Si la esperanza fuera una mercancía, estaría cotizándose alto en Venezuela actualmente. Desde que el enfoque internacional hacia la crisis venezolana se transformó de maximizar la presión sobre el régimen de Maduro mediante sanciones, amenazas y aislamiento diplomático hacia una solución negociada del conflicto, el pueblo venezolano ha permanecido firme en su determinación de llevar el proceso hasta una elección, ahora programada para el 28 de julio.
Por: Keith Mines – United States Institute of Peace
Pero el panorama general puede ser menos sobre una sola elección y un candidato especifico, que sobre la arquitectura para la reconciliación que los venezolanos necesitan para reconstruir su país después de décadas de guerra política y social que han dejado al país agotado. Lo que se necesita es un acuerdo nacional más amplio sobre coexistencia, que defina el lugar de todos los partidos políticos y facciones sociales y las fuerzas de seguridad en el paisaje político del país, en lo que necesariamente será un proceso largo y complicado de reconciliación. Lo que no necesita incluir, y los venezolanos han estado decididos a evitar, es la violencia generalizada que ha afectado a la mayoría de los casos similares alrededor del mundo.
De la Presión para el Cambio de Régimen hacia los Incentivos para Elecciones
Los enfoques internacionales hacia Venezuela han pasado por varias fases, todas partiendo del punto que los actores extranjeros no serían dueños del futuro del país, sino que intentarían dirigirlo hacia la democracia y los mercados libres. En la primera fase, la comunidad internacional aplicó presión moderada sobre Venezuela para tratar de moverla hacia la democracia, mientras mantenía relaciones diplomáticas y comerciales. En 2017, hubo un giro hacia la máxima presión y el establecimiento de un gobierno alternativo en un esfuerzo por apoyar a la oposición a derrocar el régimen, con los Estados Unidos y muchos países rompiendo relaciones con Venezuela en el proceso. Desde 2020 los países han estado reanudando su contacto con el gobierno de Nicolás Maduro y Estados Unidos ha cambiado su una política exterior hacia una de levantamiento selectivo de sanciones como parte de un proceso negociado de reconciliación que llevaria a una elección libre y justa. A través de todo esto, el pueblo venezolano estuvo generalmente en contra de las sanciones nacionales y a favor de las elecciones, pero también a favor del cambio, por lo que las políticas actuales probablemente sean las más alineadas con la voluntad del pueblo. Esta política medida está dando sus frutos, pero ahora ha alcanzado sus límites naturales.
Cuando las Elecciones No Son Suficientes
Lo que se necesita ahora no es desmantelar el arduo trabajo que se ha hecho para la elección actual, sino aceptar que el proceso electoral por sí solo es insuficiente. Esta idea se remonta a un período anterior de conflicto político en 2003, cuando los negociadores del Centro Carter y analistas Francisco Diez y Jennifer McCoy, habiendo pasado largos períodos de tiempo intentando negociar una solución a las crisis políticas y sociales del país, concluyeron que el “código” de las elecciones es “la eliminación del otro.” El concurso electoral de la época era un referéndum revocatorio, que Diez y McCoy vieron que sería utilizado por la oposición, si llegaba al poder, para borrar el chavismo, mientras que el difunto Hugo Chávez lo veía como una forma de eliminar a los oponentes de su proyecto revolucionario y consolidar el poder. En su libro, International Mediation in Venezuela, McCoy y Diez concluyen: “Ninguno de ellos está pensando en la coexistencia después de las elecciones.”
Lo que se necesita es un marco o arquitectura más amplia que ancle el proceso de reconciliación y le dé un estado final viable, dentro del cual el camino electoral pueda retomar su primacía. Una elección en Venezuela sin un acuerdo marco más amplio para gobernar y una visión nacional llevaría a un camino que no solo sería dificil, sino probablemente intransitable.
El Modelo de Punto Fijo
No sería la primera vez que Venezuela encuentra una salida a un conflicto político polarizador. Diez y McCoy describen cómo la “democracia modelo” de Venezuela durante las cuatro décadas desde 1958 hasta 1998 se basó en el Pacto de Punto Fijo, un acuerdo entre los tres principales partidos políticos, con la participación del ejército y los sindicatos. El acuerdo comprendia la repartición del poder, la reconciliación de antiguos antagonismos, el respeto a las libertades individuales, el rol del Estado en el crecimiento económico, la distribución de la riqueza y la política exterior. Como sugieren Michael Penfold y Javier Corrales, estableció “los términos de la competencia política democrática después de años de dictadura.”
Aunque el acuerdo trajo una paz relativa al país durante cuatro décadas, en las últimas dos se fue degradando. No incluía partidos lo suficientemente amplios, excluyendo a la extrema izquierda, y como señalan Penfold y Corrales, se basaba completamente en una ideología económica estatista, dejando al país incapaz de seguir el ritmo de las tendencias económicas globales cambiantes. El descontento creció, resultando en la elección de Chávez en 1998, desmantelando el acuerdo y arrojando al país a una crisis perpetua y décadas de guerra civil de baja intensidad.
Modelos de Reconciliación
Se han presentado varias propuestas de reconciliación en los últimos meses.
El ex Canciller colombiano, Álvaro Leyva, propuso que algo similar al Frente Nacional que los partidos políticos en Colombia negociaron a finales de la década de 1950 para poner fin a una década de violencia podría adaptarse a Venezuela, con los dos partidos del país acordando un sistema de gobernanza compartida y alternancia de poder durante un largo período. Basándose en la experiencia posterior de Colombia en su propio proceso de paz, el presidente colombiano Gustavo Petro ha sugerido un referéndum que permitiría a la ciudadanía afirmar principios básicos de reconciliación y coexistencia nacional junto con la elección.
El analista Francisco Rodríguez sugirió en un artículo reciente de Foreign Affairs que “la salida de la crisis actual de Venezuela es… a través de un acuerdo político incluyente que permita la coexistencia de las facciones en competencia del país.” Las elecciones por sí solas, sugiere Rodríguez, “no producen democracias estables. La democracia requiere instituciones que restrinjan el poder del estado, preserven un papel para las minorías políticas y eviten que los líderes electos usen su autoridad para marginar a sus oponentes.” Recomienda usar el proceso de negociación actual de Barbados, pero mejorado para “usar estrategias de mediación de paz y resolución de conflictos,” en pro de llevar a las partes a negociar reformas institucionales que hagan inevitable la repartición del poder.
En el plan de Rodríguez, “las negociaciones procederían en dos carriles: uno dirigido a una reforma política integral, el otro centrado en la emergencia humanitaria inmediata.” El primero involucraría una especie de “gobierno de unidad nacional” después de las elecciones de 2024 — “con profesionales no partidistas liderando el ministerio de finanzas, el banco central y la industria petrolera estatal, que pueden sentar las bases para una gran recuperación económica.”
“Con un objetivo de coexistencia, en lugar del triunfo de un grupo sobre otro,” sugiere Rodríguez, “los negociadores pueden llegar a puntos de comun acuerdo en reformas que ambas partes consideren una victoria. Si un acuerdo garantiza tanto a los herederos del movimiento político de Chávez como a sus oponentes la oportunidad de participar en la política venezolana, en lugar de amenazar a cualquiera de las partes con persecución y represión si pierden la próxima elección, el riesgo de aceptar un acuerdo será menor para todos. Después de una década de un conflicto destructivo, las facciones políticas de Venezuela ahora tienen la oportunidad de dirigir conjuntamente al país hacia la recuperación económica y la estabilidad.”
Hacia un Pacto de Convivencia
Pero la fórmula más concreta hasta la fecha ha sido propuesta desde la sociedad civil venezolana por el analista y comentarista Víctor Álvarez, quien ha ido más allá de lo teórico y ha creado un marco para apuntalar el proceso postelectoral. Titulada “Pacto de Convivencia Pacífica entre los Candidatos a la Presidencia de la República,” la propuesta de Álvarez estaría legal y constitucionalmente fundamentada, y acompañada por garantes internacionales. Se centra en el respeto de los derechos políticos de los perdedores como el ancla de un resultado electoral que abre la puerta a la alternancia en el poder.
Significativamente, como expresó en un reciente podcast, “el pacto no se trata de negociar una salida; se trata de negociar la convivencia.” Las partes reconocerían que “la alternancia en el poder por medios electorales y pacíficos dependerá del saldo neto entre los costos de permanecer en el gobierno y los costos de salir.” Ninguna de las partes buscaría “la capitulación incondicional o el exterminio del otro,” y se negociaría un sistema de amnistía para delitos políticos, mientras se establece una comisión de la verdad para permitir la búsqueda de justicia para las víctimas. Al igual que en el plan de Rodríguez, el pacto pone un énfasis considerable en la reinstitucionalización de los poderes públicos y alguna forma de integración de las instituciones gubernamentales, en lugar de una toma total de poder.
Álvarez responde a los críticos que pueden sugerir que tal propuesta va demasiado lejos o sería demasiado difícil, recordándoles que incluso aquellos que no aceptan la idea deben tener en cuenta “que un candidato de la oposición victorioso en las elecciones presidenciales de 2024 tendrá que coexistir con los poderes legislativo, judicial, electoral y ciudadano, así como con la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, bajo el control del chavismo.” En tales circunstancias, “un Pacto de Convivencia es necesario para avanzar hacia una cultura de convivencia política, cohabitación y cooperación entre las diferentes autoridades, para asegurar el respeto y la colaboración a nivel nacional, estatal y municipal.”
Si bien el núcleo del pacto serían las garantías políticas que evitarán la persecución judicial postelectoral, Álvarez también cree que se requerirá un consenso básico sobre política económica para la recuperación económica tan desesperadamente necesaria. Escribe, “el nuevo gobierno recibirá un país con serios desequilibrios macroeconómicos que están reduciendo la producción y generando inflación — una industria petrolera en ruinas; un grave deterioro de los servicios públicos como agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones y escasez de combustible; y una enorme deuda social con sistemas de educación y salud pública colapsados.”
Además, Álvarez prevé que “un Pacto de Convivencia debe establecer un papel claro para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) durante el proceso de transición. No será suficiente que la Constitución establezca que la FANB no será un actor deliberante y debe estar subordinada al poder civil. La opinión pública nacional e internacional conoce muy bien el grado de poder económico que tiene, así como la relación política con el chavismo.” En lugar de excluir y perseguir a los comandantes militares, “a la FANB como institución se le deben ofrecer incentivos para garantizar el respeto de los resultados electorales y apoyar la alternancia en el poder.”
Los críticos de este enfoque creen que simplemente cede demasiado en el área de justicia y responsabilidad. Álvarez argumenta que “el tema sensible de la Justicia Transicional será un componente clave para que el Pacto de Convivencia no se distorsione como un Pacto de Impunidad.” Sugiere que “debe considerarse como un amplio acuerdo nacional que permita avanzar hacia el esclarecimiento de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, la no repetición de los crímenes, así como el perdón, la reconciliación y la reconstrucción de la nación venezolana para que pueda retomar el camino de la paz política, el crecimiento económico y el bienestar social.”
La Convivencia es una Elección
Además de los temas políticos técnicos que Álvarez describe anteriormente, algunos líderes de la sociedad civil han instado al desarrollo de una visión compartida para Venezuela. En la estructura de un pacto de convivencia, sería una especie de preámbulo del acuerdo en sí que se señale a los venezolanos en la dirección de lo que todos están de acuerdo, en lugar de lo que se les ha llevado a dividirse.
Un líder de la sociedad civil en 2021 lanzó una campaña preguntando a los venezolanos: “¿Qué eras antes de ser chavista o antichavista?” Basándose en el rico legado del país de naturaleza, deporte y valores compartidos, la campaña en redes sociales instó a un enfoque más profundo en lo que naturalmente une a los venezolanos que en lo que artificialmente los divide.
Otro pintó una imagen visual de la confluencia de los ríos Caroní y Orinoco en el estado Bolívar. Durante kilómetros, las aguas marrones del Caroní corren lado a lado con las aguas azules del Orinoco hasta que eventualmente se mezclan en un solo color. Este líder de la sociedad civil sugirió 10 valores que comparten los venezolanos, entre ellos la participación social, la igualdad, la libertad, la solidaridad, la religiosidad, la creatividad y un sentido del humor agudo, como base para un sentido compartido de “ser venezolano.” A partir de estos valores compartidos se insta a un protocolo político, incluyendo el sufragio universal, el reparto del poder, la libertad de expresión, instituciones fuertes, seguridad judicial y un estado dedicado a la salud, la educación y el bienestar de todos sus ciudadanos. Esencialmente, un manifiesto para la democracia social.
Otros esfuerzos se han centrado en aumentar la tolerancia y el simple respeto por “el otro” en una sociedad que ha sido una de las más deliberadamente polarizadas del mundo. El objetivo de tales esfuerzos fue crear la base social desde la cual la convivencia democrática institucional pudiera florecer.
La convivencia es una elección. El periodista sudafricano David Greybe, quien cubrió la transición del apartheid a la convivencia democrática en Sudáfrica, escribió sobre la determinación y el coraje necesarios para llevar el proceso a cabo. Greybe describe cómo en medio de “varios meses sangrientos en 1992,” enmarcados por la masacre de Boipatong en junio y la masacre de Bisho en septiembre, la “determinación terca y férrea de Mandela de mantener el objetivo de un acuerdo político pacífico. . . lo diferenciaba de otros líderes.” Esta “determinación absoluta de seguir avanzando por un camino pacífico, frente a provocaciones intolerables, en lugar de recurrir a la venganza o la violencia, era inaudita en ese momento.” Varias semanas después de la masacre de Boipatong, Mandela y Frederik Willem de Klerk, entonces presidente de Sudáfrica, firmaron el “Registro de Entendimiento,” que trazaba el curso para una sola asamblea constitucional libremente elegida que redactaría una nueva constitución, preparando a Sudáfrica para las primeras elecciones democráticas menos de dos años después.
Venezuela necesitará líderes similares en ambos bandos para llevarla a la conclusión de este contencioso proceso electoral hacia un lugar donde pueda comenzar la sanación social y la renovación institucional.
