El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) manejado por el dictador Nicolás Maduro autodeclara a Maduro como el ganador “indiscutido” de las elecciones presidenciales en Venezuela.
Dieciocho migrantes irregulares y dos ciudadanos panameños resultaron heridos el miércoles 21 de agosto cuando el autobús en el que viajaban por la Vía Interamericana de Panamá chocó con un objeto fijo, informaron las autoridades.
El Servicio Nacional de Migración dijo en un comunicado que en el autobús viajaban 50 pasajeros de diversas nacionalidades que partieron de la provincia panameña de Darién, fronteriza con Colombia, y se dirigían a la vecina Costa Rica.
«Un total de 20 personas fueron trasladadas al centro médico. De ellos, 18 son migrantes y 2 panameños. Estos dos últimos nacionales son el conductor y un custodio del Servicio Nacional de Migración», indicó esta oficina en su misiva.
El Ministerio de Salud de Panamá había dicho más temprano uno de ellos era un «herido de consideración». No se precisaron sus nacionalidades.
El grupo de migrantes atendidas en el hospital Luis «Chicho» Fábrega de Veraguas incluye a cuatro menores, de 4, 11, 2 y 10 años, quienes se encontraban en condición estable, añadió la cartera sanitaria.
Las autoridades confirmaron que el accidente tuvo lugar esta madrugada en la Interamericana, la carretera que cruza todo Panamá y lo conecta con el resto de Centroamérica, a la altura de Los Ruices, en la provincia de Veraguas, en el oeste de Panamá.
La oficina de Migración explicó que el conductor del bus perdió el control del vehículo y colisionó contra un objeto fijo, descrito por medios locales como la base de un puente peatonal.
En febrero de 2023, un total de 37 migrantes irregulares murieron y 27 sobrevivieron al vuelco de un autobús que los transportaba a la frontera con la vecina Costa Rica para que siguieran su viaje hacia Norteamérica, en el que ha sido uno de los accidentes de tráfico más mortíferos registrados en la historia del país centroamericano.
Panamá es uno de los varios países que miles de migrantes cruzan cada día en América en su viaje irregular hacia el Norte del continente en busca de una mejor vida, lo que ha generado una crisis humanitaria en la región.
En medio de este flujo, que en el 2023 sumó la cifra inédita de más de 520.000 personas llegando a Panamá tras cruzar la peligrosa selva del Darién, su frontera con Colombia, se han registrado otros accidentes de tráfico que han involucrado a migrantes y que han dejado solo personas heridas, además del siniestro fatídico ocurrido en febrero del años pasado.
El mandatario Nicolás Maduro volvió a señalar al empresario Elon Musk de estar detrás de un golpe de Estado en Venezuela. Aseguró que el dueño de la red social X, plataforma que Maduro bloqueó en el país, financió un «golpe de estado fascista». Las declaraciones las ofreció este miércoles, 21 de agosto.
«Por qué Elon Musk preparó y financió el golpe de Estado contra Venezuela? ¿Por qué el golpe de Estado, cibernético fascista y criminal? Porque le quieren quitar le quieren robar al pueblo de Venezuela su sueño, su soberanía, su libertad y su democracia», dijo Maduro desde el estado Carabobo.
Esta no es la primera vez que Maduro arremete contra Musk. Pues, el 29 de julio pasado, durante su nombramiento como presidente reelecto por el Consejo Nacional Electoral (CNE), el gobernante la emprendió contra el empresario por apoyar a la oposición, públicamente y a través de la red X, y decir que el resultado de las elecciones fue un fraude.
El oficialista dijo que Musk publicó en X un video de unas personas llevándose unas cajas y dijo que esa era la prueba en su contra, de que se robaron las elecciones. Pero, según Maduro, el video era de una gente llevándose unos aires acondicionados
La Coalición para Mujeres en el Periodismo condenó la detención de la periodista Ana Carolina Guaita, a quien presuntos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron la tarde de este martes 20 de agosto en Maiquetía, estado La Guaira.
En un comunicado en su sitio web exigieron su liberación inmediata y rechazaron la persecución contra los periodistas y medios independientes en Venezuela por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
«La detención de Ana Carolina Guaita, llevada a cabo sin justificación ni orden judicial, es emblemática de un patrón más amplio de acoso e intimidación a la prensa patrocinados por el Estado. Su detención, sumada al reciente encarcelamiento de la fotoperiodista Deysi Peña y otras mujeres periodistas, ejemplifica la represión severa y sistemática de las libertades periodísticas en Venezuela», alertó esta organización internacional.
Con Guaita son ocho los trabajadores de la prensa que están presos en el país desde el pasado mes de abril, cuando detuvieron al dirigente gremial y líder vecinal Carlos Julio Rojas en Caracas.
Después ocurrió el caso de Luis López, en junio; mientras que entre el 30 de julio y el 20 de agosto han ocurrido las aprehensiones de Paúl León, Yousner Alvarado, Deisy Peña, José Gregorio Camero y Ana Carolina Guaita.
El Women Press Freedom «ha documentado un alarmante aumento de las violaciones a la libertad de prensa en el país, que incluyen agresiones físicas, múltiples detenciones y acoso por parte de las autoridades. Estamos profundamente preocupados por Ana Carolina Guaita y pedimos al Sebin que revele de inmediato su paradero y la libere. La persecución estatal de los periodistas independientes debe terminar», reclamaron en su sitio web.
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El pasado jueves 15 de agosto, la Asamblea Nacional aprobó en segunda discusión la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro”, normativa que, según el criterio de representantes de ONG y defensores de derechos humanos, pone en riesgo el derecho a la libertad de asociación, la libertad de expresión, la participación en asuntos públicos y otros derechos establecidos en la Constitución, leyes nacionales y tratados internacionales.
El abogado y codirector de la organización Acceso a la Justicia, Alí Daniels, señaló que entre el articulado de la ley destaca que las ONG deben cumplir con una serie de requisitos administrativos para que puedan autorizar su funcionamiento.
“La ley no reconoce los derechos adquiridos de las organizaciones y obliga a que todas vuelvan a inscribirse en un registro para poder tener personalidad jurídica, exigiendo una serie de requisitos que pueden permitir que un funcionario niegue esa inscripción de manera arbitraria, y además que organizaciones que puedan ser molestas al Gobierno, no se puedan legalizar (…) Además, este tema de la inscripción no se acaba ahí. Porque una vez que se inscriba, y en el supuesto de que le acepten todos los documentos, anualmente tiene que entregar otros documentos, por lo cual la vida de la organización va a depender de esa revisión anual”, dijo Daniels.
El abogado añadió que una tercera parte de las normas que contiene la ley son de carácter punitivo, es decir, sancionatorias. Especificó que el documento contempla seis tipos de sanciones: multas, anulación de registro, medida preventiva de suspensión, disolución, anulación del registro de las organizaciones no domiciliadas y expulsión del país de personas extranjeras miembros de una organización no domiciliada.
“Se establecen unas multas que para nosotros tienen carácter confiscatorio, porque por una primera falta son de 100 a 1000 dólares, el término medio serían 500 dólares, y si hay una segunda falta, sería de hasta 10.000 dólares la multa”, añadió Daniels.
De acuerdo a un documento publicado por Acceso a la Justicia sobre los aspectos más resaltantes del instrumento legal, destacan que algunas de las causas de sanción que establece la ley son: incumplir con el registro oportuno de los actos y hechos previstos en la ley (artículo 35.1) e incumplir con la obligación de notificar de una donación o financiamiento (artículo 35.2), entre otros motivos.
En este análisis realizado por Acceso a la Justicia, exponen que la ley obliga a todas las organizaciones a reformar sus actas constitutivas imponiéndoles condiciones y modalidades específicas (artículo 13 y disposición transitoria segunda).
Asimismo, indican que otra de las obligaciones que establece el instrumento legal para las organizaciones ya constituidas es entregar ciertos recaudos dentro de los 90 días de entrada en vigencia de la ley, esto es, una vez publicada en Gaceta Oficial. Los recaudos serían: un inventario de sus bienes con determinación de sus fuentes y origen, balances contables, estados financieros, relación de donaciones con identificación de donantes, nombres de todos sus asociados, entre otros (artículo 26).
Cierre del espacio cívico
Para la especialista en derechos humanos, Beatriz Borges, la aplicación de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, tendría un impacto directo en el cierre del tejido social y el espacio cívico en Venezuela.
“Se estarían violando tratados internacionales de derechos humanos y también nuestras leyes y nuestra Constitución que garantizan el derecho a la asociación, la libertad de expresión, el derecho a la defensa y a defender derechos. Y se está violando, de manera arbitraria, la capacidad de las organizaciones de ser autónomas, independientes y poder realizar su labor sin violencia, sin coacción, sin una regularización excesiva”, afirmó Borges.
Sobre esto, el codirector de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, agregó que la ley vulneraría el derecho de participación en asuntos públicos. Precisó que de acuerdo con los estándares internacionales, hay dos grandes tipos de asociaciones: las asociaciones de derechos y las asociaciones de hecho.
“Las asociaciones de derechos, que son las que tienen personalidad jurídica, están inscritas en un registro. Y las asociaciones de hecho, que son organizaciones de personas que están haciendo algo, pero no están inscritas en ninguna parte. De acuerdo con la ley, solo podrán intervenir en asuntos públicos las que estén inscritas”, explicó.
Sectores vulnerables serán los más afectados
Ambos especialistas coincidieron en que, con la aplicación de esta ley, los más afectados serán las poblaciones vulnerables que han sido impactadas por la situación de Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa Venezuela y cuyas necesidades son atendidas por diferentes organizaciones no gubernamentales.
“Las organizaciones y la sociedad civil son muy amplias. Desde las organizaciones humanitarias que ayudan en el tema de la alimentación hasta organizaciones que trabajan con temas de derechos humanos y defienden a personas detenidas, torturadas, desaparecidas. Organizaciones que trabajan con salud, que defienden a niños, niñas y adolescentes, que trabajan con los animales, las iglesias. Todo el mundo se va a ver afectado y toda la sociedad por esta situación que viola los derechos humanos, el derecho a la libertad de asociación”, apuntó Borges, especialista en derechos humanos.
Por su parte, Daniels indicó que al aumentar el número de requisitos administrativos que deben consignar anualmente, la estructura de costos de las organizaciones también sufrirá un impacto que incidirá en la ayuda que puedan ofrecer. “Por ejemplo, si a una organización se le dan 100 dólares para medicinas para zonas populares, y de esos 100 dólares se destinaba un dólar para gastos administrativos, ahora va a tener que destinar más y eso quiere decir que de esos 100 dólares, menos cantidad va a llegar a los necesitados. Los más afectados van a ser los más necesitados, porque la ayuda humanitaria que se encuadra desde Naciones Unidas tiene como meta a estas personas que son las más golpeadas por la Emergencia Humanitaria”, resaltó el codirector de Acceso a la Justicia.
Fórmula de Nicaragua
Daniels consideró que esta ley abre el camino a una situación parecida a la de Nicaragua, donde cientos de organizaciones han sido ilegalizadas.
En esto está de acuerdo Borges, quien opinó que la ley busca emular lo que ha sucedido con las organizaciones no gubernamentales en ese país centroamericano.
“En un contexto autoritario como el de Nicaragua se busca eliminar a toda la disidencia y, justamente, con el efecto del registro, si bien es cierto se está cerrando de facto las organizaciones, porque además puede no haber respuesta del Estado y ya de por sí las condiciones que establece la ley, hace que las organizaciones se estén planteando su propia existencia. Entonces, definitivamente es una emulación de lo que pasa en Nicaragua y vemos allí los efectos de lo terrible que es que se cierre el espacio cívico y cómo esto es característica y es una receta de los gobiernos autoritarios”, aseveró Borges.
El pasado 19 de agosto, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los EEUU, Brian Nichols, se pronunció sobre esta nueva ley en Venezuela.
“La nueva ley de Maduro y sus representantes para controlar a las ONG venezolanas es un ataque directo contra la sociedad civil y la libertad de asociación, socava la democracia e impide la participación ciudadana en los espacios cívicos. Esta acción solo aislará aún más a Maduro de la comunidad mundial”, escribió en su cuenta en X.
La líder opositora María Corina Machado retó este jueves al Tribunal Supremo de Justicia -TSJ-, controlado por Nicolás Maduro, a que imprima actas falsas de las elecciones presidenciales y ratifique la supuesta victoria del gobernante chavista.
En un breve mensaje en X, la coordinadora nacional de Vente Venezuela manifestó: «TSJ: échenle bola».
Está previsto que la máxima corte del país, acusada de intentar usurpar funciones del Consejo Nacional Electoral, tome una decisión tras un supuesto peritaje de las actas del 28 de julio.
Este proceso lo hacen los magistrados de la Sala Electoral, a pesar de que atenta contra la constitución y de que el propio CNE tiene sus mecanismos para demostrar si Maduro realmente ganó la contienda.
El sábado 17 de agosto, en una protesta masiva en Caracas, la dirigente ya había asomado la posibilidad de que el régimen de Maduro imprimiera actas falsas. Exigió además una verificación internacional independiente de los resultados.
«Les voy a decir algo: por ahí hay gente que dice que en tres semanas ya pueden haber impreso actas falsas. Ojalá. Échenle bolas, impriman actas falsas», expresó Machado ante la multitud que se concentró en el este de Caracas.
Ante eso, las personas acompañaron el reclamo: «¡Échenle bola, échenle bola, échenle bola». Los opositores, blanco de amenazas y persecución por parte del régimen chavista, manifestaron no tener miedo. Confían en que el final será una transición hacia la democracia.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) ha registrado las detenciones de seis periodistas luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, tras las cuales se desató una crisis política en el país, según informó a EFE este miércoles el secretario general de la unión, Marco Ruiz.
El caso más reciente -explicó- es el de la periodista Ana Carolina Guaita, trabajadora del medio digital La Patilla, quien fue detenida en horas de la tarde del martes cuando se encontraba cerca de su residencia en el estado La Guaira, cercano a Caracas.
Según sus familiares, se cumplieron 24 horas desde el arresto sin que se conozca el paradero de la reportera ni las razones que motivaron su detención, llevada a cabo -de acuerdo al SNTP- por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
El sindicato recordó que una decena de periodistas están tras las rejas en el país, cuatro de ellos detenidos en los meses anteriores a las elecciones, algunos durante la cobertura de actividades de campaña.
Al menos cuatro periodistas, detalló el SNTP, han sido imputados por el delito de «terrorismo» tras ser detenidos durante las protestas contra el resultado oficial de los comicios, que ratificó a Nicolás Maduro como presidente electo para un tercer período consecutivo.
A través de X, la gremial ha alertado de un «uso ilegal y arbitrario de las leyes antiterrorismo (…), especialmente contra los periodistas y reporteros gráficos detenidos durante las protestas postelectorales».
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó el pasado 14 de agosto la imputación de este delito y condenó el aumento de las detenciones arbitrarias, censura y bloqueos contra la prensa en la nación caribeña.
Edmundo González le envío un mensaje al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) chavista tras conocerse que la mañana de este jueves ofrecerán declaraciones al país.
A través de las redes sociales, González “Señores del TSJ: Ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis”.
Asimismo, agregó “los venezolanos no estamos dispuestos a renunciar a nuestra libertad ni a nuestro derecho a cambiar en paz para vivir mejor”.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha subrayado la falta de independencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela en relación con el proceso electoral del pasado 28 de julio.
En su reciente decisión, la Misión de Determinación de los Hechos señaló que el TSJ necesita auditar los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral.
La misión advirtió sobre la carencia de independencia e imparcialidad tanto del TSJ.
Un nuevo incidente violento ha sacudido el municipio de Lérida. La pasada medianoche, una pelea en un bar de la calle Boters escaló hasta el punto de que un hombre fue apuñalado en el brazo izquierdo con una botella rota, según ha informado el diario ElCaso.com. El suceso ocurrió cerca de la calle Cavallers, un área que recientemente ha sido escenario de otro enfrentamiento grave.
La Gaceta de la Iberosfera
El altercado de este miércoles involucró a varias personas, entre ellas los agresores, de origen magrebí, y la víctima, de origen subsahariano, según fuentes consultadas por el medio mencionado. La agresión tuvo lugar en las inmediaciones del bar Quatre Cantons, frente a un aparcamiento en un barrio que, según vecinos y la policía, se ha vuelto un foco de conflictos en la ciudad, al pie de la Seu Vella. Aunque los Mossos d’Esquadra fueron alertados sobre el incidente, no se ha efectuado ninguna detención hasta el momento.
Este no es el primer episodio violento en la zona. En el mismo barrio, durante la madrugada del martes, se produjo otro apuñalamiento en la calle de Cavallers. En esa ocasión, una discusión entre dos hombres de origen subsahariano, que se conocían previamente, terminó en tragedia. Uno de ellos atacó al otro con un cuchillo, hiriéndolo gravemente en la clavícula antes de huir. La víctima, que perdió mucha sangre, fue auxiliada por agentes de policía hasta la llegada de los servicios médicos del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que lo trasladaron al Hospital Arnau de Vilanova de Lérida.