El autoritario Gobierno socialista del Reino Unido, liderado por Keir Starmer, implementó medidas de «emergencia» para enfrentar el «hacinamiento en las cárceles» debido a la represión criminal del Primer Ministro británico contra los manifestantes de derecha.
La llamada «Operación Amanecer Temprano» consistirá en que los arrestados en las protestas sean contenidos en las celdas de las comisarías y no sean juzgados en un tribunal hasta que haya «espacio disponible» en las prisiones. Además, el gobierno socialista liberará a ladrones, asesinos y violadores que hayan cumplido el 50% de su condena para acelerar el proceso de liberación de espacio.
Las medidas de emergencia, anunciadas por el Ministerio de Justicia inglés, se aplicarán en zonas clave donde ya se encuentran encarcelados cientos de presos políticos, acusados falsamente de «desórdenes violentos». Las cárceles del Reino Unido han estado operando a niveles críticos en los últimos años, a menudo con menos del 1 por ciento de su capacidad disponible.
Esta política dictatorial resultará en una «justicia retrasada» y los acusados que esperan su comparecencia ante un tribunal permanecerán secuestrados en celdas policiales hasta que se libere un espacio en la prisión.
Nev Kemp, jefe adjunto de policía y responsable de custodia del Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC), comentó: “Estamos colaborando estrechamente con nuestros socios en el sistema de justicia penal para gestionar la demanda y garantizar la seguridad pública».
“La policía continuará deteniendo a quienes sea necesario para mantener el orden, supervisando protestas y eventos para asegurar que las detenciones se realicen de acuerdo con lo esperado”, expresó el oficial del régimen autoritario.
Tras las protestas que se desataron en toda Inglaterra después del apuñalamiento de tres niños en Southport a manos de un ruandés de 17 años, el 29 de julio pasado, más de 1.100 personas han sido detenidas hasta la fecha, y casi 700 de ellas han sido enviadas a la cárcel, según el NPCC.
El gobierno socialista indicó el lunes que sus autoritarias acciones para “combatir la violencia callejera” han “agravado problemas de capacidad que ya eran persistentes en nuestras cárceles”.
La secretaria de Justicia, Shabana Mahmood, anunció planes para reducirla proporción de la condena que los reclusos deben cumplir tras las rejas del 50 por ciento al 40 por ciento. Se espera que esta medida resulte en la liberación de 5.500 delincuentes en septiembre y octubre.
Nick Emmerson, presidente de la Sociedad de Abogados de Inglaterra y Gales, señaló que la crisis en las prisiones es el resultado de una “negligencia a largo plazo” del sistema de justicia penal, y que las medidas de emergencia probablemente afectarán a las víctimas, los acusados y los abogados. Afirmó: “La crisis de las prisiones es solo uno de los muchos problemas relacionados que enfrenta el sistema de justicia penal tras décadas de falta de financiación y recortes. Hemos visto un aumento en los retrasos en los juzgados, una escasez de abogados, jueces y personal judicial, y un patrimonio judicial en decadencia. Los servicios de libertad condicional siguen en crisis.
Emmerson justificó la delirante política de liberación de presos, afirmando que: “el Gobierno está teniendo que tomar medidas difíciles para enfrentar la crisis que heredó, como reactivar la Operación Amanecer, que impactará en las víctimas, los acusados y quienes trabajan en el sistema, incluidos los abogados».
