En un comunicado, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la crisis que enfrenta el sistema penitenciario en Venezuela, especialmente tras las recientes declaraciones de Nicolás Maduro sobre la transformación de las cárceles de Tocorón y Tocuyito en centros de reclusión de máxima seguridad.

Por: La Patilla / Con información de OVP

Según el mandatario, estas instalaciones se utilizarán para encarcelar a miembros de la sociedad civil, periodistas, defensores de derechos humanos, abogados y dirigentes políticos que se opongan al régimen.

Las cárceles de Tocorón y Tocuyito han sido históricamente epicentros de corrupción, violencia y violaciones de derechos humanos. En 2023, el Estado venezolano intervino estas y otras cinco prisiones, trasladando a más de 8 mil reclusos a otros centros. A pesar de las promesas del ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, de que estos traslados serían “temporales y circunstanciales”, las condiciones para los detenidos y las infraestructuras carcelarias no han mejorado.

Casi un año después de la intervención, la situación se ha vuelto aún más preocupante. Humberto Prado, director del OVP, criticó duramente la decisión de convertir Tocorón y Tocuyito en prisiones de máxima seguridad, señalando la incapacidad del Ministerio para el Servicio Penitenciario de clasificar adecuadamente a los reclusos para tales instalaciones. Prado calificó esta iniciativa como la “Locademia de Política Penitenciaria”, subrayando que la clasificación penitenciaria debe basarse en evaluaciones individualizadas que consideren el perfil psicológico y los riesgos asociados a cada detenido.

Además de la falta de capacidad para realizar una clasificación adecuada, el OVP advirtió sobre el peligro que representa tratar a los presos políticos como presos sociales. Los presos políticos, encarcelados por razones ideológicas o políticas, no deberían ser sometidos a las mismas condiciones que los reclusos por delitos comunes, ya que esto viola principios fundamentales de derechos humanos y expone a los presos políticos a un entorno hostil y violento.

El OVP también subrayó la necesidad de condiciones de detención que respeten la dignidad y los derechos de los presos políticos, como acceso a visitas, asistencia médica y apoyo legal. En este contexto, el Observatorio exigió la liberación inmediata e incondicional de todos aquellos que han sido encarcelados arbitrariamente por motivos políticos, señalando que su detención perpetúa la represión estatal y socava los valores democráticos en Venezuela.

La declaración del OVP no solo revela las deficiencias del sistema penitenciario venezolano, sino que también hace un llamado a la comunidad internacional para que preste atención a la situación de los derechos humanos en el país y exija responsabilidades al régimen.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ha rechazado este jueves la propuesta planteada por los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente, de repetir las elecciones presidenciales en Venezuela, después de las denuncias de fraude de la oposición tras la proclamación de Nicolás Maduro como ganador de los comicios.

La Gaceta de la Ibeorsfera

«Se va a una segunda elección y, si no gustan los resultados, ¿qué vamos, a una tercera? ¿Y a una cuarta? ¿Y una quinta hasta que le gusten los resultados a Maduro? ¿Aceptarían eso ustedes y en sus países? Que si el resultado no es satisfatoria, ¿entonces se repite una elección?», ha cuestionado en una entrevista cuyo extracto ha compartido a través de su perfil en la red social X.

Asimismo, ha reiterado que su candidato, Edmundo González, ganó las elecciones a pesar de «las reglas de la tiranía» y de que les advirtieran de que «iba a haber un fraude monumental» que no iban a «poder probar». «Nosotros confiamos en la organización ciudadana. Hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar. Otros fueronasesinados. Hoy en día están presos, escondidos», ha criticado.

«Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron», ha hecho hincapié Machado. En esta misma línea se ha expresado el excandidato opositor: «Las elecciones presidenciales en Venezuela se realizaron el pasado 28 de julio y las ganó abrumadoramente Edmundo González Urrutia. Reiteramos nuestro compromiso con la democracia, la paz y con Venezuela».

Activistas de derechos humanos en Venezuela encendieron alertas por la nueva ley de fiscalización de oenegés, aprobada el jueves por el Parlamento, al considerar que “profundizará la persecución” de críticos del presidente izquierdista Nicolás Maduro en medio de denuncias de fraude en su reelección.

AFP

El unicameral Parlamento, controlado por el gobernante chavismo, votó unánimemente a favor de esta ley, que ordena a las Organizaciones No Gubernamentales a inscribirse en un registro manejado por el Ministerio de Interior y hacer una “relación de donaciones” para su funcionamiento, en la que deben precisar si los fondos vienen de fuentes nacionales o extranjeras.

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Forma parte de un paquete legislativo solicitado por Maduro tras protestas contra su proclamación como ganador de las elecciones del pasado 28 de julio, que dejaron 25 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos.

“La ley tiene una intención punitiva”, dijo en una declaración a la prensa Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, quien estimó que unas 10.000 organizaciones de este tipo hacen vida en el país.

Una vez se publique la legislación en Gaceta Oficial, las oenegés tendrán 90 días para inscribirse en el nuevo registro y 180 días para reformar estatutos a fin de adaptarlos a la normativa aprobada, sin plazos para la respuesta del Estado.

“Va a ser una espada de Damocles (…). Todas las organizaciones que existimos ahora vamos a quedar a la discrecionalidad, por no decir arbitrariedad, de un funcionario”, advirtió Daniels.

Es “un golpe” para “controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y el país (…), amenazando con disoluciones y multas millonarias a las ONG que ya estamos consolidadas y cumplimos decenas de leyes e impuestos”, criticó en un comunicado en la red social X la organización de derechos humanos PROVEA.

“Alertamos a la comunidad internacional sobre esta Ley que profundizará la persecución a las voces disidentes y silenciará el espacio cívico”, agregó.

Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, sostuvo que esta norma “concreta la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil”.

“Línea de defensa”

Las oenegés han sido claves en las denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela, entre la opacidad de las fuentes oficiales.

Son a la vez blanco frecuente de ataques de altos funcionarios gubernamentales, que suelen acusarlas de funcionar como “fachadas” para conspirar contra Maduro con financiamiento de Estados Unidos y otros países.

Esta ley, de hecho, fue planteada en enero de 2023 por el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, quien acusó a más de 60 oenegés de “desestabilizar” el país.

“Busca eliminar una línea de defensa que tienen los venezolanos, que en estos 25 años (con el chavismo en el poder) ha acompañado a las víctimas”, comentó a la AFP el abogado de derechos humanos Eduardo Torres.

“Aprueban esta ley en un contexto de profundización de la represión poselecciones”, expresó Torres.

El incumplimiento de la nueva ley implica multas que pueden llegar a 10.000 dólares. Son, en realidad, “multas confiscatorias”, sostiene Daniels.

Hay normativas similares en la región en Cuba, Nicaragua, Guatemala y Bolivia.

“Esta ley, lamentablemente, nos está poniendo en el camino de Nicaragua”, refirió Daniels, refiriéndose al cierre de más de 3.600 oenegés desde que la administración de Daniel Ortega endureció el marco legal para su funcionamiento tras masivas protestas en 2018.

“Campañas de odio”

El paquete de leyes pedido por Maduro incluye también una para “castigar” al “fascismo”, término con el que el oficialismo suele calificar a sus detractores.

Se planteó igualmente en la Asamblea Nacional una ley de redes sociales, que según Maduro son utilizadas para “campañas de odio”. El mandatario ordenó suspender X por 10 días y promueve un boicot contra WhatsApp.

Plataformas de información y entretenimiento han sido bloqueadas por proveedores de Internet.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, había instado a las autoridades a frenar la aprobación de “leyes que socaven el espacio cívico y democrático” y expresó preocupación por las masivas detenciones.

Su portavoz, Ravina Shamdasani, describió un “clima de miedo” en el que “es imposible aplicar los principios democráticos”.

Denuncian detenciones arbitrarias de adolescentes que no tenían relación con las protestas postelectorales en Venezuela, ni con actos de violencia. Algunos apenas caminaban cerca de fuerzas de seguridad, según sus familiares. ONG y voceros internacionales exigen liberarlas inmediatamente.

La Voz de América

Adrián (*), un adolescente venezolano detenido en Caracas entre protestas populares contra los resultados electorales de su país, estuvo ocho días sin poder ver a su madre. El estudiante de bachillerato, de 16 años, se mantuvo muchas noches en vela en un cuarto oscuro de una instalación policial, sin ventilación y entre reos adultos. Asegura ser inocente.

No estaba participando de las manifestaciones contra la disputada proclamación de Nicolás Maduro como ganador de la elección presidencial del 28 de julio, sólo “venía caminando” por una calle caraqueña cuando un grupo de policías lo detuvo, sin pruebas, afirmó su mamá, Leticia Torrealba, empleada de una cadena de cines en la capital venezolana.

Hasta este jueves, dos semanas después de su arresto, aún no sabía quién era su defensor público asignado ni los cargos que le imputan. Sólo escuchó versiones extraoficiales de que sería acusado, junto a otros detenidos, de terrorismo, incitación al odio y alteración del orden público.

“Son inocentes, que no saben nada de eso. Es una cosa absurda”, dijo a la Voz de América su madre, llorosa, la mañana del jueves. Sus vecinos le están ayudando a cocinar para llevarle comida a su hijo hasta su sitio de reclusión.

Policías y militares han detenido a 117 adolescentes, todos entre 14 y 17 años, en medio de cientos de arrestos de manifestantes y disidentes del gobierno de Maduro en la crisis postelectoral en Venezuela, de acuerdo con Foro Penal, una ONG que asiste gratuitamente a detenidos por razones políticas.

Según la organización venezolana, hay 1.406 detenciones verificadas en todo el país por protestar contra el resultado de la elección. Maduro dice haber arrestado a más de 2.000 personas, tildando a su mayoría de “terroristas”.

Defensores locales e internacionales de los derechos humanos han levantado su voz contra las imputaciones de adolescentes ante tribunales dedicados exclusivamente a tratar delitos de terrorismo, así como la incomunicación con sus familiares, la negación de abogados privados o de confianza y sus traslados a cárceles comunes.

Volker Türlk, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, expresó este lunes su preocupación por la detención arbitraria de tantas personas, entre ellas manifestantes, testigos electorales, activistas políticos y adolescentes.

A protegerlos, sin limitarlos

Carlos Trapani, coordinador de CECODAP, una organización que desde 1984 trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de la niñez y adolescencia en Venezuela, advierte sobre un “patrón” de criminalización a las acciones de protesta en el país.

Reivindica el derecho de todo ciudadano, incluidos los niños y adolescentes, de opinar, reunirse, asociarse e incluso manifestarse en protesta pacífica, segura y sin armas y el deber del Estado de garantizarla, según lo establecido en la Constitución nacional.

Trapani, abogado, dice que han identificado violencia física y psicológica contra adolescentes de parte de agentes de cuerpos de seguridad. Las detenciones han ocurrido especialmente en zonas populares, precisa.

Los lapsos de presentación en tribunales deben ser especialmente breves, “no mayor de 24 horas”, en el caso de adolescentes, dice, denunciando la incomunicación de la mayoría de los detenidos como un “trato cruel e inhumano” por parte de las autoridades.

Lamenta las imputaciones por terrorismo, incluso en anuncios públicos y generales, “sin haber desarrollado un proceso de investigación exhaustivo” que lo compruebe.

No obstante, Trapani llama a la familia venezolana a la prevención y protección de sus niños y adolescentes, sin que ello signifique limitar el ejercicio de sus derechos.

“Es una niña muy noble”

Victoria, una estudiante de 16 años, integrante de la orquesta sinfónica de su ciudad, apasionada de la música, fue detenida arbitrariamente en Caracas por fuerzas de seguridad el lunes 29 de julio, un día luego de la elección presidencial, asegura su madre.

La joven sabe tocar el cuatro, compone canciones, le encanta la guitarra, acaba de avanzar al último curso de bachillerato y sueña con estudiar en un conservatorio musical.

“Es una niña muy noble, muy empática, muy humanitaria”, dice su madre, Carmen, en un video publicado en las redes de Foro Penal, en el que pide su liberación y niega su culpabilidad. Fue apresada cuando “salió a caminar” con una prima, describe.

La última vez que vio a su hija fue el día de su arresto, contó.

La misión internacional independiente de determinación de hechos sobre Venezuela, activada por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, advirtió a principios de este mes que los detenidos durante las protestas postelectorales en Venezuela están “desprotegidos” ante el sistema de justicia del país sudamericano.

Esa instancia dijo haber recibido información “especialmente preocupante” sobre detenciones de más de 100 niños, niñas y adolescentes, “que han sido imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas”, sin la presencia de sus tutores.

Reclamó “con firmeza” la obligación de garantizar que los niños, niñas y adolescentes detenidos “sean tratados con estricto apego a las normas internacionales de protección” y “respetando su interés superior”, según Francisco Cox, experto integrante de la misión.

Un adolescente fallecido

Al menos 1 de los 23 fallecidos durante las protestas por los resultados electorales es adolescente, de acuerdo con la ONG Monitor de Víctimas. Se trata de Isaías Fuenmayor, de 15 años, quien recibió un disparo en una concentración en Zulia, el 29 de julio.

Se señala como su asesino a un miembro de los grupos armados del chavismo, conocidos como “colectivos”. Según reseñas de la prensa local, no formaba parte de la protesta, con la que se topó después de participar en ensayos para una fiesta de 15 años. Fuenmayor estudiaba segundo año de bachillerato y era el tercero de cuatro hermanos.

Edicson José Arévalo, uno de los adolescentes arrestados, sufrió una parálisis facial después de su detención en Barinas, el 2 de agosto, de acuerdo con la ONG de la región llanera Fundehullan.

Las autoridades no se percataron de su condición sino 8 días después de su arresto dentro de una instalación militar, cuando lo trasladaron al centro de atención de varones de ese estado, indicó la asociación civil.

Como en todos los casos denunciados, exigen su liberación inmediata.

“He acudido al máximo tribunal para que la Sala Electoral proceda a avocarse en la resolución del contencioso electoral del domingo 28 de julio (…) y establezca con absoluta claridad y sentencia legal los resultados definitivos que me dan como ganador”. De esta manera Nicolás Maduro explicó, el pasado 1 de agosto, su inédita decisión de acudir al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que sea esa instancia la encargada de resolver las dudas en el anuncio de su reelección. El TSJ no tardó en atender la petición, a pesar de que con ello echó por tierra su propia jurisprudencia.

Suprema Injusticia

Hace más de una década, la Sala Electoral recibió un recurso contencioso electoral, la misma figura que interpuso Maduro, de un grupo de trabajadores de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (Fundacomunal), en el que se le solicitaba que asumiera las funciones de la Comisión Electoral de la Caja de Ahorros del organismo y “proceda (…) a levantar el acta de totalización de escrutinios definitiva y en consecuencia (efectúe) la proclamación, juramentación y toma de posesión de los legítimos vencedores”. Esto, en virtud de que denunciaban que dicha comisión había desplegó una “actuación irregular” y había incumplido el “cronograma electoral”.

Pese a que corroboró algunos de los señalamientos, el TSJ rechazó la petición de los accionantes. ¿La razón?

“La totalización, adjudicación y proclamación constituyen actos que eventualmente podrán ser impugnados por quienes consideren afectados sus derechos e intereses, esta Sala Electoral no estima conveniente sustituirse en las atribuciones que le corresponde cumplir a la Comisión Electoral de los Empleados de Fundacomun, pues con ello se limitaría el acceso a la justicia de posibles interesados en efectuar tal impugnación al encontrarse este órgano jurisdiccional imposibilitado de revisar sus propios actos, razón por la cual resulta forzoso desechar la solicitud de sustitución formulada por la apoderada judicial de la parte recurrente”, se lee en el dictamen número 136 que la instancia dictó el 16 de octubre de 2013.

Sin embargo, aunque declaró “inadmisible” la solicitud, la instancia en esa ocasión ordenó a la Superintendencia de Cajas de Ahorros que designara cuatro nuevos miembros de la Comisión Electoral denunciada para que concluyera el proceso.

En su dictamen la Sala Electoral dejó claro que no su rol no era contabilizar votos ni adjudicar ni proclamar candidatos, pues de hacerlo aquellos que no estuvieran satisfechos y quisieran impugnar ese proceso se quedarían sin dónde acudir, porque ya la sala había adelantado opinión.

No es la primera vez que la Sala Electoral se desdice para favorecer al Gobierno

La Sala Electoral del TSJ no ha tenido reparos en el pasado para echar a la basura la jurisprudencia que ha venido construyendo, si eso es necesario para favorecer los intereses del Gobierno.

Un caso emblemático fue lo ocurrido con su decisión de suspender cautelarmente la posesión de los diputados a la Asamblea Nacional por el estado Amazonas, que fueron electos en diciembre de 2015, bajo unas denuncias de presunto fraude formuladas por el oficialismo.

Con esa resolución la Sala Electoral del TSJ rompió un criterio que venía manteniendo desde 2005, cuando dictaminó:

“El sufragio, tanto en sentido activo –elegir– como pasivo –ser elegido–, no se agota en el simple hecho de votar o resultar electo, sino que debe extenderse a su reconocimiento y, en algunos casos, a la entrega misma del poder al magistrado que ha sido electo, puesto que su desconocimiento o negativa de entregar el poder al funcionario electo, resulta, a efectos prácticos, una flagrante violación del referido derecho constitucional”.

Y en ese mismo dictamen, en el cual se respondió un amparo que los miembros electos de una junta de vecinos interpusieron contra los salientes (por cuanto los últimos se negaban a entregarles la administración del organismo) la Sala Electoral apuntó:

“La fase de ‘proclamación’, no solo debe entenderse como un pronunciamiento del órgano electoral competente sobre el conocimiento de un determinado resultado electoral, sino que, necesariamente, debe incluir la investidura del elegido, cualquiera sea la modalidad de ésta: juramentación, entrega de credencial, posesión efectiva del cargo, etc”.

Un proceso en que las irregularidades no dejan de producirse

La jurisprudencia antes mencionada fue esgrimida por el excandidato presidencial de Centrados y exvicepresidente del CNE, Enrique Márquez, para solicitar al TSJ que anule todas sus actuaciones. “La admisión (de la petición de Maduro) fue un error, pero el proceso en sí es un error gravísimo”, afirmó el dirigente.

Enrique Márquez denunció que hasta el momento sigue sin tener acceso al expediente y no le han permitido tener una copia del recurso contencioso electoral interpuesto por el aspirante a la reelección.

“Nos han dicho que no, que el expediente está en manos de un magistrado y que es imposible sacarlo. ¿Cómo seguir en un proceso donde no se conoce el documento del demandante? No sabemos qué solicitó, no sabemos a quién demandó”, dijo.

Y si lo anterior no fuera suficiente, el dirigente reveló que el TSJ tampoco ha aceptado los escritos que ha presentado hasta ahora.

Estas irregularidades sirvieron al político para afirmar que el inédito proceso que conduce la Sala Electoral es “están opaco como el CNE”. “Si el CNE es opaco, porque no ha querido publicar los resultados desagregados mesa por mesa, la Sala Electoral está tan opaca como el CNE al no permitir acceso a un expediente que tiene en vilo a todo el país”, zanjó.