Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

El Presidente de la Junta Directiva de la Asociación Bancaria de Panamá (ABP), Raúl Guizado, reveló que en el primer semestre de 2024, el saldo promedio de la morosidad en el Sistema Bancario Panameño se situó en el 4.5%.

ANPanamá

Sin embargo, advirtió que ciertos segmentos, específicamente el de las tarjetas de crédito, han experimentado un incremento significativo en los niveles de morosidad.

Guizado señaló que, aunque la morosidad ha aumentado, los bancos cuentan con reservas adecuadas para enfrentar esta situación. Además, se espera que las condiciones macroeconómicas favorables ayuden a reducir los altos niveles de morosidad, especialmente en el segmento de las tarjetas de crédito.

«La demanda de crédito está presente y eso es positivo, ya que más panameños están solicitando productos financieros, incluidas las tarjetas de crédito», comentó Guizado. No obstante, reconoció que el aumento en la morosidad podría estar vinculado a la desaceleración económica que ha afectado al país.

Uno de los factores que Guizado destacó como contribuyente a este panorama es la declaración de inconstitucionalidad del contrato de la minera en noviembre del año pasado. Esta situación ha impactado negativamente en la economía, dejando a un 20% de los ex empleados de la minera en morosidad debido a la dificultad para reincorporarse al mercado laboral con empleos fijos.

Actualmente, el saldo total de la cartera del Sistema Bancario asciende a US$150 millones, de los cuales US$30 millones están en morosidad. Esta cifra refleja las dificultades que enfrentan los trabajadores desempleados y subraya la importancia de medidas para mitigar el impacto en los segmentos más vulnerables del sistema financiero.

Cada país tiene un sistema de Gobierno, que encarna y se expresa en la Constitución y las leyes. Básicamente hay dos grandes sistemas: el estatismo, o predominio abusivo del Gobierno, en nombre del Estado, y su opuesto el Liberalismo Clásico, o sistema de Gobierno Limitado.

Lo que Venezuela ha tenido en el pasado y el presente es estatismo, y ha fracasado. Lo que tiene ahora es Socialismo, que es el estatismo llevado al extremo. 

Lo que Venezuela necesita es lo opuesto: Gobierno Limitado, la única salida hacia el Orden y la Justicia, el Progreso, la Prosperidad y el Bienestar general.

Venezuela requiere: 

Una nueva Constitución, que consagre el nuevo sistema Liberal Clásico de Gobierno, y leyes concordantes, que lo expresen, manifiesten y pongan en práctica.

Y un Partido Político que promueva, impulse y oriente el proceso de cambio para mejor, asumiendo su defensa y conservación una vez adoptado. 

Conceptos Básicos: 

Toda economía es capitalista porque emplea ahorros y medios de producción para multiplicar los bienes y servicios. Pero el Capitalismo puede ser de Estado o Liberal.

El Mercantilismo es el estatismo o capitalismo de Estado en provecho exclusivo de los sectores económicos establecidos, y el socialismo es igual, en provecho exclusivo de los grupos políticos dominantes, el Neoliberalismo es la forma actualizada y un poco disfrazada de Mercantilismo, el Liberalismo Clásico es el Capitalismo para todos, sin restricciones ni privilegios. 

En Venezuela no se conoce el Liberalismo Clásico. Muchos años de excesos, abusos y estragos del Mercantilismo, cada vez peores, nos trajeron ahora como reacción el socialismo: un remedio que no remedia, sino que destruye, empobrece y esclaviza, igual de malo o peor que la enfermedad. 

¿Qué es el Estatismo?

  1. En lo político: Gobierno ilimitado, con demasiadas funciones diversas y heterogéneas, impropias de su naturaleza, e incapaz de cumplirlas. Más para ese fin se arroga infinidad de poderes. Y se apropia de enormes cantidades de recursos a título de impuestos. Así somete nuestras libertades y nos esclaviza. Toma nuestros recursos y nos empobrece. 
  2. En lo económico: mercados cerrados a la competencia libre y abierta.
  3. En lo social y cultural: Instituciones privadas dependientes del Estado.

Los Tres Principios Básicos del Liberalismo Clásico.

Son los opuestos a los anteriores, respectivamente: 

  1. En lo político, Gobiernos Limitados.
  2. En lo económico, mercados libres.
  3. En lo social y cultural, Instituciones privadas separadas del Estado. 

El primero es el más fundamental, por eso el Liberalismo Clásico se conoció en el pasado como Doctrina del Gobierno Limitado, y en consecuencia, de la libertad personal, que es su resultado.

De todos modos, esos tres son sus principios inconfundibles. El segundo y el tercero resultan del primero, porque sólo con Gobiernos Limitados es posible tener: 

En lo económico, mercados libres, y por eso altamente eficientes y productivos, y así remunerados sus factores con ingresos sólidos, y por eso con amplia capacidad adquisitiva. Sin el Estado multipropósito, enorme y ultragastador, los mercados libres pueden sostener empresas rentables, manufactureras, agropecuarias o de servicios, y sin subsidios.

En lo social y cultural, sólidas instituciones privadas: familias, empresas ,gremios, medios de comunicación, escuelas, clínicas, entes de previsión, iglesias y otras asociaciones voluntarias, sin la dependencia tutelar y dominio de los Gobiernos, pueden desarrollarse vigorosas y autónomas, en el contexto de una economía próspera.

Para que Gobierno? Cuáles son sus funciones? 

Muchas veces escuchamos que tal o cual asunto es “ muy importante” y por eso el Gobierno debe atenderlo. NO ES ASI. 

Muy importante en la vida es el amor, y no hay un Ministerio del amor.( Esperemos no haberle dado motivos o una mala idea al Gobierno Socialista con éste ejemplo).

El Gobierno es el monopolio legal de la fuerza en representación del Estado, que corporiza, actualiza y opera. Por consiguiente, la sociedad necesita Gobierno para todo aquello que requiere el empleo de la fuerza o la coacción: perseguir el crimen y juzgarlo, y recolectar impuestos suficientes para pagar estas funciones y las obras públicas contratadas. Tales son sus funciones propias naturales. Nada más.

En Venezuela los políticos discuten sobre si tales o cuáles negocios con el petróleo u otros bienes son buenos o malos para el Estado. Pero el Estado no existe para hacer negocios, ni malos, ni buenos. Ni para ser empresario, banquero, agricultor, minero o transportista. Tampoco para ser maestro o profesor, médico o enfermera, ni agente y corredor de contrato de seguros previsionales. Existe para ser Soldado y Policía, Diplomático, Juez y Oficial de Justicia, y Contratista de Obras públicas. Y en todo caso para distribuir entre los pobres cupones de atención educativa, médica y previsional, equivalentes a dinero y reembolsables a las instituciones privadas prestatarias. Nada más. 

La causa de la pobreza es la inmensa concentración de poder.

Primeramente no debemos confundir pobreza con desigualdad económica: la pobreza mueve a compasión, la desigualdad en cambio provoca envidia, un bajo sentimiento que no debe ser inspirador de políticas y medidas de Gobierno. 

Cuando los Gobiernos concentran injustamente el poder nos someten, esclavizan y empobrecen, y nos impiden satisfacer nuestras necesidades por nosotros mismos, y acceder a la Prosperidad y el Bienestar por medios y esfuerzos propios. La concentración de poder causa la falta de Libertad, y la consiguiente pobreza, que no es producto de la corrupción, como creen muchísimos de los diagnósticos mal hechos.

Por: Néstor Suárez
Economista
Msc y Phd en Economía.

Los fundamentos políticos, jurídicos y doctrinales tras el establecimiento de un tribunal penal internacional han significado un largo recorrido para Occidente

ORLANDO VIERA-BLANCO
20/08/2024

La Corte Penal Internacional (CPI) o Tribunal Penal Internacional (TPI) es un tribunal de justicia internacional de última instancia regido por el Estatuto de Roma. Su carácter es permanente y su misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.

En esta entrega nos referiremos muy puntualmente a los crímenes de lesa humanidad y el deber de esta corte es investigarlos, enjuiciarlos y condenarlos.

Historia de la CPI y crímenes de lesa humanidad

Para comprender la complejidad de los procesos propios de la justicia penal internacional es necesario retroceder a los orígenes de esta jurisdicción universal. Lo primero es reconocer que se trata de un salto evolutivo inmenso de la humanidad. Ser juzgado penalmente por órganos de justicia supranacionales, supone un alcance jurídico, un nivel de comprensión de fuero, jurisdicción y competencia, extraordinario. Siglos de reflexión, aceptación y evolución ética y filosófica, se necesitaron para entender que los derechos fundamentales del hombre no los tutela únicamente una autoridad local, un estado o una nación, sino a la humanidad toda. Valor consagrado en la Declaración Universal de los DDHH de 1947 [Asamblea General de las NNUU, Paris 10/12/1948].

Los fundamentos políticos, jurídicos y doctrinales tras el establecimiento de un tribunal penal internacional han significado un largo recorrido para Occidente. En 1919, una vez terminada la I Guerra Mundial, los países victoriosos quisieron juzgar al káiser Guillermo II de Alemania por el crimen de agresión. Su fundamento original más directo se encuentra en los tribunales internacionales establecidos en Núremberg y Tokio para juzgar a los criminales de guerra de Alemania y Japón por los delitos cometidos durante la II Guerra Mundial.

Pese a que el primero de estos ha sido objeto de graves críticas—tanto por castigar penalmente a personas jurídicas como la S.S. o la Gestapo o por no aplicar principios de temporalidad y territorialidad de los delitos [aplicando tipicidades penales no contempladas retroactivamente] fueron en conjunto considerados un gran avance en materia de justicia internacional.

Posteriormente, en los albores de la ONU, el Consejo de Seguridad recomendó a un panel de expertos que se explorara la posibilidad de establecer una corte permanente de justicia en materia criminal, similar o complementario a su principal órgano judicial, la Corte Internacional de Justicia. Después de largos debates académicos y políticos, la idea no prosperó hasta los graves acontecimientos del genocidio yugoslavo (1991-1995) y ruandés (1994). En parte por estos trágicos hechos, y por el desarrollo alcanzado por el Derecho Internacional de los DDHH y por el Derecho Penal Internacional, se celebró en la ciudad de Roma la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, cuya acta final [constitutiva] fue suscrita el día 17/07/1998. Se trata así del primer organismo judicial internacional de carácter permanente encargado de perseguir y condenar los más graves crímenes cometidos por individuos, en contra del derecho internacional.

Según el Estatuto de Roma [1998], son crímenes de lesa humanidad once tipos de conductas y situaciones, siempre que sean «parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque»: i.-Asesinato, homicidio intencional; ii.-Exterminio: imposición de condiciones de vida que tienden a destruir parte o toda una población; iii. Esclavitud: ejercicio de derechos de propiedad sobre una persona, incluido el tráfico de personas, en particular de mujeres y niños; iv.-Deportación o traslado forzoso de población: expulsión de personas de la zona donde están presentes legítimamente sin motivos autorizados por el derecho internacional; v.- Encarcelamiento: privación grave de la libertad física; vi.-Tortura: dolor o sufrimientos graves, físicos o mentales, causados intencionadamente a una persona que el acusado tenía bajo su custodia o control; vii.- Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable; viii.-Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género o por otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional; en conexión con cualquier crimen comprendido en el Estatuto; ix. Desaparición forzada de personas, detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, consentimiento o aquiescencia, junto con la negativa a reconocer la privación de libertad o a proporcionar información sobre la suerte que han corrido los «desaparecidos» con la intención de privarlos de la protección de la ley durante un largo periodo; x.- Crimen de Apartheid: actos inhumanos cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial por otro con la intención de mantener ese régimen; xi.-Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionadamente grandes sufrimientos o atenten contra la integridad física o la salud mental o física: actos inhumanos de gravedad similar a otros crímenes contra la humanidad.

Situación Venezuela I

A raíz de las protestas en Venezuela [2014, 2017], la CPI recibió la remisión de seis países miembros del Estatuto de Roma, denunciando conforme al artículo 14.1.2 del Estatuto a Venezuela por Crímenes de Lesa Humanidad: Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Perú y Paraguay. Esta remisión obligó a la Oficina del Fiscal abrir la fase preliminar de exámen que la denominó la Situación Venezuela I.

Por la naturaleza complementaria/supletoria de la jurisdicción universal de la CPI, los procesos deben agotar fases de verificación judicial de alcance tambien ‘diplomático’, que impiden una rápida actuación, salvo Actos de Guerra, Genocidio o Agresión, que suponen casos de urgencia reconocidos por el Derecho Internacional. No desmerezcamos la grave situación de criminalidad, desplazamiento y represión en Venezuela. Son precisamente estos eventos, los que debe revisar la CPI y avanzar en su rápida valoración para dictar medidas de detención, alertas y/o comparecencias forzosas.

La Fiscal del momento [2017] Fatuo Bensouda, dicta medida de exámen preliminar el 8/2/2018. Han pasado más de seis largos años desde esa medida, después de lo cual la CPI debió agotar la fase de complementariedad o verificación de inexistencia de justicia imparcial en el país miembro; Fase de cooperación [agotada por el Fiscal Karim Khan en sus visitas a Venezuela], donde el despacho Fiscal se tuvo que reunir con el representante del estado Venezolano así reconocido por la ONU y la CPI, y fase de Investigación [actual], que fue objeto de disputas procesales y acciones dilatorias por parte del Estado Venezolano.

La fase de Investigación faculta al fiscal a exigir medidas coercitivas o de arresto a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad. A pesar que a nuestro criterio existen suficientes elementos probatorios para haber procedido con estas medidas, es a raíz de los eventos postelectorales del 28/7/24 donde se vienen a registrar y acumular a las existentes, una arremetida de incidencias criminales, que han sido detalladamente informadas a la CPI por grupos de interés y activistas de DDHH.

Hemos consignado al despacho fiscal 702 incidencias en las últimas dos semanas, identificando la cadena de mando de Poderes Públicos; de las Fuerzas del orden al servicio de esa cadena represiva, Gobernadores de Estados, funcionarios del Poder Judicial, Grupos paramilitares o Colectivos. Toda una estructura que la Corte Interamericana de DDHH [CIDH] reconoce como Terrorismo de Estado.

El Fiscal ineludiblemente, tal como lo hizo contra Putin en Rusia, Netanyahu en Israel o representantes del grupo terrorista Hamas en Gaza, debe proceder con estas órdenes coercitivas. Omitir es favorecer la impunidad. Y de la impunidad al desbordamiento criminal hay un paso, que ya se observa en Venezuela. Podemos comprender que el agotamiento de procesos y plazos es riguroso e inevitable. La justicia penal supranacional así lo prevé, precisamente porque se trata de un órgano de fuerza judicial que va más allá del Estado agresor. Pero estando en el momento procesal que justifica actuar con determinación y contundencia, el Fiscal de la CPI no tiene otra alternativa que solicitar las medidas preventivas de seguridad a la Sala de Cuestiones previas para cumplir además el deber de proteger que contempla el ER y la Carta de las Naciones Unidas.

Petición de un grupo de Juristas

Un grupo de reconocidos juristas internacionales ha enviado una petición de urgencia criminal a la Oficina del Fiscal de la CPI en la cual describe con hechos y detalles, las atrocidades confesas que en sólo días ulteriores a las elecciones presidenciales [28/7/2024], se han cometido en Venezuela por fuerzas represivas-civiles, policiales y militares-donde se destacan crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución, desapariciones forzosas, encarcelamiento, torturas, segregación política, violación y abusos sexuales, más otros tratos crueles, que van por libre en Venezuela con absoluta y preocupante impunidad, bajo la mirada impune de los órganos de justicia, y muchas veces, bajo su aquiesciencia.

LA OEA ha aprobado una resolución que condena estos hechos y llama al cese del hostigamiento, liberación de presos políticos y grave violación de DDHH. El panel de expertos de la ONU reconoció que no hubo una elección íntegra y transparente, por lo que el derecho a protestar es legítimo, y el mismo llamado lo han hecho la Comisión de determinación de hechos de la ONU y el Alto Comisionado de DDHH de este mismo organismo. El propio Fiscal de la CPI Karim Khan le ha notificado al régimen de Caracas que se abstenga de seguir reprimiendo, siendo que acusa recibo de numerosas incidencias criminales, a la par de monitorear los hechos en Venezuela. Venezolanos, no estamos solos.

Pero sin duda es hora de que el honorable Fiscal de la CPI, Karim Khan actúe conforme al ER y al derecho de las víctimas y los venezolanos a ser protegidos. Es la impostergable necesidad de que haya justicia en La Haya, siguiendo el espíritu, propósito y razón de Nuremberg y de Tokio [salvando la materialidad, territorialidad y temporalidad de los hechos], siguiendo el mandato del Estatuto de roma, que es resguardar la población civil inocente e indefensa, como se hizo justicia a partir de los hechos de Yugoslavia o Ruanda. Es proteger a nuestros niños, jóvenes, mujeres, mayores y población indefensa como lo hizo con la población de Ucrania y Gaza.

La misión de la justicia penal internacional es clara y diáfana: prevenir y proteger a los pueblos del mundo de los graves crímenes contra la humanidad y castigar a sus perpetradores para conseguir lo que busca la justicia, que es la paz. Es tiempo. No más impunidad…

Cuando ya casi se cumple un mes de haberse realizado la elección presidencial y en medio de la falta de publicación de resultados disgregados por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) continúa con el peritaje electoral de los comicios del 28 de julio. Las investigaciones, que comenzaron el 5 de agosto, han estado marcadas por omisiones y limitaciones en sus procedimientos.

Por: Gabriel Peraza – El Pitazo

Los representantes designados por el ente judicial son observadores internacionales y auditores nacionales de gobiernos aliados y de organizaciones que han simpatizado con el oficialismo. Entre ellos están el Consejo de Expertos Electorales en Latinoamérica (Ceela) y el Observatorio del Pensamiento Estratégico para la Integración Regional (Opeir), además de un grupo de técnicos y profesores de la Universidad Simón Bolívar (USB) invitados por el vicepresidente del CNE, Carlos Quintero.

Un criterio parcializado

“El CNE tiene el mejor sistema electoral de Latinoamérica”, reiteró el presidente del Ceela, Nicanor Moscoso, durante su estadía en Venezuela. Lo afirmó por primera vez el 11 de abril, en un encuentro entre las autoridades electorales del país y los observadores internacionales. Luego, el 26 de julio, durante una entrevista en Venezolana de Televisión (VTV), les garantizó a los ciudadanos que sus votos serían contados.

Casi un mes después de los comicios y tras la entrega de dos boletines, el órgano electoral no ha mostrado los resultados especificados por estado, municipio, centro y mesa de votación.

El sistema electoral no solo está vinculado con el ejercicio del voto, al que hizo referencia Moscoso, sino también con una serie de normas y de procedimientos que se deben cumplir. Si bien hubo analistas y organizaciones que garantizaron la seguridad del sistema automatizado del CNE antes del 28 de julio, también advirtieron que hubo irregularidades en otros procesos que engloban el sistema.

Además de respaldar al CNE, Moscoso también ha mostrado su apoyo a otros órganos y procesos electorales en Latinoamérica. Por ejemplo, tras la victoria de Daniel Ortega en las elecciones presidenciales de Nicaragua en 2016, dijo que su triunfo dio “plena conciencia a los nicaragüenses que tomaron una decisión hacia su futuro” y destacó el “progreso” que tuvo el país bajo su gestión. Por decisión de Ortega, en esos comicios no hubo una observación electoral, sino una visita de “acompañantes electorales” reconocidos por el Consejo Supremo Electoral (CSE).

Lea la nota completa siguiendo este enlace a El Pitazo

Nicolás Maduro aseguró que está «ensayando un nuevo sistema de gobierno y tiene que funcionar». Según dijo, se basará en la aplicación de los principios del «socialismo del siglo XXI de Chávez» en la «dimensión política, económica, espiritual y moral, social y territorial».

Tal Cual

En su programa semanal Con Maduro +, realizado este lunes 19 de agosto, el gobernante señaló que quiere «superar la democracia falsa representativa» para reemplazarla por un sistema democrático directo. De allí que anunciara que a partir de ahora hará anualmente cuatro consultas populares, una cada tres meses.

«Es la segunda gran consulta popular nacional 2024. Más democracia, más participación, más avances, más libertad y paz. En Venezuela manda el pueblo», dijo Maduro más temprano este lunes.

La próxima será este domingo 25 de agosto y al igual que la primera, la cual se llevó a cabo el pasado 21 de abril para la elección de los proyectos sociales que se ejecutarán en el país durante 2024, estará a cargo del ministerio para las Comunas y los Movimientos Sociales. Se escogerán proyectos comunitarios que serán financiados por el gobierno en los 4.500 Circuitos Comunales.

Apenas en mayo Maduro anunció que realizaría un acto con los representantes comunales para entregar los recursos o fondos correspondientes para ejecutar los proyectos, entre los cuales se encontraban cambio del sistema eléctrico, remoción y asfaltado vial, mejora de la toma de aguas servidas. Muchos de ellos abordan necesidades básicas por las que tienen que responder las autoridades correspondientes, sin que haya ninguna asociación partidista de por medio.

En abril, para participar en la consulta, las personas mayores de 15 años debían acudir al centro electoral habilitado en la comunidad (www.comunas.gob.ve.) y presentar la cédula de identidad. Posteriormente, seleccionaban el proyecto de su preferencia, introducían la papeleta en la caja y registraban su voto con firma y huella en el cuaderno de votación.

Los funcionarios de campaña de la oposición venezolana se han refugiado en una residencia diplomática argentina en Caracas durante cinco meses, observando desde allí la agitación del país.

Por: Genevieve Glatsky – The New York Times

Cada mañana se despiertan y miran las montañas de Caracas. En los días en que las protestas llenan las calles, pueden escuchar los cánticos. Pero saben que si dan un paso fuera de su recinto, pueden ser arrestados y arrojados a prisión.

Durante los últimos cinco meses, cinco altos funcionarios del partido de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, han estado viviendo en una residencia diplomática argentina, donde buscaron asilo después de que el fiscal general del país anunciara órdenes de arresto en su contra.

Y es desde esta casa, situada entre las residencias diplomáticas de Rusia y Corea del Norte, que los principales asesores de Machado han llevado a cabo una de las campañas presidenciales más importantes de la historia del país.

De alguna manera, a pesar de las restricciones a su libertad, los cinco funcionarios no sólo lograron ayudar a organizar una campaña de participación electoral que llevó a millones de personas a las urnas el día de la elección, sino que también movilizaron a miles de observadores para recolectar actas que pudieran demostrar que su candidato había ganado.

Sus esfuerzos ayudaron a que Estados Unidos reconociera al candidato de la oposición, Edmundo González, como ganador, mientras que muchos otros países se han negado a reconocer la afirmación de victoria del presidente Nicolás Maduro.

Y, sin embargo, a pesar de todo esto, Maduro sigue en el poder y los cinco siguen atrapados en el complejo argentino, a la espera de un permiso oficial para salir del país.

Todo comenzó el 20 de marzo, cuando dos importantes líderes del partido de Machado, Vente Venezuela, fueron arrestados y enviados a un conocido centro de detención venezolano conocido como el Helicoide.

La campaña había estado en alerta máxima durante meses. El gobierno autocrático de Maduro había acordado celebrar elecciones libres en octubre como parte de un acuerdo con Estados Unidos para levantar las agobiantes sanciones. Pero los funcionarios habían estado poniendo obstáculos  desde entonces, incluida la intimidación de los políticos de la oposición.

Algunos funcionarios de la oposición se habían escondido temporalmente y la mayoría vivía en un estado de paranoia.

Tras los arrestos del 20 de marzo, un funcionario de la campaña de la oposición, Pedro Urruchurtu, temía que él y otros altos funcionarios del partido fueran los siguientes.  Actuó rápidamente y se puso en contacto con todos sus contactos diplomáticos en busca de alguna embajada que les diera asilo.

Uno de esos contactos fue  el subjefe de misión de la embajada de Argentina, Gabriel Volpi.

“Nos están buscando”, recuerda Urruchurtu haberle dicho por teléfono.

“Dame 15 minutos”, respondió el señor Volpi.

“Si puedes, que sean 10”, dijo Urruchurtu.

“Está bien, trato hecho.”

El plan ya estaba en marcha cuando el fiscal general de Venezuela anunció en una conferencia de prensa que emitiría órdenes de arresto contra Urruchurtu y otros cuatro funcionarios del partido: Magalli Meda, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Omar González. También nombró a Fernando Martínez Mottola, asesor de una coalición de partidos de oposición.

Los que estaban en la capital, Caracas, se escondieron inmediatamente y Volpi envió vehículos para llevarlos a la residencia del embajador, donde recibirían protección del gobierno argentino (Argentina actualmente no tiene un embajador destacado en Venezuela).

Omar González, de 74 años, quien dirige la oficina de campaña de Machado en su estado natal de Anzoátegui, estaba a punto de abordar un avión a Caracas para un viaje de trabajo cuando su hijo lo llamó para informarle sobre la orden de arresto, dijo en una entrevista. Tuvo que tomar una decisión en una fracción de segundo: salir del aeropuerto o abordar el avión. Decidió seguir con sus planes de viaje, pensando que sería menos reconocible en Caracas.

Después de aterrizar, dijo que caminó rápidamente por el aeropuerto sin mirar a nadie y se subió al primer taxi que vio.

“Empieza a conducir”, le dijo al conductor. “Y luego te diré a dónde vamos”.

A los 30 minutos, dijo, recibió instrucciones de dirigirse a la residencia argentina. Cuando llegó, se encontró con que algunos de sus colegas ya estaban allí.

“Fue como si hubiera visto ángeles”, dijo.

A medida que se adaptaban a sus nuevas vidas, la sensación de alivio fue reemplazada por una sensación de urgencia. Todavía tenían una campaña que llevar adelante, por lo que su tiempo se llenó de reuniones virtuales. A veces dormían tan solo cuatro horas al día a medida que se acercaban las elecciones del 28 de julio.

La señora Meda, mano derecha de Machado, en el pasado acompañó a la líder de la oposición en su viaje por el país. Ahora estaba haciendo videollamadas en aislamiento.

“Me gusta el contacto humano”, dijo Meda. “Necesito trabajar con los equipos. Estoy acostumbrada a tocarlos, a verlos, a saber cómo se sienten. Tener los auriculares puestos todo el día hace que a veces sienta que me estoy quedando sorda. No es mi naturaleza”.

En entrevistas, los cinco funcionarios de campaña dijeron que se sentían afortunados de haber  evitado por poco el destino de sus colegas encarcelados, pero describieron que vivían en un estado de constante tensión e incertidumbre sabiendo que en cualquier momento sus circunstancias podrían cambiar.

“Es un paisaje con el que has crecido, un paisaje que sabes que de alguna manera te pertenece”, dijo Urruchurtu. “Pero al mismo tiempo, lo que te cansa es no poder ir más allá”.

Para Volpi y su esposa, que vivían solos con sus dos perros en la residencia de 3.800 metros cuadrados, los solicitantes de asilo fueron una compañía bienvenida. Los ocho se convirtieron rápidamente en una familia, dijo.

Pasaron comidas, cumpleaños y días festivos juntos. Los líderes de la oposición no se quedaron solos sin un diplomático argentino presente, en caso de que el gobierno de Maduro intentara entrar, dijo Volpi.

Pero después de dos meses, el Sr. Volpi abandonó la residencia para jubilarse como estaba previsto.

“Me hubiera gustado quedarme con ellos hasta el final”, dijo. Todavía tienen un chat de texto grupal donde hablan todos los días, dijo.

Cuando el Tribunal Supremo de Venezuela prohibió a Machado participar en las elecciones, el partido de oposición apoyó a un candidato desconocido, un diplomático retirado llamado Edmundo González, y convenció a su base electoral para que votara por él.

A medida que se acercaba la votación, vieron cómo el gobierno de Maduro hacía aún más para socavar la elección, arrestando no sólo a activistas y políticos sino también a propietarios de hoteles y restaurantes que ofrecían servicios a la campaña de la oposición.

Luego, en la noche de las elecciones, vieron cómo Maduro declaraba su victoria, pero no presentó ninguna prueba que respaldara esa afirmación. Los recuentos recopilados por los observadores electorales demostraron que, de hecho, González había ganado, y por una mayoría aplastante.

“Movimos a todo un país para tomar decisiones en una sola ruta y con una sola agenda”, afirmó Meda.

La noche después de las elecciones, agentes de la policía venezolana aparecieron en el exterior de la residencia argentina. Los funcionarios de la campaña pasaron tres noches mirando a través de las ventanas cómo agentes con chalecos antibalas y máscaras faciales permanecían afuera, a veces con esposas colgando, dijeron.

La señora Meda dijo que esas tres noches “me quitaron años de vida”.

El 1 de agosto, Maduro ordenó a los diplomáticos argentinos que abandonaran el país y Brasil asumió la responsabilidad de la embajada y de los solicitantes de asilo. La policía se fue.

Los líderes de la oposición han observado cómo el gobierno venezolano ha desatado una ola de represión contra cualquiera que cuestione los resultados declarados. Los grupos de derechos humanos afirman que es la más brutal que el país ha visto en décadas.

“Son noches muy largas y de mucho dolor”, dijo Meda. “Es una locura lo que está pasando”.

El exdiputado venezolano Omar González, uno de los seis opositores refugiados en la residencia oficial de la Embajada de Argentina en Caracas -bajo protección de Brasil tras la expulsión de la misión diplomática del país austral- desde marzo, dijo este lunes que la “debilidad” que -asegura- tiene el Gobierno de Nicolás Maduro “se acrecienta” a medida que se acerca el 10 de enero de 2025, cuando comienza el próximo periodo presidencial.

EFE

“Muchos creen que el tiempo es aliado de Maduro, pero se equivocan, pues en la medida en que nos acerquemos a enero se le agotará el tiempo a Maduro y se volverá cada ve más ilegítimo, y su permanencia en el poder será cada vez más ilegal”, dijo el opositor, citado en una nota de prensa del partido Vente Venezuela (VV) -liderado por la antichavista María Corina Machado-, al que pertenece.

A juicio de González, la “fragilidad” del Gobierno “es notoria” y “se refleja en la imagen demacrada, ojerosa y angustiada de una cúpula que no duerme ni tiene paz mental”.

La principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- insiste en la “victoria” de su abanderado, Edmundo González Urrutia, en las presidenciales, pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo, un triunfo cuestionado dentro y fuera del país.

Los venezolanos, según González, hablaron con “una contundencia abrumadora e innegable” en los comicios del 28 de julio, mientras que “el régimen venezolano no ha podido mostrar una sola acta donde Nicolás Maduro haya ganado la elección”.

La PUD basa la “victoria” de González Urrutia en el “83,5 % de las actas” que dice haber recogido gracias a personas que fueron testigos y miembros de mesa durante la jornada electoral, mientras el chavismo insiste en que son “falsas”.

“Los venezolanos hemos dejado claro que no nos rendiremos hasta que Maduro y sus cómplices abandonen el poder, utilizando la verdad como nuestra principal arma en esta batalla interminable”, agregó González.

Además del exdiputado, en la residencia de la Embajada argentina -custodiada por Brasil tras la expulsión del cuerpo diplomático argentino- también se encuentran Magalli Meda, Pedro Urruchurtu Noselli, Claudia Macero, Humberto Villalobos y el exministro Fernando Martínez Mottola, todos colaboradores de la PUD.

En una entrevista reciente con EFE, Machado dijo estar convencida de que González Urrutia tomará juramento como nuevo jefe de Estado el 10 de enero del próximo año, pese a la proclamación oficial de Maduro como ganador de las elecciones.

‘Euronews’ habla con el líder opositor y ex vicepresidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Pablo Guanipa, mientras la Organización de Estados Americanos se reúne para abordar la situación en el país y después de que Lula da Silva haya propuesto una repetición electoral.

Por Roberto Macedonio Vega – Euro News

Venezuela sigue en una situación límite cuando han pasado ya casi tres semanas de las cuestionadas elecciones que dieron la victoria a Nicolás Maduro entre acusaciones de fraude por parte de la oposición y de la comunidad internacional.

La victoria de Edmundo González Urrutia, demostrada tras la publicación de las actas electorales por el Comando por Venezuela, el grupo opositor formado por varios partidos que se organizaron para supervisar el proceso electoral ante el temor de que no fuera transparente, ha sido reconocida prácticamente por la totalidad de la región americana.

Sin embargo, hay tres países que se han convertido en la nota disonante: México, Colombia y Brasil. Sus Gobiernos izquierdistas, aliados internacionales de Nicolás Maduro, se resisten a condenar el fraude electoral, aunque este viernes el presidente brasileño ha sido crítico con el chavismo.

Venezuela vive un régimen muy desagradable, con tendencia autoritaria

 Lula da Silva 

Presidente de Brasil

Lula da Silva ha asegurado durante una entrevista que “Venezuela vive un régimen muy desagradable, con tendencia autoritaria«. Lo afirma tras proponer una repetición electoral en el país, algo a lo que se ha sumado el líder colombiano Gustavo Petro. Lula propone también un Gobierno de coalición, algo a lo que la oposición se niega.

“Un Gobierno de coalición con Nicolás Maduro de presidente es una barbaridad, antinatura, no tiene sentido y no lo vamos a hacer«, dice tajante en declaraciones a ‘Euronews’ el ex vicepresidente de la Asamblea Nacional venezolana y líder del partido opositor Primero Justicia, Pablo Guanipa.

Me niego a una repetición de elecciones porque ya se hicieron con una diferencia abismal, demasiado grande

 Juan Pablo Guanipa 

Ex vicepresidente de la Asamblea Nacional venezolana y líder de Primero Justicia

En cuanto a la otra propuesta de Lula, Guanipa también nos expresa su disconformidad. «Me niego a una repetición de elecciones porque ya se hicieron con una diferencia abismal, demasiado grande. Maduro quedó vapuleado, no tiene sentido repetir ese proceso«, añade.

Este viernes la Organización de Estados Americanos se vuelve a reunir tras conocerse la propuesta de Lula y Petro para abordar la falta de democracia en Venezuela esperando poder hacer una declaración conjunta, algo que fue imposible en la anterior reunión llevada a cabo tras los comicios.

¿Qué dice la declaración de la OEA sobre Venezuela?

El borrador del proyecto de resolución, al que ha tenido acceso este medio, insta al Centro Nacional Electoral a que «publique las actas con los resultados de la votación de las elecciones presidenciales a nivel de cada mesa electoral» como ha hecho la oposición.

Esta semana se ha hablado de una posible negociación entre Washington y Caracas para pactar la salida de Nicolás Maduro del poder de forma pacífica y reconociendo la victoria de González Urrutia a cambio de una amnistía.

Maduro «aspira a ganar tiempo»

La Casa Blanca desmintió la posible amnistía, pero no ha negado que se puedan estar manteniendo conversaciones con Miraflores. «En cuanto a una posible salida de Maduro a cambio de una amnistía por parte de EEUU, creo que no es posible porque Maduro está en su trinchera y aspira a ganar tiempo”, dice el exgobernador del Estado de Zulia.

Y en ese atrincheramiento, el líder chavista cuenta con la protección de la Guardia Nacional, el Ejército y otros poderes del Estado, como el Tribunal Supremo o el propio Centro Nacional Electoral (CNE), a pesar de que debían ser órganos independientes que ejercieran como contrapeso.

Tan conectados están los unos con los otros, que «la presidenta del máximo órgano judicial fue candidata del PSUV, el partido de Maduro, en unas elecciones locales», nos explica Guanipa. Esto hace pensar que ningún organismo del país va a cuestionar el resultado anunciado por el CNE.

Sin embargo, el líder de Primero Justicia afirma en esta entrevista con ‘Euronews’ que entre los militares empiezan a escucharse voces críticas. «Sabemos que dentro de las filas están pasando cosas», dice.

Posturas contrarias al régimen en el Ejército

Guanipa se refiere a posibles posturas contrarias al régimen en parte del Ejército. «No en el alto mando, totalmente comprometido con Nicolás Maduro por asuntos que tienen que ver con el poder y con el dinero, sino en los mandos medios», nos explica.

«Hay mucha más conciencia de lo que está pasando en el país en los mandos medios. Así como tenemos la presión interna y la presión internacional, aspiramos a que de adentro surjan mecanismos de presión que logren que ellos reconozcan el resultado electoral», afirma.

Podría ser detenido en cualquier momento

Juan Pablo Guanipa atiende a esta entrevista desde un lugar indeterminado, pues podría ser detenido en cualquier momento ante la oleada de represión que ha puesto en marcha el Gobierno venezolano.

Otros políticos opositores a los que él conoce se encuentran en estos momentos entre rejas. Es el caso del exgobernador de Mérida, Williams Dávila, detenido durante una vigilia en la que rezaba por la democracia; el exdiputado Américo de Gracia; la coordinadora de Vente Venezuela, María Oropeza; o el jefe de la campaña opositora, Freddy Superlano.

No solo se persigue a los dirigentes, también a los ciudadanos

 Juan Pablo Guanipa 

Ex vicepresidente de la Asamblea Nacional venezolana y líder de Primero Justicia

“Comenzó la más infame represión de los últimos años en Venezuela«, dice con miedo Juan Pablo Guanipa, insistiendo en que «no solo se persigue a los dirigentes, también a los ciudadanos».

Según la ONG Foro Penal ya se ha detenido a 1.406 personas en el país, de las cuales 117 son adolescentes. La cifra, según Amnistía Internacional, supera los 2.000 detenidos. Este sábado se ha convocado una gran manifesación a favor de la democracia en la que se espera que haya nuevas detenciones.

«Persiguen a una persona porque hizo un video, porque tiene un acta, porque fue testigo o miembro de una mesa. Después de ser detenidos los extorsionan«, nos explica Juan Pablo Guanipa.

«Claro que temo por mi vida»

Sobre su posible detención en un país acusado por Amnistía internacional de no respetar los derechos humanos, Guanipa asegura tener miedo por su posible detención el mismo sábado si acude a una de estas marchas. «Claro que temo por mi vida», dice.

«Tenemos derecho a tener miedo, es lógico porque estamos asediados por una dictadura. El problema es cómo combatirlo. Estamos luchando por un país secuestrado por un grupo de delincuentes», lamenta, asegurando tener «mucha ilusión de que vamos a salir adelante».

Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela, el actual presidente Nicolás Maduro se atribuyó rápidamente y falsamente la victoria, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el gobierno, aún no ha publicado los resultados a nivel de distrito.

Atlantic Council

Según actas de recuento de votos recopiladas por la oposición y verificadas por un análisis independiente , el candidato presidencial Edmundo González recibió más del doble de votos que Maduro. En respuesta a la toma de poder de Maduro, la oposición ha convocado protestas en todo el país, insistiendo en que el gobierno reconozca su victoria y avance hacia una transferencia pacífica del poder. El régimen de Maduro ha respondido lanzando una amplia represión y encarcelando a miles de venezolanos. 

A continuación, expertos del Atlantic Council y su Grupo de Soluciones para Venezuela responden cinco preguntas urgentes sobre la actual crisis política del país.

1. ¿Cuál es la situación en Venezuela desde las elecciones?

Venezuela vive una profundización de su crisis. La falta de transparencia en el proceso electoral y la omisión del CNE de presentar los boletines electorales han llevado al país a una situación caótica. La represión aumenta día a día, alcanzando niveles que superan todo lo visto anteriormente en Venezuela. El respeto al derecho de manifestación y a la voluntad popular del pueblo son pilares fundamentales de cualquier gobierno que se precie de democrático. El mundo no puede permanecer en silencio ante la sistemática y violenta represión a opositores y disidentes en Venezuela.

—María Ángela Holguín es exministra de Relaciones Exteriores de Colombia y asesora principal del Grupo de Soluciones para Venezuela del Atlantic Council. 

La situación en Venezuela es profundamente alarmante, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno no ha presentado los resultados detallados de cada mesa de votación para respaldar sus cifras. La transparencia en el proceso de recuento de votos es esencial. Se debe realizar una verificación exhaustiva de los resultados electorales para garantizar que reflejen fielmente la voluntad del pueblo venezolano. Esta verificación debe incluir un recuento completo de todas las actas, que el CNE debe proporcionar sin más demora.

—Miguel Vargas es un ex ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana y asesor principal del Grupo de Soluciones de Venezuela.

2. ¿Cuál es exactamente el problema con los resultados electorales?

El sistema de votación, recuento y cómputo utilizado en Venezuela incluye un mecanismo de verificación de su funcionamiento y auditoría de sus resultados a través de lo que se conoce como el “registro en papel”. Este registro en papel consiste en registros físicos y comprobantes de votación que verifican si los resultados anunciados por el CNE reflejan la voluntad válida de los electores. El registro en papel incluye varios componentes, como el recibo que se entrega a cada elector luego de emitir su voto. Este recibo permite a los electores confirmar que contiene el nombre del candidato y la organización a la que apoya. Este es el primer paso en el proceso de verificación. Luego, los electores colocan este recibo en una caja segura.

Al finalizar el proceso de votación, la máquina imprime inmediatamente el acta de votación. Para la elección presidencial del 28 de julio, se desplegaron 30.026 máquinas de votación para el CNE, cada una correspondiente a una mesa de votación separada. En consecuencia, se imprimieron 30.026 actas de votación originales que quedaron en custodia del personal militar del Plan República. Una vez que la máquina transmite los resultados, se imprimen copias de las actas de votación para todos los testigos. Estos testigos deben verificar que estas copias sean reproducciones exactas de las actas originales impresas por el sistema.

Además, cada acta de votación incluye un código QR que resume los datos impresos en ella. Tras la transmisión, hasta el 54 por ciento de las máquinas son auditadas mediante la apertura manual de las cajas que contienen los comprobantes de votación impresos para comprobar que los datos de las actas son exactos.

Desde el lunes 29 de julio, la oposición comenzó a publicar imágenes digitalizadas de las actas de votación recolectadas por sus testigos. Es importante destacar que en muchos casos, los agentes del Plan República impidieron que los testigos de la oposición accedieran a este material. Hasta el momento de este informe, la oposición ha logrado recolectar, validar y digitalizar el 83 por ciento de las actas electorales.

Sin embargo, el CNE ha denunciado el hackeo de las 30.026 líneas privadas de transmisión de las máquinas (una línea cifrada por máquina) y se ha negado a divulgar los resultados desglosados ​​por centro y mesa, lo que ha imposibilitado la comparación de las copias de la oposición con los resultados divulgados por el CNE. Además, se suspendieron la auditoría de telecomunicaciones y la verificación de la fase II, previstas para el 29 de julio y el 2 de agosto, respectivamente. Estas revisiones son cruciales para evaluar la consistencia de los resultados anunciados.

La confianza en un sistema de votación automatizado no es una cuestión de fe. La confianza se construye a través de la auditabilidad, y hasta la fecha, el gobierno venezolano ha obstaculizado la auditabilidad de los resultados. Después de más de dos semanas, también existen preocupaciones razonables sobre la custodia de los materiales electorales físicos y las bases de datos. La solicitud internacional inicial para presentar las actas de votación está resultando insuficiente.

—Eugenio Martínez es director de Votoscopio, empresa especialista en elecciones en Venezuela y miembro del Venezuela Solutions Group. 

3. ¿Qué papel pueden desempeñar otros países de la región? 

Los países latinoamericanos tienen una responsabilidad crucial en este momento. Es necesario apoyar los esfuerzos para promover negociaciones creíbles que conduzcan a una solución pacífica y democrática en Venezuela. Sin embargo, es imperativo que cualquier negociación incorpore el deseo tanto del pueblo venezolano como de toda América Latina de respetar el estado de derecho y el orden democrático en Venezuela. Solo mediante un compromiso firme con estos principios podremos avanzar hacia una solución que refleje la voluntad del pueblo venezolano.

—Miguel Vargas

Frente a esta realidad, es imperativo que los países latinoamericanos sigan exigiendo transparencia electoral y condenando la represión y la violación de los derechos humanos. Es imprescindible aumentar la coordinación diplomática y exigir transparencia, auditoría independiente y respeto al voto popular. Solo con una posición firme y coordinada en la región podremos generar una salida a la profunda crisis en Venezuela, que debe darse mediante un proceso de negociación creíble y realista con el acompañamiento de los países garantes. 

—María Ángela Holguín

4. ¿Hay alguna esperanza de que el régimen de Maduro negocie una transferencia de poder?

Hay que partir de la premisa de que el gobierno de Maduro tomó una decisión política al desconocer los resultados de la elección presidencial. Esto implica una ruptura radical con la soberanía popular, que el chavismo proclamó como fundamento de su legitimidad. El costo de esta ruptura es tan alto como los costos asociados al aislamiento internacional y a la reversión de los pasos dados hacia la estabilización económica, porque consagra el divorcio entre la coalición gobernante y sus bases populares. Sin embargo, la coalición dominante percibe que puede mantenerse en el poder si logra desinflar el fuerte sentimiento de cambio y, sobre todo, de unidad, mediante el debilitamiento del liderazgo de María Corina Machado y González, en una suerte de repetición de la estrategia de resistencia-desgaste que empleó para abordar la crisis de 2019 con el gobierno interino de Juan Guaidó.  

La coalición gobernante intenta hacerlo mediante la represión y el autoaislamiento. Intenta impedir que una negociación con apoyo internacional la obligue a reconocer la victoria de la oposición. Y lo hace con un grado de apoyo abierto, articulado y expreso de los militares que no había sido necesario exhibir en el pasado. Los esfuerzos del presidente colombiano Gustavo Petro y del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva están encaminados a abrir una grieta para desplazar a Maduro de su posición, que en este momento es completamente insensible a la lista habitual de incentivos. Así, no es previsible que en el corto plazo se pueda construir un órgano negociador eficaz que asegure la verificación de los resultados. Tal vez sea necesario empezar, como en los conflictos armados graves, por áreas de acuerdo más básicas, como avanzar en las garantías mutuas y el respeto a los derechos humanos.

—Colette Capriles es profesora asociada e investigadora en filosofía, política y ciencias sociales en la Universidad Simón Bolívar y miembro del Grupo de Soluciones a Venezuela.

5. ¿Cómo está trabajando Estados Unidos para impulsar una transición democrática?

El 11 de agosto, el Wall Street Journal informó que Washington mantiene conversaciones secretas con Maduro y podría ofrecerle a él y a quienes lo rodean una amnistía de los cargos de narcoterrorismo a cambio de una transición democrática. Esta noticia puede ser una señal de que la administración Biden está tratando de preservar el espacio para las negociaciones tras bambalinas. Sin embargo, Maduro es un abusador serial del diálogo y, si estos esfuerzos fracasan, es probable que la paciencia de la Casa Blanca se agote. La buena noticia es que Estados Unidos todavía tiene una influencia considerable, que puede utilizarse para moldear los intereses de la élite y maximizar las oportunidades de una solución democrática. 

Para el gobierno de Biden, el desafío consiste en encontrar un equilibrio entre aplicar una presión específica y eficaz sobre las élites y evitar que Venezuela se desplace aún más hacia las esferas de influencia de Rusia y China. Algunos en Washington temen que un regreso a la “máxima presión” pueda acercar a Maduro a los rivales geopolíticos de Estados Unidos. Las sanciones individuales pueden ser una estrategia más atractiva, pero será crucial concentrar esta presión en fomentar una apertura democrática y evitar acciones que fortalezcan la unidad del régimen. Más de 160 miembros del régimen ya han sido sancionados, muchos de los cuales han sido celebrados en ceremonias públicas y han recibido réplicas de espadas del libertador de Venezuela, Simón Bolívar. Será absolutamente crucial ejercer presión y evitar cualquier cosa que ayude a unificar la coalición de Maduro en su momento más débil en años.

— Geoff Ramsey es investigador senior del Centro para América Latina Adrienne Arsht del Atlantic Council.

El mandatario Nicolás Maduro aseveró que la oposición ha pagado a algunos artistas para que expresen en redes sociales rechazo a su administración. Según el gobernante, muchos de ellos y también «influecers» son amenazados y víctimas de campañas de odio por redes sociales.

Tal Cual

«Decídanse si quieren seguir haciendo sus carreras, en primer lugar, con sus familias en Venezuela. Los usan, les pagan y después los abandonan», advirtió el mandatario este 19 de agosto, durante una reunión con dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de organizaciones que integran el Gran Polo Patriótico (GPP).

Maduro propuso crear un sistema de fuerza de «tres anillos» para hacer frente a las «amenazas» que busca, según dijo, imponer la oposición. El primero de ellos, explicó, es que el PSUV y el Polo Patriótico vayan a cada «pueblo» del país. Añadió que el segundo anillo es consolidar a los movimientos populares, los sectores sociales y sindicales, mientras que el tercer bloque son las «alianzas culturales y económicas».

Subrayó que los partidos tradicionales han sido reemplazados por el «hegemonismo de una sola voz». Según Maduro, esto busca desmovilizar a la población y generar miedo.

«Es bueno lo que ha pasado porque hemos logrado que ellos sacaran todo lo tenían. Esto es una gran lección: han sustituido a los partidos, ya no hay líderes políticos; ahora predomina el hegemonismo de una sola voz que se impone a través de su odio y los influencers», aseguró.

Acusó a la disidencia de «amenazar» a miles de dirigentes estudiantiles, jefes de calle, voceros de los consejos comunales y líderes de los CLAP.

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