente libre participe en «charlas en línea» socava la democracia es rotundamente errónea. La libertad de expresión es lo que permite a la gente gobernarse a sí misma debatiendo políticas y quiénes son sus líderes. Sí, a menudo ese proceso es feo y contiene varias falsedades, medias verdades y discursos ofensivos de todas las partes. Pero el gobierno no puede ser árbitro de lo que es verdadero y falso o de lo que es bueno o malo. Eso se deja al proceso democrático y a la investigación libre y liberal. Hacer lo contrario es pretender de alguna manera que podemos avanzar en la tolerancia, la libertad y la democracia siendo intolerantes, suprimiendo la libertad y limitando el debate democrático.

La supresión por parte de Brasil de X, de sus ciudadanos y de los inversores internacionales debería recibir una respuesta favorable a la expresión por parte de Estados Unidos. Un repudio diplomático formal debería ser bastante fácil. Y aunque hay muchos programas que merecen ser recortados del presupuesto de ayuda exterior de Estados Unidos, la situación actual en Brasil exige que el Congreso examine y recorte el dinero de los contribuyentes destinado a Brasil.

Si no se lucha contra la creciente ola de censura, el resultado será un futuro menos libre y próspero.

El congresista Hitler Saavedra Casternoque ha fallecido a los 46 años, así lo ha confirmado su colega Alejandro Soto. En conversación con RPP, el representante de Alianza para el Progreso señaló que el finado fue encontrado por la Policía Nacional del Perú (PNP) en la habitación de hotel en la que se había hospedado. Este instó a las autoridades a esclarecer los motivos del deceso.

Infobae

“Anoche estuvo compartiendo con unos amigos en su habitación”, dijo el jefe de la región policial Cusco, general Julio Becerra. Las fuerzas del orden tuvieron que forzar la puerta de su habitación al no recibir respuesta desde dentro. No se han encontrado signos de violencia y, por el momento, se esperan las conclusiones de las autoridades correspondientes para confirmar las causas del deceso.

Al promediar las 11:00 a.m., el Ministerio Público informó que el cuerpo del congresista sería trasladado a la Unidad Médico Legal del Cusco para que se realice la necropsia. El fiscal Luis Sendón Alba y la médica legista fueron los encargados de realizar el levantamiento del cadáver. Se informó que los restos del fallecido congresista será trasladado del Cusco a Lima, y luego llevado a su natal Yurimaguas.

Nacido en Yurimaguas el 18 de febrero de 1978, el parlamentario estudió en la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Según la ficha presentada ante las autoridades electorales, Saavedra se desempeñó como médico cirujano en la Dirección Regional de Salud de Loreto entre el 2017 al 2020. Dicho puesto le generaba un ingreso anual de S/43,680.

Saavedra llegó al Congreso de la República representando a la región de Loreto de la mano del partido Somos Perú. Los 7,654 votos obtenidos le valieron una curul que se espera ahora ocupe Ana Zadith Zegarra Saboya, quien logró 4,917 en las elecciones generales de 2021. En el Parlamento ocupó el cargo de presidente de la Comisión de Salud y Población en el periodo 2021-2022. En agosto de este año asumió la presidencia de la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de Gestión del Estado, para el periodo anual de sesiones 2024-2025.

“Existe una disparidad en la cobertura de servicios públicos entre distritos, provincias y departamentos, lo que ha generado descontento en la población manifestando en protestas continuas que exigen mejoras en servicios básicos como salud, educación, seguridad, limpieza pública, agua, electricidad”, dijo Saavedra el día que asumió la presidencia del mencionado grupo de trabajo.

El Congreso de la República expresó su pesar por la muerte de uno de sus integrantes mediante un comunicado publicado en sus cuentas oficiales de Facebook y X. A través de un sobrio mensaje, el Poder Legislativo envió sus condolencias a la familia y seres queridos de Hitler Saavedra Casternoque. “Que en paz descanse”, se lee en la publicación.

En México la democracia está en juego esta semana. El Senado votará las reformas constitucionales propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que rápidamente transformarían al país en una autocracia.

Por: Ian Vásquez – El Cato

AMLO, como se conoce al presidente, saldrá del poder el mes que viene. Pero el nuevo Congreso, con una mayoría de la coalición gobernante, entró a principios de mes. Por eso, a diferencia de sus intentos anteriores, parece que esta vez AMLO sí logrará cambiar la Constitución.

Se trata de reformas que les quitarían autonomía a agencias independientes, eliminarían prohibiciones a los militares de ejercer funciones civiles y cambiarían la forma de nombrar jueces para que sean elegidos de manera popular. La ONG Human Rights Watch ha denunciado las reformas: “Estas peligrosas propuestas socavarían la independencia judicial, otorgarían un poder sin precedentes a los militares y eliminarían las salvaguardas establecidas para proteger los derechos humanos”.

El Instituto Nacional Electoral (INE), por ejemplo, pasaría a estar bajo control del Ejecutivo, prácticamente garantizando el fin de la imparcialidad de las elecciones. Otros comités federales, como el de Energía, también perderían su autonomía. La Comisión de Competencia simplemente se eliminaría.

Se ampliaría también la prisión preventiva automática, según Human Rights Watch, “exigiendo a los jueces que ordenen la detención de cualquier persona acusada de extorsión, narcomenudeo, defraudación fiscal, contrabando o delitos relacionados con la producción y el tráfico de fentanilo, sin revisar las circunstancias del caso para determinar si la detención está justificada”. Esto abre las puertas al acoso por parte de las autoridades y viola el derecho internacional que solo permite tal procedimiento en casos excepcionales.

Pero lo más preocupante es la reforma judicial. Se propone nombrar a todos los jueces de la Corte Suprema, los jueces federales y los estatales mediante elecciones populares. Este cambio sometería a los jueces, no a que sean más independientes a la hora de emitir fallos, sino a las presiones populares del momento. El partido gobernante, que seguirá siendo el mismo de AMLO, las manipularía.

Peor aún es lo que señala el senador de oposición Ricardo Anaya. A nivel nacional, los mexicanos estarían seleccionando alrededor de 6.500 jueces. Dado que el partido gobernante actual seguirá en el poder, tendrá el control total de la preselección de todos los candidatos a esos puestos. En otras palabras, los mexicanos solo podrán escoger entre candidatos seleccionados por el partido de AMLO.

Anaya destaca otro problema. Los votantes tendrán que elegir un número altísimo de jueces. En la Ciudad de México, por ejemplo, los ciudadanos tendrán que votar por 344 personas. Pero para hacerlo tendrán que escoger entre los 2.161 candidatos para esos puestos. ¿Realmente se puede esperar que la votación esté basada en una ciudadanía bien informada sobre todos esos individuos que aparecerán en las boletas?

Por último, la reforma judicial propone establecer un tribunal de disciplina. Este tribunal estaría compuesto por cinco personas que tendrán la facultad de remover jueces o diciplinarlos de otra forma. El partido gobernante, según Anaya, también tendría control total de ese tribunal. Además, sería la única y última instancia.

Todas las reformas constitucionales propuestas por AMLO socavarían la democracia y varias de ellas, sin duda, violarían el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Pero basta la reforma judicial para destruir el Estado de derecho y la división de poderes, según el intelectual Enrique Krauze, quien agrega: “Si se aprueba, no quedará dique alguno antes de retrotraernos a los tiempos desdichados en los que México era el país de un solo hombre”.

A una superviviente de una banda de violadores se le impidió en el tribunal pedir la deportación de dos de sus abusadores. Siete hombres de origen predominantemente paquistaní en Rotherham fueron condenados por delitos cometidos entre abril de 2003 y abril de 2008.

The European Conservative

Cuando el caso en South Yorkshire estaba por concluir, la mujer, cuyo nombre no se dio a conocer, leyó su «declaración de impacto en la víctima», un documento legal que no estaba destinado a servir de prueba, sino a ayudar al juez a dictar sentencia. GB News, la única cadena nacional del Reino Unido que cubrió el juicio, vio una versión sin censurar del documento en la que se había eliminado una sección clave de sus comentarios finales, bajo coacción oficial.

El comentarista social Matt Goodwin calificó la decisión de » escandalosa «. Otros medios parecían más preocupados por la caída de uno de los suyos, el presentador de la BBC Huw Edwards, condenado por «hacer» (es decir, compartir) imágenes de abuso infantil.

La mujer, atacada desde los 11 años, se enfrentó a sus siete abusadores en el tribunal, que fueron condenados a un total de 106 años de prisión. Dos de ellos fueron objeto de atención específica en la versión original de la declaración de la víctima:

Me gustaría solicitar que, después de la sentencia y tras la liberación de Rudy [Mohammed Amar, 42] y Showabe [Mohammed Siyab, 49], sean deportados a Pakistán, ya que son de aquí y vinieron aquí para explotar a los niños. Gracias.

Esta recomendación fue retirada por orden de un juez. El abogado Matthew Bean, que actúa en representación del Servicio de Fiscalía de la Corona , dijo que, en el caso de los dos abusadores, “si permanecen en este país o no” es una decisión que le corresponde al Ministerio del Interior y que “la decisión debe tomarse” independientemente de lo que “la víctima diga en un sentido u otro”. Un portavoz del Ministerio del Interior añadió más tarde: “Sería inapropiado hacer comentarios sobre procedimientos judiciales en curso”.

Según la Ley de Fronteras del Reino Unido de 2007, se debe emitir una orden de deportación cuando un ciudadano extranjero ha sido condenado por un delito y ha recibido una pena de prisión de 12 meses o más.

Amar fue declarado culpable de dos cargos de agresión indecente y condenado a 14 años de prisión, 2 años de libertad condicional prolongada. Siyab fue declarado culpable de dos cargos de violación, un cargo de relación sexual con una niña menor de 13 años y un cargo de trata de personas. Fue condenado a 25 años de prisión, 12 meses de libertad condicional prolongada. Junto con sus cinco cómplices de orígenes similares, cometieron abusos y explotación sexual infantil en South Yorkshire entre 1997 y 2013, teniendo como blanco a niñas que supuestamente se encontraban bajo la protección del sistema de atención municipal, incluidas dos víctimas de tan solo 11 y 15 años.

Tras la Operación Stovewood , la sentencia en el Tribunal de la Corona de Sheffield pone fin a otra investigación sobre delitos relacionados con las » bandas de secuestro de menores «, que se reconocen cada vez más (a menudo con décadas de retraso) como una actividad delictiva generalizada, sobre todo en las ciudades del norte de Inglaterra.

En el pasado, los gobiernos locales y nacionales han sido objeto de críticas por su secretismo y obstrucción en torno a los antecedentes de los abusadores. Si bien las autoridades han afirmado que están protegiendo las buenas relaciones comunitarias, el problema de las bandas de seducción en sí sigue volviéndose cada vez más tóxico.

El gran volumen de casos, caracterizado por la intimidación de denunciantes, acusaciones defensivas de racismo, desdén por las niñas y mujeres jóvenes de clase trabajadora, Rochdale , Telford y litigios exitosos por parte de las víctimas (incluso contra el propio Rotherham ), apuntan a un enorme problema y una letanía de instituciones públicas fallidas.