El caso Duro Felguera, que ahora se juzga en la Audiencia Nacional, parece uno más de esa saga oscura de relaciones entre el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y el régimen venezolano. Sin embargo, esta vez un exdirectivo de la petrolera estatal venezolana PDVSA ha decidido hablar. Ha entregado documentos comprometedores que sitúan el origen del escándalo en lo más alto de la pirámide: en las conversaciones directas entre Zapatero y Nicolás Maduro, cuando este aún no había heredado el trono bolivariano, pero ya obraba como mano derecha de Hugo Chávez.

Por: Teresa Gómez – The Objective

Todo empezó en un contexto desesperado: 2008, Venezuela en plena crisis energética, apagones sistemáticos que sumían en la penumbra no solo hogares, sino también la ya tambaleante legitimidad del chavismo. Desde Caracas se tomó la decisión de adjudicar sin concurso público, de manera directa, a la empresa española Duro Felguera la construcción de una central de ciclo combinado —Termocentro— por valor de 1.500 millones de euros. Un encargo colosal, con urgencia de Estado, con luz verde desde arriba. Los documentos entregados por el exviceministro Javier Alvarado a la Sección Primera de la Sala de lo Penal no dejan lugar a dudas: el contrato fue firmado por el entonces ministro venezolano Rafael Ramírez, figura clave del régimen, y negociado políticamente por Miguel Ángel Moratinos, ministro de Exteriores bajo el segundo mandato de Zapatero. «No se trató de una licitación abierta y pública», recalca Alvarado en su escrito de acusación. «Fue una adjudicación directa. Los directivos acusados no tenían ni capacidad ni jerarquía para imponer tal decisión».

Sin embargo, ese contrato se llevó a cabo tras un acuerdo previo entre Moratinos y Nicolás Maduro –entonces canciller venezolano– firmado el 24 de octubre de 2008. Este pacto no fue producto del azar, sino consecuencia directa de «una visita del presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, a Venezuela en 2005 y otra del presidente de la República de Venezuela a España, Hugo Chávez, en 2008», como reconoce el propio acuerdo.

Es difícil leer estos documentos sin evocar el caso Morodo, aquel en el que el exembajador de Zapatero en Caracas, Raúl Morodo terminó condenado a apenas diez meses de prisión por ocultar beneficios de origen oscuro provenientes de PDVSA. La investigación apuntaba más alto —hacia el propio expresidente Zapatero—, pero el caso se cerró sin más consecuencias. El principal testigo, Juan Carlos Márquez, exdirectivo de PDVSA, apareció muerto dos días después de anunciar que iba a «contar todo lo que sabía» sobre los sobornos de PDVSA y el exembajador de Zapatero, Raúl Morodo.

Y es que quienes firman no siempre pagan. Y los que ejecutan, muchas veces, acaban solos en el banquillo. Es una pauta que se repite en los grandes casos de corrupción política, especialmente cuando los acuerdos opacos se fraguan entre gobiernos amigos. Ocurrió en el caso Morodo, y ahora amenaza con repetirse con la causa que juzgará a la empresa asturiana Duro Felguera, acusada de pagar sobornos millonarios en Venezuela a cambio de un contrato de 1.500 millones de euros.

Caso Duro Felguera

El contrato en cuestión fue firmado el 29 de mayo de 2009 por el entonces ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica y presidente de PDVSA, Rafael Ramírez, con la empresa pública venezolana Corpoelec, por valor de 1.500 millones de euros. El objetivo era la construcción de una central termoeléctrica en Santa Lucía (Miranda), bautizada como Planta El Sitio, en plena crisis energética. En esos años, Venezuela sufría cortes de luz recurrentes que afectaban incluso a Caracas. En 2010, Hugo Chávez llegó a declarar una «emergencia eléctrica nacional», lo que justificó adjudicaciones de urgencia para intentar contener el colapso del sistema. Fue en ese contexto en el que entró en juego Duro Felguera.

Pero el contrato no fue fruto de un proceso técnico ni competitivo. Tal como consta en los documentos entregados al juez, no hubo licitación pública, ni oferta abierta a otras compañías. Fue, según la versión del exviceministro Javier Alvarado, una adjudicación directa, sin alternativa ni transparencia, decidida desde las más altas instancias políticas fruto del acuerdo cerrado un año antes, en 2008, entre el Gobierno español y el venezolano. La planta termoeléctrica Planta El Sitio, en Santa Lucía, estado de Miranda, fue presentada como la solución para la crisis eléctrica de Caracas. Hoy, quince años después, apenas funciona. Y el dinero que fluyó en aquella operación —como tantas otras entre España y Venezuela— se ha evaporado.

Las decisiones, explican fuentes jurídicas a THE OBJECTIVE, se tomaron en Moncloa y en el Palacio de Miraflores. «Resulta poco creíble que Zapatero haya intermediado durante dos décadas con el Gobierno venezolano simplemente por altruismo», afirman. «Menos aún cuando hay exministros con patrimonios difícilmente justificables». Como José Bono, exministro de Defensa con Zapatero, cuya fortuna tras su salida de la política sigue generando preguntas sin respuestas.

Ya se cumplió una semana desde que Venezuela se enteró que el aguacero de las ondas tropicales 7 y 8 habían sido tan fuertes que se llevó casas, maquinarias y parques en el noble páramo andino.

NTN24

Con los días, surgen más imágenes y testimonios de la pesadilla que vivió el Páramo merideño, que reposa en los recuerdos de todo el país como lo más frágil de todo el territorio.

La agencia AFP recogió algunos testimonios en Apartaderos, cuna de la «loca Luz Caraballo», personaje de la cultura popular inmortalizada por el poeta Andrés Eloy Blanco.

Arelis Villareal subió a una reja con sus cuatro hijos para evitar ser arrastrada por el agua. «Nunca pensé que el río iba a crecer tanto», dijo luego de perder su casa en un pueblo de los Andes venezolanos arrasado por las lluvias.

Lo recuerda vívidamente. Fue hace una semana. El río Chama arremetió contra varios pueblos del estado Mérida (oeste) con un ejército de rocas y troncos que arrastraba la corriente.

Primero contra el turístico Apartaderos, luego vino Escagüey, ubicado a 35 km.

Unas 270 familias quedaron damnificadas y dos personas murieron, según datos oficiales.

«Pude ver el color con el que bajaba» el agua, recordó. «Era muy oscuro y, además, a la distancia me di cuenta cuando se desbordó de su cauce. Nos dio tiempo de correr. Lo que más me importaba eran mis hijos», evocó.

El lugar donde alguna vez estuvo la casa de Keiver Sánchez quedó igualmente bajo las rocas.

«Quedé sin nada, el deslave me dejó sin ni siquiera una columna», lamentó. «Gracias a dios pude sacar a mi familia y a mis mascotas».

Vive ahora en un refugio, donde solo piensa que debe «empezar de cero de nuevo». «Volver a construir la vida que teníamos, me gustaría tener de nuevo cositas mías, no es fácil perder lo que siempre tuviste».

«Hermandad»

Los también estados andinos Táchira y Trujillo, y los llaneros Barinas y Portuguesa también fueron impactados por las lluvias, aunque en menor medida que Mérida.

Las autoridades reportaron 370 viviendas afectadas, 103 declaradas en pérdida total.

Militares, bomberos y efectivos de Protección Civil fueron desplegados en las labores de rescate, distribución de ayuda y recuperación de la infraestructura.

Voluntarios igualmente recorrieron las ruinosas carreteras en camionetas 4×4 y motos para llevar donaciones hasta los pueblos afectados. La AFP acompañó a uno de estos grupos que salió desde la ciudad de Mérida, capital del estado.

Miles de personas, desde distintas ciudades, donaron agua, alimentos, medicinas y ropa.

«Caminar casa por casa»

«La ayuda es para todos los afectados», repetía Coraima Cuevas, gestora de uno de los centros de acopio y refugio en Apartaderos.

Claudina Elena Sánchez, de 66 años, quedó atrapada en el centro de Escagüey luego de ir a visitar a su madre. Vive en el páramo Los Arangures, a unas siete u ocho horas por carretera.

«No sé cómo estarán las vías ni los puentes allá arriba, la situación es complicada para llevar ayuda o para regresar», indicó.