Su nombre es Harry Sargeant III. Para la mayoría de los venezolanos es un desconocido, pero tanto él como sus empresas tienen mucho que decir en el futuro del negocio petrolero en el país. Sargeant es un magnate norteamericano cuyos intereses en Venezuela no son nuevos, pero que parecen renovados pese a la política de sanciones de Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro. 

Por: Alejandro Hernández – La Gran Aldea

El paraguas de Sargeant es Global Oil Managment Group (GOMG), un holding con el que realiza negocios de energía en países como Panamá o República Dominicana, entre otros, y con el que maneja refinerías, comercializa y transporta petróleo. “Sargeant es un reconocido inversionista centrado principalmente en los sectores de la energía y el transporte marítimo”, resume el sitio web de su compañía. 

Pero de Sargeant se sabe que juega duro. Conoce al presidente Donald Trump y ha hecho importantes aportes de dinero para campañas electorales republicanas, según ha reseñado la prensa estadounidense. Sin embargo, su nombre y su compañía son conocidos por no tener mayores pruritos para caminar al borde la legalidad. 

Son muchos los escándalos que han rodeado a sus empresas y es pública una demanda que tiene en Estados Unidos por su actuación como contratista en Irak. Algunos también lo señalan de exagerar su cercanía con Trump para sacar provecho propio. Al punto que días atrás trascendió que el enviado especial, Richard Grenell, intentó introducir a Sargeant en una reunión con el presidente y la jefa de gabinete, Susie Wiles, lo impidió. 

En el caso venezolano el empresario norteamericano cuenta también con sus relaciones en el alto gobierno, en especial con Delcy Rodríguez, Vicepresidenta y Ministra de Petróleo, pero también de otros actores que revelan el poder y la influencia que ha ganado Sargeant en nuestro país. En realidad, Sargeant ha pretendido convertirse en un vaso comunicante entre el régimen de Caracas y la administración Trump, asegura una de las fuentes consultadas: “Maduro le dice a él, esperando que después él, le repita al presidente Trump”.

Desde 2019 Sargeant se ha movido para garantizar suministros de petróleo venezolano para procesar asfalto. En alguna oportunidad manifestó que el petróleo venezolano es el “mejor del mundo” para la producción de asfalto. En esos tiempos del Gobierno Interino el propio Harry Sargeant hizo lobby a través del entonces diputado y miembro de la comisión de finanzas de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, para hacerse con la actividad de la refinería Isla en Curazao que Petróleos de Venezuela (PDVSA) operaba. 

Rafael Guzmán no contestó la petición de entrevista formulada para esta nota. 

Varias fuentes consultadas aseguran que en Estados Unidos se realizaron reuniones con las que Sargeant quería asegurarse el traspaso de las operaciones de la refinería y usarla para procesar y despachar a Estados Unidos su asfalto. El interinato nunca se mostró interesado en ese negocio y, además, el control de la refinería estaba fuera de su alcance, porque Curazao no reconocía a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. 

Sin embargo, Sargeant logró en 2023 un acuerdo con las autoridades de Curazao para operar la refinería, aprovechando los incumplimientos de Pdvsa que dejaron inactiva durante un tiempo a la refinería. El pasado 4 de abril Trump le ordenó a Global Oil Terminals, propiedad de Sargenat, cesar sus operaciones en Venezuela para el próximo 27 de mayo, aunque esta compañía tenia una licencia del Departamento del Tesoro para comerciar hidrocarburos venezolanos por dos años. 

La nueva medida de Trump también afecta la operación de la refinería en Curazao. El propio Sargeant se reunió a finales de abril con el primer ministro de la isla para evaluar el impacto de las nuevas decisiones de Trump. “En base a la situación actual entre Estados Unidos y Venezuela, los representantes de Global Oil han optado por venir a Curazao para entregarle al Primer Ministro información adicional y valiosa sobre las posibilidades que existen para que Global Oil continúe operando en Curazao”, informó el gobierno de la isla.

Hace poco se conoció que Sargeant frenará sus inversiones en la refinería en Curazao y que su empresa Global Oil suspendió las actividades relacionadas con la producción de asfalto, como consecuencia de las sanciones de la administración Trump al régimen de Maduro. 

Alianzas con viejos conocidos

En Venezuela los intereses de Sargeant también están ligados al empresario Alejandro Betancourt, uno de los conocidos “bolichicos” que estuvieron detrás de Derwick, empresa que en su momento obtuvo contratos por 2 mil millones de dólares en contratos del sector eléctrico y ligados a hechos de corrupción. 

Las fuentes consultadas explicaron que Betancourt logró recuperar la operación en la empresa mixta Petrozamora, luego de que Tareck El Aissami se la quitara, y que para esa decisión fue clave la relación de Sargeant con Delcy Rodríguez. Una fuente conocedora de la industria petrolera informó que Betancourt también sería el beneficiario de Petrocedeño, otra de las empresas mixtas que Pdvsa tiene en la Faja Petrolífera del Orinoco. Aunque desconoce los términos del negocio, la fuente sostuvo que se trata de un acuerdo mediante el cual se benefician tanto Alejandro Betanocurt como Harry Sargeant. Ambas operaciones, Petrozamora y Petrocedeño, suman una producción de unos 120 mil barriles de petróleo por día, según estimaciones de la industria.

El representante de los intereses de Harry Sargeant y sus compañías en Venezuela es el abogado Juan Carlos Andrade, quien es muy conocido en la industria petrolera venezolana, y ha sido directivo en los gremios del sector, como la Asociación Venezolana de Hidrocarburos y la Cámara Petrolera Venezolana. En el pasado también fue director de British Petroleum y hace unos años, cuando Pdvsa empezó a incumplir los pagos a proveedores, ayudó a estructurar una suerte de instrumento financiero a través del cual la estatal petrolera se comprometía a saldar los pagos. 

Andrade es conocido en el sector energético como un lobista que se mueve con mucha habilidad en distintos círculos y además es un conocedor del tema hidrocarburos. Consultado vía correo electrónico, manifestó que “no tengo en este momento un rol en esa compañía”, en alusión a Global Oil, y “no tengo mucha información de valor” sobre las actividades de la empresa en Venezuela.

Está claro que, pese a las sanciones de Estados Unidos, la presencia de Harry Sargeant y sus empresas serán clave en el negocio petrolero venezolano durante los próximos meses. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, rechazó su propuesta de enviar tropas estadounidenses para apoyar en la lucha contra el narcotráfico, debido a su temor a los poderosos cárteles de droga que operan en México.

EFE

Según Trump, Sheinbaum “tiene tanto miedo de los cárteles que no puede caminar”, y agregó que este temor le impide tomar decisiones claras sobre el tema.

“La presidenta de México es una mujer encantadora, pero le tiene tanto miedo a los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad”, dijo Trump a un grupo de periodistas a bordo del avión presidencial.

No obstante, Sheinbaum, en una rueda de prensa el día anterior, dejó claro que había rechazado la propuesta de Trump, argumentando que “el territorio es inviolable” y “la soberanía no se vende”.

La mandataria mexicana reiteró que puede colaborar con Estados Unidos en temas de seguridad, pero siempre respetando la soberanía del país y sin aceptar la presencia del Ejército estadounidense en su territorio.

“No hace falta, se puede colaborar, podemos trabajar juntos, pero ustedes en su territorio, nosotros en el nuestro”, enfatizó Sheinbaum, sugiriendo que la cooperación se debe limitar a compartir información y no a una intervención militar directa.

Según Claudia Sheinbaum, la propuesta de Trump se produjo en una conversación telefónica que tuvo lugar el mes pasado. En ese intercambio, el presidente de EEUU insistió en que las fuerzas estadounidenses desempeñaran un papel más importante en la lucha contra los cárteles del narcotráfico en México.

A principios de este año, Trump ordenó que el Ejército de EEUU tuviera una mayor participación en el monitoreo del flujo de migrantes.

El Mando Norte de EEUU ha incrementado el número de efectivos y recursos en la frontera para monitorear el tráfico de fentanilo y ha buscado expandir su autoridad para permitir que las Fuerzas Especiales trabajen más de cerca con las fuerzas de seguridad mexicanas en operaciones contra los cárteles.

El presidente estadounidense también afirmó que, si México aceptara la ayuda, “sería un honor” enviar tropas para frenar la operación de los cárteles en territorio mexicano. En sus palabras, los cárteles están “tratando de destruir a nuestro país”, refiriéndose al impacto del tráfico de fentanilo y otras drogas en Estados Unidos.

Trump señaló que la intervención de las fuerzas estadounidenses sería una respuesta a lo que calificó como una “plaga” de narcóticos en su país.

Como parte de sus esfuerzos para aumentar la presión sobre México, Trump ha tomado varias medidas en su segundo mandato. Entre ellas, ha impuesto aranceles a México, buscando que tome más medidas para frenar el tráfico de drogas.

En respuesta, México ha desplegado 10.000 agentes de la Guardia Nacional en la frontera común con EEUU para reducir el flujo de migración irregular y el tráfico de drogas, especialmente el fentanilo, que se ha convertido en un problema grave en ambos países.

Además, ha incluido a seis grupos del narcotráfico mexicanos en la lista oficial de organizaciones terroristas extranjeras. Entre estos grupos se encuentran el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel de Sinaloa, el Cartel del Golfo, el Cartel del Noroeste, la Familia Michoacana y Carteles Unidos.

Esta designación busca restringir los movimientos de estos grupos y poner a disposición más recursos para las fuerzas de seguridad de EEUU en su lucha contra ellos.

Hace algunos días, en medio de las intensas disputas comerciales con China, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevas críticas contra la dictadura china de Xi Jinping, al que responsabilizó por continuar abasteciendo de fentanilo a los cárteles de la droga en México y Canadá, desde donde -posteriormente- la sustancia ingresa a suelo estadounidense.

La Derecha Diario

El mandatario republicano reiteró su pedido a Beijing para que detenga estas acciones, a pesar de que las autoridades chinas afirmaron en marzo pasado que implementaron supuestos “controles muy estrictos” para combatir este problema.

No obstante, en este escenario de tensiones crecientes y el enfrentamiento comercial con Washington, Beijing podría dar marcha atrás y abrir una nueva vía de diálogo, centrada justamente en la lucha contra el tráfico de fentanilo.

Según lo publicado por The New York Times, altos representantes del régimen chino estarían considerando un acercamiento que implique fortalecer la colaboración bilateral en este asunto, con el objetivo de reducir las fricciones en la prolongada disputa arancelaria entre ambas potencias.

El fentanilo como herramienta diplomática

Desde hace tiempo, China utilizó el control del fentanilo y de los componentes químicos necesarios para su fabricación como una herramienta diplomática en su vínculo con Estados Unidos. En 2019, por ejemplo, impuso una prohibición total sobre todas las formas del opioide como parte de una estrategia para reducir las tensiones comerciales durante el primer mandato de Donald Trump. Esta decisión se produjo luego de que el entonces presidente norteamericano acusara a Beijing de no actuar con suficiente firmeza para frenar la circulación del narcótico.

Más recientemente, la administración estadounidense aumentó la presión para que el gobierno chino tome acciones concretas respecto a los precursores del fentanilo. Como resultado, se clausuraron vacíos legales que permitían el envío de pequeñas cantidades de estos químicos hacia EE.UU.

A su vez, la Casa Blanca respaldó la implementación de nuevos aranceles de hasta un 10%, usando esta problemática como justificación. En respuesta, Beijing aplicó tarifas del mismo nivel y advirtió que estaba preparada para “combatir hasta las últimas consecuencias” ante lo que describió como una forma de “extorsión”.

No obstante, ahora China parece estar explorando alternativas para reabrir canales de negociación. Según información publicada por The New York Times, Beijing estaría considerando presentar una propuesta de cooperación reforzada en materia de lucha contra el fentanilo, que incluiría el posible viaje a la capital estadounidense de Wang Xiaohong, el máximo responsable de seguridad interna del país.

Wang, además de ser un colaborador cercano del dictador Xi Jinping, dirige la Comisión Nacional para el Control de Narcóticos. De acuerdo con las fuentes citadas, este gesto buscaría allanar el camino para pactos bilaterales orientados a una reducción de aranceles, abriendo una vía menos conflictiva en el escenario internacional.

Sin embargo, pese a los esfuerzos en el plano diplomático, el tráfico de fentanilo sigue representando un reto tanto político como técnico. Shen Dingli, un académico especializado en relaciones internacionales con sede en Shanghái, sostiene que China tiene plena capacidad para contener este problema.

“China es uno de los países más efectivos del mundo en términos de control”, afirmó el experto, quien señaló no tener conocimiento de los eventuales planes de Beijing para abrir una negociación en torno al fentanilo. Y agregó: “El problema del fentanilo nunca ha sido un problema técnico insoluble. Solo es un problema político que podría resolverse en segundos si hubiera sinceridad”.

El régimen chino rechazó reiteradamente las acusaciones de ser responsable de la crisis de sobredosis que afecta a territorio estadounidense, sosteniendo que el origen del problema está en las condiciones sociales internas de ese país. 

Mientras la dictadura china busca caminos para reactivar las negociaciones comerciales, el avance en la cooperación sobre el fentanilo podría convertirse en una pieza clave para inaugurar una nueva etapa de diálogo entre ambas potencias globales.

Los ciudadanos británicos pueden estar atravesando una crisis de vivienda, pero el Gobierno laborista de Keir Starmer está decidido a que quienes siguen llegando en patera a través del Canal de la Mancha no tengan ese problema.

La Gaceta de la Iberosfera

Así, el Ejecutivo de Starmer ha solicitado ayuda a los propietarios privados en el marco de un programa de vivienda en expansión liderado por el gigante de la externalización Serco, que gestiona contratos de vivienda para personas de asilo para el Ministerio del Interior en las Midlands, el Noroeste y el Este de Inglaterra.

El inasumible aumento en el número de recién llegados ha llevado incluso a que miembros de la Administración laborista sugieran la posibilidad de introducir inmigrantes en los hogares británicos, alegando que hay ocho millones de hogares donde reside una única persona que podrían acoger a inmigrantes». Muchos temen que esta “sugerencia” acabe convirtiéndose en obligatoria.

Los propietarios han tildado de «inmoral» la política del Partido Laborista de alojar a solicitantes de asilo en propiedades privadas. El plan pretende reducir los miles de millones de libras que los contribuyentes gastan en hoteles para inmigrantes tras el aumento de los cruces del Canal de la Mancha. Los propietarios han expresado su reticencia a alquilar a inquilinos que no pueden verificar personalmente.

Actualmente, Serco gestiona alojamiento para 30.000 solicitantes de asilo en 7.000 propiedades en todo el Reino Unido. Tim Prourban, propietario con más de 20 años de experiencia, declaró a The Telegraph que considera el plan “simplemente inmoral». «No podría dormir por la noche”, añade: «A nivel personal, no quisiera ceder la vivienda a quienes, en el fondo, no lo merecen, por delante de personas que trabajan y contribuyen a la economía».

Jhoandri Joel Silva, un joven detenido en Venezuela tras las protestas postelectorales del 28 de julio de 2024, habría intentado quitarse la vida en la cárcel de Tocuyito debido a las condiciones de tortura psicológica, aislamiento y desnutrición, según denuncias del Comité de Madres en Defensa de la Verdad. Silva fue arrestado mientras compraba un medicamento para su hija, en un caso que los familiares y activistas califican de injusto y sin debido proceso.

La Izquierda Diario

El Comité, formado por madres y familiares de los detenidos, señala que Silva, al igual que otros presos, enfrenta condiciones inhumanas, incluyendo falta de atención médica y restricciones al acceso de abogados privados. La organización exige su liberación inmediata, denunciando que el Estado venezolano es responsable de la crisis de salud mental y física de los prisioneros. La madre de Silva expresó su angustia, destacando que su hijo no es un criminal, sino una víctima de la represión estatal.

El caso de Silva se suma al de Lindomar Bustamante, otro detenido que murió en custodia, presuntamente por ahorcamiento, tras nueve meses sin audiencia. Las madres han intensificado sus protestas, entregando un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia el 3 de octubre de 2024, como parte de la campaña Basta de Represión – Libertad para los Presos por Protestar. Este movimiento busca visibilizar las violaciones a los derechos constitucionales y la falta de garantías judiciales para los detenidos tras las elecciones.

La situación refleja una escalada en la represión gubernamental, según el Comité, que acusa al régimen de Nicolás Maduro de criminalizar la protesta y negligencia deliberada hacia los presos políticos. Los familiares piden intervención urgente para proteger la vida de Silva y otros en condiciones similares.