El abogado José Vicente Haro, defensor del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, entregó ante el Ministerio Público (MP) un escrito en el que expone las razones de la inasistencia de su cliente a las citaciones emitidas por la Fiscalía chavista, insistiendo en la falta de garantías y en la persecución política que enfrenta el abanderado de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Infobae
Haro, quien ha denunciado repetidamente la violación del derecho a la presunción de inocencia y otras garantías constitucionales, manifestó que las consideraciones políticas serán explicadas por la coalición opositora.
“Nosotros consideramos que los hechos no revisten carácter penal, ese es el debate (…) estuve más de tres horas reunido, debatiendo estos temas desde el punto jurídico”, aseveró Haro a su salida de la reunión este mismo miércoles.
En contraste, el fiscal general impuesto por la dictadura de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, afirmó a través de Instagram que recibió una “comunicación” de Haro, aunque no dio detalles sobre su contenido ni confirmó si se trataba del documento originalmente rechazado por la Fiscalía.
Saab, conocido por su papel en la criminalización de la disidencia política, aseguró que Haro y González Urrutia “reconocieron las competencias constitucionales y legales” del MP, declaración que la defensa del líder opositor aún no ha confirmado.
El fiscal también mencionó a González Urrutia, a quien calificó como “requerido por la Justicia” y “solicitado por la ley”.
Estas declaraciones apuntan a justificar la persecución contra el líder opositor, quien enfrenta cargos por presunta “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público”, “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje” y “asociación para delinquir”.
La defensa, no obstante, ha denunciado que estas acusaciones carecen de fundamento y forman parte de una estrategia para deslegitimar a González Urrutia y silenciar a la oposición.
Más temprano, Haro denunció la falta de transparencia en el proceso y la precalificación de delitos sin pruebas sólidas, destacando que la Fiscalía no ha aclarado el carácter con el cual se citó a González Urrutia.
Asimismo, reiteró la disposición del líder opositor a participar en una “verificación autónoma” de los resultados electorales, en un esfuerzo por garantizar la verdad en unos comicios que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), dieron la victoria a Maduro sin presentar prueba alguna.
Asilo político
Este martes, Haro descartó que Edmundo González esté buscando asilo político en alguna embajada, a pesar de la orden de captura emitida en su contra por el régimen de Nicolás Maduro. Asimismo, aseguró que el líder opositor se encuentra bajo resguardo para proteger su vida.
El líder antichavista permanece en la clandestinidad desde el 30 de julio, luego de denunciar el fraude electoral en las elecciones presidenciales del 28 de julio, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como ganador sin mostrar prueba alguna.
La comunidad internacional ha condenado la persecución contra González Urrutia. Estados Unidos evalúa “una serie de opciones” para mostrar a Maduro que “sus acciones ilegítimas y represivas en Venezuela tienen consecuencias”, según indicó Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado.
“Este es solo otro ejemplo de los esfuerzos del señor Maduro por mantener el poder por la fuerza”, declaró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kirby, al tiempo que Brian Nichols, representante estadounidense para América Latina y el Caribe, calificó la orden de arresto como “injustificada”.
Los gobiernos de Brasil y Colombia también expresaron su “profunda preocupación” por la orden de arresto, considerando que esta medida obstaculiza los esfuerzos por una resolución pacífica de la crisis venezolana.
Además, la Unión Europea (UE) y la ONU han expresado su rechazo a la orden de captura, enfatizando la necesidad de proteger los derechos humanos en Venezuela.
En un comunicado conjunto, países de América Latina como Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay también rechazaron “de manera inequívoca y absoluta” la orden de captura contra González Urrutia.
“La disposición busca silenciar al señor González, desconocer la voluntad popular venezolana y constituye persecución política”, indicó el comunicado, añadiendo que en Venezuela “no hay separación de poderes ni garantías judiciales mínimas, y donde abundan las detenciones arbitrarias”.
