La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, promulgó el jueves por la noche una ley de amnistía general que abre la posibilidad de liberar a políticos, activistas, abogados, periodistas y otros ciudadanos encarcelados por motivos políticos, según el texto aprobado por la legislatura. La norma fue firmada pocas horas después de su sanción parlamentaria y establece la revisión inmediata de expedientes vinculados a hechos de confrontación política desde 1999.
La aprobación representa un giro significativo en la política venezolana tras décadas en las que las autoridades negaron la existencia de presos políticos. El cambio se produce semanas después de la captura del narcodictador Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense realizada en Caracas, episodio que precipitó la conformación de un gobierno de transición y una serie de medidas orientadas a revertir decisiones previas.
Durante la ceremonia de promulgación, Rodríguez sostuvo que la iniciativa refleja un cambio de actitud en la dirigencia nacional. “Estamos dejando un poco la intolerancia y abriendo nuevas vías para la política en Venezuela”, afirmó. La mandataria interina también calificó la normativa como un paso histórico hacia la pacificación y señaló que el objetivo es que el país aprenda a “convivir democrática y pacíficamente”.
“Hay que saber pedir y recibir perdón. Esta ley abre una puerta extraordinaria para que Venezuela se reencuentre”, expresó.
El texto promulgado concede amnistía plena a ciudadanos investigados o condenados por hechos relacionados con confrontaciones políticas, sociales o institucionales ocurridas desde 1999, incluidos episodios de violencia, protestas, manifestaciones y actuaciones asociadas a procesos electorales. También abarca casos derivados de las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de 2024, cuando se registraron detenciones masivas en todo el país, entre ellas de menores de edad.
La norma dispone la revisión inmediata de expedientes de dirigentes opositores, activistas sociales, defensores de derechos humanos, abogados y periodistas detenidos durante distintos ciclos de conflictividad. Sin embargo, establece exclusiones explícitas. No podrán beneficiarse quienes “promuevan, instiguen, soliciten, invoquen, favorezcan, faciliten, financien o participen en acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, la soberanía y la integridad territorial” de Venezuela con apoyo de actores extranjeros.
Organizaciones de derechos humanos siguieron el proceso legislativo de cerca. El vicepresidente director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, advirtió antes del cierre del debate de la norma que el Parlamento tenía la oportunidad de demostrar un compromiso real con la reconciliación nacional. En mensajes difundidos en redes sociales, sostuvo que el proceso debía desarrollarse con respeto a los derechos humanos y garantías efectivas para las víctimas de detenciones arbitrarias.
Según los registros de Foro Penal, más de 600 personas permanecen privadas de libertad por razones políticas. Tras la captura de Maduro, las nuevas autoridades anunciaron un plan de liberaciones progresivas y confirmaron la excarcelación de 448 detenidos. No obstante, la mayoría recibió medidas de libertad condicionada, lo que generó reclamos de familiares y activistas que exigían una liberación definitiva.
En las semanas previas a la promulgación, familiares de detenidos instalaron campamentos frente a centros de reclusión para exigir la aplicación inmediata de la amnistía. Un grupo de mujeres inició además una huelga de hambre en demanda de la liberación de sus parientes, muchos de los cuales permanecen detenidos sin sentencia firme.
La nueva legislación abre la posibilidad de nuevas excarcelaciones en las próximas semanas y redefine el tratamiento estatal hacia los detenidos por motivos políticos. Su alcance efectivo dependerá de la rapidez con la que las autoridades judiciales y administrativas ejecuten la revisión de casos y apliquen los beneficios previstos en la norma.
