“Crisis postelectoral y de Derechos Humanos 2024 en Venezuela” es un esfuerzo de documentación conjunto, por parte de diferentes ONG de ese país, que debido a la intensa situación de represión dentro del país se divulga bajo el nombre genérico “Derechos Humanos de Venezuela en Movimiento”.
Provea
El reporte incluye patrones de violaciones a derechos humanos ocurridos antes, durante y después de la jornada electoral del 28 de julio de 2024, con datos de más de 25 iniciativas asociativas del país.
El informe concluye que las actuaciones de las autoridades ratifican que en Venezuela se continúa cometiendo el crimen de persecución por motivos políticos, un delito de lesa humanidad incluido en el Estatuto de Roma; que la actuación coordinada de las diferentes instituciones del poder público, dirigidas a fomentar el temor generalizado como mecanismo de control y coerción, deben calificarse como “Terrorismo de Estado”; que la grave erosión de la institucionalidad democrática ha derogado, por la vía de los hechos, el 21.7% de los artículos de la Carta Magna, vinculados a derechos fundamentales, por lo que en el país se ha instaurado un régimen de excepción por la vía de los hechos.
Finalmente, aunque la voluntad popular hubiera sido reconocida por las actuales autoridades, las continuas barreras erigidas en el proceso electoral, de forma generalizada y sistemática, obstaculizando el ejercicio de los derechos de libertad de reunión pacífica y de asociación, igualmente hubieran impedido calificar al proceso electoral como “libre” y “justo”.
Sobre las situaciones documentadas y reflejadas en el informe se encuentra que antes del 28 de julio, durante los primeros meses del año, 25 personas fueron detenidas por informar, 58 sitios web y portales habían sido bloqueados para su libre acceso y se procesaron 98 denuncias sobre violaciones a la libertad de expresión.
Durante el primer semestre se registraron 2.383 protestas, de las cuales las exigencias por Derechos Económicos, Sociales y Culturales representaban el 56%. Solo durante el mes de julio habrían ocurrido 1.311 movilizaciones, de las cuales el 90% fue por la demanda de derechos civiles y políticos. Durante los primeros 7 meses del año por lo menos 169 personas habían sido detenidas de manera arbitraria por razones políticas, siendo uno de los casos el de la defensora de Derechos Humanos Rocío San Miguel. 49 personas habrían sido detenidas por suministrar bienes y servicios a la campaña de Edmundo González Urrutia, mientras que 24 establecimientos habrían sufrido sanciones por este motivo. Como caso emblemático durante este lapso se encuentra la violación del derecho al asilo de las 6 personas refugiadas en la sede de la embajada de Argentina en Caracas.
Durante la jornada electoral del 28 de julio, las organizaciones de observación ciudadana registraron entre 53,8% y 65,9% de incidentes en centros electorales que retrasaron el proceso de votación. No obstante, el 35% de los electores esperó menos de una hora para sufragar, mientras que el 30.4% esperó entre una y dos horas. En el 70% de los centros electorales se encontraban puntos proselitistas, mientras que entre el 33% y el 22% de los centros se observó el uso de recursos públicos para la movilización de electores. Hasta las 6 PM la actuación de los funcionarios del “Plan República” se puede calificar como institucional. Sin embargo, a partir de esa hora recibieron órdenes de sus superiores para impedir la presencia de testigos y la verificación ciudadana. Entre el 44 y el 24% de los centros se permitió la presencia de testigos en los actos de escrutinio. En el 30,5% de los centros se negó la entrega de copias de las actas a los testigos. Ese día ocurrieron 20 situaciones lesivas al derecho de libertad de expresión e información, mientras que por lo menos ocurrieron 86 actuaciones de grupos de personas armadas afectas al oficialismo, en 17 estados diferentes, con un saldo de 8 personas heridas de bala y 1 asesinada. Estos ataques no solo sugieren coordinación nacional, sino tolerancia por parte de las autoridades.
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