Cuando el pasado sábado 7 de septiembre se conoció que el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia había solicitado asilo en España, el fiscal general Tarek William Saab anunció que su despacho pondría fin a la persecución que había iniciado en su contra. «Nosotros, con el apoderado judicial de González Urrutia, José Vicente Haro, en las próximas horas, en los próximos días estableceremos la forma, tiempo, modo y lugar de cómo ese caso va a quedar de alguna forma cerrado judicialmente», declaró a la cadena CNN en español.

Acceso a la Justicia

El anuncio, no obstante, deja en el aire muchas dudas. ¿Cómo y cuándo se cerrará el caso? ¿No habrá ningún expediente penal abierto? Estas interrogantes se suman a las cuatro irregularidades que, a criterio de Acceso a la Justicia, han viciado la persecución contra González Urrutia, sobre quien pesaba desde el pasado 2 de septiembre una orden de captura por su negativa a atender las citaciones que el despacho de Saab le formuló desde finales de agosto.

«Va a tener que responder, va a tener que venir», había advertido el pasado 23 de agosto el fiscal general, quien achacó al opositor la  «autoría» de la página web que «ha usurpado la cualidad y competencia que solamente le corresponde al Poder Electoral venezolano» donde se muestran unas actas de escrutinio que la oposición atribuye a las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio.

1. Obviando los requisitos exigidos por la ley

En las tres citaciones del Ministerio Público (MP) se instaba a González Urrutia a «comparecer ante esta representación fiscal del MP, ubicada en la avenida Este Seis, esquina de Puente Victoria Año Pastor, edificio Centro Villasmil, piso 15, Parque Carabobo» con el propósito de «rendir entrevista en relación con los hechos que investiga este despacho relacionado con la publicación y mantenimiento de la página web resultadoconvzla.com».

A continuación se indicaba que los hechos relacionados con dicho portal estarían presuntamente incursos en la comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración.

Desde Acceso a la Justicia observamos que las citaciones no cumplen con los parámetros exigidos por el Código Orgánico Procesal Penal (COPP), el cual en su artículo 126.a señala que las mismas deben incluir no solo la «fecha, hora, lugar» al que deberá asistir el convocado, sino que deberá especificarse la «condición con la cual deberá comparecer» (imputado, testigo o experto). En el caso de González Urrutia no se precisa si es un imputado, aunque tanto las declaraciones de Saab como el hecho de que en la citación firmada por el fiscal Luis Ernesto Dueñez Reyes se enumeren seis delitos parecen dejar en claro que el acto sería para imputarlo y abrirle un proceso penal.

Lo más grave es la violación a su derecho a la defensa, clave para un debido proceso, ya que no se emplazó al opositor para que, tal y como establece expresamente la norma antes citada:

«acuda ante el Tribunal en funciones de control de la jurisdicción correspondiente a los fines de la designación y juramentación del defensor o abogado que lo asistirá en el acto de imputación o en su defecto para que le sea designado un defensor público».

Tal omisión representa una violación a los derechos al debido proceso y a la defensa, previstos en el artículo 49 de la Constitución. Además, el COPP en sus artículos 174 y 175 establece cuál es la consecuencia de una citación realizada sin cumplir los parámetros de ley: es nula.

Aun así, el juez antiterrorista Edward Briceño no se percató de las fallas antes mencionadas y aceptó la solicitud fiscal, por lo que le ordenó al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que diera con el paradero del abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática y que se lo llevara en un plazo máximo de 48 horas después de que lo hubiera aprehendido.

2. Desacatando al TSJ

El artículo 127 del COPP señala que el imputado tiene derecho a que se le «informe de manera específica y clara acerca de los hechos que se le imputan». Sin embargo, en ninguna de las tres citaciones que el fiscal Dueñez emitió contra González Urrutia se específica de qué se le señala.

«El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando los delitos no cometidos», declaró en días pasados el excandidato opositor para justificar su inasistencia. 

Las citaciones no solo no se ajustaron a la ley, sino tampoco a lo establecido por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que desde el año 2001 (sentencia n.° 241) ha dejado en claro que «el acto de imputación formal, constituye un acto de trascendental interés en beneficio del proceso, y más aún del imputado, que detenta características que no pueden soslayarse».

Asimismo, la Sala estableció que dicho acto debe realizarse «previa citación del investigado», quien

«asistido por defensor se le impone formalmente del precepto constitucional que lo exime de declarar y aun en el caso de rendir declaración hacerlo sin juramento; al igual que se le impone de los hechos investigados y aquellas circunstancias de tiempo, modo y lugar, la adecuación al tipo penal, los elementos de convicción que lo relacionan con la investigación y el acceso al expediente».

Por su parte, la Sala Constitucional, en su sentencia n.º 754 de 2021, señaló que la imputación permite «el ejercicio efectivo del derecho a la defensa», al impedir que la investigación sea llevada a espaldas del señalado, y por ello ordenó al MP agotar la vía de la imputación formal  antes de acudir a las órdenes de captura.

«Esto es, de transmitir al imputado, la información clara, precisa y expresa (…) de que en su contra el Ministerio Público adelanta una investigación penal, la indicación del hecho investigado y que se le atribuye, la mención de todas aquellas circunstancias de tiempo, lugar y modo de comisión, y que resultan determinantes para establecer la calificación jurídica, los datos que en el transcurso de la investigación fueron recopilados y aportan elementos en su contra».

En el mismo sentido, la Sala de Casación Penal en su sentencia n.º 41 del 23 de febrero de 2022 declaró:

«Cuando el Ministerio Público solicite ante el Tribunal Penal competente una orden de aprehensión, no basta una narración indiferenciada de sucesos, se requiere que éstos sean narrados, precisando claramente su relación con él o cada uno de los imputados, según fuere el caso, lo que permitirá verificar cuál fue el hecho que cometió o cometieron, así como también cuándo y cómo fue realizado, elementos éstos relevantes a los efectos de establecer la calificación jurídica, los grados de participación, circunstancias de agravación, grados de ejecución, la prescripción de la acción penal, así como también la competencia y jurisdicción».

En su solicitud, el fiscal Dueñez apenas mencionó los seis delitos que le imputaban a González Urrutia, sin explicar cuándo y cómo los habría cometido y si lo hizo solo o con ayuda de alguien más. Aunque el funcionario aseguró que anexaba a su solicitud un expediente de 94 folios en el que justificaba esos hechos, la notificación en sí misma debe cumplir con los parámetros de ley para que sea válida.

3. Sin delito a la vista

Saab ha dejado en claro que el proceso contra el abanderado opositor está relacionado con la difusión de las actas de escrutinio, y ha acusado a González Urrutia de «usurpar las funciones» del Consejo Nacional Electoral (CNE) al publicar unos documentos que, según él, solo podría difundir el árbitro. Asimismo, lo ha acusado de falsear dichas actas.

Sin embargo, una revisión de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y de su reglamento revela que no hay disposición que les impida a los actores en un proceso comicial difundir las actas de escrutinio. Las únicas prohibiciones son las referidas con la publicación de encuestas 7 días antes de las votaciones (artículo 70) y de resultados antes de que el CNE publique su primer boletín (artículo 71).

La publicación de las actas de escrutinio por parte de los actores en una contienda electoral no es algo novedoso. El 17 de abril de 2013, 4 días después de las elecciones presidenciales que se celebraron anticipadamente tras la muerte del presidente Hugo Chávez, el entonces jefe de campaña oficialista, Jorge Rodríguez, anunció su publicación en la página web del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), y declaró al respecto lo siguiente:

«Tenemos 38.900 de estas, que son las actas de votación y en todas esas actas de votación aparece la firma de sus testigos con la huella dactilar. Y para desmontarle su mentira, a partir de ahora estamos colgando en la web del PSUV todas las actas de votación».

La publicación de las actas fue una estrategia del oficialismo para salirle al paso a las denuncias de irregularidades formuladas por el entonces candidato opositor Henrique Capriles Radonski.

Otra imputación de dudoso sustento es la de «sabotaje a daños de sistema», pues como no se aclara en qué condición se hizo, se debe asumir que el MP sospecha que González Urrutia fue el autor del presunto «hackeo masivo» al sistema del CNE, aunque esta versión se antoja complicada, pues no se puede olvidar que Saab aseguró que dicho ataque se produjo desde Macedonia del Norte.

Aun bajo las circunstancias señaladas, José Vicente Haro, abogado de González Urrutia, acudió al MP el 4 de septiembre para presentar un escrito en el que hace referencias a las irregularidades en las citaciones a su defendido, de las cuales derivan su no comparecencia ante ese organismo.

4. ¿Por qué el MP acudió a los tribunales antiterroristas?

Uno de los delitos que se le imputa a Edmundo González Urrutia es la presunta asociación para delinquir, previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo (LOCDOFT). Sin embargo, ello no explica por qué la Fiscalía se dirigió a la jurisdicción antiterrorista y le solicitó el 2 de septiembre una orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia.

La resolución n.º 2012-0026, dictada por la Sala Plena el 17 de octubre de 2012 y publicada en Gaceta Oficial n.º 40.092  del 17 de enero de 2013 (parcialmente modificada por la resolución n.º 2015-0007/2015-0008 de esa misma Sala del 15 de abril de 2015), no hace mención específica a la LOCDOFT, ni dicha ley hace referencia a la jurisdicción especializada en materia de terrorismo, aunque en la práctica, los tribunales contra el terrorismo han ejercido jurisdicción sobre los delitos comprendidos en dicha ley.

No obstante, en el caso de González Urrutia solo uno de los delitos presuntamente imputados se encuentra en la LOCDOFT. Es probable que la respuesta a la interrogante planteada sea que esos tribunales son usados con gran frecuencia desde 2018 para el enjuiciamiento de casos de relevancia política, como se indica en el informe publicado en 2020 por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. En el mismo sentido, se pronunció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos en su informe de 2021, en el que analiza el funcionamiento del sistema de justicia venezolano.

Así, al tratarse de un caso de índole política se acude a esta jurisdicción, que además es contraria a la Constitución al haber sido creada por una resolución y no por una ley del Parlamento, como exige el artículo 253 de la Constitución: «El sistema de justicia está constituido por el Tribunal Supremo de Justicia, los demás tribunales que determine la ley».

Adicionalmente, al juzgarse a personas por esos tribunales se les viola su derecho al juez natural, previsto en el artículo 49.4 constitucional, así como la prohibición de ese artículo de ser juzgadas por tribunales de excepción. La creación de la jurisdicción antiterrorista de la manera en que se hizo, es decir, por una resolución del TSJ y no por una ley de la AN, aunado a que se ha denunciado su uso especialmente para casos de relevancia política; estar integrada, por orden de la propia resolución que la crea, por jueces temporales, lo que viola también al artículo 255 constitucional; contribuyen a calificarlos como tribunales de excepción.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Las fallas que rodean la imputación del candidato opositor Edmundo González Urrutia por parte del MP son suficientes como para considerar que esta es nula y ello podría ser de utilidad para cerrar el caso en su contra, como lo prometió el fiscal general.  Sin embargo, el juez de control no reparó en dichos vicios, lo que es una prueba más de que el Poder Judicial venezolano no es independiente.

Instancias como la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) están en lo cierto cuando expresan su preocupación por esta y otras medidas represivas aplicadas por las autoridades venezolanas.

Sin duda, como han denunciado expertos de Naciones Unidas, en la actualidad, el ejercicio de derechos como la participación política, la libertad de expresión, de protesta o de asociación en Venezuela conllevan grandes riesgos. El caso de Edmundo González Urrutia es un ejemplo muy claro de ello.

El candidato unitario de Venezuela, Edmundo González Urrutia, ratificó este jueves en un comunicado que su relación y objetivos paralelos con la líder democrática María Corina Machado se mantienen inquebrantables pese a su salida al exilio en España.

La Patilla

En primer lugar, González reitero su agradecimiento al pueblo y gobierno de España, luego de su recepción y reciente reunión en el Palacio de Moncloa con Pedro Sánchez.

“Hablamos sobre la grave situación que vive Venezuela y de la necesidad de trabajar conjuntamente por una transición a la democracia”, comentó el exdiplomático venezolano sobre su encuentro con el presidente del gobierno español.

González también extendió su gratitud a los diputados del Congreso español por reconocerle como el presidente electo de Venezuela, decisión sustentada en más de 25 mil actas de escrutinio de la pasada elección.

Sobre su papel con Machado, González indicó: “Mi compromiso con el mandato que he recibido de parte del pueblo soberano de Venezuela es irrenunciable. El planteamiento de la lucha que María Corina y yo hemos conducido se mantiene inquebrantable”.

Asimismo, sentenció que “la lucha es hasta el final, cuando finalmente todas nuestras familias puedan reunirse en suelo venezolano”.

Mi compromiso con el mandato que he recibido de parte del pueblo soberano de Venezuela es irrenunciable. #COMUNICADO pic.twitter.com/POBJ7gzTIL

— Edmundo González (@EdmundoGU) September 12, 2024

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro designó a 16 funcionarios alineados con Maduro que obstruyeron un proceso electoral presidencial competitivo e inclusivo en Venezuela y violaron los derechos civiles y humanos del pueblo. Las personas sancionadas hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO, por sus siglas en inglés) 13692, con sus modificaciones, incluyen a los líderes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alineados con Maduro, que impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos, así como a los funcionarios militares, de inteligencia y del gobierno responsables de intensificar la represión mediante la intimidación, las detenciones indiscriminadas y la censura. Los funcionarios fueron designados por Nicolás Maduro, a quien la OFAC sancionó en 2017.

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos

“Hoy, Estados Unidos está tomando medidas decisivas contra Maduro y sus representantes por su represión del pueblo venezolano y la negación de los derechos de sus ciudadanos a una elección libre y justa”, dijo el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo. “El Departamento del Tesoro está apuntando a funcionarios clave involucrados en las fraudulentas e ilegítimas afirmaciones de victoria de Maduro y su brutal represión de la libertad de expresión después de las elecciones, mientras la abrumadora mayoría de los venezolanos piden un cambio. La Administración Biden-Harris seguirá utilizando nuestras herramientas para exigir cuentas a Maduro y sus compinches y apoyar las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano”.                                                                                                                

Desde las elecciones del 28 de julio, Maduro y sus representantes han arrestado indiscriminadamente a venezolanos por ejercer sus derechos políticos y civiles y han desplegado una serie de tácticas de intimidación para silenciar a la oposición. Estos actos incluyen la emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial ganador, Edmundo González Urrutia (González), que lo obligó a salir de Venezuela para buscar asilo en España. 

Al mismo tiempo, el Departamento de Estado  impuso nuevas restricciones de visas en virtud de la Proclamación Presidencial 9931 a funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y son responsables de actos de represión. Con estas nuevas restricciones de visas impuestas, casi 2.000 personas han sido sujetas a restricciones de visas por su papel en el debilitamiento de la democracia, la corrupción significativa y las violaciones de los derechos humanos. 

Funcionarios venezolanos DESIGNADOS

Las siguientes personas que obstruyeron la participación política democrática y socavaron el proceso electoral fueron designadas hoy de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692, “Bloqueo de propiedad y suspensión de entrada de ciertas personas que contribuyen a la situación en Venezuela”, según enmendada, por ser funcionarios actuales o anteriores del GOBIERNO DE V.

Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta  (Figueroa) es magistrado del TSJ, afín a Maduro, desde 2014 y actualmente se desempeña en la Sala Constitucional del TSJ. Anteriormente se desempeñó como magistrado de la Sala Político Administrativa del TSJ, según múltiples informes de prensa.

Además, según la cobertura de los medios, en su calidad de juez del TSJ, Figueroa apoyó la decisión de la Sala Electoral de revisar y certificar la afirmación del CNE de que Maduro había ganado las elecciones. Figueroa participó en la revisión técnica pericial del TSJ en el CNE y estuvo involucrado en la citación de candidatos presidenciales y líderes de partidos políticos al TSJ como parte del proceso de revisión electoral respaldado por Maduro. En 2019, Canadá sancionó a Figueroa por socavar la democracia.

Malaquias Gil Rodríguez (Gil) es magistrado y se desempeña como presidente de la Sala Político Administrativa del TSJ desde 2022. Anteriormente se desempeñó como vicepresidente de la Sala Electoral del TSJ; ocupa un cargo en el Poder Judicial desde 2010. 

Además, según fuentes fidedignas de los medios de comunicación, Gil ha obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado. En 2018, Canadá sancionó a Gil por corrupción y violación de los derechos humanos.

Juan Carlos Hidalgo Pandares  (Hidalgo) es  magistrado y se desempeña como vicepresidente de la Sala Político Administrativa del TSJ desde 2022. Anteriormente, Hidalgo se desempeñó como general de la Guardia Nacional Bolivariana y fiscal general del Ejército.  

Además, según fuentes de los medios de comunicación, Hidalgo ha obstruido la democracia al descalificar la candidatura presidencial de Machado.

Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez  (Rodríguez)  encabeza el TSJ, alineado con Maduro. Rodríguez ha sido presidenta del TSJ desde enero de 2024 y encabeza la Sala Electoral del TSJ. 

Además, según fuentes de los medios de comunicación, Rodríguez y la Cámara Electoral certificaron la afirmación infundada de Maduro de que había ganado las elecciones a pesar de las acusaciones bien fundadas de fraude electoral generalizado en las elecciones de julio.

Fanny Beatriz Márquez Cordero (Márquez) es la vicepresidenta del TSJ y miembro de la Sala Electoral.

Márquez estuvo entre los funcionarios de la Cámara Electoral que supervisaron el proceso de valoración técnica del material probatorio presentado por el CNE, las organizaciones políticas y los ex candidatos participantes en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Varios medios de comunicación afirmaron que Márquez estaba entre los funcionarios de la Cámara Electoral que certificaron la afirmación infundada de victoria de Maduro.

Edward Miguel Briceno Cisneros (Briceno) es el juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia alineado con Maduro con jurisdicción sobre terrorismo.

Además, según fuentes de prensa, Briceño giró una orden de captura contra González menos de una hora después de que el Ministerio Público la solicitara por los cargos de los delitos de usurpación de funciones, instigación a la desobediencia a las leyes, conspiración, sabotaje para dañar sistemas y asociación con opositores a quienes Maduro considera delincuentes.

Luis Ernesto Duenez Reyes (Duenez) es fiscal del Ministerio Público, una institución afín a Maduro. En su cargo, Duenez emitió la solicitud oficial de orden de captura contra el candidato presidencial opositor Edmundo González, que luego fue emitida por Briceño. González huyó de Venezuela y se exilió en España el 8 de septiembre.

Rosalba Gil Pacheco  (Gil Pacheco) es rectora del CNE y desde 2023 se desempeña como presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral del CNE, entidad alineada con Maduro. También se desempeñó como secretaria de la Asamblea Nacional alineada con Maduro desde enero de 2021.

Gil Pacheco ha obstruido la democracia al establecer una nueva regla restrictiva para la elegibilidad de los observadores electorales, al instituir irregularidades en el registro electoral y al retrasar intencionalmente los procesos en los centros de votación. Además, Gil Pacheco declaró a Maduro como ganador de las elecciones presidenciales sin publicar los resultados a nivel de distrito electoral y sin realizar las auditorías requeridas del sistema de votación electrónica del país, entre otras irregularidades electorales, según informes de prensa ampliamente difundidos.  

Antonio José Meneses Rodríguez  (Meneses) es el  Secretario General del CNE en funciones desde agosto de 2023. 

Meneses, según informes de prensa, instituyó una nueva norma restrictiva para la elegibilidad de los fiscales electorales, introduciendo irregularidades en el registro electoral y demorando intencionalmente los procesos en los centros de votación. Antes de desempeñarse en el CNE, también firmó el documento de la Contraloría que confirmaba la inhabilitación de Machado. 

Dinorah Yoselin Bustamante Puerta  (Bustamante) es una fiscal que presta servicios en el Juzgado Primero de Letras Especializado de Venezuela, una oficina dentro de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) alineada con Maduro. 

Además, según fuentes de los medios de comunicación, Bustamante obstruyó la democracia y el estado de derecho al iniciar procesos penales con motivaciones políticas, que resultaron en la detención arbitraria de miembros de la Asamblea Nacional de 2015 reconocida por Estados Unidos y otros funcionarios opuestos a Maduro. La Unión Europea, el Reino Unido y Suiza sancionaron a Bustamante en 2020 según bases de datos de sanciones.

Pedro José Infante Aparicio  (Aparicio) se desempeña como primer vicepresidente de la Asamblea Nacional alineada con Maduro. También se desempeñó como presidente de la Comisión Especial de Investigación y Procesamiento de Partidos de Oposición y Representantes de la Legislatura 2016-2021 por el Despojo y Robo de CITGO como parte de la campaña “Furia Bolivariana” lanzada en enero de 2024 contra la oposición democrática. En ese cargo, la comisión citó a varios miembros de la oposición en procesos aparentemente con motivaciones políticas. 

Domingo Antonio Hernández Larez  (Hernández) es el  Comandante Operacional Estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), alineada con Maduro, y se desempeña desde julio de 2021. Hernández  se desempeñó anteriormente como Comandante de la Región Estratégica de la Capital de Defensa Integral (REDI Capital). 

Hernández fue denunciado por un defensor de derechos humanos en 2019 como represor de Maduro debido al aumento de la represión y el hostigamiento sistemático por parte de los organismos de inteligencia y seguridad registrados en las zonas bajo su control. Además, según diversas notas de prensa, la FANB ha llevado a cabo actos de represión contra los venezolanos, incluyendo detenciones arbitrarias y amenazas a quienes participan en protestas pacíficas. 

Elio Ramon Estrada Paredes  (Estrada) es el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) alineada con Maduro, en el cargo desde julio de 2023. En ese cargo, Estrada lidera la Dirección Antiterrorista de la GNB que realiza labores de inteligencia para detectar y capturar a los implicados en presuntos planes desestabilizadores y otros delitos. 

Bajo el mando de Estrada y antes de las elecciones, la GNB acosó y detuvo a venezolanos bajo sospecha de apoyar materialmente a Machado durante la campaña electoral, según numerosas fuentes de prensa. Estrada lideró a la GNB en la detención de miles de manifestantes pacíficos en favor de la democracia después de las elecciones del 28 de julio.

Johan Alexander Hernández Larez  (Larez) es el Comandante de la REDI Capital de la GNB. Larez se desempeñó anteriormente como General de División de la Zona de Defensa Integral del Estado Miranda, o Zona Operativa de Defensa Integral del Estado Miranda, comúnmente conocida como ZODI Estado Miranda.

Asdrúbal José Brito Hernández (Brito) es el Director de Investigaciones Criminales de la DGCIM. Brito fue anteriormente director de contrainteligencia de la delegación presidencial.

Brito es identificado como torturador en informes de las Naciones Unidas y, según múltiples artículos de prensa, la DGCIM ha liderado una campaña coordinada llamada “Operación Toc Toc” para acosar, detener y arrestar arbitrariamente a miembros de la oposición y de la sociedad civil después de las elecciones.

Miguel Antonio Munoz Palacios (Munoz) is the Deputy Director of the Maduro-aligned intelligence service Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) since 2021. 

El SEBIN ha llevado a cabo arrestos y detenciones por motivos políticos de Maduro de líderes de la oposición, voluntarios, trabajadores electorales y testigos electorales. Muñoz es uno de los principales líderes del Grupo Pitbull de Venezuela, un grupo integrado por personal del SEBIN de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El Grupo Pitbull tenía la tarea de hacer el «trabajo sucio» y no había parámetros legales sobre lo que se les encomendaba hacer. También se creía que el Grupo Pitbull era responsable de secuestros y asesinatos. Es probable que el grupo secuestrara a personas para presionarlas a que le dieran dinero al Grupo Pitbull. El Grupo Pitbull utilizó ese dinero para otros fines operativos.

ACCIONES ANTERIORES DEL TESORO CONTRA FUNCIONARIOS VENEZOLANOS

La medida de hoy se suma a las múltiples medidas que la OFAC ha adoptado para sancionar a funcionarios venezolanos actuales o anteriores, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692 y sus modificaciones, por adoptar medidas antidemocráticas y violar los derechos humanos. Hasta la fecha, la OFAC ha sancionado a más de 140 personas y 100 entidades venezolanas, entre ellas:

Funcionarios venezolanos clave

• Nicolás Maduro Moros – sancionado desde 2017
• Tarek William Saab – sancionado desde 2017
• Jorge Elieser Márquez Monsalve – sancionado desde 2017
• Celia Adela Flores de Maduro – sanctioned since 2018
• Delcy Eloina Rodríguez Gómez – sancionada desde 2018
• Diosdado Cabello Rondon – sanctioned since 2018
• José David Cabello Rondón – sancionado desde 2018
• Marleny Josefina Contreras Hernandez – sanctioned since 2018
• Vladimir Padrino López – sancionado desde 2018
• Jorge Jesús Rodríguez Gómez – sancionado desde 2018
• Remigio Ceballos Ichaso – sancionado desde 2019
• Nicolás Ernesto Maduro Guerra – sancionado desde 2019

Funcionarios militares y de inteligencia clave

• Gustavo Enrique Gonzalez Lopez – sanctioned since 2015
• Iván Rafael Hernández Dala – sancionado desde 2019
• Hildemaro José Rodríguez Múcura – sancionado desde 2019
• Rafael Enrique Bastardo Mendoza – sanctioned since 2019

Funcionarios del Consejo Nacional Electoral

• Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso – sanctioned since 2017
• Carlos Enrique Quintero Cuevas – sanctioned since 2017
• Conrado Antonio Perez Linares – sanctioned since 2020
• Fabio Enrique Zavarse Pabón – sancionado desde 2018

Funcionarios y ex funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia

• Gladys María Gutiérrez Alvarado – sancionada desde 2018
• Maikel Jose Moreno Perez – sanctioned since 2018
• Calixto Antonio Ortega Ríos – sancionado desde 2018
• Luis Fernando Damiani Bustillos – sanctioned since 2018
• Arcadio de Jesus Delgado Rosales – sanctioned since 2018
• Carmen Auxiliadora Zuleta de Merchan – sanctioned since 2018
• Lourdes Benicia Suarez Anderson – sancionada desde 2018
• Juan José Mendoza Jover – sancionado desde 2018

IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES

Como resultado de la medida de hoy, todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, todas las entidades que sean propiedad, directa o indirectamente, individual o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas también están bloqueadas. A menos que estén autorizados por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentos, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en bienes de personas designadas o bloqueadas de otra manera. Las personas estadounidenses pueden enfrentar sanciones civiles o penales por violaciones de la Orden Ejecutiva 13692. Las personas no estadounidenses también tienen prohibido causar o conspirar para causar que personas estadounidenses violen consciente o inconscientemente las sanciones estadounidenses, así como participar en conductas que evadan las sanciones estadounidenses. Las Directrices de Aplicación de Sanciones Económicas de la OFAC  brindan más información sobre la aplicación de las sanciones estadounidenses por parte de la OFAC, incluidos los factores que la OFAC generalmente considera al determinar una respuesta apropiada a una aparente violación.

Además, las instituciones financieras y otras personas que realicen determinadas transacciones o actividades con las entidades y personas sancionadas pueden exponerse a sanciones o ser objeto de medidas coercitivas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona designada, o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de cualquier persona designada. 

El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC no sólo se derivan de la capacidad de la OFAC para designar y añadir personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad de eliminar a personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino generar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC aquí .  Para obtener información detallada sobre el proceso para presentar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, haga clic aquí .