El presidente de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Caracas, Fernando Di Geronimo, se mostró optimista este martes sobre la posibilidad de reactivarse los créditos ante las nuevas relaciones entre Venezuela y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En Nueva York pasó lo que tenía que pasar: que, como sucede siempre, el socialismo funciona más o menos hasta que se acaba el dinero. Zohran Mamdani, el alcalde musulmán y comunista de la mayor ciudad de Estados Unidos, ha reconocido un agujero multimillonario en las cuentas públicas —entre 5.000 y más de 7.000 millones de dólares— y, lejos de anunciar un plan de ajuste, ha optado por una receta conocida: más gasto, más impuestos y contabilidad creativa.

La Gaceta de la Iberosfera

El Ayuntamiento estudia retrasar durante décadas pagos obligatorios a los fondos de pensiones, trasladando el problema a futuras administraciones. Es decir: gastar hoy, cargar la factura a quienes aún no votan. La cifra no es menor: hasta 1.000 millones de dólares en obligaciones diferidas hacia la década de 2040.

La maniobra recuerda peligrosamente a las prácticas que llevaron a Nueva York al borde de la bancarrota en los años setenta. Entonces, como ahora, el problema no era la falta de recursos, sino el uso político de los mismos.

Pero lo más significativo no es cómo intenta cuadrar las cuentas. Es en qué decide gastar. En plena crisis fiscal, Mamdani ha impulsado un programa de «participación ciudadana» que incluye la contratación de personal con salarios de seis cifras, con un coste total cercano a los dos millones de dólares, según reveló el New York Post.

El esquema nos suena: financiar, no servicios esenciales o infraestructuras críticas, sino chiringuitos para los amigos, activismo institucional sufragado con dinero público. Y llega la tormenta perfecta, y perfectamente previsible: déficit disparado, obligaciones aplazadas y aumento del gasto en aparato ideológico.

Al mismo tiempo, el alcalde lanza una ofensiva fiscal contra quienes sostienen el sistema. Su propuesta de nuevos impuestos sobre propiedades de lujo —los llamados pied-à-terre— ha encendido todas las alarmas en el sector empresarial. Nueva York depende de forma desproporcionada de sus contribuyentes de altos ingresos, responsables de una parte sustancial de la recaudación. Presionar a ese grupo no es solo una decisión política: es un riesgo estructural.

Y ese riesgo ya empieza a materializarse. Grandes patrimonios y empresas estudian trasladar su actividad a estados con menor presión fiscal, como Florida. El mensaje es claro: cuando el coste de quedarse supera al de marcharse, el capital se mueve. Mamdani lo ha ignorado, para su mal y el de los neoyorquinos.

El alcalde ya ha empezado a pedir ayuda fuera. Mamdani ha reclamado abiertamente más dinero al Gobierno estatal de Nueva York —controlado por su correligionaria del Partido Demócrata Kathy Hochul— para cubrir el agujero presupuestario, en lo que en la práctica equivale a una solicitud de rescate político.

Hochul ha rechazado varias de sus propuestas fiscales y ha recordado que el Estado ya ha transferido miles de millones a la ciudad, incluyendo paquetes de ayuda superiores a los 1.500 millones de dólares. Nueva York gasta como si no hubiera mañana y aspira a que otros paguen la cuenta.

La tensión ha llegado al punto de que el propio alcalde ha solicitado retrasar la presentación del presupuesto municipal mientras intenta cerrar nuevas vías de financiación externa. En otras palabras: no cuadran las cuentas, y tampoco cuadran los tiempos.

Mientras tanto, los organismos independientes empiezan a advertir. Agencias de calificación y analistas fiscales ya alertan del riesgo de deterioro en la solvencia de la ciudad si continúa esta deriva de gasto diferido y dependencia de ingresos inciertos.

El alcalde se escuda en la excusa de todos los malos gobernantes: la «herencia recibida». Sus predecesores, dice, le dejaron las arcas vacías. Tenga o no razón, su respuesta ha sido la peor posible: no gestionar una situación crítica, sino utilizarla como coartada para acelerar su agenda ideológica. Nueva York ya ha visto esta película. Empieza con gasto descontrolado, sigue con ingeniería contable y termina con una ciudad que descubre, demasiado tarde, que el dinero no era infinito. Esta vez, además, con un detalle añadido: quienes pueden pagar la factura ya están haciendo las maletas.

Pedro Mario Burelli, experto y economista partidario de María Corina Machado, no discute matices: acusa una contradicción de fondo en la estrategia de Donald Trump y Marco Rubio hacia Venezuela. Tras una operación costosa para sacar a Nicolás Maduro, Washington tolera que Delcy Rodríguez administre el poder con presos políticos como moneda. Para Burelli, no es pragmatismo: es una política que legitima lo que dice combatir y arriesga convertir a Estados Unidos en cómplice de aquello que prometió desmontar.

Por: Ramón Hernández – El Nacional

Burelli no está contento con lo que vienen haciendo el presidente Donald Trump y el senador Marco Rubio en Venezuela. Está muy molesto con lo que están dejando hacer a la presidenta en funciones, Rodríguez, y a los residuos del chavismo que mantienen el control del poder, aunque tutelados. Considera impresentable el acuerdo expedito que cerró con la ex vicepresidenta de Maduro y totalmente dislocado y desarticulado con lo que esperaban los venezolanos luego de una excelente acción militar.

—Yo creo que la estabilidad se va construyendo pieza a pieza y sobre tierra firme. Sin crear o permitir condiciones que le den sustento, fortaleza, a lo que se quiere sustituir. No tendría sentido. Creerle a Rodríguez que mantener 500 presos políticos evita la desestabilización es decirle a la familia de esos presos que siguen encarcelados por una negociación, que esos presos son de Donald Trump y de Marco Rubio. Los estadounidenses se deben sentir como socios o cómplices de torturadores.

—¿Por eso le pregunta a Marco Rubio si su concepto de estabilidad se asocia con alabar a los torturadores y no con liberar a los prisioneros?

—Esos 500 presos son rehenes de una negociación incoherente. Son rehenes de una concepción de Washington que cree que compra estabilidad si deja que Rodríguez mantenga 500 presos políticos. Una presunción totalmente equivocada. Cuando Trump aparece en las redes sociales con el título de presidente interino de Venezuela, de forma burlona, y alabando a la funcionaria porque “lo está haciendo maravillosamente”, está expresando su acuerdo con lo que está ocurriendo: que haya 500 presos políticos y con el nombramiento de Gustavo González López como ministro de Defensa, un militar sancionado por Estados Unidos por violaciones de los derechos humanos desde 2014 que debería estar en la cárcel. No es coherente ni presentable. Estados Unidos debe darse cuenta del mensaje que está mandando. Si no tienes poder y estás negociando, no felicites a la señora, no digas que es una maravilla, no la llames presidenta electa. Sea mucho más serio y más juicioso. Está generando entre los venezolanos una molestia contra un país que siempre ha sido su aliado natural, que nos ha apoyado en esta lucha, y que dio un paso de un riesgo tremendo para salir de Maduro.

—¿Tiene diferencias con María Corina Machado?

—No. Tenemos roles distintos. Nada nos separa. Hace mucho tiempo entendimos contra qué estábamos luchando, tanto contra el régimen como con ciertos elementos en la oposición. Yo puedo decir cosas que ella no puede decir ni debe. Tenemos los mismos objetivos y luchamos por la misma causa, pero con estilos y discursos distintos. La independencia de no aspirar a un cargo en la mecánica del poder me permite emitir opiniones que a veces son distintas. Estamos muy unidos, evidentemente, pero no hay automatismo ni Pedro Mario Burelli habla como vocero de Machado.

—¿Qué lo separa políticamente de Machado?

—No tengo ningún desacuerdo con ella, ninguno. Ella es un actor político, con ambición de liderar el país y eso requiere vocación, personalidad y dedicación. Tiene la juventud, la energía, la ambición, el ego y todo lo que define a un buen político. Yo, en cambio, viví muy de cerca la política y desde muy joven le agarré cierta repulsión. Lo que puede aparecer como diferencias se basa en mi conocimiento sobre las relaciones de Estados Unidos respecto a Venezuela, antes del chavismo y, sobre todo, después del chavismo. Mis posiciones no la comprometen ni nunca he pedido permiso para emitir mi opinión sobre las decisiones que toman en Washington.

—Muchos aconsejan no criticar a Trump.

—No hay problema alguno en reclamarle una conducta a alguien al que tenemos que agradecer. No es contradictorio. Estoy 100% de acuerdo con Machado en que no podemos negar que Donald Trump es el único presidente de Estados Unidos que puso en peligro la vida de estadounidenses y mucho dinero en una operación costosísima; arriesgó su capital político, su presidencia, en una operación para enjuiciar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores. Venezuela estaba secuestrada por un grupo criminal. Ese juicio y los conexos permitirán que el mundo sepa lo que hemos vivido los venezolanos.

Lea la entrevista completa siguiendo este enlace a El Nacional

Ya hace cuatro décadas, el estrecho de Ormuz reveló su vulnerabilidad al mercado mundial del petróleo. Tras ataques a buques petroleros durante la guerra entre Irán e Irak, (1980-1988), Arabia Saudita reaccionó construyendo el oleoducto Este-Oeste, a través de su vasta península desértica hasta el puerto de Yanbu, en el Mar Rojo. Años más tarde, Emiratos Árabes Unidos (EAU) hicieron lo propio con el oleoducto Habshan-Fujairah, que conecta el emirato de Abu Dabi con el Golfo de Omán.

DW

Ahora, tras el cierre del estrecho en la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, la atención se centra en reducir los riesgos. El mercado energético mundial confía en que otras naciones petroleras aumenten su producción, mientras que potencias mundiales como China, India y la Unión Europea, junto con grupos ecologistas, instan a acelerar las inversiones en energías renovables.

Objetivo de los países del Golfo: evitar el estrecho de Ormuz

Mientras tanto, los líderes del Golfo avanzan con planes que posibilitarán que una mayor cantidad de su crudo evite por completo el estrecho de Ormuz y ayudarán a garantizar las exportaciones a largo plazo.

A principios de este mes, el diario Financial Times informó que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros países estaban evaluando la construcción de nuevos oleoductos que discurrirían en paralelo a las estructuras existentes, junto con la ampliación de las terminales de exportación en costas alternativas.

Landon Derentz, director sénior del Centro de Energía Global del grupo de expertos Atlantic Council, pidió a la administración Trump que respaldara esos nuevos proyectos con financiación estadounidense.

«En lugar de obligar a los barcos a atravesar ese punto crítico, Estados Unidos y sus socios deberían construir rápidamente infraestructuras alternativas», escribió Derentz en un informe reciente. «Arabia Saudita ya ha demostrado que la infraestructura de circunvalación puede aliviar parte del cuello de botella. Ese modelo debería ampliarse drásticamente».

El oleoducto saudí existente, de 1.200 kilómetros, ya está funcionando a su máxima capacidad de 7 millones de barriles por día (bpd), frente a los 5 millones anteriores a la guerra, mientras que los Emiratos Árabes Unidos están transportando otros 1,8 millones de bpd a su puerto de Fujairah.

Arabia Saudita y EAU necesitan duplicar capacidad de oleoductos

Si bien esas medidas están brindando cierto alivio a los mercados petroleros mundiales, la magnitud del desafío es evidente, según Robin Mills, director ejecutivo de Qamar Energy, una consultora líder con sede en Dubái.

«Antes de la guerra, unos 15 millones de barriles al día transitaban por el estrecho», comenta Mills a DW. «Habría que duplicar [la capacidad actual de los oleoductos] para poder exportar esa misma cantidad de crudo».

El Financial Times cita a funcionarios y expertos en energía que aseguran que, si bien los nuevos oleoductos son costosos, requieren mucho tiempo, y a veces son políticamente complejos, constituirían la única manera en que los Estados del Golfo pueden reducir su vulnerabilidad ante futuras interrupciones.

Según Mills, muchos de estos planes de circunvalación llevan años gestándose, pero aquellos que involucran a varios países se han estancado debido a la distancia, el costo y las rivalidades regionales.

Países que no pueden evitar Ormuz

«Las nuevas rutas de Arabia Saudita o los Emiratos Árabes Unidos podrían comenzar casi de inmediato y tardar un par de años en construirse”, dice Mills. Kuwait, Bahréin y Qatar no tienen costas alternativas y casi todas sus exportaciones de hidrocarburos transitan por el estrecho de Ormuz.

«Lo más probable es que tengan que pasar por Arabia Saudita o Irán, lo que implica largos oleoductos y complicadas negociaciones políticas, que durarían un mínimo de tres a cuatro años, probablemente más.»

La Agencia Internacional de Energía (AIE) aboga por la construcción de un nuevo oleoducto de gran envergadura desde Irak hasta el puerto turco de Ceyhan, en el Mediterráneo.

El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, declaró la semana pasada al periódico turco Hurriyet que el proyecto, «sumamente atractivo», impulsaría la seguridad energética, «especialmente desde la perspectiva europea», y que «el problema de la financiación puede superarse».

El impulso de Irak hacia los oleoductos occidentales

El oleoducto de exportación iraquí que conecta la región norteña de Kirkuk con Turquía fue construido en la década de 1970 y se reactivó el pasado mes de septiembre tras una parada de dos años y medio. Actualmente bombea hasta 250.000 barriles diarios.

A principios de este mes, el Gobierno iraquí impulsó el tramo Basora-Haditha, valorado en 4.600 millones de dólares (3.900 millones de euros), que va desde el sur hacia la frontera con Siria, a la fase de licitación.

Este oleoducto de 685 kilómetros se considera el tramo inicial crucial que posteriormente podría extenderse hasta el puerto jordano de Aqaba, en el Mar Rojo, o incluso hasta Siria o Turquía. De aprobarse, tendría capacidad para suministrar hasta 3 millones de barriles diarios en fases.

Irak también evalúa la construcción de un oleoducto independiente que conecte con el puerto omaní de Duqm, en el golfo de Omán. 

Los países del Golfo también cuentan ya con planes concretos para ampliar las limitadas redes ferroviarias y de carreteras, a fin de facilitar la exportación de mercancías distintas del petróleo y aliviar la presión sobre las cadenas de suministro.

El emblemático proyecto ferroviario del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) tiene como objetivo crear una red integrada de 2.100 kilómetros que abarque los seis países del CCG para 2030.

No es un hecho aislado el reciente atentado que se presentó en el departamento del Cauca y que dejó 20 civiles muertos y decenas de heridos. Los últimos días han dejado múltiples ataques contra fuerzas de seguridad y objetivos estratégicos en el suroccidente de Colombia, territorio históricamente atravesado por la presencia de grupos armados ilegales.

DW

«Esto no es un ataque aislado, no es nada nuevo», comenta a DW Elisabeth Dickinson, analista del International Crisis Group, para quien los hechos deben verse dentro de una dinámica más amplia: «Es parte de una ola creciente de ataques» en el marco de la confrontación entre el Estado y las disidencias de las antiguas FARC.

Dickinson explica que el incremento de operaciones militares contra estas estructuras ha derivado en una respuesta violenta, en forma de ataques «asimétricos», los utilizados por el bando débil para combatir a un adversario superior evitando enfrentamientos directos. La experta alude al uso de drones con explosivos y de artefactos artesanales que «acaban afectando no sólo la infraestructura, sino también a la población civil». Porque, en muchos casos, los ataques son también indiscriminados.

Cauca: centro de una contienda territorial

El río Cauca se ha convertido en uno de los principales escenarios de esta escalada. Allí se cruzan economías ilegales, rutas estratégicas y una presencia estatal débil. El resultado ha sido una espiral de disputas territoriales entre grupos armados, en medio de las cuales queda atrapada la población civil.

Estos ataques tienen una doble función, subraya Dickinson: «Mandar el mensaje de que ellos tienen la capacidad de perturbar» y generar «zozobra y terror en la población civil». Esta violencia, añade, «busca afianzar el control territorial y asegurar el acceso a economías ilícitas, en un contexto que se arrastra desde la firma del acuerdo de paz de 2016 y la posterior fragmentación del conflicto armado».

Impacto directo en la campaña electoral

La escalada llega a pocas semanas de la primera vuelta presidencial, cuando la seguridad se perfila como el tema que dominará el debate político.

Para Yann Basset, analista político y profesor de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad del Rosario, el contexto electoral no es fortuito. Según él, existe «una voluntad de los grupos armados de influir en este contexto electoral, de hacerse notar, de mostrar su fuerza», señala en entrevista con DW.
Este fenómeno, explica, es recurrente en Colombia, donde «tenemos estos picos de actividad terrorista en época electoral». 

El efecto es palpable. La seguridad se ha afianzado como la principal preocupación de los votantes, lo cual podría incidir en las preferencias electorales y beneficiar a los sectores políticos que propugnan una línea más dura frente a los grupos armados, según Basset. El debate sobre la política de «paz total» del Gobierno actual se convierte en el eje central de la campaña.

Más allá del efecto inmediato, la violencia plantea desafíos estructurales para el Estado colombiano. La actual escalada es un reflejo de «una crisis de seguridad en expansión» que está «presionando cada vez más la estabilidad política del país», afirma en entrevista con DW Kristin Wesemann, directora de la oficina de la Fundación Konrad Adenauer en Colombia. No supone un riesgo inmediato de quiebra institucional, pero sí pone de manifiesto un «deterioro progresivo del control estatal en diversas regiones».

Otro factor clave es el fortalecimiento de los grupos armados. Estos han logrado aumentar su potencial operativo y de captación de cuadros humanos, afianzando bastiones de dominio territorial que desafían el poder del Estado.

Un conflicto que perdura

En el ámbito electoral, la violencia no sólo genera miedo, sino que puede impactar de manera directa en el proceso democrático. Wesemann advierte sobre el «constreñimiento electoral por parte de los grupos armados», que imponen reglas, restringen la movilidad e incluso determinan quién puede hacer campaña.
Asimismo, la intimidación puede disuadir la participación ciudadana y alterar las condiciones de competencia política, muy especialmente en aquellas regiones donde el Estado tiene una presencia limitada.

En este contexto, el mayor desafío pasa por impedir que la crisis de seguridad se transforme en una crisis de legitimidad institucional. «Cuando el Estado no logra garantizar condiciones básicas de seguridad, se debilita la confianza en la democracia», señala Wesemann.

La actual ola de violencia no nace de la nada. Los expertos coinciden en que es fruto de una lucha que ha cambiado, pero no se ha extinguido. La fragmentación de los grupos armados después del acuerdo de paz, la expansión de economías ilegales y las limitaciones de las políticas de seguridad han contribuido a un escenario cada vez más complejo. Así, Colombia se enfrenta en vísperas de las elecciones a un doble reto: contener la violencia y garantizar la libertad y seguridad del proceso electoral.

El Senado de Estados Unidos votó 51-47 para bloquear el avance de una resolución que buscaba limitar la capacidad del presidente Donald Trump de emprender acciones militares contra Cuba sin la aprobación previa del Congreso. La iniciativa, presentada por el senador demócrata Tim Kaine, no logró superar el obstáculo procesal necesario para abrir el debate en el pleno, lo que en la práctica detuvo su progreso.

La Derecha Diario

La propuesta de Kaine pretendía aplicar la Ley de Poderes de Guerra para exigir la retirada de cualquier fuerza estadounidense desplegada en torno a Cuba sin autorización legislativa, además de considerar acciones como un bloqueo naval como actos hostiles que requerirían aprobación del Congreso. Sin embargo, la mayoría de los senadores republicanos se alineó para impedir que el proyecto avanzara, respaldando así la postura de preservar la flexibilidad del Ejecutivo en materia de seguridad nacional.

El senador Rick Scott fue quien impulsó la maniobra para bloquear la iniciativa, argumentando que imponer restricciones anticipadas al presidente podría limitar la capacidad de respuesta de Estados Unidos ante potenciales amenazas en la región. La cercanía geográfica de Cuba, a apenas 90 millas de la costa de Florida, ha sido un factor clave en el debate sobre la seguridad hemisférica.

A pesar del respaldo mayoritario dentro del Partido Republicano, algunos legisladores rompieron filas. Los senadores Rand Paul, Susan Collins y Mitch McConnell se unieron a la mayoría de los demócratas para intentar forzar la votación, evidenciando divisiones internas respecto al papel del Congreso en decisiones militares. En contraste, el senador demócrata John Fetterman votó junto a los republicanos para bloquear la resolución, destacando el carácter transversal del debate.

El liderazgo demócrata, encabezado por Chuck Schumer, criticó la decisión, advirtiendo sobre los riesgos de permitir una posible escalada militar sin supervisión legislativa. Schumer sostuvo que el Congreso debería actuar de forma preventiva para evitar nuevos conflictos, especialmente en una región tan cercana al territorio estadounidense.

No obstante, desde sectores que apoyan al gobierno de Trump, la votación se interpreta como una señal de respaldo a la autoridad presidencial en un contexto internacional complejo. Estados Unidos se encuentra actualmente involucrado en tensiones en Medio Oriente, particularmente en relación con Irán, lo que ha intensificado el debate sobre los límites del poder ejecutivo en operaciones militares.

Hasta el momento, el presidente Trump no ha tomado medidas concretas contra Cuba, pese a declaraciones previas en las que sugirió la posibilidad de adoptar una postura más firme hacia la isla. Sus comentarios han sido interpretados por sus aliados como parte de una estrategia de presión destinada a fortalecer la posición de Estados Unidos en el escenario internacional, más que como un indicio de acción inmediata.

La decisión del Senado también se produce en un momento en que varios intentos legislativos para restringir la acción militar estadounidense en otras regiones han fracasado. En ese sentido, el bloqueo de la resolución sobre Cuba se inscribe en una marcada tendencia dentro del Congreso de evitar limitar de manera anticipada las facultades del Ejecutivo.