«Desde la frontera Brasil-Venezuela. 27/08/2024 El Padre Kelmon y yo vimos la realidad de la llegada de aproximadamente 500 venezolanos por día», informe de Roderick Navarro.
«Edmundo González obtuvo la mayor ventaja presidencial en la historia democrática de Venezuela y la tercera más amplia en la historia reciente de América Latina».
La conclusión es el cierre de un excelente hilo de Twitter realizado por Daniel Montero, consultor y abogado, a través de su usuario en la red social Twitter.
El 28 de julio de 2024 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela. Aunque el Consejo Nacional Electoral declaró a Nicolás Maduro ganador con el 51% de los votos, no publicó los resultados electorales desglosados por mesa electoral. En contraste, el comando de campaña del candidato Edmundo González Urrutia divulgó resultados basados en el 83,5% de las actas emitidas por las máquinas de votación, arrojando las siguientes cifras:
- Votantes: 10.887.259 (50,89%)
- Edmundo González: 7.303.482 (67,08%)
- Nicolás Maduro: 3.316.135 (30,46%)
- Otros: 267.642 (2,46%)
Utilizando estos datos, segmentados por mesa electoral, centro de votación, parroquia, municipio y estado, generé las siguientes visualizaciones:
Siga el siguiente enlace donde se encuentran el resto de las visualizaciones y datos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este martes medidas cautelares a favor Ana Carolina Guaita, periodista de La Patilla, al considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela.
En la Resolución 58/2024, la Comisión solicita al Estado venezolanos que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de la periodista.
«En particular, informe si la persona beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado y las circunstancias de su detención, o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino. La Comisión considera necesario que el Estado precise si la beneficiaria fue presentada a un tribunal competente para revisar su detención de habérsele imputado delitos. De lo contrario, precisar las razones por las que no ha sido puesta en libertad a la fecha», dice el escrito.
Además, solicita que se le implemente las medidas necesarias para que Ana Carolina Guaita pueda desarrollar sus actividades periodísticas «sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia». También, pide que se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar «y así evitar su repetición».
«La Comisión solicita a Venezuela que detalle, dentro del plazo de 15 días, contados a partir de la fecha de notificación de la presente resolución, sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica», agregó.
El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia.
¿Cómo fue detenida Ana Carolina Guaita?
La periodista de La Patilla y locutora está detenida en la sede de la Dirección de Seguridad de la Gobernación de La Guaira, luego de que fue arrestada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional el pasado martes 20 de agosto en Maiquetía.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) señaló que la comunicadora fue detenida «en la urbanización El Rincón en Maiquetía, cerca de las 6:00 pm».
Los padres de la periodista, Xiomara y Carlos Guaita, pertenecen a la dirigencia del partido Copei y han estado en resguardo para evitar la represión del régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, ahora sin presionados con la detención de su hija.
El 28 de julio de 2024, Venezuela llevó a cabo unas elecciones presidenciales que pusieron al país, una vez más, en el centro de las miradas de la comunidad internacional. Esos comicios dieron como vencedor, según el Consejo Nacional Electoral (CNE) del país y sin aún dar a conocer el desglose de las actas de votación, al mandatario Nicolás Maduro.
Con ello, el país al día de hoy sigue sumido en un escenario lleno de incertidumbres, con la denuncia de la oposición de fraude y el reclamo de su victoria, la comunidad internacional dividida y gran parte de la población en las calles.
Sin embargo, para el oficialismo esta serie de inconformidades parece no ser algo que impida el inicio del tercer mandato de Maduro. Prueba de ello es el anuncio del gobierno de este martes 27 de agosto, en el que comparte los nuevos nombramientos al interior del Ejecutivo.
Remezón ministerial: una forma de mostrar que Maduro «va a seguir en el poder”
Este martes, Maduro anunció la renovación de su gabinete. Dentro de las designaciones más relevantes está la de Diosdado Cabello, el diputado chavista de 61 años que ahora será el nuevo ministro de Interior y Justicia, cartera que ya dirigió en 2002. En el acto de nombramiento, el presidente aseguró que Cabello también será “vicepresidente de Gobierno” y resaltó sus facultades para “consolidar la paz” en Venezuela frente a “tanta conspiración”.
Dos días después de los comicios, Cabello, considerado el número dos del chavismo, amenazó a la oposición venezolana, señalando también a los dos principales líderes de este sector del país: María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, el rival de Maduro en los comicios. Cabello aseguró que a estos dos personajes los van a “joder”, luego de que González y Machado rechazaran la victoria de Maduro proclamada por el CNE.
Otra movida importante es la de la nueva ministra de Petróleo: Delcy Rodríguez. Esta funcionaria venía desempeñando el cargo de vicepresidenta ejecutiva y ministra de Economía, Finanzas y Comercio Exterior.
Pero, ¿qué significa este remezón ministerial para la realidad política venezolana?
Para Pablo Andrés Quintero, politólogo y consultor político venezolano, lo que busca el oficialismo con estos nombramientos es “demostrar fuerza política, demostrar gobernabilidad, control. Es una forma de comunicarle a la opinión pública nacional e internacional que el poder político todavía lo tiene Nicolás Maduro”.
Es decir, en palabras del analista consultado por este medio, “lo que está buscando precisamente el Gobierno es controlar su propia narrativa de que Nicolás Maduro va a seguir en el poder”.
Y, pese a las inconformidades dentro y fuera de Venezuela sobre el ejercicio electoral del pasado 28 de julio, “si es democrático o no poco le importa al Gobierno».
¿Qué pasará con el petróleo y las sanciones a Venezuela?
La cartera petrolera es quizás de las más importantes para Venezuela, debido a las relaciones comerciales, económicas y diplomáticas que aglutina el crudo venezolano.
El tema del petróleo es crucial dado que en este se basan las sanciones impuestas al país como respuesta de algunos sectores de la comunidad internacional.
Al respecto, en diálogo con France 24, Pablo Andrés Quintero asegura que “el levantamiento de las sanciones no va a existir por ahora”.
Sin embargo, que Rodríguez llegue a la dirección de este Ministerio puede que sea una apuesta del Gobierno en respuesta a los logros que ha entregado esta funcionaria hasta ahora.
Otros de los nombramientos de este martes fueron los de Héctor Rodríguez (ministro de Educación), Ricardo Sánchez (titular de Educación Universitaria), Leticia Gómez (ministra de Turismo), Grecia Colmenares (ministra de Juventud), Arnaldo Sánchez (ministro del Deporte), Magaly Viña (ministra de Abuelos y Abuelas) y Johanna Carrillo (ministra de la Mujer).
Continúa la presión del oficialismo sobre la oposición
Para este martes estaba citado -por segunda vez- el candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia por la Fiscalía para rendir cuentas en una investigación que adelanta este órgano venezolano en su contra.
El pasado domingo González Urrutia aseguró que la Fiscalía lo “pretende someter a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca y precalificando delitos no cometidos”.
Al respecto de la citación, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la mayor alianza antichavista venezolana, denunció “acoso judicial” a su abanderado González Urrutia.
También se produjeron otras denuncias hacia el gobierno de Maduro este mismo martes.
María Corina Machado, líder opositora venezolana, informó que fue detenido Perkins Rocha, el asesor jurídico de la PUD. En una publicación en su cuenta de X, Machado dijo que Rocha fue “secuestrado” y responsabilizó del hecho a “el régimen de Nicolás Maduro”.
Así pues, las declaraciones, enfrentamientos mediáticos, denuncias -tanto de la oposición como del oficialismo- se han recrudecido aún más durante este primer mes tras las presidenciales venezolanas, mientras un acuerdo entre las partes parece cada vez estar menos cerca, por lo que la población venezolana termina siendo el sector más desgastado ante esta retórica cruzada.
Esto conduce a una “una mayor temeridad a que miembros de la oposición emitan sus puntos de vista” y a “un aumento de la abstención en los próximos procesos electorales al no existir una solución práctica concreta a lo sucedido del 28 de julio ya sea por la vía institucional por la vía de la comunidad internacional”, tal y como apunta Quintero en diálogo con France 24.
Para el analista, “los reclamos de los opositores actuales no generan incidencia local dentro del gobierno”.
En cambio, “lo que hacen es precisamente ruido en las redes sociales, generan comunicados en la comunidad internacional”. Es por eso que, con relación a la actividad mediática de la oposición, el politólogo explica que “esos mensajes y esos reclamos no han logrado permear la estructura de poder”.
“Venezuela es un conflicto geopolítico”
¿Qué escenarios se abren para el país tras este primer mes y el ejercicio electoral en sí? Este interrogante lo han tratado de responder varios actores, unos con más fuerza que otros, dentro de la comunidad internacional.
Se le ha exigido en repetidas ocasiones al oficialismo venezolano entregar las actas de votaciones para poner fin a las denuncias y especulaciones, peticiones desoídas hasta ahora por Maduro y el CNE. A su vez, también se ha planteado desde fuera unas nuevas elecciones y la transición del poder a Edmundo González Urrutia -contrincante opositor de Maduro- por quienes reconocen a este como ganador de los comicios.
Con todo y eso, aún no hay una prueba o hecho clave que permita prever algún escenario viable.
Por un lado, “el Gobierno no está pensando en una transición y creo que quedó demostrado con el nombramiento del nuevo gabinete”, apunta Quintero.
En la dimensión internacional, lo que pase o no con Venezuela repercutirá sin duda en la realidad del resto de países que mantienen relación con Caracas. De hecho, puede que haya intereses geopolíticos que avanzan a la par de lo que ocurre en el territorio venezolano. “Va a existir una comunicación mucho más abierta entre China, entre Irán y Rusia por el ingreso de Venezuela en los BRICS que se va a dar en los próximos meses”, señala el politólogo venezolano.
Y, aunque aún hay una gran cantidad de países que no reconocen la reelección del actual presidente, “pasa el tiempo y está creciendo la idea de que Nicolás Maduro es un presidente electo para otros países de la comunidad internacional”, indica Quintero.
“Al día de hoy observamos que Venezuela es un conflicto geopolítico, que Venezuela es un conflicto donde convergen múltiples intereses económicos a nivel global”, agrega el experto.
Por ello, de lo que pase en Venezuela no solo depende el futuro de los venezolanos, sino también el de la convivencia del país con sus vecinos en el continente y el resto del mundo.
La Nicaragua de Daniel Ortega es hoy todo un caso de obligada referencia. A él lo conocí en Managua, cuando tuvo lugar el Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe en octubre de 2006. En ese escenario, como panelista, expuso el tema “Políticas y estrategias para profundizar la democracia en la región”, presentando así su visión y propuestas para el futuro de Nicaragua, con especial énfasis en la paz, la unidad y la reconciliación. Se celebró esa reunión en ese país para darle un espaldarazo a su nueva candidatura en las elecciones presidenciales de ese año, que eran cruciales porque representaban la consolidación de la alternabilidad como expresión democrática en ese país. En aquel entonces, aún se percibían en Ortega vestigios de demócrata.
Por Víctor A. Bolívar
Agosto 28, 2024
Hoy, eternizado en el poder, su desempeño le ha acarreado incluso el cuestionamiento de la IS, por su deslinde de esos postulados democráticos. Esa alternabilidad -que caracterizó a Nicaragua desde 1990- tuvo lugar con los gobiernos de Chamorro, Alemán y Bolaños, pero a partir de entonces, Ortega -luego de haber ejercido el poder desde 1979 hasta 1990- ha permanecido aferrado al poder desde ese año 2006 hasta hoy.
En total 39 años mandando, imponiendo el terror, el fratricidio, la endogamia y consolidando la ruralización de su país. Extraña forma de desarrollar su “particular visión y propuestas para el futuro de Nicaragua, poniendo especial énfasis en la paz, la unidad y la reconciliación”. Resultó toda una patraña, pues, gobiernan con una carga de odio que por cierto le atribuyen a la oposición. Paradójicamente, Rosario Murillo, quien preside Fundamor, una fundación que tiene por objetivo contribuir al respeto, amor, tolerancia, armonía y solidaridad en las relaciones humanas, ha sido criticada por la persecución feroz de la oposición y sus constantes discursos de odio, en un país en el que la Asamblea Nacional, brazo legislativo del régimen, aprobó una reforma constitucional que establece prisión perpetua por crímenes de odio; pena que -por supuesto- es impuesta por su brazo judicial: la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales.
La sistemática persecución, apresamiento y expulsión del clero; así como la desnacionalización de compatriotas, quitarles sus pasaportes y la amenaza a los familiares de los exiliados, entre otros, constituyen hechos abominables. Por supuesto, nada nuevo en el menú de opciones del oficialismo para someter a un pueblo sin posibilidad de redimirse.
La salvaje represión desatada en 2018 se agravó en 2021 con la reelección fraudulenta del binomio, avalada por un Consejo Supremo Electoral sometido a los designios del régimen; fraude este que se ejecutó de manera descarada, adulterando los registros, intimidando y forzando el voto, y ocultando una alta abstención, que convirtió en votos para Ortega y Murillo quienes sin escrúpulos arrestaron a los candidatos de la oposición, provocando el exilio de otros. Esos comicios fueron una farsa para la Unión Europea y la OEA, aliñada también por la persecución, intimidación, detención e inhabilitación de periodistas, dirigentes sociales y de sectores disidentes.
Reformaron la ley del Poder Ejecutivo eliminando la figura del ministro de Defensa, incrementando el protagonismo y figura del presidente de la república como autoridad principal con un control sin precedentes sobre los militares. La fiscal Guido, instrumento acusatorio al servicio del régimen, está sancionada por Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, acusada de violar los derechos humanos de los opositores, a quienes persigue, acosa y les imputa delitos a diestra y siniestra por solo expresar sus opiniones.
Las democracias de la comunidad internacional alzaron su voz de protesta, expresando su rechazo a ese régimen que solo apoyan Cuba, Rusia, China, Irán, Corea del Norte y Venezuela, por lo que la oposición lo acusa de “pretender revertir el orden democrático del continente americano”.
Ante todo esto, cabría preguntarse: ¿Si en Nicaragua se ha mantenido, al parecer sin fecha de caducidad, este régimen forajido y endogámico, por qué no podría Venezuela transitar hacia ese mismo destino? ¿Será ese el epílogo de nuestra película de terror? Son interrogantes que gravitan en el ambiente. La natural preocupación por la similitud del formato las genera.
El caso es que aquí vencimos al régimen. En nuestro país se articuló una oposición que cohesionada por el indiscutible liderazgo de María Corina Machado y nuestro hoy presidente electo Edmundo González, pudo vencer con sobrado margen a un monstruo de mil cabezas. Esa derrota del régimen ya caduco, trajo consigo la torpeza de quedar en evidencia ante el mundo al servirse de los poderes públicos secuestrados y sometidos a su antojo para perpetrar un gigantesco fraude difícil de ocultar. “Actas matan sentencia”. Se cumplirá inexorablemente la voluntad del pueblo expresada en los votos.
X:@vabolivar
En una proclama emitida por diversas organizaciones, dirigentes, académicos, y activistas de izquierda, progresistas, humanistas, críticas y/o socialistas, se denuncia la violencia de Estado, violación de DDHH, agresión contra la soberanía popular y llaman a la unión superior de todas las fuerzas políticas más allá de las ideologías políticas en Venezuela.
Vía Punto de Corte
En este sentido expresan en la proclama que:
“Hoy, a un mes de la avalancha electoral que el 28 de julio escogió a un presidente, la democracia en Venezuela parece estar transitoriamente prohibida.”
El llamado desde los que fueron o no chavistas
La proclama asume que la defensa de la democracia no es negociable, ni desde el chavismo, ni fuera de él.
“…para las izquierdas en general; para quienes abrazamos alguna vez el proyecto de Hugo Chávez; o para quienes sin apoyarlo nos asumimos revolucionarios y luchamos por una sociedad justa, la defensa de la democracia no es negociable.”
La unidad superior de la nación
Finalizan, los diversos sectores de izquierda, progresistas, humanistas, críticos y/o socialistas, haciendo un llamado a la “unidad superior de la nación”, interpretándose como una llamado más allá de las ideologias a unir esfuerzos por el rescate del Estado de Derecho y Justicia y la democracia venezolana.
“Por ello, quienes abrazamos las ideas liberadoras de los pueblos, los intereses de los trabajadores y de los pobres del mundo, estamos hoy convocados a unir esfuerzos en la búsqueda de la unidad superior de la nación, una más amplia y popular, en defensa de las libertades democráticas, de todos los derechos ciudadanos, de la Constitución nacional, la ley y la República. Esto es, la defensa de la soberanía popular, fundamento de la democracia y de la Constitución.”
A continuación la proclama completa junto con las firmas que lo suscriben:
Las Izquierdas le dicen al mundo:En Venezuela la gente sabe lo que pasó
Caracas, 28 de agosto de 2024.
Hoy, a un mes de la avalancha electoral que el 28 de julio escogió a un presidente, la democracia en Venezuela parece estar transitoriamente prohibida. Pretenden prohibir la verdad, la mentira se ha establecido como un régimen de facto. Bajo prácticas de terrorismo de Estado, control y sometimiento de las instituciones y un nuevo andamiaje legal, se imponen desde el Gobierno atroces restricciones a la libertad y a la defensa de derechos. Se impone el silencio. Y a pesar de esto, la gente sabe lo que pasó.
Pero sólo han logrado callar momentáneamente la voz. El testigo del Psuv que calla por miedo; el testigo del partido judicializado que calla por miedo; el soldado del Plan República que calla por miedo; el testigo opositor que calla por miedo; el funcionario del CNE que calla por miedo; el juez que calla por miedo. Todos ellos saben lo que pasó.
El desconocimiento de la voluntad popular que se expresó de forma masiva y la prohibición -presuntamente “legal”- de publicar las actas de escrutinio, sumado a la no publicación de resultados desagregados, fue el primer paso. Tras esto, se ha establecido un régimen que no tiene otro calificativo: estamos oficialmente en dictadura. Y, a pesar de esto, la gente sabe lo que pasó.
Bajo una máscara cada vez menos creíble de “socialismo”, ha sido secuestrado el Estado en su totalidad. Se quiere prohibir la disidencia frente al relato oficial, mientras se sigue instrumentalizando el sueño liberador. Pero para las izquierdas en general; para quienes abrazamos alguna vez el proyecto de Hugo Chávez; o para quienes sin apoyarlo nos asumimos revolucionarios y luchamos por una sociedad justa, la defensa de la democracia no es negociable.
Para las izquierdas y el progresismo, desde quienes apuestan al socialismo hasta quienes abogan por una sociedad más equitativa; todos confluimos en que el sistema democrático es el que permite avanzar hacia la consecución de un mundo mejor. No hay medias tintas. Prohibir la democracia, la libertad y el respeto al ser humano, es contrario a lo más esencial del sueño emancipador que abrazan las izquierdas desde su origen. Pero hay algo más poderoso que las ideas. La gente sabe lo que pasó. Más poderoso incluso que todo el terrorismo de Estado que puedan aplicar. Tarde o temprano la verdad va a vencer.
Por ello, quienes abrazamos las ideas liberadoras de los pueblos, los intereses de los trabajadores y de los pobres del mundo, estamos hoy convocados a unir esfuerzos en la búsqueda de la unidad superior de la nación, una más amplia y popular, en defensa de las libertades democráticas, de todos los derechos ciudadanos, de la Constitución nacional, la ley y la República. Esto es, la defensa de la soberanía popular, fundamento de la democracia y de la Constitución.
El Gobierno se ha atrincherado en la mentira. La pretende imponer como decreto, sabe que la voluntad de cambio crece porque… la gente sabe lo que pasó. Los trabajadores, las madres, los sectores populares de nuestra patria, claman hoy por el regreso de sus hijos, ya no solo de la migración, sino peor aún, de la cárcel.
Por eso, solo hay espacio político para una amplia unidad en defensa de la libertad y la Constitución. Es necesario la construcción de un gran movimiento por la salvación de la República y el regreso a la democracia, que pugne por la reconstrucción nacional en un país que destierre la retaliación, la revancha y la venganza, porque la vitalidad democrática habita en el diálogo, en la diversidad de ideas y es base del más elemental sistema de libertades.
Ha llegado el momento de convocar la más grande unidad en torno a la vida común. Es algo que trasciende toda ideología. Todas las izquierdas y el progresismo, tanto las venezolanas como las del mundo, debemos unir esfuerzos con todos los sectores democráticos del país y todas las naciones que, bajo el respeto irrestricto a la soberanía y la autodeterminación, alcen firmemente su voz contra el atropello de los valores esenciales de la democracia en Venezuela. La mentira debe parar. El terrorismo de Estado debe parar.
Convocamos a la protesta pacífica y ciudadana, por ahora desde la seguridad de la vivienda, pero que deberá dotarse de una amplia diversidad de acciones de protesta ciudadanas enmarcadas en la Constitución, que inicia hoy con un estruendoso Cacerolazo Nacional a las 8 pm de este 28 de agosto, entre otras iniciativas, hasta alcanzar el reconocimiento de la voluntad de cambio expresada en la elección presidencial, cuyo resultado debe corroborarse mediante mecanismos independientes y creíbles de verificación imparcial que ha pretendido ser sepultado por el propio Gobierno. Sin embargo, la gente sabe lo que pasó. Y bajo esta verdad inocultable se impone el momento de la unidad para salvar la República.
En defensa de la verdad, rescatemos la democracia, a través de una salida a la crisis política en el marco de la Constitución y el irrestricto respeto a la soberanía nacional.
Firman:
- Adrián Torres Marcano, Universidad Central de Venezuela (UCV) y Filosopaz
- Alejandro Forero, Profesor del departamento de derecho penal y criminología. Universitat de Barcelona
- Alejandro Quryat, Democratic Socialists of America, Venezuelan Workers Solidarity
- Alejandro Styk
- Alex Zackrone
- Ali Mauricio Gómez Rodríguez, Economista.
- Alicia Elena Rosales Nieves, Universidad de Sevilla
- Alida Sanoja-Maneiro, Artista Lírica, Música, Abogada, Productora de Radio y Televisión, Venezuela
- Alonso Padrón, Ingeniero, Docente Fac. Ingeniería –UCV
- Ana T. Gómez, Socióloga -UCV
- Ana Viloria, activista social e integrante de la Plataforma Ciudadana en Defensa de la Constitución (PCDC)
- Ana Laura López, UBA, Argentina
- Andrés Izarra, Periodista, Fundador y ex Presidente de TeleSUR
- Ángel Godoy, Movimiento por la Democracia y la Inclusión (MDI)
- Antonia Muñoz. Profesora Titular jubilada Unellez. Ex gobernadora de Portuguesa
- Antulio Rosales, Profesor Universitario, York University.
- Arianni Bruzual, Dirigente Gremial Sector Educadores
- Atenea Jiménez, Izquierda Unida.
- Berenice Gómez, Dirigente Popular de Petare, Activista de Derechos Humanos
- Bertha Díaz, Revista Sycorax
- Camila Corral, Universidad de las Artes, Ecuador
- Cantaura La Cruz, Socióloga y Antropóloga, Investigadora (doctorante) de la Escuela Práctica de Altos estudios de París
- Cari Gardner, New York Progressive Action Network Greene, USA
- Carlos G. Torrealba, M.-Instituto de investigaciones Sociales (UNAM)
- Carlos Hermoso, Secretario Adjunto de Bandera Roja,
- Carlos Jiménez, Ex Gobernador de Yaracuy.
- Carlos Molina, profesor universitario e integrante del MPD
- Carlos Newman, educador
- Carlos Silva, Profesor y periodista
- Carlos Timaure. Coordinadora de lucha de los trabajadores de los Altos Mirandinos
- Catalina Toro Pérez, Universidad Nacional de Colombia
- Catherine O’Keeffe
- César Bencomo, Antropólogo UCV
- César Eduardo Santos, Universidad Veracruzana
- Clara Merino Serrano, Mujeres Luna Creciente
- Consuelo Iranzo, Profesora titular UCV
- Daniel Enrique Nieto Andueza, Sociólogo-Docente UCV
- Dario Gomez Suárez, Frente Clasista Argimiro Gabaldon, Barrio Unión, Barquisimeto
- David Malavé, Profesor
- David Enrique Roca Basadre, Periodista peruano, Nuevo Perú por el Buen Vivir
- Diane Torstrup
- Dick Antonio Guanique, Secretariado Ejecutivo Confederación de Trabajadores de Venezuela CTV
- Diosman Bobadilla. enComún
- Edgar Pérez Rueda, Profesor Jubilado UDO, Dirigente Gremial Profesores Universitarios
- Edgardo Lander, Profesor titular jubilado de la UCV. PCDC
- Edixon Herrera Sarmiento, Polo Democrático Alternativo
- Edwin Sambrano Vidal, Ex Constituyentista, Ex Diputado del Partido Cambio Revolucionario, Ex Directivo de la Asociación Americana de Juristas
- Elias Weinfeld, NPA (Francia)
- Elicinio Briceño, Presidente de la Asociación de Jubilados del IVIC
- Elizabeth Durán Chacón, Consultora de Políticas Públicas
- Emiliano Teran Mantovani, Profesor/investigador UCV
- Emilio Useche, Politólogo, Investigador Etnográfico Sobre la Migración Venezolana, Coordinador del Movimiento Huellas del Sur
- Emily Da Silva. Politologa. MPD
- Erika Arteaga Cruz, Parlamento Mujeres Ecuador
- Esluve Sosa, MPD
- Eustoquio Contreras, Secretario General del Movimiento de Independientes por Venezuela MIV
- Evelyne Laurent-Perrault, University California Santa Barbara
- Fabrice Andréani, L’Après, Francia
- Félix Velásquez, Coordinador General de Izquierda Unida Venezuela
- Fidel Jaramillo, Secretario de Organización de APUFAT UCV
- Freddy Lucena, Secretario de Organización APROUPEL núcleo El Macaro
- Freiman Páez. Sociólogo. Activista Social. Exdiputado al Consejo Legislativo del Estado Apure. Guasdualito-Apure
- Gabriel Puerta, Secretario General de Bandera Roja
- Gabriela González Fuentes, Documentalista
- Gabriela Mohr, Mocha Celis
- Gabriela Ramírez, Ex defensora del pueblo y ex diputada
- Gabriela Rodríguez, escritora y pensadora revolucionaria del estado Lara
- Giuseppe Cocco, Professor de la Universidade Federal de Rio De Janeiro (Brasil)
- Golfredo Dávila, Coordinador General de UNASS-Zulia
- Hamilton Atacho, Dirigente social
- Héctor Navarro miembro de la PCDC, profesor Universitario y ex ministro de Chávez
- Heather Bellanca, NYPAN
- Héctor Sánchez, Profesor Universitario. Miembro de la Dirección Nacional de REDES
- Héctor Silveira, Profesor de Filosofía del Derecho de la Universitat de Barcelona
- Henry Burgos, Educador y Entrenador Deportivo
- Heriberto Bolívar, Coordinador General de IZQUIERDA CAMPESINA
- Horacio Tarcus, CeDInCI (Argentina)
- Huáscar Salazar, Centro de Estudios Populares, Bolivia
- Iván Veloso, Militante del Partido Socialista de Chile
- Ivonne Yanez, Ecologista ecuatoriana
- Jacqueline Richter, profesora titular UCV
- Janette Jiménez, Junta Directiva APUFAT UCV
- Jesús Hermoso, Periodista, escritor y dirigente de Bandera Roja
- Jesús Puerta, Prifesor Titular U. C.
- Johannes M. Waldmüller, Universidad de Viena
- José Daniel González Fernández, Sociólogo UCV
- José León Uzcátegui. Profesor titular, jubilado. Grupo Pensamiento Crítico
- José Rafael Herrera, profesor Titular de Filosofía UCV
- José Teixeira, Federación Nacional de Trabajadores de la Educación de Venezuela FENATEV
- Juan Andrés Misle Dona, Veneco Podcast
- Juan Carlos Rodríguez Torres, Artista Plástico / MPD
- Juan García, del equipo fundador de Aporrea y miembro de la PCDC
- Juan Luis Sosa, Abogado. Investigador Social. Activista. MPD
- Julio César Fernández Toro, Universidad Central de Venezuela
- Katerina Siira, Peacebuilding professional based in NY
- Kathy A. Kaufman
- Keymer Ávila, Profesor de Criminología e Investigador del Instituto de Ciencias Penales de la UCV
- Laura Rodríguez, Mamás migrantes
- Leslie Plachta, MD, MPH, Ossining, NY
- Luis Valles Dirigente Sindical de la Construcción (Fenacts)
- Marcel Velázquez Castro, Universidad Nacional Mayor de San Marcos
- Marcia Alvarenga, dirigente popular, ex diputado.
- María Elena Morán Atencio, Escritora
- Maria Fernanda Yanez
- María Laura Yanez. Geógrafa (UCV)
- Mariana Sánches, Ensemble
- Mariano Crespo Profesor UPEL
- Martín Schapiro
- Masaya Llavaneras Blanco, DAWN
- Moisés Durán, Sociólogo UCV.
- Nicmer Evans, Miembro del Movimiento Democracia e Inclusión (MDI)
- Niuman Páez, Presidente de APROUPEL Aragua
- Oly Millán, profesora UCV integrante de la PCDC
- Omar Vázquez Heredia, Investigador académico y profesor universitario
- Patricia Parra, Politóloga de la UCV
- Patricio Calderon, Comité frances de la Red europea de solidaridad con Ucrania (RESU)
- Paz Guarderas, Red interuniversitaria de investigación feminista
- Pedro García, Dirigente de Jubilados y Pensionados COPENJUVE y Pdt. de ASOCEJUPRC
- Pedro Moreno, Secretario Ejecutivo DDHH-CTV y Presidente de Bandera Roja
- Pilar Aranda, Independiente
- Rafael Uzcategui, sociólogo, defensor de DDHH y postanarquista
- Rafael Parra, INTECH
- Rafael Venegas, profesor UCV y Secretario General de Vanguardia Popular
- Raquel Figueroa, Sec. de Org. Colegio Nacional de Profesores y Coordinadora del MESR
- Raquel Neyra, Lima-Perú
- Raúl Urbaneja, Secretario de Organización FENATEV SUCRE
- René Cedíllo, Exdiputado al CLEL y dirigente de Bandera Roja
- Reinaldo Quijada, Coordinador nacional de UPP89
- Rhina Perez Bello, Venezolana Inmigrante
- Ricardo Rojas, Sociólogo UCV
- Roberto López, historiador, profesor titular universitario e integrante de la PCDC
- Romina Pzellinsky, Abogada
- Rubén Navarro, Sindicalista
- Santiago Arconada, Activista social e integrante de la PCDC
- Sergio Sánchez, Movimiento por la Democracia
- Silvio Prado, Asociación Nicaragua Libre
- Tatiana Rosario, CID, República Dominicana
- Trina Mijares, Dirigente Popular y Ex Diputada
- Walter Martínez, Periodista Analista Corresponsal de Guerra, Venezuela-Uruguay
- Wladimir Abreu, Profesor Filosofía Antropológica Universidad de Carabobo
- Wilmara Ríos, militante revolucionaria
- Ybelice Briceño Linares, Socióloga UCV, Universidad de las Artes (Ecuador)
- Yoletty Bracho, Ensemble / Rejoignons-nous
- Yrma Martínez, Movimiento por la Democracia
- Yuri Valecillo, SNTP/ Sindicato Naciinal Trabajadores de Prensa. Venezuela
Organizaciones
- Bandera Roja
- enComún
- Frente de profesionales y técnicos de Agro Aragua
- Izquierda Unida
- Movimiento Democracia e Inclusión (MDI)
- Movimiento Por la Democracia (MPD)
- WESPAC
Crece la tensión entre el presidente brasileño, Lula da Silva, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos por el conflicto en Venezuela. En los próximos días, el presidente Joe Biden buscará retomar conversaciones telefónicas con Lula para discutir nuevamente la posición de Brasil respecto a la situación en Venezuela.
Esta sería la segunda llamada entre ambos líderes, luego de una comunicación previa el 30 de julio donde no hubo avances significativos en la postura frente a la crisis venezolana. La situación sigue bloqueada entre el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y la oposición liderada por María Corina Machado, quien reclama la victoria en las elecciones.
La tensión llegó a su punto más alto el pasado viernes, cuando Brasil se negó a firmar un comunicado conjunto emitido por Estados Unidos y otros diez países latinoamericanos, incluidos Argentina y Chile, en el que se condenaba la sentencia del Tribunal Supremo venezolano que ratificó la victoria de Maduro.
En el fallo, Caryslia Rodríguez, representante del Tribunal Supremo venezolano, mencionó al Tribunal Superior Electoral de Brasil y su intervención en las elecciones presidenciales de 2022, comparando la situación con las controversias en Venezuela. Esta referencia podría haber influido en la decisión de Brasil de no respaldar el comunicado ya que existe un halo de duda en torno a un posible fraude electoral en favor del actual presidente brasileño.
A pesar de las tensiones, Lula, junto al presidente colombiano comunista Gustavo Petro, emitiieron un comunicado el sábado pidiendo la publicación de los resultados electorales en Venezuela, una solicitud que Maduro ha ignorado hasta ahora. Se especula que Biden podría utilizar la próxima llamada telefónica para presionar a Lula a reconocer públicamente la derrota de Maduro.
La política migratoria brasileña y la fallida integración regional
La postura de Lula roza la complicidad con el régimen chavista. Mientras no reconoce la victoria de Edmundo González Urrutia y continúa hablando con Maduro, el presidente del PT endurece sus políticas migratorias frente a los inmigrantes venezolanos, congrasiándose con el chavismo que pide que otros países frenen el éxodo.
Brasil ha reforzado sus fronteras con Venezuela en un contexto en el que la ONU destaca la vulnerabilidad de los migrantes venezolanos y su riesgo de ser víctimas de tráfico de personas y del crimen organizado.
En el ámbito de la integración regional, la crisis venezolana ha resaltado el fracaso de los intentos de Lula por revitalizar el bloque latinoamericano. Iniciativas como el “Consenso de Brasilia” y la reactivación de la UNASUR quedaron estancadas, lo que refleja la dificultad de avanzar en la integración regional en un contexto de crisis política y económica.
Brasil busca ser el punto de entrada de China a la región
A medida que las relaciones con los países democráticos de la región se enfrían, Lula parece estar acercándose a China. Con el regreso de Lula al poder y su visita a Xi Jinping, China ha aumentado su influencia en Brasil, controlando recursos estratégicos y expandiéndose en sectores clave como la energía y las telecomunicaciones.
Esta nueva alianza podría tener profundas implicaciones para la soberanía económica y política de Brasil en el futuro. A pesar de que Lula había dicho en campaña que él podía mantener relaciones políticas tanto con Estados Unidos como con China y Rusia, por ahora solo ha demostrado lo segundo.
La negativa de Brasil a alinearse con las posturas democráticas sobre la crisis venezolana y su acercamiento a China reflejan un cambio en la política exterior brasileña que podría tener consecuencias significativas para la región y el país, y que han despertado el enojo no solamente de Trump, si no de toda la política estadounidense.
Edward Ocariz cocinaba su almuerzo en una barriada de Caracas cuando llegó la policía a su casa. “Usted se va con nosotros”, dijeron los agentes, mientras vecinos les gritaban “¡malditos!”. Es uno de 2.400 detenidos tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en Venezuela.
No había orden captura. Se lo llevaron una semana después de la elección del 28 de julio, cuyos resultados desataron protestas en todo el país -incluidos sectores tradicionalmente dominados por el chavismo-, reprimidas por las fuerzas del orden. El torbellino dejó 27 muertos y casi 200 heridos.
Ocariz, de 53 años, vivía en Coche, barrio humilde en el oeste de la capital, donde denunciaba abusos del poder. Le imputaron delitos de “terrorismo, incitación al odio y escarnio en la vía pública” y lo llevaron a una cárcel de máxima seguridad.
“Es injusto”, dice a la AFP su hermana, Sol, de 65. “No puedo permitir que a mi hermano, que es inocente, lo tengan preso. Era un activista de derechos humanos, lo que hacía era denunciar cuando se estaban cometiendo irregularidades”.
Sol muestra videos del momento del arresto poco después del mediodía: él en chanclas, camiseta y pantalones cortos, esposado y escoltado por cuatro oficiales encapuchados. “¡Se lo están llevando!”, se escucha en la grabación. “¡Malditos! ¡Algún día van a pagar!”, gritan vecinos desde sus balcones en el edificio.
Maduro asegura que los detenidos fueron reclutados por la oposición para imponer violencia en el país.
La protesta fue neutralizada rápidamente. Solo el primer día hubo más de 700 arrestos y el gobierno habilitó canales para delatar sospechosos en lo que se llamó “Operación Tun Tun”, en referencia al sonido del toque de puerta cuando llegan los oficiales.
Ya van más de 2.400 detenidos, más de 100 adolescentes entre ellos, que también enfrentan cargos de terrorismo.
Decenas de personas se congregaron a las afueras de los calabozos buscando noticias de sus familiares. La visita es limitada y un abogado privado, una rareza: la mayoría termina con defensores públicos.
“Las desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias pasaron a ser la nueva normalidad” con una “serie de patrones represivos”, denuncia la ONG de derechos humanos Provea, que reportó un promedio de 150 detenciones diarias en dos semanas. “Hemos pasado de un período de persecución selectiva a uno de persecución masiva”.
Maduro asegura que es garante de la paz y apela a la “unión cívico-militar-policial”.
“Terror”
Edward está en la cárcel de Tocuyito, habilitada junto a la de Tocorón para recluir a los detenidos. Ambos penales de máxima seguridad estuvieron por años bajo control de bandas criminales hasta que fueron ocupados por las fuerzas del orden en 2023.
“Es tremendo, pero uno tiene que moverse”, cuenta Sol, que asegura no tener miedo en denunciar su caso, excepción en medio del pánico que reina entre los familiares que tienen a alguien tras las rejas por las protestas.
Le pasa a José, que pide cambiar su identidad ante un “nivel de terror bastante alto”. Tiene dos amigos detenidos, hermanos de 23 y 27 años, que llama Luis y Carlos (tampoco son sus verdaderos nombres).
“Uno no sabe qué decir, con quién hablar” a causa de los delatores, explica José.
Luis y Carlos protestaron el 29 de julio en una céntrica avenida de la capital, que bullía de este a oeste entre llantas quemadas y banderas tricolor. “Se quería defender el derecho al voto” de “manera pacífica”, rememora José, de 31 años.
Fueron apresados luego de que policías “rompieran la reja” de su apartamento en el barrio de clase trabajadora La Candelaria, donde quedaron atrás su madre en “angustia permanente” y su padre enfermo. José asumió entonces la causa.
“Cuesta sonreír”
Toman apuntes, escuchan con atención, graban con sus celulares. “El familiar también es parte de este equipo”, destaca Alfredo Romero, director de Foro Penal, a decenas de personas perdidas en un mar legal. Abogados de esta ONG, reconocida por defender a “presos políticos”, ofrecen encuentros y asesorías gratuitas.
“Esto es angustiante. A uno le cuesta mucho sonreír”, dice con el llanto atascado en la garganta la madre de Adrián, un chico de 16 años abordado por militares en plena calle. Igual que el resto, teme declarar.
Las redes sociales sirven también como ventana para testimonios anónimos de venezolanos presos del miedo.
“Me tocó pagar 750 dólares para que no metieran a mi hijo preso, tiene 19 años y sólo quiere vivir en libertad”, dice uno. “Yo tengo régimen de presentación solo por publicar en mi Instagram lo que se vive en Venezuela”, señala otro. “Esto es un desgaste mental, un psicoterror, ni siquiera sé cómo explicarlo”.
En su primer encuentro después del arresto, Sol recuerda que le preguntó a Edward “¿cómo quieres que manejemos esto?”. “‘Dale con todo’, me contestó, sobre seguir buscando justicia. Y aquí estoy. No estamos jugando”.
La Organización de Estados Americanos (OEA) analiza hoy los crímenes de lesa humanidad ordenados por Nicolás Maduro para perpetuarse en el poder, tras cometer un histórico fraude electoral destinado a evitar que la coalición liderada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado recupere la democracia en Venezuela.
Por: Román Lejtman – Infobae
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentará en sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA un minucioso informe sobre los asesinatos, violaciones, torturas y persecución a la prensa ejecutados por el aparato represivo que protege al regimen populista.
La sesión extraordinaria del Consejo Permanente fue solicitada por Paraguay junto a las representaciones de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana, Panamá, Perú y Uruguay.
Y sucederá horas antes de la marcha de la oposición convocada por María Corina Machado y González Urrutia. Será un acontecimiento político que pondrá en jaque al gobierno autoritario de Maduro, que ayer designó a Diosdado Cabello como ministro de Interior y Justicia.
Diosdado Cabello, junto al ministro Vladimir Padrino, es el símbolo político de la represión ilegal en Venezuela.
La sesión extraordinaria del Consejo Permanente no fue respaldada por Brasil, México y Colombia. Estos tres países se resisten a condenar al regimen de Maduro, y ya han exhibido su posición antagónica frente al informe de la CIDH.
Hace unos días exigieron que retire de los fundamentos de un proyecto de Resolución la mención a ese dossier de la CIDH, y ahora actúan con extrema cautela diplomática ante hechos atroces y aberrantes que ya fueron denunciados por el Centro Carter, la ONU, la Unión Europea y hasta la propia OEA.
Las posiciones antagónicas entre los países que condenan a Maduro y los estados miembros que se mueven con premeditada cautela exhiben la fractura tácita en la OEA.
El foro tiene un bloque que lidera Estados Unidos junto a Canadá, Paraguay, Argentina y Uruguay, mientras que al otro lado del escenario multilateral se encuentra una entente que integran Brasil, México, Colombia y determinadas islas del Caribe que compran petróleo baratísimo en Venezuela.
La exposición de la CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) se apoyará en un exhaustivo informe que desnuda los sistemáticos crímenes contra la humanidad que ordenó Maduro y ejecutó su aparato represivo.
Ese documento oficial, publicado el 15 de agosto, se completará con la información vinculada al fallo irregular del Tribunal Superior de Justicia y los actos represivos de los últimos días.
“Entre el 28 y el 30 de julio, se registraron denuncias de abuso de la fuerza pública contra las manifestaciones. La violencia resultó en la muerte de al menos 23 personas. Información preliminar señala que las víctimas eran hombres de entre 15 y 56 años y la mayoría provenientes de zonas populares del país. Asimismo, todas habrían muerto como consecuencia de disparos de arma de fuego, algunos en la espalda o en la cabeza”, afirma el informe bajo el título Uso Arbitrario de la Fuerza.
A continuación, en el capítulo referido a Detenciones Arbitrarias y Desapariciones Forzadas, la presentación asegura: “La CIDH ha recibido información sobre un patrón de violaciones a la libertad personal. Entre el 28 de julio y el 13 de agosto, organizaciones de sociedad civil han registrado al menos 1.393 personas detenidas, incluyendo 182 mujeres; 117 adolescentes; 17 personas con discapacidad, 14 personas indígenas y 7 periodistas y trabajadores de la prensa. Se han recibido reportes de detenciones arbitrarias; desapariciones forzadas de corta duración en las que se habrían cometido actos de violencia sexual contra mujeres y otros actos que podrían constituir tortura. Las personas detenidas son trasladadas a centros de detención de manera secreta, sin que sus familias tengan conocimiento de su paradero o estado físico”.
El dossier del foro regional también hace referencia a la desaparición de la libertad de prensa en manos de los grupos de tareas que responden a las órdenes de Maduro. Se trata de un capítulo clave que permite entender cómo funciona el regimen populista:
“La RELE (Relatoría Especial para la Libertad de Expresión) ha recibido información sobre la escalada represiva y los ataques sistemáticos dirigidos contra periodistas, medios de comunicación y ciudadanos que difunden información de interés público de especial trascendencia en el contexto poselectoral. Desde el 28 de julio, se han registrado aproximadamente 108 casos de vulneraciones a la libertad de expresión, que incluyen la detención arbitraria de periodistas y trabajadores de la prensa bajo acusaciones infundadas de ´instigación al odio´ y ´terrorismo´, anulación de pasaportes, el cierre de medios, la confiscación de equipos y la deportación de personal de prensa internacional”, revela la presentación que elaboró la CIDH.
La sesión extraordinaria será informativa. No están los votos garantizados para transformar al dossier de la CIDH en un proyecto de resolución que condene los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura venezolana.
El petróleo de Maduro todavía influye en la OEA.
El Senado de Chile aprobó este martes un proyecto para solicitar a la Corte Penal Internacional que emita una orden de arresto contra Nicolás Maduro y al presidente Gabriel Boric que reconozca a Edmundo González como presidente electo.
Con 21 votos a favor, el Senado instó al Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, a proceder con la detención del mandatario venezolano.
“Pedimos que se envíe la orden de detención contra Maduro. Las torturas, persecución y la prohibición que ha generado Maduro para que los venezolanos puedan vivir en libertad, nos dan hoy en día la obligación moral de que el Senado de Chile le solicite al presidente Gabriel Boric que no solo reconozca la victoria de Edmundo González sino que además, la Corte Penal Internacional pueda detener a Maduro”, indicaron.
Dicha iniciativa fue presentada por la Asistente Consejero de Víctimas de la CPI, Macarena Solís de Ovando Gómez, como parte del equipo de representación de las víctimas del proceso ante la CPI denominado Situación en Venezuela y que es liderado por el Representante Legal de Víctimas Juan Carlos Gutiérrez.
Asimismo, la petición surge en medio de la crisis que enfrenta Venezuela luego de que Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamara el pasado 28 de julio a Nicolás Maduro como presidente reelecto con 52% de los votos frente a 43% del candidato opositor Edmundo González Urrutia, representante de la líder inhabilitada María Corina Machado.
Ante ello, la líder opositora María Corina Machado declaró fraude y presentó al país una plataforma en la que sus testigos pudieron registrar las actas que daban al candidato opositor, Edmundo González, como ganador de las elecciones.
Miles de venezolanos de varios barrios populares de Caracas y de otras regiones del país salieron a protestar en contra de la cuestionada reelección de Nicolás Maduro y para exigir al CNE las actas electorales que le dieron la victoria a Maduro.
A raíz de esto se han registrado varias muertes, desapariciones y detenciones arbitrarias.