A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el Ministerio Público venezolano informó sobre la emisión de una orden de captura contra Edmundo González Urrutia, con fecha de este dos de septiembre.
La Fiscalía confirmó este lunes que tribunal especializado en delitos de “terrorismo” acordó una “orden de aprensión” en contra de Edmundo González por su “presunta comisión de delitos de usurpación de funciones” y “forjamiento de documento público”, con relación a las actas electorales de las presidenciales del pasado 28 de julio.
La solicitud se hace después de que la Fiscalía citara a González Urrutia en tres ocasiones y el opositor decidiera no presentarse, al desconocer en calidad de qué debía comparecer y al no reconocer los delitos que el Ministerio Público (MP) le atribuye.
Según un oficio del ente fiscal con fecha de hoy, al antichavista se le acusa también de “instigación a la desobediencia de leyes”, “conspiración”, “sabotaje a daños de sistemas y asociación (para delinquir)”.
La investigación a González Urrutia guarda relación con la publicación de una página web en la que la principal coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- asegura haber cargado “el 83,5 % de las actas electorales” recabadas por testigos y miembros de mesa la noche de la elección para sustentar su denuncia de fraude en las presidenciales.
El pleito de las comunidades y el individuo en particular contra el Estado, esa concepción jurídica que en términos llanos tiene “el poder de los poderes”, ha sido una constante desde los albores de la humanidad. Por supuesto, que su concepto, desarrollo, decaimiento y resurgimiento han marcado épocas interesantísimas en el devenir histórico y político mundial.
Ricardo Ciliberto Bustillos
En Hispanoamérica, esta contienda ha sido notable y persistente. Hemos tenido hermosas constituciones, impecables ordenamientos legales y, sin embargo, no hemos sido asertivos y ni acertados en este propósito.
Dicho de otro modo, nos hemos “saltado a la torera” infinidades de veces, regulaciones, pactos, convenciones y normas que de alguna manera viniesen a poner orden en nuestras díscolas sociedades y los que ejercen el gobierno de turno.
El caso venezolano es patético. Aguantamos, y no precisamente como algunos han dicho acerca de su mansedumbre y quietud, un largo período colonial lleno de tensiones e inconformismos. Y es que, ni la conquista y el establecimiento del régimen hispano, fueron fáciles y mucho menos sosegados.
La guerra de independencia ocasionó la total demolición de cualquier orden jurídico propio y peninsular. Poblaciones enteras fueron diezmadas o aniquiladas, y las pocas que sobrevivieron, fueron sometidas a la única voluntad de cabecillas y caudillos, a pesar de los esfuerzos de unos cuantos integrantes de la superioridad militar y dirigencia civil.
Desintegrada Colombia, nuestro país, más que estrenar, continuó apelando a formas de gobierno reñidas con el “Estado de Derecho”, por lo que el poder personal y el autoritarismo continuaron haciendo de las suyas. En consecuencia, salvo que uno u otro ensayo republicano, el ejercicio político estuvo supeditado a la aquiescencia del mandamás de ocasión y a la obediencia de sus más cercanos colaboradores y compinches.
A comienzos de 1958 hicimos un esfuerzo serio, mancomunado y con visión futurista sobre el régimen democrático a instaurar de modo definitivo. A pesar de los malos augurios y de algunos desbocados, equivocados, entregados al pasado o a los arrumacos de Fidel, la experiencia fue, desde todo punto de vista, exitosa. Que hubo fallas, errores, omisiones en su desempeño, no le quita mérito ni reconocimiento alguno. El hecho que en aquellos tiempos la gran mayoría de los países de América Latina estuviesen bajo gobiernos dictatoriales, hizo que nuestra incipiente democracia sirviera de influyente ejemplo, además de ser portavoz autorizado, moral y políticamente hablando, para la denuncia pertinaz y el rechazo inocultable a la violación de los derechos fundamentales.
En estos tiempos, las instituciones del Estado han sido objeto de presiones, extorsiones y vapuleo por parte de otros poderes.
La disputa entre el ciudadano y el Estado sigue estando vigente. Estilos y conceptos ya superados pujan por desenterrarse y originan inestabilidad y ausencia de cualquier arreglo posible con apego a las realidades y – obviamente – sin la alteración del orden jurídico vigente. El Estado de Derecho, por encima de cualquier circunstancia, debe imponerse sin mediateces y obstáculos.
La fundadora de la organización política Vente Venezuela, María Corina Machado, desestimó los señalamientos hechos desde la administración de Nicolás Maduro en su contra al acusarla de ser la presunta responsable del apagón eléctrico que se registró en el país el pasado 30 de agosto.
«Nos acusan de todo: si llueve porque llueve, si hay sequía porque hay seguía. Es algo tan desgastado… Nicolás Maduro ha perdido completamente el contacto con la realidad, hay como una negación absoluta de la realidad y de lo que está pasando y viviendo en Venezuela (…) Cuando esto comienza a pasar en los sistemas totalitarios, es un reflejo inequívoco de que hay un proceso de descalabro interno», destacó Machado en entrevista concedida a Antena 3 este lunes.
Respecto a los adolescentes que se encuentran detenidos, la dirigente política manifestó su preocupación por el trato que se le está dispensando a los menores de edad, diciendo que muchos fueron detenidos en las protestas o que fueron a buscarlos a su casa. «Los obligaron a grabar videos alabando a Maduro», advirtió.
Señaló que aún no sabe si ha procesado lo que sucede en su vida desde finales de julio, ya que asegura que pasó de estar rodeada de «miles de personas» a estar sola. Sin embargo, asevera que está trabajando mucho y en una nueva dinámica que la mantiene activa.
Insistió en que fue la Plataforma Unitaria y el aspirante presidencial opositor, Edmundo González Urrutia, los que vencieron en las elecciones del 28 de julio «por paliza» y resaltó que, si bien hay razones para tener miedo «porque el régimen es brutal», se debe hacer un recuento de los triunfos que la población ha logrado hasta el clímax de los comicios.
«El mundo entero sabe que Edmundo es el presidente electo, esto es una victoria, ahora nos toca cobrarla y que el régimen lo reconozca», enfatizó María Corina Machado
Estima que se llevará a cabo un proceso de negociación que terminará con la proclamación de González Urrutia como presidente, aunque reconoció que es un proceso del que desconoce cuánto tiempo se tardará.
De igual forma, subrayó que esperan «mucho» de España porque «es un país que ha sido y aspira a seguir siendo el vínculo de Europa con Latinoamérica.»
«Es inconcebible que un Gobierno democrático de occidente pretendan que en Venezuela se establezcan unos estándares que no aceptarían en su país, cuando un candidato gana de manera avasallante y lo demuestra, acto seguido es presidente electo y el presidente electo se reconoce», alega.
ÚLTIMA HORA | María Corina Machado sobre acusaciones por el apagón en Venezuela: "Nos acusan de todo, Maduro ha perdido completamente el contacto con la realidad".
Estados Unidos confiscó el avión oficial de Nicolás Maduro en una operación que realizó en la República Dominicana y con base en las violaciones de las sanciones que pesan sobre Venezuela, informó este lunes el Departamento de Justicia.
A través de un comunicado, el Gobierno estadounidense confirmó la información filtrada previamente por CNN y anunció la incautación de una aeronave Dassault Falcon 900EX propiedad de Nicolás Maduro y de personas afiliadas a él en Venezuela, que era operada en su nombre.
La aeronave fue incautada en República Dominicana con la asistencia de las autoridades del país y transferida a Florida por haber sido “comprada ilegalmente” por 13 millones de dólares “a través de una empresa fantasma y sacada de contrabando de los Estados Unidos para su uso por parte de Nicolás Maduro y sus compinches”, denunció el fiscal general, Merrick B. Garland.
Según la investigación, a finales de 2022 y principios de 2023 personas afiliadas a Maduro supuestamente utilizaron una empresa fantasma con sede en el Caribe para ocultar su participación en la compra ilegal del avión a una empresa con sede en el Distrito Sur de Florida.
Luego, el avión fue exportado ilegalmente desde Estados Unidos a Venezuela a través del Caribe en abril de 2023 y desde entonces ha volado “casi exclusivamente hacia y desde una base militar en Venezuela y se ha utilizado en beneficio de Maduro y sus representantes, incluso para transportar a Maduro en visitas a otros países”.
En agosto de 2019, el presidente estadounidense, Joe Biden, emitió una orden ejecutiva que prohíbe a los ciudadanos de su país participar en transacciones con personas que hayan actuado o pretendido actuar directa o indirectamente para o en nombre del chavismo.
Garland agregó que el Departamento continuará persiguiendo a quienes violen las sanciones y controles de exportación para evitar que utilicen recursos estadounidenses “para socavar la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
Con esta incautación se pretende enviar “un mensaje claro”, que las aeronaves adquiridas “ilegalmente” de los Estados Unidos para “el beneficio de funcionarios venezolanos sancionados no pueden simplemente desaparecer”, apuntó el subsecretario de control de exportaciones del Departamento de Comercio, Matthew S. Axelrod.
“No importa cuán lujoso sea el jet privado o cuán poderosos sean los funcionarios: trabajaremos incansablemente con nuestros socios aquí y en todo el mundo para identificar y devolver cualquier aeronave contrabandeada ilegalmente fuera de los Estados Unidos”, agregó.
La Oficina de Campo de Miami de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio está investigando el caso, junto con el Grupo de Trabajo El Dorado de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional.
Durante años el Gobierno estadounidense ha confiscado docenas de vehículos de lujo, entre otros activos, que se dirigían a Venezuela, pero nunca un vehículo de tanta relevancia y simbolismo.
El magnate tecnológico Elon Musk lanzó una dura advertencia al Gobierno de Brasil después de que el Tribunal Supremo del país ordenara la suspensión de los servicios de la red social X y la confiscación de activos pertenecientes a SpaceX en el territorio brasileño. Musk, a través de un tuit, no solo denunció la acción como “ilegal”, sino que también insinuó posibles represalias, sugiriendo la confiscación de bienes brasileños en Estados Unidos si no se revierte la medida.
“A menos que el gobierno brasileño devuelva la propiedad confiscada ilegalmente de X y SpaceX, buscaremos también la confiscación recíproca de los bienes del gobierno. Espero que Lula disfrute de los vuelos comerciales”, escribió Musk en la plataforma X, contestando a un tweet que sobre la noticia de que Estados Unidos había incautado en la República Dominicana el avión oficial del dictador de Venezuela,Nicolás Maduro, en base a las sanciones estadounidenses que pesan sobre Venezuela.
La tensión entre Elon Musk y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva ha escalado significativamente en los últimos días. El origen del conflicto radica en la decisión de la Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil, que ratificó una medida cautelar suspendiendo los servicios de X en el país debido al reiterado incumplimiento de órdenes judiciales por parte de la empresa de Musk.
La suspensión de X, que se ha implementado gradualmente desde el pasado sábado, responde a la negativa de la red social a cumplir con diversas sentencias del Tribunal Supremo, que exigían el bloqueo de perfiles y contenidos asociados con la difusión masiva de noticias falsas y ataques a la democracia brasileña. Según el tribunal, Musk no solo ignoró estas órdenes, sino que también retiró a sus representantes legales del país, quienes, según el empresario, estaban bajo amenaza de encarcelamiento por parte de Alexandre de Moraes, uno de los magistrados del Supremo a cargo del caso.
De Moraes, quien ha sido un crítico constante de Musk, argumentó que el incumplimiento consciente y voluntario de las órdenes judiciales por parte de X y SpaceX tenía como objetivo crear “un ambiente de total impunidad y una ‘tierra sin ley’”, facilitando así la actuación de grupos extremistas y milicias digitales en las redes sociales. La multa total impuesta por estos desacatos se estima en aproximadamente cuatro millones de dólares.
Además de X, otro frente de conflicto judicial se ha abierto para Musk en Brasil, esta vez relacionado con Starlink, la empresa de servicios de internet por satélite también de su propiedad. Starlink se ha negado a acatar la suspensión de X en el país y, como consecuencia, sus cuentas han sido bloqueadas por orden del mismo tribunal. La decisión fue adoptada en un contexto de alta polarización política, en medio de la campaña para las elecciones municipales de octubre próximo.
El Supremo de Brasil ha dejado claro que estas medidas se enmarcan en su esfuerzo por evitar que la campaña electoral sea inundada de desinformación, como ocurrió en las elecciones presidenciales de 2018, en las que Jair Bolsonaro resultó victorioso en medio de una oleada de noticias falsas difundidas principalmente por la extrema derecha. En esa ocasión, cientos de perfiles fueron desactivados por orden judicial en diversas plataformas digitales, una estrategia que el tribunal parece decidido a repetir en 2024.
Mientras tanto, la empresa de Musk ha mantenido su postura desafiante. Este domingo, Starlink anunció que no cumplirá con la decisión judicial de suspender X hasta que se levante el bloqueo de sus cuentas, lo que podría agravar aún más la situación.
La directora ejecutiva de X Corp., Linda Yaccarino anunció este lunes que la red social X (antes Twitter) lanzará próximamente una aplicación para televisores inteligentes desde donde se podrá ver videos y otros tipos de contenido.
En su cuenta de X, la ejecutiva informó que por la nueva aplicación -la cual se llamará X TV- los usuarios podrán tener experiencias de mayor entretenimiento que contará con la “más alta calidad” de la pantalla grande.
“De la pantalla chica a la pantalla grande, X está cambiando todo. Pronto llevaremos contenido atractivo en tiempo real a tus televisores inteligentes con la aplicación X TV. Esta será tu compañera de referencia para una experiencia de entretenimiento inmersiva y de alta calidad en una pantalla más grande”, comunicó.
En este sentido, precisó que la compañía propiedad de Elon Musk está desarrollando funciones inteligentes que se incluirán progresivamente a la app; sin embargo, acotó que la nueva opción cuenta con un algoritmo que prioriza los video en tendencia.
Asimismo, tendrá un organizador de videos potenciado con Inteligencia Artificial, sincronización entre dispositivos, búsqueda mejorada, transmisiones entre móviles y una alta velocidad.
From the small screen to the big screen X is changing everything. Soon we’ll bring real-time, engaging content to your smart TVs with the X TV App. This will be your go-to companion for a high-quality, immersive entertainment experience on a larger screen. We’re still building it… pic.twitter.com/QhG6cVDpZ8
La justicia curazoleña declaró ejecutable en su jurisdicción la sentencia de un laudo llevado a cabo ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, en contra de Bariven, una filial de Petróleos de Venezuela encargada de las adquisiciones en el exterior.
El fallo, inicialmente emitido en París en mayo de 2019, favorece a Credendo, una empresa con sede en Bruselas. Entre sus servicios, ofrece la administración de riesgos para corporaciones radicadas en Europa, que hacen negociaciones con firmas en mercados volátiles, como el venezolano.
El origen de este conflicto radica en el presunto incumplimiento por parte de la estatal venezolana en cuanto al pago de las obligaciones contraídas mediante contrato con ArcelorMittal International Luxemburgo SA, una firma especializada en el suministro de partes para la industria metalúrgica.
El reclamo interpuesto ante la corte de París indica que Venezuela adeuda 14,6 millones de dólares.
Luego de varios intentos por resarcir esta deuda en forma amistosa, ArcelorMittal recurrió a Credendo, con quien había contratado un seguro de crédito para respaldar la operación con la empresa venezolana.
Credendo inició esta reclamación ante la Corte Internacional de Arbitraje en mayo de 2017. Dos años después, esa instancia le dio la razón. Además de ordenar la cancelación de la suma exigida, añadió más de 152 mil euros por costas judiciales, más los intereses que surjan por el tiempo en que estas obligaciones no sean canceladas.
Cuentas en Curazao
No es la primera vez que empresas foráneas acuden a Curazao para intentar la ejecución de laudos que desfavorecen al Estado venezolano. En una anterior entrega, Crónicas del Caribe informó sobre las diligencias de la corporación militar estadounidense Huntington Ingalls para embargar el crudo de Pdvsa, almacenado en la refinería Isla y en el terminal marítimo de Bullenbaai, debido al impago de los trabajos para la repotenciación de las fragatas misilísticas.
Ahora, Credendo ha solicitado el embargo preventivo de las cuentas de Bariven en el ING Bank NV, Coöperatieve Rabobank UA, ABN Amrobank NV, Deutsche Bank AG y NIBC Bank NV. Además, Credendo quiere confiscar las acciones que Bariven posee en el capital de PDVSA Services BV en La Haya.
Lea la nota completa siguiendo este enlace a Cónicas del Caribe
Estados Unidos confiscó el avión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras determinar que su adquisición violaba las sanciones estadounidenses, entre otras cuestiones penales. Estados Unidos llevó el avión a Florida el lunes, según dos funcionarios estadounidenses.
Se trata del último acontecimiento en lo que desde hace tiempo ha sido una relación fría entre Estados Unidos y Venezuela, y su incautación en la República Dominicana marca una escalada a medida que Estados Unidos continúa investigando lo que considera prácticas corruptas por parte del gobierno de Venezuela.
Los funcionarios han descrito el avión como el equivalente venezolano del Air Force One y ha sido fotografiado en visitas de estado anteriores de Maduro alrededor del mundo.
“Esto envía un mensaje a los altos mandos”, dijo uno de los funcionarios estadounidenses a CNN. “La confiscación del avión de un jefe de Estado extranjero es algo inaudito en materia penal. Estamos enviando un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley, nadie está por encima del alcance de las sanciones estadounidenses”.
CNN se ha comunicado con el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado para solicitar comentarios.
La situación en Venezuela ha tenido implicaciones para la política estadounidense, ya que millones de personas huyen del país, muchos de los cuales han optado por migrar a la frontera entre Estados Unidos y México.
Durante años, las autoridades estadounidenses han intentado interrumpir el flujo de miles de millones de dólares al régimen. La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), la segunda agencia de investigación más importante del gobierno federal, ha confiscado decenas de vehículos de lujo, entre otros bienes, que se dirigían a Venezuela.
El avión, cuyo valor se estima en unos 13 millones de dólares, había estado en República Dominicana en los últimos meses. Las autoridades estadounidenses no revelaron el motivo, pero esto les dio la oportunidad de confiscarlo.
Varias agencias federales estuvieron involucradas en la incautación, incluidas Investigaciones de Seguridad Nacional, agentes de Comercio, la Oficina de Industria y Seguridad y el Departamento de Justicia.
Los funcionarios estadounidenses trabajaron estrechamente con la República Dominicana, que notificó a Venezuela sobre la incautación, según uno de los funcionarios estadounidenses.
Uno de los próximos pasos, al llegar a EE.UU., será solicitar la confiscación, lo que significa que el gobierno venezolano tiene la oportunidad de solicitarla y recolectar evidencia de la aeronave.
Recientemente Estados Unidos presionó al gobierno venezolano para que publicara “inmediatamente” datos específicos sobre sus elecciones presidenciales, citando preocupaciones sobre la credibilidad de la victoria del líder autoritario Maduro.
A principios de este año, Estados Unidos volvió a imponer sanciones al sector de petróleo y gas de Venezuela en respuesta al fracaso del gobierno de Maduro de permitir que se celebraran “unas elecciones inclusivas y competitivas”.
Tras la polémica reelección de Maduro el 28 de julio, Venezuela suspendió los vuelos comerciales hacia y desde República Dominicana.
Las agencias federales, incluida la HSI, llevan mucho tiempo persiguiendo al gobierno venezolano por sospechas de corrupción. En los últimos años, la HSI ha desmantelado 2.000 millones de dólares de ganancias o recursos ilícitos del gobierno venezolano, incluyendo sentencias, embargos y liquidaciones de cuentas bancarias, según uno de los funcionarios estadounidenses.
En marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó a Maduro , junto con 14 funcionarios venezolanos actuales y anteriores, de narcoterrorismo, tráfico de drogas y corrupción.
“Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con [la guerrilla colombiana de izquierda] las FARC, provocando que toneladas de cocaína ingresaran y devastaran comunidades estadounidenses”, dijo en ese momento el entonces fiscal general William Barr.
La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado ha ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Maduro.
En 2017, dos sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, fueron sentenciados a 18 años de prisión por un tribunal federal de la ciudad de Nueva York por intentar contrabandear hasta 800 kilogramos de cocaína a Estados Unidos en un jet privado; los dos fueron posteriormente liberados por Estados Unidos en un intercambio de prisioneros en 2022.
“Vemos que estos funcionarios y el régimen de Maduro básicamente están estafando al pueblo venezolano para su propio beneficio”, dijo el funcionario estadounidense. “Allí hay gente que ni siquiera puede comprar una barra de pan y luego está el presidente de Venezuela viajando en un jet privado de alta categoría”.
Las malas condiciones económicas, la escasez de alimentos y el acceso limitado a la atención médica han empujado a más de 7,7 millones de personas a huir de Venezuela, lo que marca el mayor desplazamiento en el hemisferio occidental.
Un reporte actualizado de la industria del turismo en Panamá, elaborado por el Fondo de Promoción Turística (PROMTUR), revela que de enero a junio de 2024 el impacto económico del sector ha alcanzado los US$973 millones, superando en un 3% la meta establecida para dicho periodo, que era de US$942 millones, y se espera que al finalizar el año, los ingresos turísticos alcancen los US$1,804 millones.
El informe destaca que este resultado positivo se debe, principalmente, al éxito de eventos de la industria de reuniones (MICE, por sus siglas en inglés) y a las campañas de promoción ejecutadas en colaboración con Air Europa, Copa Airlines y E-dreams.
Además, el volumen de turistas internacionales durante el primer semestre de 2024 fue de 1,070,885, lo que representa un aumento del 13% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando llegaron 947,252 visitantes. PROMTUR proyecta que el volumen de turistas internacionales superará los registros más altos de años anteriores, estimando recibir 1.98 millones de turistas en todo el año 2024.
En cuanto a la capacidad de asientos aéreos, el informe señala un incremento del 10% de enero a junio de 2024 en comparación con el mismo período de 2023, que había sido el mejor año en términos de capacidad aérea de vuelos directos hacia Panamá.
Los hoteles también han mostrado un notable desempeño, superando los principales indicadores de rendimiento hotelero registrados en el mismo período del año anterior, considerado el mejor desde 2019.
El porcentaje promedio de ocupación hotelera de enero a junio de 2024 fue del 58%, aunque tomando como referencia la capacidad de 2023, la ocupación se elevaría al 60%, dos puntos porcentuales por encima del año pasado.
La demanda hotelera ha aumentado un 5% respecto al primer semestre de 2023, aunque aún no ha alcanzado los niveles de llegadas de turistas internacionales, esto se debe, en parte, a un aumento significativo en la demanda de alquileres vacacionales, que creció un 12% en comparación con el mismo periodo de 2023 y un 46% en comparación con 2019.
El Vicecanciller de Panamá, Carlos Ruiz-Hernández, ha iniciado una gira por Europa para fortalecer la imagen del país como un hub logístico y financiero, así como una marca global influyente.
Durante su visita a Italia, Ruiz-Hernández se reunió con Amadeo Teti, director general del Ministerio de Empresas y “Made in Italy”, donde destacó el compromiso del gobierno panameño para atraer inversiones extranjeras, apoyado por el Régimen Especial de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM).
Ruiz-Hernández también reafirmó la intención del presidente Mulino y del Canciller Martínez Acha Vásquez de retirar a Panamá de las listas internacionales discriminatorias, subrayando los avances en transparencia fiscal y prevención del lavado de dinero. Además, el Vicecanciller presentó el proyecto estratégico del ferrocarril Panamá-David, invitando a empresas italianas a participar en esta iniciativa.
Amadeo Teti expresó interés en apoyar tecnológicamente el proyecto ferroviario y en explorar otras áreas de colaboración. La reunión también contó con la participación de representantes de la Mediterranean Shipping Company (MSC), la mayor compañía marítima del mundo.
