Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

La propuesta de la Ruta Colonial Transístmica de Panamá para su inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco fue devuelta al Estado panameño por estar incompleta, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Panamá América

Según el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), la propuesta de Panamá requiere al menos ocho rectificaciones que fueron acogidas por el Centro de Patrimonio Mundial e incorporadas a la agenda preliminar del 46º período de sesiones de la Convención de Patrimonio Mundial, la cual fue publicada el 7 de junio de 2024.

Estas rectificaciones son: otorgar protección legal a toda la ruta patrimonial como una sola entidad, además, otorgar protección legal al Camino de Cruces y el Camino Real como patrimonio cultural.

De igual manera, se debe completar, adoptar legalmente e implementar el mecanismo de Evaluación de Impacto Patrimonial.

Completar e implementar una estrategia turística y de interpretación para la propiedad seriada nominada en su totalidad.

Asimismo, de debe destacar y proteger el papel de residentes, comunidades locales, pueblos indígenas y otros grupos en la administración de la propiedad seriada nominada, continuar los trabajos de conservación en las partes componentes propuestas (fases 1 y 2) y continuar los trabajos de investigación de las partes componentes (fases 1 y 2), en particular las conexiones viales en Portobelo y el Camino de Cruces.

También, informar al Centro de Patrimonio Mundial de la intención de ejecutar o autorizar cualquier proyecto sustancial que pueda afectar el valor universal excepcional de la propiedad nominada, de acuerdo con el párrafo 172 de las Guías Operativas para la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial.

El inicio del proceso para la integración de Panamá al Mercado Común del Sur (Mercosur) es visto como una oportunidad por dirigentes de gremios empresariales.

Panamá América

En su última cumbre, celebrada en Paraguay, el lunes pasado, el presidente José Raúl Mulino aceptó la propuesta de iniciar un proceso de integración al Mercosur.

La presidencia comunicó que Mulino pidió a los presidentes de los países que integran el bloque comercial, la ruta que deberá seguir Panamá para integrarse y dejó claro que todo será en consenso y coordinación del sector privado panameño.

Juan Alberto Arias, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) manifestó que todo mercado nuevo para el país es positivo.

«Hay más oportunidades, enormes, en el Mercosur. Son países con mucha población que para nosotros se podrían convertir en oportunidades muy grandes de exportación», dijo el empresario.

Arias ve con buenos ojos que la intención del presidente Mulino sea que las exportaciones panameñas crezcan y se dinamicen con una futura integración al bloque del sur.

El Mercosur lo integran Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, país que está suspendido.’

Bolivia está próximo a adherirse, mientras que Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Suriname, son estados asociados.

Temístocles Rosas, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) expresó que las exportaciones con acuerdos comerciales se han potenciado.

Agregó que en la medida que estos acuerdos comerciales se concreten en términos beneficiosos para ambas partes y en donde el sector productivo tenga la oportunidad de llevar sin resticciones arancelarias sus productos, es positivo.

Rosas dijo en entrevista a la televisora Eco que, a su vez, estos tratados facilitan la atracción de inversión extranjera directa.

El expresidente de Colombia Ernesto Samper Pizano cuestionó este martes 9 de julio la política migratoria establecida por el presidente José Raúl Mulino.

La Estrella de Panamá

Samper a través de cuenta de X indicó que “el cierre del Darién equivale a construir un muro inhumano que obligará a los migrantes, con alto riesgo para sus vidas, a buscar otras rutas más peligrosas para seguir en su éxodo inevitable”.

Tras esa afirmación se preguntó que hará la Cancillería Colombia sobre la decisión de Panamá.

Para Samper, el nuevo gobierno de Panamá, lamentablemente, aceptó la política de Estados Unidos de trancar a los migrantes en las fronteras del sur.

De acuerdo con Samper, ese bloqueo será “al precio que sea, para que no lleguen a la frontera norte de México y Estados Unidos”.

Luego de esta publicación del exmandatario el presidente Gustavo Petro publicó en su cuenta de X que “los alambres de púas en la selva somo traerán ahogados en el mar”.

“La migración se frena quitando bloqueos económicos y mejorando la economía del sur”, insistió Petro.

Las afirmaciones de Petro y Samper se dan luego que el ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, reveló que fueron bloqueadas tres trochas utilizadas por los migrantes irregulares en la selva de Darién.

Los llamamientos de la élite política de izquierdas de Europa para aislar a los Patriotas por Europa, la nueva familia política de derechas de Bruselas lanzada por el primer ministro húngaro Viktor Orbán, comenzaron tan pronto como el grupo se formalizó a principios de esta semana. Los llamamientos se consideran un intento desesperado del establishment de proteger el statu quo de la voluntad de los votantes europeos.

Por: Tamás Orbán – The European Conservative

Los que más piden un «cortafuegos» contra los Patriots (que les impida acceder a puestos clave en el Parlamento a pesar de ser el tercer grupo político más importante) pertenecen a la coalición gobernante alemana, en concreto al partido socialdemócrata SPD y a los Verdes. Esto resulta irónico, dado que los tres miembros de la coalición sufrieron humillantes reveses en las elecciones europeas, pero siguen intentando excluir del poder a quienes tienen claros mandatos democráticos.

“Hay que aislar a la facción de Orbán en el Parlamento Europeo”, afirmó la eurodiputada Katarina Barley, líder de la delegación parlamentaria de los socialistas alemanes. Añadió que hay que impedir que los Patriots “saboteen la política constructiva” y negarles puestos de responsabilidad.

La copresidenta del grupo de los Verdes, Terry Reintke, se hizo eco de la opinión de su colega socialista, argumentando que los Patriots irían en contra de la agenda verde de la UE. Puede que Reintke no se haya dado cuenta, pero el Pacto Verde fue la línea política más rechazada por los votantes en este ciclo electoral, y es la razón por la que su grupo perdió la mayor proporción de escaños en comparación con 2019. Aun así, su lógica dicta que a quienes, de hecho, representan a los votantes se les debe negar la oportunidad de hacerlo.

“A este aventurero movimiento extremista de derecha no se le deben asignar presidencias de comités porque su único objetivo es bloquear a Europa, polarizar las sociedades, abolir el Pacto Verde, la democracia, el estado de derecho y la libertad de prensa”, dijo Reintke a los medios alemanes.

Los ‘Patriotas’ se lanzaron formalmente como grupo parlamentario europeo el lunes 8 de julio e incluyen a la mayoría de los miembros del antiguo grupo Identidad y Democracia (ID), así como algunos recién llegados, lo que le permitió convertirse en el tercer bloque más grande en Bruselas con 84 eurodiputados, por delante del liberal Renew, los Verdes y el Partido Conservador y Reformista Europeo (ECR) de Giorgia Meloni.

Las delegaciones más numerosas de los Patriotas son la del Agrupamiento Nacional (RN) francés de Marine Le Pen, con 30 escaños, el partido húngaro Fidesz de Viktor Orbán (11 escaños) y la Liga italiana de Matteo Salvini (8 escaños). Otros miembros importantes son el ANO checo, el PVV holandés y el VOX español.

En conjunto, Patriotas por Europa no sólo incluye a muchos partidos que ganaron claramente las elecciones en sus respectivos países, sino también a tres partidos gobernantes (Fidesz, PVV, Lega), así como a varios que probablemente tomarán pronto el control de sus legislaturas locales en las próximas elecciones nacionales, como la ANO y el FPÖ.

Es por esto que los conservadores del grupo Patriot expresaron su indignación por los llamados de la izquierda a imponerles un cordón sanitario , calificándolo como un complot claramente antidemocrático diseñado para privar del derecho al voto a decenas de millones de votantes europeos.

“Que este Parlamento actúe contra cualquier grupo político es profundamente antidemocrático y contrario a la voluntad firmemente expresada por millones de votantes en las elecciones de junio”, afirmó el eurodiputado Enikő Győri del partido Fidesz húngaro .

Tom Vandendriessche, líder de la delegación flamenca del Vlaams Belang (que se encuentra bajo un fuerte cordón sanitario en Bélgica), explicó que una medida de ese tipo no sólo sería antidemocrática sino incluso contraproducente para la toma de decisiones europea al “deslegitimar” al propio Parlamento.

“El Parlamento pertenece al pueblo que ha elegido a sus representantes, no pertenece a la mayoría”, afirmó el eurodiputado , que añadió que excluir al tercer grupo más numeroso haría que el Parlamento “perdiera toda credibilidad a la hora de dar lecciones a otros sobre los valores europeos y el respeto a la democracia y al Estado de derecho”.

Sin embargo, parece que los Patriots son demasiado grandes para ser marginados tan fácilmente. Según Politico , el grupo ya ha alcanzado un acuerdo preliminar para compartir las comisiones parlamentarias, según el cual la nueva facción de derecha obtendría dos presidencias para dirigir la comisión de Transporte y Turismo ( TRAN ) (anteriormente presidida por los Verdes) y la comisión de Cultura y Educación ( CULT ), que hasta ahora pertenecía al centrista PPE.

Organizaciones agrupadas en la Alianza contra el Borrado de Mujeres (Alianza CBM) han pedido este miércoles al Comité Olímpico Español (COE) que no se permitan los premios ni los récords que establezcan los trans en categorías femeninas.

La Gaceta de la Iberosfera

«Las marcas deportivas conseguidas por las personas transfemeninas no son marcas de mujeres y por tanto esos récords y esos premios no pueden ser reconocidos como premios conseguidos en el marco de esas categorías deportivas», ha afirmado Ángeles Álvarez, portavoz de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, ante la sede del COE donde han iniciado la campaña en defensa de las categorías deportivas femeninas ‘Nuestros cuerpos. Nuestros deportes’.

Las organizaciones han entregado dos informes sobre esta cuestión al COE elaborados por profesionales que trabajan en cuestiones de rendimiento deportivo. En este sentido, Álvarez ha reclamado que los que «se autodenominan trans» tendrán que tener sus propias categorías porque «no pueden usurpar los pódiums que legítimamente ganan las mujeres». «Cualquier apuesta del comité olímpico que rompa el principio de juego limpio es un atentado contra los derechos de las mujeres deportistas», ha advertido.

Por último, ha afirmado que los trans «rompen el esfuerzo del deporte femenino. Rompen las expectativas y las esperanzas de niñas y adolescentes que esperan o aspiran a competir de una manera justa».

Los delitos contra la libertad sexual denunciados ante las fuerzas de seguridad fueron el pasado año 21.825 (en el año 2022 fueron 19.013 y en 2017, 11.692), según los datos obtenidos del Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC). El 37,3% de los detenidos o investigados por delitos sexuales en España en 2023 eran extranjeros, según el informe del Ministerio del Interior. Ese año se cerró con una población de 48.59 millones de habitantes (un 13,4% extranjeros).

La Gaceta de la Iberosfera

Son un total de 5.136 extranjeros (4.782 hombres y 354 mujeres). Por regiones destaca África con 1.507 detenidos (el 10,9% del total); América con 2.130 (15,5%); Unión Europea con 879 (6,4%); Asia con 323 (2,3%); resto de países 297 (2,2%). Por países destacan Marruecos (1.001, 7,3%), Colombia (600, 4,4%), Rumanía (344, 2,5%), Perú (283, 2,1%), Ecuador (236, 1,7%), Venezuela (180, 1,3) y Argelia (164, 1,2%).

Por rango de edad, entre 14 y 17 años, el porcentaje entre españoles vs extranjeros es 80,4% (981) vs 19,6% (239). Entre 18 y 30 años, los porcentajes se igualan: el 53,9% (2.230) de los detenidos o investigados son españoles y el 46,1% son extranjeros (1.910). El 16,2% del total de detenidos o investigados en este rango de edad proceden de África y el 18,5% de América.

Entre 31 y 40 años, hay más extranjeros (1.399, 50,7%) que españoles (1.362, 49,3%). El 15,5% del total de detenidos o investigados en este rango de edad proceden de África y el 21,8% de América. Entre 41 y 64 años, vuelve a haber mayor proporción de españoles (3.086, 67,9%) que de extranjeros (1.458, 32,1%).

Sólo VOX rechaza el reparto de menas por toda España

El Gobierno y el PP abordarán este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia el reparto de menas por toda España. El principal objetivo del encuentro será abordar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que las regiones se repartan a los menas de forma «solidaria y vinculante» con los territorios de llegada. Canarias tiene actualmente cerca de 6.000 menas y la propuesta del Ejecutivo es que el tope contemplado esté entre 2.000 y 3.000.

Mientras, VOX ha llamado al PP a cumplir los pactos en las regiones en las que gobiernan en coalición (Castilla y León, Comunidad Valenciana, Aragón, Murcia y Extremadura). La formación liderada por Santiago Abascal pide revocar la propuesta de reparto de menas y acabar con las políticas de efecto llamada; priorizar la seguridad ciudadana y un plan de repatriación de los menas con sus padres, cerrar todos los centros por generar inseguridad en las calles, insistir en que cualquier inmigrante que entre de manera ilegal nunca podrá regularizar su situación ni recibir ninguna ayuda pública; expulsar a todos los inmigrantes ilegales; y suspender la cooperación al desarrollo con cualquier país que no colabore en la gestión de los flujos migratorios.

El pasado mes de junio, VOX se volvió a quedar solo en el Congreso de los Diputados en su propuesta de prohibir las regularizaciones masivas de inmigrantes ilegales. Se emitieron 348 votos: 33 a favor (sólo los de VOX), 315 (socialistas, populares y el resto del Pleno) en contra y cero abstenciones. En su intervención, la diputada Rocío de Meer reiteró la relación entre inmigración ilegal y criminalidady censuró las políticas de fronteras abiertas.

El exdiputado de la Asamblea Nacional 2015 e integrante de Primero Justicia José Guerra denunció este miércoles 10 de julio que fue detenido el ingeniero Jesús Guerrero, quien transportó en su motocicleta al candidato de la Plataforma Unitaria, Edmundo González Urrutia, en el recorrido que hizo en Barinas antes de llegar a la concentración.

Tal Cual

A través de sus redes sociales, Guerra recalcó que el ingeniero está detenido, junto a varios trabajadores, en el destacamento de la Guardia Nacional por presuntamente haber cometido delitos ambientales.

El arresto del ingeniero Jesús Guerrero en Barinas se une a la cadena de arbitrariedades que desde la administración de Nicolás Maduro ejerce contra aquellos quienes prestan su apoyo con alojamiento, comida, movilización y equipos para llevar a cabo actividades políticas que involucran al candidato Edmundo González Urrutia y a la dirigente política de Vente Venezuela, María Corina Machado.

Lo que ha ocurrido con ellos, en el caso de los camiones y sonidos, detienen a los dueños y trabajadores que prestan el servicio por varias horas y luego los dejan en libertad pero se quedan sus implementos de trabajo retenidos. Cuando son locales comerciales y de hospedaje, el procedimiento ha sido el cierre de los establecimientos.

Por donde se vea, la situación de los derechos humanos en Venezuela es preocupante. Así lo dejó en claro el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien presentó un panorama desolador en el que la persistencia de prácticas como las desapariciones forzadas, la detención de disidentes y la discriminación hacia las personas LGBTIQ+ se unen a las serias fallas en los servicios básicos y los paupérrimos ingresos de los trabajadores y jubilados. Un escenario que el funcionario cree que podría cambiar si el país celebra elecciones transparentes y se retoma el proceso de diálogo.

Acceso a la Justicia

Las afirmaciones las realizó el jurista austríaco al presentar el pasado 3 de julio su informe sobre la situación de las garantías fundamentales en el país durante el 56 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Nada más iniciar su intervención, Volker Türk criticó la decisión de las autoridades venezolanas de expulsar a sus funcionarios en Caracas, por considerarla «inconsistente» con el acuerdo suscrito entre él y el Gobierno de Nicolás Maduro.

Tras admitir que la ola de detenciones contra dirigentes y militantes opositores registradas en los últimos meses no «son un buen augurio» de lo que ocurrirá en las presidenciales del 28 julio, Türk reiteró el llamado hecho en su informe escrito para que los comicios sean «transparentes, inclusivos y participativos, en consonancia con los estándares internacionales».

Solo el pasado 4 de julio, día que inició oficialmente la campaña electoral, 15 personas fueron detenidas en cuatro estados del país (Lara, Nueva España, Miranda y Táchira). ¿Las razones? Iban a participar o estaban organizando actos proselitistas opositores. La organización Foro Penal Venezolano (FPV) aseguró que todas fueron liberadas horas después.

La petición del funcionario fue respaldada durante el diálogo interactivo por las delegaciones de la Unión Europea (UE), Bélgica, Canadá, Chile, Ecuador, España y Portugal, que abogaron por el respeto al acuerdo de Barbados.

Asimismo, más de 60 organizaciones no gubernamentales solicitaron a Türk que ejerza un monitoreo «alto y claro» del proceso comicial y así «acompañar a la población venezolana en su derecho a dirimir de manera pacífica y participativa sus conflictos».

Sin fecha en el calendario

Aunque Türk dijo que tomaba nota de la decisión de las autoridades venezolanas de permitir el regreso de sus funcionarios a la oficina que tenía en Caracas, el alto comisionado no dio indicios de cuándo podría ocurrir esto.

«Seguiremos trabajando en este sentido, con miras a garantizar que se establezcan las condiciones adecuadas para permitir el desempeño pleno del mandato de mi Oficina», fue lo único señaló durante su intervención oral ante al Consejo de Derechos Humanos.

Türk también hizo un llamado a los venezolanos, en particular a las autoridades, para que retomen las mesas de negociaciones. «Un diálogo constructivo y abierto entre el pueblo y con las instituciones del Estado es crucial para superar las profundas divisiones y reconstruir el contrato social entre los venezolanos», indicó.

Sin ninguna mejoría

En su discurso, el alto comisionado dejó en claro que durante su monitoreo de la situación del país no observó ninguna mejora en algunos ámbitos. Entre ellos, destacó el uso de las desapariciones forzadas, en particular aquellas denominadas como de corta duración. Esto denunció al respecto:

«Desde mayo de 2023, mi oficina (…) documentó 28 casos de personas detenidas, algunas percibidas como voces disidentes, cuyo paradero se ocultó a sus familiares y abogados, a pesar de los esfuerzos de sus familias por buscar información a las autoridades. Esto ocurrió durante períodos que oscilaron entre dos y 41 días, lo que equivale a una desaparición forzada».

Acto seguido, reclamó de las autoridades que investiguen estos casos.

Tampoco observó avances en las condiciones de reclusión de los presos. Reportó que entre abril de 2023 y febrero de 2024 sus funcionarios visitaron nueve cárceles y entrevistaron a 146 reclusos. Durante estas visitas detectaron fallas en particular en lo que se refiere a la alimentación y las condiciones de salud.

«Me preocupan especialmente los informes de intimidación y malos tratos a los reclusos, así como a sus familiares y abogados, así como la falta general de información y acceso a asesor legal y familiares», dijo en relación con los traslados de reos a la cárcel de El Rodeo I (Miranda).

La legislación es clara al señalar que los familiares y abogados tienen derecho a saber dónde está detenida la persona, por lo tanto, las autoridades deben informarles de cualquier traslado. Además, todo aquel que tenga algún problema con la justicia tiene derecho a gozar de un abogado de su confianza.

Türk también expuso la contradicción existente entre la supuesta mejora de la economía que las autoridades vienen presentando (en 2023 la economía registró un crecimiento de 5 % del Producto Interno Bruto) y la situación de los venezolanos de a pie.

«El 74,6% de los centros de salud a nivel nacional carecen de personal médico y el 73,5% carecen de personal de enfermería», denunció, al tiempo que reportó que las protestas por un «salario decente» de trabajadores y jubilados continuaron a lo largo del año pasado.

El salario mínimo sigue estancado en Bs. 130 (menos de $3), y en los últimos 2 años las autoridades solamente han aumentado el cestaticket y el Bono de Guerra Económica, en clara violación a lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución.

Tan vulnerables como siempre

El alto comisionado también reportó al Consejo que las mujeres y el colectivo LGBTIQ+ continúan en situación de vulnerabilidad. Como prueba, denunció que hasta noviembre de 2023 su oficina recibió información de 186 femicidios; es decir casi dos diarios.

Respecto a las personas LGBTIQ+, Türk informó que recibió datos que arrojarían que alrededor de 28,7 % de ciudadanos del colectivo han sido víctimas de violencia por parte de las fuerzas de seguridad.

En 2023 se registró el caso de 33 hombres homosexuales que fueron detenidos por la policía en Valencia (Carabobo) y que fueron expuestos mediáticamente como participantes de una «orgía». Pese a que posteriormente fueron dejados en libertad y sus procesos cerrados, hasta el momento las autoridades no han informado cuáles han sido las medidas adoptadas en contra de los policías que los detuvieron y expusieron sin justificación alguna.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El monitoreo que el alto comisionado Volker Türk viene haciendo a la situación venezolana es sumamente importante, porque no solo sirve para exponer las fallas, sino que presenta posibles soluciones a los gravísimos problemas que afronta el país y que ponen en riesgo a millones de personas.

No obstante, las posibilidades de que las actuales autoridades tomen en consideración los planteamientos del funcionario parecen lejanas, por lo menos así se concluye luego de escuchar las primeras reacciones oficiales.

«Este informe no es más que un panfleto propagandístico cuidadosamente presentado por la oposición fascista», dijo el embajador venezolano ante el Consejo, Alexander Yánez Deleuze, al momento de responder a la presentación del jurista austriaco. Acto seguido el diplomático indicó que el Gobierno no acepta el informe, ya que es consecuencia de un mandato impuesto por una resolución aprobada por Estados Unidos y sus aliados que «persigue un cambio de régimen» en el país.

Pese a lo anterior consideramos que este documento, junto a otros que en los últimos años el alto comisionado y otras instancias internacionales han emitido, constituye una hoja de ruta fundamental para la Venezuela que se puede construir en un futuro.

El más reciente estudio de opinión pública de la empresa Meganálisis arrojó que el 82.4% de los encuestados considera que es la ciudadanía quienes decidirán los resultado de las elecciones del 28 de julio y no el Consejo Nacional Electoral, ni el Tribunal Supremo de Justicia o las Fuerzas Armadas Bolivarianas.

La primera encuesta flash de julio también revela que el 83.3 de la proporción poblacional ni cree ni confía en el CNE. Los venezolanos también tienen claro 76.1% que las FANB deben proteger derechos y bienestar de ciudadanos.

El nivel de participación esperada, a menos de 20 días, se encuentra en un importante 82.45% de electores en el país.

Edmundo González tiene casi 6 veces intención de voto de Nicolás Maduro y María Corina es la gran electora que impulsa a González con un impresionante 91,8 %.

Walter Márquez, abogado y defensor de derechos humanos denuncio que 8 encapuchados armados y con una pimpina de gasolina, irrumpieron en una vivienda en la que durmió María Corina Machado, cuando visitó el estado Táchira.

Cabe destacar que como hasta ahora ha ocurrido que los empleados y obreros son los más afectados en este tipo de acciones, esta vez le tocó al vigilante quien fue amordazado, golpeado, amenazado de muerte, despojado de su radio de comunicación, entre otras.

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