2023 no fue un buen año para el ejercicio de los derechos civiles y políticos en Venezuela, en particular el derecho a la asociación, así como a elegir y a ser electo. Tampoco lo fue para quienes buscan que sean castigados los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad ni para la recuperación de la independencia judicial.
Acceso a la Justicia
A estas conclusiones se arriba en el informe anual 2023 de Acceso a la Justicia, titulado En 2023 se profundizó el cerco al espacio cívico venezolano, que acaba de ser publicado.
En el reporte se recuerda que el año pasado las autoridades venezolanas dieron un paso más en sus intentos por acabar con el último reducto de libertad que queda en el país: la sociedad civil organizada. Para conseguir ese objetivo, en enero el oficialismo presentó y aprobó en primera discusión en la Asamblea Nacional (AN) el proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, también conocida como Ley Antisociedad.
En el informe de Acceso a la Justicia se señala «una severa amenaza para la independencia de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL) y hace insostenible el funcionamiento de aquellas que le resultan incómodas al Gobierno». También, se denuncia que requisitos elementales para la presentación y discusión de proyectos de leyes, como la publicación de su texto, no se cumplieron en este caso.
Si lo anterior no fuera suficiente, la AN decidió además desempolvar el proyecto de Ley de Cooperación Internacional, instrumento que pretende regular las fuentes de financiación de las organizaciones civiles.
Desde la justicia también golpearon
Los ataques contra la sociedad civil no se limitaron al Parlamento. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) volvió a propinar certeros golpes al derecho de los venezolanos de asociarse para participar en los asuntos públicos. Así, en 2023 siete organizaciones gremiales, deportivas, recreativas e incluso humanitarias fueron intervenidas por el máximo juzgado.
Uno de los casos que más repercusiones generó dentro y fuera del país fue el de la Cruz Roja Venezolana. La intervención judicial se produjo tras una serie de denuncias de Diosdado Cabello, diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en su programa de televisión, en contra de la directiva entonces presidida por Mario Villarroel. El Ministerio Público, en lugar de estudiar los señalamientos, pidió a la Sala Constitucional destituir a la directiva señalada, una solicitud atendida rápidamente.
Estas acciones, así como el cierre de 12 emisoras de radio y el bloqueo de páginas web por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), explican por qué el año pasado la organización Civicus consideró que en Venezuela el espacio cívico pasó «de restringido a considerarse cerrado», como se lee en el informe.
Una elección a la medida
En el informe anual de Acceso a la Justicia también se deja en claro que durante 2023 los poderes Legislativo, Judicial y Ciudadano volvieron a confabularse para crear condiciones favorables para una eventual reelección de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio.
Así, se recuerda que la AN electa en 2020 no tuvo reparos en designar, en un procedimiento bastante opaco, como miembros de Consejo Nacional Electoral (CNE) a personas abiertamente identificadas como simpatizantes del Gobierno, como fue el caso del hasta entonces contralor impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Elvis Amoroso.
La escogencia de Amoroso va a contracorriente de lo dispuesto en el artículo 296 constitucional, el cual establece que los integrantes del árbitro deben ser «personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos». Antes de su nombramiento como rector electoral, Amoroso fue secretario de la ANC de 1999, diputado por el extinto Movimiento Quinta República y por su sucesor, el PSUV, además de consultor jurídico del Palacio de Miraflores y luego constituyente en 2017 por el oficialismo.
Antes de dejar su puesto en la Contraloría General de la República por la presidencia del CNE, Amoroso dictó una nueva ola de inhabilitaciones en contra de opositores y dirigentes del oficialismo. Una de estas fue dirigida contra María Corina Machado, decisión muy cuestionada porque fue adoptada por el mismo caso por el que ella había sido sancionada años antes. Sin embargo, en dicho acto se agregaron nuevos hechos, que ocurrieron cuando la dirigente opositora no era funcionaria pública. Además, no se le permitió ejercer su derecho a la defensa.
La sanción fue avalada a principios de 2024 por la Sala Político Administrativa del TSJ, con lo cual se le cerró las puertas a Machado, quien ganó las primarias opositoras, la posibilidad de competir en las presidenciales pautadas para el 28 de julio de este año.
En el informe se destaca otra decisión registrada en 2023 con el propósito de facilitarle a Maduro su reelección: la intervención del Partido Comunista de Venezuela (PCV) por parte de la Sala Constitucional.
El partido del gallo rojo, uno de los primeros en darle su apoyo al fallecido Hugo Chávez a finales del siglo pasado, comenzó a distanciarse del Gobierno de Maduro en los últimos años y a criticar abiertamente sus políticas económicas. Incluso, en las elecciones parlamentarias de 2020 y en las regionales de 2021 formó una alianza con otras formaciones disidentes del oficialismo y postuló candidatos que competirían contra los del PSUV.
Sin progresos
En su informe, Acceso a la Justicia también exhibe que en los últimos 12 meses no se registró ningún avance hacia la construcción de un Poder Judicial verdaderamente autónomo e independiente, tal y como manda la Constitución. Prueba de ello fueron los resultados de la evaluación del World Justice Project publicados en octubre de 2023, en los cuales Venezuela ocupó por octavo año consecutivo la peor calificación entre 142 países evaluados en cuanto a Estado de Derecho se refiere.
Estos datos revelan que las reformas institucionales y legales puestas en marcha en los últimos años con el supuesto fin de reinstitucionalizar la justicia venezolana no han rendido frutos.
Asimismo, la ola de recursos que las autoridades nacionales presentaron, para intentar frenar la investigación por la comisión de crímenes de lesa humanidad abierta por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), revela que no ha habido voluntad genuina de hacer justicia en esos casos.
No obstante, la estrategia gubernamental fracasó porque las salas de Cuestiones Preliminares, primero y la de Apelaciones después consideraron que sí había motivos para que el despacho encabezado por el jurista británico Karim Khan indagara sobre lo ocurrido en Venezuela, principalmente porque la justicia nacional no lo estaba haciendo. Estas instancias de la CPI, como antes la Fiscalía, apelaron a las propias cifras que el Ministerio Público les proporcionó para llegar a esta conclusión.
El fiscal general impuesto por la ANC admitió que entre los 893 casos de violaciones a los derechos humanos (no los considera crímenes de lesa humanidad) apenas 23 (2,58 %) han terminado con una condena por parte de un juez, mientras que 606 (67,86 %) se hallan en fase de investigación, y en 764 (85,55 %) ni siquiera se han logrado determinar a los perpetradores.
Los recursos contra la Fiscalía de la CPI no fueron la única demostración de poca cooperación con las instancias internacionales que las autoridades dieron a lo largo de 2023. En el reporte de Acceso a la Justicia se recuerda también el lenguaje poco diplomático e incluso agresivo que los representantes nacionales mantuvieron en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas durante la V Evaluación del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por parte de Venezuela.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
El informe anual 2023 de Acceso a la Justicia revela que el año pasado se desperdició la oportunidad de avanzar en la construcción de un Poder Judicial independiente. Además, quedó claro que el limitado espacio cívico venezolano se redujo en esos 12 meses. Acciones como la presentación del proyecto de Ley Antisociedad y la reactivación del proyecto de Ley de Cooperación Internacional, o la intervención judicial de varias organizaciones civiles, incluidas algunas humanitarias como la Cruz Roja, explican este deterioro.
Pero no solo el derecho a la asociación fue golpeado, sino también el derecho a la participación, a elegir y ser electo. En el reporte se menciona que la elección de un CNE cuyos miembros están abiertamente identificados con una tendencia política, la inhabilitación de María Corina Machado o la intervención del PCV fueron algunas de las acciones dirigidas a allanar el camino para la reelección de Nicolás Maduro.
Consulte el informe anual 2022, En 2023 se profundizó el cerco al espacio cívico venezolano, haciendo clic aquí.
Consulte el resumen ejecutivo del informe anual 2023, En 2023 se profundizó el cerco al espacio cívico venezolano, haciendo clic aquí.
