María Oropeza hizo un live de Instagram de su propia detención. Es coordinadora de Vente, el partido de María Corina Machado, en el Estado venezolano de Portuguesa. La noche del martes, las fuerzas de seguridad comenzaron a golpear la puerta de su casa hasta romper la cerradura. Entraron sin órdenes judiciales, forcejearon con ella para quitarle el teléfono con el que los grababa y la arrestaron. La grabación se fue a negro cuando había casi 8.000 personas conectadas en el directo y los emojis de llanto se multiplicaban. Su caso se suma al de las 1.152 detenciones que ha confirmado el Foro Penal en los 10 días que han seguido a las elecciones presidenciales en Venezuela del pasado 28 de julio, en las que Nicolás Maduro fue proclamado como presidente en medio de denuncias de fraude.
La represión y persecución política tras los comicios tienen una violencia inédita. Ya en el pasado se activaron expedientes de violaciones de derechos humanos ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional. Para los activistas, la actuación del chavismo no tiene precedentes. Tampoco los sectores contra los que se ha ido.
“La represión que se ha desatado en Venezuela afecta fundamentalmente a los sectores populares de todo el país. Por lo menos, el 80% de las personas que han sido detenidas y que son calificadas como terroristas pertenecen a sectores humildes que salieron a levantar la voz frente al fraude”, señala Marino Alvarado, activista de larga trayectoria en Venezuela y miembro de Provea. “En América Latina, desde los tiempos de Augusto Pinochet, no se había dado una razzia represiva de tal magnitud como la corrida en Venezuela, que dejó no solo miles de detenidos, sino 23 personas asesinadas tanto por la fuerza pública como por los grupos paramilitares pro Gobierno”.
Adolescentes “terroristas”
El volumen de arrestos tiene atiborrada de familiares en busca de ayuda las oficinas del Foro Penal en Caracas, una organización que por años se ha dedicado a defender a los presos políticos. Alfredo Romero, uno de sus directores, ha intentado establecer un patrón de las actuaciones. El mayor número de quienes están en las cárceles llegaron ahí bajo detenciones masivas durante las protestas del día siguiente de las elecciones. “Se ve claramente un patrón de detener a muchas personas para crear un efecto intimidatorio”, dice Romero.
Otro grupo está integrado por personas que no participaban en las movilizaciones, pero estaban cerca. Es el caso de la futbolista María Valentina Méndez, de 24 años, jugadora de un equipo local que iba camino a un entrenamiento. O de un hombre con discapacidad auditiva que no tiene como comunicarse en donde está detenido.
Dentro de este grupo se ha confirmado la detención de 101 adolescentes, a los que, como a casi todos los encarcelados, se les ha imputado por terrorismo, instigación al odio y asociación para delinquir. Estos casos, para los que existe una legislación especial, no han sido diferenciados por el fiscal Tarek William Saab en sus informes. Tampoco se han diferenciado en los tratos. No han permitido el acceso a defensa privada, se han presentado en tribunales fuera del lapso de 24 horas establecido para menores de edad en audiencias telemáticas sin sus representantes.
“No hay posición oficial sobre los adolescentes y el silencio del Estado sobre estos casos es un dato en sí mismo”, advierte el abogado en derechos de las infancias, Carlos Trapani. “Hemos visto que también están detenidos en calabozos policiales y militares y no se está previendo la separación de los detenidos adultos. Tampoco han podido comunicarse con sus familiares y no entendemos cómo sin tener elementos suficientes de una investigación en curso llegan a hacerles imputaciones por terrorismo”.
Directo a cárceles
Otros dos grupos también están siendo víctimas de persecución, sostiene Romero. “Hay detenciones selectivas de personas que fueron testigos durante las elecciones, que son delatadas por sus vecinos o que les encuentran un video de una manifestación de oposición en sus teléfonos durante una revisión policial. Con ellos también hay dirigentes políticos que van desde los jefes de la campaña opositora hasta [el exdiputado] Freddy Superlano de Voluntad Popular, alcaldes que dieron su apoyo a la oposición o personas del entorno, el hijo del dirigente político del Estado Carabobo Enzo Scarano, expreso político”.
Al objetivo de las fuerzas de seguridad de Maduro se suman los activistas, defensores de derechos humanos y periodistas. El propio Foro Penal tiene un caso. Uno de sus abogados fue imputado por terrorismo cuando iba a preguntar por un detenido que asistía.
También está el nombre de Edni López, politóloga, profesora universitaria y trabajadora de los clúster humanitarios instalados en el país. Sus familiares perdieron contacto con ella cuando entró al aeropuerto de Maiquetía, donde tomaría un vuelo a Argentina por vacaciones. “No es justo que una madre venezolana tenga que pasar por esto, que nadie me informe donde está, que si yo no me pongo a buscarla no la encuentro y que nadie hasta ahora me ha dado una razón todavía”, denunció su madre quebrada en llanto ante los medios esta semana.
En otro caso, el de la reportera gráfica Deisy Peña, detenida en Los Teques cuando iba por la calle, ha sido su hija adolescente la que tuvo que grabar un video pidiendo su liberación y denunciando que su madre había sido trasladada a una cárcel a tres horas de su casa.
Con Caracas, los Estados Anzoátegui, en el oriente del país, y Carabobo, en el centro, concentran el mayor número de detenidos. La mayoría de las audiencias de presentación han sido en grupo y virtuales, pues los casos han sido radicados en los tribunales de terrorismo de Caracas. La práctica de las presentaciones y audiencias virtuales viene ocurriendo desde hace un tiempo. “Se hacen dentro de los centros de reclusión para negar el acceso a defensa. En ellas el detenido no puede hablar libremente, porque está frente a los que lo arrestaron, y, por tanto, no va a denunciar si sufrió malos tratos o torturas”, denuncia Romero.
Una parte de los detenidos ya ha sido trasladada en camiones a prisiones. Los arrestados en Caracas ahora están en la Cárcel de Yare 3, en las afueras de la capital. Las mujeres están siendo llevadas a dos prisiones femeninas en la zona de Los Teques. Maduro —que dice que son más de 2.200 los detenidos— ha dicho que está terminando de remodelar dos cárceles en el centro del país para llevarlos. “Todos los criminales fascistas se van para Tocorón y Tocuyito, a cárceles de máxima seguridad para que paguen sus crímenes ante el pueblo”, ha dicho.
Las condiciones de reclusión son una preocupación adicional. “Se está sometiendo a familias que son muy pobres a tener que recorrer kilómetros para poder atender las necesidades de las personas detenidas sin que puedan visitar a los presos”, denuncia Alvarado, quien insiste en que desde el día después de las elecciones el Gobierno de Maduro solo ha ampliado su expediente en la Corte de La Haya.