Un total de 2.000 delincuentes han sido liberados este martes de varias cárceles en el Reino Unido —entre los que se encuentran agresores sexuales— pese a que el Gobierno laborista de Keir Starmer garantizó que sólo saldrían presos con delitos leves. Además, han anunciado que en los próximos días saldrán otros 1.700 y han achacado esta medida al «colapso» provocado por la anterior administración.

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Cabe destacar que quienes se verán beneficiados por esta liberación masiva ni si quiera han cumplido la mitad de sus penas, mientras que los patriotas que se manifestaron (físicamente y a través de las redes sociales) el mes pasado por el asesinato de tres niñas están sufriendo una persecución sin precedentes.

La delegada sobre abuso doméstico del gobierno británico, Nicole Jacobs, ha sido muy crítica con esta reforma, incidiendo en que la gran mayoría de los beneficiados serán abusadores domésticos y sus víctimas «pasarán noches de insomnio». » Aproximadamente, un tercio de las víctimas de abuso doméstico cuyos abusadores están siendo liberados probablemente no lo sepan o no reciban apoyo».

De hecho, entre los liberados en la jornada de hoy martes ya se conocen algunos ejemplos. Uno de ellos fue detenido por romperle la mandíbula a su novia mientras que otro entró por atacar con violencia a su pareja mientras le decía que lo estaba disfrutando.

En estos momentos, el sistema de justicia británico está totalmente colapsado. Tom Wheatley, presidente de la Asociación de Gobernadores de Prisiones, ha advertido de que que, con la entrada de nuevos reclusos provenientes de los disturbios tras el apuñalamiento en Southport, las cárceles podrían volver a llenarse en menos de un año. Esta situación refleja uno de los tantos problemas que aquejan al sistema penitenciario del país.

Por otro lado, los esfuerzos para desarticular las organizaciones criminales responsables de los cruces ilegales a través del Canal de la Mancha también parecen estar condenados al fracaso. La Agencia Nacional contra el Crimen, que lidera la estrategia de inmigración ilegal impulsada por Keir Starmer, se encuentra en una situación precaria, sin los recursos suficientes para hacer frente a la magnitud del problema.

La Asociación de Ciudadanos Europeos Contra la Corrupción (AECC) ha interpuesto una denuncia por delito de odio contra la eurodiputada Irene Montero, después de que afirmase en unas declaraciones que «todos los hombres son violadores en potencia».

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La dirigente de Unidas Podemos había respaldado en la red social X (antes Twitter) las polémicas palabras de la activista Júlia Salander, añadiendo que «los agresores machistas no son una excepción o rareza, sino los hijos sanos del patriarcado».

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La denuncia, presentada este lunes ante el Tribunal Supremo y adelantada por el periodista Marcos Ondarra de THE OBJECTIVE, argumenta que tales afirmaciones, además de «inapropiadas para una exministra de Igualdad», fomentan la «discriminación» y generan odio entre hombres y mujeres, contribuyendo a una mayor polarización social e, incluso, a posibles episodios de violencia.

Según la denuncia, los comentarios de Montero, amplificados por su gran repercusión, podrían encuadrarse dentro de los delitos de odio y discriminación, según los artículos 18, 22.4 y 510.1 del Código Penal. La asociación subraya que no se puede permitir la propagación de «una retórica tan peligrosa» que demoniza a un género en su totalidad, señalando que esto es tanto irresponsable como un catalizador de un ambiente de desconfianza y animosidad.

La AECC también hace un llamado para promover un discurso público basado en el respeto y la comprensión mutuos, rechazando las ideologías que fomentan la división por cuestiones de género. En su declaración, señalan que es necesario trabajar hacia una sociedad en la que prevalezcan la igualdad y la solidaridad, y no la división ni el odio.

«Estamos con la electricidad cortada y con los accesos a la sede tomados», ha advertido a primera hora de la mañana de este sábado Magalli Meda, mano derecha de María Corina Machado y uno de los seis colaboradores de la líder opositora refugiados en la embajada de Argentina en Caracas, ahora bajo custodia de Brasil, a pesar de que Nicolás Maduro ha revocado esa custodia.

Por: Daniel Lozano – El Mundo

Desde que el gigante sudamericano se hiciera cargo de la legación argentina a principios de agosto, los agentes revolucionarios habían dejado en paz a Meda, a Claudia Macero (responsable de Comunicación del Comando Con Venezuela que lidera Machado), a Pedro Urruchurtu (coordinador de Asuntos Internacionales de Vente Venezuela (VV), partido de la líder opositora), al ex diputado Omar González (miembro de la dirección nacional de VV), a Humberto Villalobos (coordinador electoral del comando) y a Fernando Martínez Mottola, uno de los principales asesores de la dirigente.

El núcleo duro de Machado encontró refugio argentino en marzo antes de que las fuerzas chavistas les detuvieran, tal y como sucedió con Henry Arviález, coordinador nacional de VV, y la ex diputada Dignora Hernández, jefa política del Comando Con Venezuela. Ambos dirigentes permanecen encarcelados desde hace seis meses.

La relativa calma en torno a la embajada cambió en cuestión de horas, tras las últimas declaraciones del presidente brasileño, Lula da Silva, quien criticó directamente a Nicolás Maduro: «Su comportamiento [al no presentar al país y al mundo las actas electorales] es decepcionante y debe demostrar que ganó».

Patrullas de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), que han reemplazado en parte a las temidas «brigadas de exterminio» de las FAES rodearon la sede caraqueña encapuchados y armados.

A las pocas horas desde Argentina se denunció que el Gobierno de Maduro había revocado la autorización a los brasileños para que custodiaran la embajada, aunque se desconocía la actitud oficial de Brasilia. El temor a un asalto de las fuerzas chavistas creció entre los seis dirigentes, que cuentan con protección argentina.

El Gobierno de Maduro acusó de «injerencismo» y ordenó a finales de julio el retiro de los diplomáticos de Argentina, Perú, Chile, Costa Rica, Uruguay, Panamá y República Dominicana, tras denunciar estos países el megapucherazo electoral del 28J y la represión sangrienta desatada por el chavismo.

Horas antes de que comenzara el último asedio, la cancillería argentina, encabezada por Diana Mondino, había exhortado al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) para que dictara órdenes de detención internacional contra Nicolás Maduro y los cabecillas del régimen «ante el agravamiento de la situación y la comisión de nuevos hechos que pueden ser considerados delitos de lesa humanidad».

El argentino Mauricio Macri también se encuentra entre la treintena de ex mandatarios que han firmado el escrito presentado el viernes por el colombiano Andrés Pastrana ante la CPI con parecidos argumentos. Entre ellos destacan todos los ex presidentes del Gobierno españoles, salvo José Luis Rodríguez Zapatero.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha justificado la revocación inmediata del beneplácito otorgado en agosto a Brasil, «una decisión motivada por las pruebas que se tienen sobre el uso de las instalaciones para la planificación de actividades terroristas e intentos de magnicidio» contra Maduro y contra la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.

Desde hace meses, el chavismo justifica la persecución contra los dirigentes opositores con todo tipo de acusaciones de terrorismo y de golpe de Estado, las mismas que se han usado contra los nuevos presos políticos que abarrotan las mazmorras del régimen. Según el Foro Penal, son 1.659 los prisioneros políticos tras la ola de terror impuesta después del 28J.

Por su parte, la Cancillería de Brasil aseguró que «por el momento se centra en garantizar la seguridad a los asilados en la embajada». El Palacio de Itamaraty aclaró que si Venezuela quiere revocar la autorización concedida en agosto «tiene que esperar la definición de un país sustituto. Mientras tanto, seguimos asumiendo esa responsabilidad».

A través de la red social X, el coordinador Internacional de Vente Venezuela (VV) -partido liderado por María Corina Machado-, Pedro Urruchurtu, ha indicado que agentes de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), junto con «funcionarios encapuchados y armados, rodean» el lugar.

Por su parte, el ex diputado Omar González, miembro también de VV, ha denunciado el corte del suministro eléctrico a la residencia, tras lo que está funcionando una «pequeña planta de emergencia» para contar con el servicio.

Los seis opositores se refugiaron después de que la Fiscalía los acusara de varios delitos, como conspiración y traición a la patria, entre otros.

La oposición venezolana vive con sentimientos encontrados el exilio de Edmundo González Urrutia a España. Por un lado, se lamenta de que su marcha quite fuerza y legitimidad a su reclamo de tomar posesión en enero como presidente de Venezuela, como todo parece indicar que le corresponde después de lo ocurrido en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Por otro, se alegra de que un señor de 75 años, padre, abuelo, esposo, se libre de ir a la cárcel y cuide su vida y la de los suyos, en peligro evidente desde que aceptó en abril representar a María Corina Machado, la líder de la oposición, en la contienda electoral frente a Nicolás Maduro, el presidente que se niega ahora a abandonar el poder.

Por: Juan Diego Quesada y Alonso Moleiro – El País

Maduro se ha enrocado y no quiere ni oír hablar de la posibilidad de salir por la puerta del palacio de Miraflores, la sede del Gobierno. “El problema ahora es Maduro. En su entorno ya se empieza a asumir que la situación es insostenible, pero él no. La situación es complicada”, cuentan fuentes venezolanas implicadas en el proceso. La salida de González Urrutia se ha producido “para evitar un baño de sangre” y al tratarse “de un hombre mayor al que le esperaba la cárcel”. “Esto no acaba aquí, la negociación sigue”, añaden estas mismas fuentes. Estados Unidos, junto a México, Brasil y Colombia, trata de sentar en la mesa al chavismo y convencerle de que acepte la derrota y haga el traspaso de poderes, que, en todo caso, no se producirá hasta enero.

En medio de todo este conflicto de grandes repercusiones internacionales ha quedado varado González Urrutia, que era hasta hace muy poco un operador político del segundo escalafón, casi desconocido. No venía de una lucha de años en primera fila como pudiera ser la de Leopoldo López o Henrique Capriles. La historia tocó a su puerta de repente y él la abrió, por responsabilidad histórica. Machado lo eligió al no poder competir ella misma por prohibición de los órganos de control en manos del chavismo. Pocos podían imaginar que Machado lograría traspasar en cuestión de días todo su capital político a Edmundo, al que no conocía nadie, y que la gente saldría a votar por él de forma masiva. Muchos analistas políticos creían que heredar de esa manera el voto no era posible, y menos en tan poco tiempo. Estaban equivocados. La movilización antichavista fue monumental. El Consejo Nacional Electoral (CNE), el ente que debía revelar el resultado final durante la madrugada del 28 de julio, se ha negado a enseñar las actas y, por tanto, no ha demostrado la victoria chavista. La oposición, en cambio, publicó en una página web todas las que sus voluntarios lograron recopilar en los centros de votación de todo el país. En ellas, González Urrutia casi triplica en votos a Maduro.

Enorme hueco

La líder es Machado, de eso no cabe ninguna duda, pero la salida de González Urrutia del país deja un enorme hueco que la oposición debe llenar en un panorama político complejo, donde cualquiera puede ser detenido en cualquier momento. “Toca recomponerse, levantarse, seguir con la lucha”, cuentan en el equipo de Machado. Algunos de sus colaboradores más cercanos no conocían anoche, minutos antes de que se hiciera oficial, que González Urrutia había aceptado la oferta española de recibir asilo político. En esa negociación participaron Jorge y Delcy Rodríguez, hermanos y principales operadores políticos de Maduro, y el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. González Urrutia, de acuerdo a fuentes conocedoras de esas conversaciones, se negó a aceptar el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que otorgaba la victoria a Maduro después de un peritaje —la web Armando.info ha publicado una investigación en la que demuestra que los “peritos” en realidad eran funcionarios chavistas disfrazados—. Pero pidió que se respetara la integridad de los seis asesores de Machado refugiados en la Embajada argentina en Caracas, perseguidos bajo la vaga acusación de “terrorismo” y que se liberase a otros presos políticos. En las horas previas a que González Urrutia decidiera si se iba o se quedaba, las fuerzas de seguridad venezolanas rodearon la Embajada argentina y cortaron la electricidad del edificio. Parecía que el asalto era inminente. En realidad, era una táctica de amedrentamiento, pero no contra Argentina, ni siquiera contra Brasil, el país encargado de la representación de ese país en Venezuela, sino contra González Urrutia, que refugiado en la sede diplomática de Países Bajos podía ver como no hay lugar seguro o inviolable para el chavismo. El enemigo estaba a las puertas.

La trampa que conlleva el exilio de González Urrutia es que venga acompañado del olvido, como ha ocurrido a muchos opositores que por seguridad han abandonado Venezuela. Es verdad que Machado, el motor principal del cambio, permanece en el país, pero quien tiene la legitimidad para enfundarse la banda presidencial en enero es González Urrutia. Ella lanzó un mensaje en redes sociales en el que no dejaba ninguna grieta a la idea de que se produzca un desmoronamiento de la causa opositora: “El 10 de enero de 2025, el Presidente Electo Edmundo González Urrutia será juramentado como Presidente Constitucional de Venezuela y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional. Que esto quede muy claro a todos: Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí, junto a ustedes”.

El paso dado por González Urrutia ha sido comentado con respeto y comprensión por la mayoría de los dirigentes políticos de la Plataforma Unitaria, que reúne a los principales partidos opositores. “Le toca ahora una lucha diferente, hacer presencia en los organismos internacionales, articular con los millones de venezolanos en el exterior y ser la voz de todo el país”, ha afirmado Delsa Solórzano, una de las colaboradoras más estrechas de Machado. Andrés Caleca, otro opositor, ha afirmado sentirse “aliviado”, con la salida del candidato, y Juan Pablo Guanipa, diputado de la Asamblea, ha asegurado que “la marcha de Edmundo es una demostración más de que combatimos una dictadura oprobiosa y denigrante”. Sin González Urrutia, en la oposición están convencidos de que tienen la tarea de seguir en pie en Venezuela y reclamar como suya la investidura del 10 de enero. “Porque eso es lo que han votado los venezolanos”, defienden.

Los puentes fronterizos siguen plenamente abiertos. Ni siquiera el paro camionero, con el que lidió el Gobierno de Gustavo Petro esta semana, detuvo el flujo de personas y vehículos por el Simón Bolívar, el más tradicional de los cruces que conectan a Colombia con la vecina Venezuela, sacudida por una crisis poselectoral que ya cumple más de un mes sin salidas a la vista. Es jueves al mediodía en La Parada, el asentamiento que ha crecido en la boca del puente del lado colombiano, y las personas que van y vienen bajo un sol abrasador que rebota contra el asfalto no se detienen, como de costumbre.

Por: Santiago Torrado – El País

Los cruces binacionales han sido el embudo de uno de los mayores flujos de personas en el mundo. Casi tres millones de venezolanos se han asentado en Colombia, por mucho el principal país de acogida de la diáspora. El Simón Bolívar, que comunica la zona metropolitana de Cúcuta con San Antonio del Táchira, se ha visto en varios momentos desbordado por las sucesivas oleadas de migrantes que han salido empujados por la hiperinflación, la inseguridad o la escasez de alimentos y medicinas en los años que lleva Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. Sin embargo, ha estado menos concurrido de lo habitual a lo largo de esta inusual semana, marcada por los bloqueos de camioneros y transportadores –hasta 21 en el departamento de Norte de Santander–, que no llegaron a paralizar a la mayor urbe colombiana sobre la frontera y se levantaron el viernes.

Aunque todavía se asoma uno que otro carruchero, jóvenes desposeídos que cargan paquetes por unos pocos billetes, y persiste algún trochero que se ofrece a llevar personas por los caminos informales, el Simón Bolívar ha vuelto a ser un puente esencialmente vehicular después del restablecimiento de relaciones con la llegada de Petro al poder. Los días en que miles de peatones transitaban sin descanso se antojan lejanos. Aunque siempre habrá trochas activas en una frontera tan porosa, con más de 2.200 kilómetros, los carrucheros han cedido su lugar a los carros y los mototaxistas, que parecen omnipresentes y ofrecen viajes a las poblaciones cercanas a lado y lado. Ya no están las carpas ni las vallas, y los pitos han relevado aquel sonido de las ruedas de maletas y carritos que transportaban todo tipo de mercancía, la banda sonora que caracterizó el lugar durante los largos años de diferencias irreconciliables entre Bogotá y Caracas.

Con Maduro atrincherado en proclamarse ganador de las elecciones del 28 de julio sin mostrar ninguna prueba de ese resultado, Petro persiste en un intento de mediación para desbloquear la situación. El presidente de Colombia insiste en pedirle a Maduro que muestre las actas electorales y evite la represión de la oposición, que defiende el triunfo de Edmundo González luego de haber recolectado y publicado la casi totalidad de las famosas actas. “De nuestra parte las poblaciones fronterizas pueden sentirse tranquilas”, declaró Petro a mediados de agosto, cuando postuló su fórmula para una salida negociada que incluía “nuevas elecciones libres”, una idea rechazada desde ambas orillas. “Las fronteras seguirán abiertas para mejorar la prosperidad común de nuestros pueblos”, prometió entonces.

Por aquí han pasado también decenas de perseguidos políticos que huyen de la represión desatada por el chavismo, que incluye a dirigentes opositores, líderes estudiantiles, defensores de derechos humanos, periodistas o testigos electorales. Su presencia, sin embargo, no es palpable en Cúcuta, pues tienden a seguir su camino hacia otros lugares de Colombia. Sitiada por un archipiélago de bandas y grupos armados, no les inspira confianza. “Este ha sido un año dramático para nosotros en términos de violencia; Cúcuta hoy no es una ciudad segura para nadie”, apunta Wilfredo Cañizares, defensor de derechos humanos y director de la fundación Progresar. “El Gobierno se equivocó al pensar que solo el restablecimiento de las relaciones y el intercambio comercial iban a solucionar los problemas de la ciudad”, se lamenta.

Las restricciones hoy son mínimas en todos los puentes que comunican el departamento de Norte de Santander con el estado Táchira. Al Simón Bolívar y el Francisco de Paula Santander, estructuras obsoletas tras más de medio siglo de servicio en un eje que llegó a ser en mejores tiempos el paso comercial más activo de América Latina, se suma ahora el de Tienditas, rebautizado como puente Atanasio Girardot, una moderna infraestructura que por fin entró en servicio en 2023 como parte del deshielo. El esperado repunte del intercambio comercial también queda en el aire a la espera del desenlace de la crisis.

Jonás Garrido, un venezolano de 42 años que sobrevive en medio de la informalidad ayudando a las personas que cruzan, bien sea con las maletas o con los trámites, vivió el proceso electoral con la expectativa de un cambio que le permitiera regresar. Viajó hasta su natal Puerto Cabello, en el estado Carabobo, a más de 700 kilómetros, para el día de elecciones. “Fui para allá a votar con el pensamiento de quedarme, pero si la cosa seguía igual me volvía a venir para acá. No mejoró nada”, se lamenta. Solo estuvo dos semanas. “No aguanté. Está demasiado rudo para comer, trabajar…aquí por lo menos se consigue algo”, relata.

Las autoridades regionales se mantienen expectantes ante la posibilidad de una nueva oleada migratoria, que hasta ahora no se ha producido. “Después de las elecciones hemos visto unos flujos que han disminuido”, dice sobre el propio puente Kimberly Labarca, la secretaria de fronteras de Norte de Santander. El flujo de los llamados migrantes pendulares, que van y regresan, es de unas 35.000 personas diarias, señala. “Este flujo ha disminuido aproximadamente un 13%, a unas 30.000 personas, e incluso varios comerciantes nos han comentado que sus ventas han bajado hasta un 30% o 40%”, detalla la funcionaria. Migración Colombia tiene un plan de contingencia con unos semáforos de alertas, pero de momento no se han activado.

“Está flojo, flojo”, corroboran los cambiabolivares este caluroso jueves detrás de las ventanillas de seguridad de las abundantes casas de intercambio de divisas en La Parada, aunque atribuyen la escasa actividad al paro de camioneros. Les siguen llamando así a pesar de que, ante la dolarización de facto de Venezuela, ahora solo cambian pesos y dólares, ya no bolívares.

La frontera vive “una tensión” ante el imprevisible desenlace del proceso electoral en Venezuela, apunta William Villamizar, el gobernador del Norte de Santander, sin ocultar su preocupación. “Ese desenlace nosotros esperamos que no sea una migración masiva, que ya la hemos tenido en el departamento en épocas anteriores”, dice. Villamizar, en su tercer periodo, también era gobernador en otras crisis como la de 2015, cuando Maduro cerró la frontera y expulsó a miles de colombianos que cruzaron el río Táchira con sus enseres al hombro. En esos momentos críticos que parecían superados, con bastante más de 100.000 entradas diarias, los migrantes se han quedado en las plazas, los parques y las calles de la ciudad, e incluso se ha producido el fenómeno de los caminantes, que se internan a pie por las carreteras para llegar al centro del país, o incluso hasta la frontera con Ecuador.

“Esta migración masiva, cuando se da, nos obliga a generar una atención al migrante en salud, con la alerta amarilla en los hospitales; en educación, en donde toca atender los niños en el sistema escolar; y también en los temas de seguridad”, detalla Villamizar. Cuando ha ocurrido, el flujo rebasa la capacidad institucional de respuesta, advierte. “Por eso nosotros esperamos que el desenlace final se acepte en el pueblo venezolano, que de alguna manera no tenga que volver a darse ese éxodo tan grande”, añade. Admite que los temas en los que estaba trabajando con el gobernador del Táchira, el chavista Freddy Bernal, están “relativamente paralizados”. Los gobernadores de los departamentos fronterizos no están autorizados a opinar sobre la forma en que se desarrollen los procesos electorales en el país vecino, “es una definición que debe hacer el canciller [Luis Gilberto Murillo]”, apunta para evitar pronunciarse. La postura diplomática de Bogotá no parece una prioridad entre sus preocupaciones.