Cuando las fuerzas estadounidenses irrumpieron en Caracas en enero para capturar al presidente Nicolás Maduro, muchos venezolanos, tanto dentro como fuera del país, celebraron. El derrocamiento de Maduro parecía anunciar el fin inminente de un régimen que durante años había oprimido y empobrecido a su pueblo. Gracias a la audaz acción estadounidense, un gobierno que había irritado a sus vecinos y sembrado inestabilidad en la región parecía ahora destinado a caer.

Por: Javier Corrales – Foreign Affairs

Pero ocurrió algo peculiar. Inusual en la larga historia de la intervención estadounidense en América Latina , Estados Unidos derrocó al dictador, pero mantuvo la dictadura. En el pasado, cuando Washington decidía intervenir militarmente para derrocar un régimen, lo lograba. Salvo quizás la fallida invasión de Bahía de Cochinos en Cuba en 1961, las acciones militares estadounidenses en América Latina catalizaron el cambio, deponiendo regímenes o derrotando a adversarios en la República Dominicana, Granada, Guatemala, Nicaragua, Panamá y otros lugares. La democracia no siempre llegó, pero Estados Unidos sí eliminó a sus adversarios. En Venezuela, sin embargo, Estados Unidos se deshizo de Maduro, pero dejó en el poder a su partido y aliados. La vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, se convirtió en la presidenta del país. La oposición venezolana, que lleva mucho tiempo sufriendo, ahora tiene motivos para temer que Washington haga poco por impulsar una transición política significativa en el país.

El presidente estadounidense Donald Trump no tiene prisa por derrocar el viejo orden ahora que Venezuela, bajo el mandato de Rodríguez, se adapta a los intereses económicos de Washington. Las compañías petroleras estadounidenses han recibido licencias para reanudar sus operaciones en el país rico en recursos, y según la Casa Blanca, Estados Unidos ya ha recibido decenas de millones de barriles de petróleo venezolano. «Tenemos una situación excelente allí, con una presidenta maravillosa… Delcy», dijo Trump en marzo. «Y está haciendo un gran trabajo, y todos están haciendo un buen trabajo». Ese mismo mes, también recibió en la Casa Blanca a la líder de la oposición venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz en 2025. Ella había acudido para buscar claridad sobre los planes de Trump para la democratización y la transición política en Venezuela; en enero, le había entregado a Trump su medalla Nobel, un premio que él había anhelado públicamente durante años. Pero en marzo, Trump y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio le ofrecieron a Machado pocas garantías, aconsejándole que no regresara a Venezuela por el momento.

Es muy probable que la democratización no esté en el horizonte. La administración Trump no prioriza una transición política en Venezuela . El régimen de Caracas insiste en que gobierna una democracia. Al designar oficialmente a Rodríguez simplemente como un «presidente interino», el régimen elude el requisito constitucional de celebrar elecciones rápidamente para encontrar un sucesor para Maduro. No ha ofrecido ningún calendario para futuras elecciones. Los venezolanos podrían concluir, con razón, que si bien la relación de su país con Estados Unidos ha cambiado, la relación de su gobierno con su pueblo probablemente seguirá siendo la misma.

Pero la liberalización política aún es posible. La destitución de Maduro significa el tan esperado fin de los gobernantes originales del régimen: los fundadores de la dictadura, Hugo Chávez y Maduro, han desaparecido definitivamente. Chávez murió en 2013, y Maduro se encuentra ahora en una cárcel estadounidense a la espera de juicio por cargos relacionados con el narcotráfico. Las probabilidades de democratización de un país tienden a aumentar cuando desaparecen los fundadores de su dictadura. Los herederos del régimen terminan enfrentando formas de agitación interna e incentivos imprevistos que pueden precipitar el cambio político. La propia historia de Venezuela ofrece ejemplos de este proceso: las transiciones democráticas finalmente ocurrieron después de la muerte del general Juan Vicente Gómez, quien gobernó durante mucho tiempo, en 1935, y después de la deposición del dictador Marcos Pérez Jiménez, en 1958.

A pesar de las circunstancias desfavorables actuales, Venezuela aún podría regresar a la democracia. Sería un proceso lento y traumático, y muy probablemente como resultado de fisuras en la dictadura y la continua ingeniosidad y tenacidad de la oposición. El problema es que quienes buscan mayor democracia y libertad en Venezuela ahora enfrentan otro desafío que sus predecesores no tuvieron: probablemente recibirán poca ayuda de Estados Unidos.

PERESTROIKA SIN GLASNOST

Cuando las fuerzas estadounidenses extrajeron a Maduro , lograron lo que una década de presión económica y diplomática no había podido: la destitución de un autócrata brutal. La operación fue, en cierto modo, un reconocimiento del fracaso de la política de «máxima presión» mediante sanciones económicas. Solo un secuestro espectacular logró derrocar a Maduro.

La operación se ejecutó a la perfección. En cuestión de horas, las fuerzas estadounidenses localizaron, capturaron y se llevaron a Maduro y a su esposa sin sufrir bajas estadounidenses. Estados Unidos eludió los sistemas de defensa militar de Venezuela, y los funcionarios venezolanos prácticamente solo observaron el desarrollo de la incursión, incapaces o reacios a responder. Fue la primera operación militar abierta de Estados Unidos contra un gobernante en América Latina desde la invasión de Panamá en 1989, y probablemente la operación más limpia de su tipo hasta la fecha.

Sin embargo, el resultado de la operación fue mucho más turbio. La oposición democrática no logró irrumpir en el poder. Washington mantuvo la dictadura en el poder, desmintiendo la idea de que la principal motivación para actuar en Venezuela fuera provocar un cambio de régimen. Rodríguez, la número dos de Maduro, se ha convertido en la persona de confianza de Trump en Caracas. Como nueva presidenta de Venezuela, reconocida por Estados Unidos, ha conservado todas las instituciones que heredó de Maduro y a muchos miembros de línea dura del partido gobernante. En lugar de un cambio de régimen, se trata de la preservación del régimen. En lugar de desmantelar el aparato coercitivo que Maduro construyó, Estados Unidos ha permitido que perdure.

Este resultado es muy extraño. Todos los presidentes estadounidenses desde George W. Bush han denunciado las atrocidades cometidas por los gobernantes de Caracas. Trump fue probablemente el crítico más vehemente, y su crítica estaba justificada. Venezuela tiene el peor historial de derechos humanos de América Latina: cerca de 20.000 detenciones por motivos políticos desde 2014, según organizaciones no gubernamentales; el uso generalizado de la tortura; la dependencia de grupos paramilitares violentos para reprimir a los manifestantes y saquear barrios; y profundos vínculos con narcotraficantes, bandas criminales, contrabandistas de oro, empresas fantasma e incluso guerrilleros extranjeros. Bajo el mandato de Rodríguez, el régimen ha liberado a algunos presos políticos en los últimos meses y ha reemplazado a algunos leales a Maduro en el gabinete, pero el aparato represivo del Estado sigue sin reformarse.

En enero, la administración Trump anunció un plan de tres etapas para Venezuela que consistía en estabilizar primero el país, luego impulsar la recuperación económica y, solo después, fomentar una transición política. Esta secuencia propuesta es inusual. Trump invirtió el orden habitual de prioridades en las transiciones de régimen. La mayoría de los venezolanos ajenos al partido gobernante deseaban que el país abrazara primero la democratización y luego se dedicara a la reforma económica. Trump se ha centrado por completo en asuntos económicos y casi exclusivamente en relación con las industrias extractivas, lo que ha permitido que la democratización quede relegada, o incluso descartada por completo, de la agenda.

El contenido del plan también resulta inquietante. La primera etapa, la estabilización, parece particularmente perversa. El régimen de Maduro ya ofrecía una forma de estabilidad mediante la represión sistemática, la violencia paramilitar y el control de presos políticos. Para la élite chavista, escuchar un llamado a la “estabilidad” desde Washington podría interpretarse fácilmente como una autorización para seguir actuando como siempre.

La segunda etapa, la recuperación económica, se alinea perfectamente con lo que la dictadura ha buscado durante mucho tiempo: un respiro de su difícil situación económica mediante una importante inversión en su sector petrolero. El problema de priorizar la recuperación sobre la transición es que la recuperación podría proporcionar a la dictadura los recursos necesarios para sobrevivir. El régimen de Maduro sumió a Venezuela en un colapso económico sin precedentes: algunas estimaciones sugieren que durante su mandato la economía venezolana se contrajo en más del 70 por ciento. Esta implosión fue el resultado de políticas económicas desastrosas, la mala gestión del sector petrolero y, a partir de 2019, las amplias sanciones petroleras impuestas por Estados Unidos. Desde principios de la década de 2020, el régimen había estado buscando desesperadamente una salida a la crisis y al yugo de las sanciones estadounidenses.

Ahora, la administración Trump le ha proporcionado al régimen una hoja de ruta económica: un plan detallado para reconstruir su economía petrolera, vender petróleo a Estados Unidos y atraer inversión extranjera. Según informes, funcionarios estadounidenses, junto con ejecutivos de compañías petroleras estadounidenses, incluso participaron en el diseño de la nueva ley de hidrocarburos de Venezuela, la reforma económica más importante introducida desde la destitución de Maduro. La ley, que otorga a las empresas privadas un acceso mucho mayor al sector petrolero venezolano, es sumamente favorable para los inversionistas extranjeros, en parte porque refleja sus aportaciones. Probablemente impulsará la mayor ola de inversión que Venezuela ha visto en su industria petrolera desde el auge de principios de la década de 2010. Esto podría conducir a un mayor consumo, pero esta inyección de capital en la economía por sí sola no allanará el camino hacia un desarrollo real. Al priorizar la extracción de petróleo y minerales, dejando intactas todas las demás instituciones económicas, Estados Unidos refuerza un modelo económico en el que las élites extranjeras y locales se lucran con la exportación de recursos naturales, pero no canalizan las ganancias hacia otras actividades productivas, no fomentan una mayor eficiencia económica, no incentivan la innovación, no abordan las desigualdades ni rinden cuentas. Incluso bajo la guía del Departamento de Estado de EE. UU., este modelo económico solo beneficiará a algunos venezolanos.

El régimen posterior a Maduro hubiera preferido no hacer tantas concesiones económicas a Estados Unidos, pero sus líderes son conscientes de que tienen mucho que ganar al complacer a los estadounidenses: Washington está, en la práctica, rescatando a Caracas. Por eso, la Asamblea Nacional venezolana aprobó la ley rápidamente, menos de un mes después de que Rodríguez asumiera el poder, y sin mayores protestas.

Si bien la segunda etapa del plan estadounidense —el intento de reactivar la economía venezolana— ha venido acompañada de condiciones detalladas impuestas por Estados Unidos, la tercera etapa —una transición política— carece de detalles. Los funcionarios estadounidenses han hablado de una transición política, pero rara vez mencionan la democratización. Han mencionado vagamente la posibilidad de celebrar elecciones en una fecha lejana, pero ni siquiera han abordado negociaciones sobre plazos o, lo que es más alarmante, las reformas institucionales necesarias para garantizar que las futuras elecciones sean libres y justas.

Dichas reformas deberían incluir medidas para crear una junta electoral independiente, organizar primarias de los partidos, derogar las leyes que reprimen la actividad política, legalizar los partidos políticos prohibidos, desmantelar el aparato coercitivo del Estado, prohibir la tortura, abolir la policía secreta, restablecer la libertad de expresión y la libertad de prensa, e invitar a observadores internacionales a supervisar las elecciones. A menos que se resuelvan estos detalles, cualquier elección futura podría otorgar injustamente al partido gobernante una victoria aparente en las urnas y ofrecer solo el espejismo de la democratización.

El acuerdo actual entre Washington y Caracas implica la liberalización de la economía exclusivamente para los sectores petrolero y minero, posponiendo cualquier reforma política significativa. Esto podría denominarse una perestroika parcial y una glasnost tardía, tomando prestados los términos rusos de la era soviética para la reestructuración económica y la reforma política, respectivamente.

Esta perestroika parcial ha sido claramente diseñada pensando en las compañías petroleras estadounidenses. Muchos ejecutivos petroleros han apoyado las candidaturas electorales de Trump en la última década. El Tesoro estadounidense ha emitido licencias que permiten a las empresas estadounidenses comerciar con petróleo venezolano, realizar inversiones en la industria petrolera del país y entablar negociaciones contractuales con el gobierno venezolano. Sin duda, la industria petrolera estadounidense no está del todo convencida del resultado actual en Venezuela. Para que las grandes petroleras estadounidenses obtengan beneficios reales, primero necesitan realizar enormes inversiones en Venezuela para reparar la deteriorada infraestructura petrolera; pero, por el momento, no parecen dispuestas a hacerlo. Además, la nueva ley venezolana aún estipula que la petrolera estatal debe participar en todas las operaciones petroleras, una gran victoria para Rodríguez, pero una condición que podría conducir a una corrupción generalizada en beneficio del régimen. Es comprensible que muchos inversores estadounidenses se muestren recelosos de involucrarse en Venezuela. Sin sus inversiones, podría pasar mucho tiempo antes de que las empresas estadounidenses disfruten de las posibles ganancias petroleras de la estrategia de Trump en Venezuela.

La tardía glasnost, por supuesto, beneficia al partido gobernante en Venezuela. El régimen ha tenido que sacrificar parte de su dignidad al hacer concesiones a Estados Unidos que considera ideológicamente inaceptables, como otorgar a la Casa Blanca el control sobre los ingresos por exportaciones de petróleo. Pero también ha obtenido victorias importantes. Rodríguez fue ascendida; ahora es presidenta. Y la petrolera estatal sigue siendo un actor clave en la industria petrolera, lo que le permite extender su influencia a cualquier nuevo negocio que surja entre Washington y Caracas. También se ganó un gran aliado legitimador en Estados Unidos, que, a pesar de la imprevisibilidad del gobierno de Trump, es ahora un importante garante de la estabilidad en Venezuela. Rodríguez también se aseguró una posible salida de la crisis económica. Puede vender petróleo a Estados Unidos a precios de mercado, acceder a crédito internacional y supervisar una recuperación económica que espera permita a su partido recuperarse políticamente. Y el gobierno estadounidense parece haber aceptado la demanda más importante del régimen: la exclusión de la oposición de cualquier reparto del poder.

Los grandes perjudicados, por supuesto, son las fuerzas democráticas de Venezuela. Además de Machado, los grupos de oposición de todo el espectro político han quedado relegados a meros espectadores. Han sido excluidos de las negociaciones entre el régimen y los funcionarios estadounidenses y no se les ha proporcionado un calendario claro para la transición prometida.

A Trump le gusta decir que Washington tiene el control absoluto de Caracas. Pero en realidad, Estados Unidos se enfrenta a un importante problema de agencia en sus relaciones con Venezuela. Para usar una analogía empresarial, Trump ha contratado a Rodríguez para que actúe como su agente en Venezuela, pero los intereses y métodos de este agente —mantenerse en el cargo, negociar secretamente con organizaciones mafiosas, conservar vínculos secretos con otras potencias y recurrir al engaño y la represión— son asuntos que Estados Unidos no puede controlar fácilmente. Si el gobierno venezolano no reforma su sistema de justicia penal y su aparato represivo, Estados Unidos no podrá fomentar la protección de los derechos humanos en el país. Si Caracas no logra una mayor transparencia en sus procesos electorales, Washington no podrá garantizar unas elecciones libres y justas en el futuro. Y si la petrolera estatal venezolana no se reforma, los funcionarios estadounidenses tendrán poco control sobre cómo el régimen gestiona la recuperación económica.

GRADUALMENTE, NO DE REPENTE

Funcionarios estadounidenses han manifestado su intención de impulsar reformas políticas en Venezuela. Rubio mencionó poco después de la destitución de Maduro que Venezuela podría imitar la transición democrática de España tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, pero el régimen de Rodríguez ha dado pocos pasos para replicar ese modelo. En esa transición, los herederos del régimen legalizaron de inmediato a todos los partidos y sindicatos de oposición, firmaron pactos de reparto de poder y tolerancia mutua con los principales partidos políticos y diseñaron una nueva constitución democrática. Cuatro meses después de la muerte de Franco, sus herederos propusieron disolver la antigua legislatura, controlada por sus partidarios. Se celebraron elecciones menos de un año después de la muerte de Franco. Fue una democratización radical, una versión intensificada de la glasnost. Pero Estados Unidos y su socio en el régimen venezolano parecen decididos a avanzar mucho más lentamente.

Ante esta falta de urgencia, lo mejor que pueden esperar los defensores de la democracia en Venezuela es una democratización gradual. En lugar de una reforma radical, el régimen podría aceptar reformas más limitadas, como compartir los ingresos petroleros con la oposición, desmantelar el aparato coercitivo, abolir algunas de las leyes más represivas y reformar algunas instituciones gubernamentales. Esta apertura podría brindar a la oposición nuevas oportunidades para ejercer mayor presión sobre el régimen y lograr más reformas.

México se liberalizó de forma gradual en la década de 1990 y principios de la de 2000. Hace tres décadas, cuando enfrentaba una grave crisis de deuda, el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) optó por medidas paulatinas. Primero, se centró en sanear la economía mediante la privatización y la formalización de la apertura comercial con Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), de manera similar a lo que Venezuela podría verse obligada a hacer bajo el mandato de Trump. Posteriormente, aceptó reformas políticas y electorales menores que, en un principio, no parecían representar una gran amenaza para el régimen. Estas reformas incluían la profesionalización de la Junta de Supervisión Electoral, el fortalecimiento de la independencia judicial y una mayor financiación para diversos partidos políticos. Dichas reformas institucionales resultaron trascendentales: dificultaron la manipulación de las reglas electorales por parte del PRI, permitieron a sus líderes sentirse cómodos con la posibilidad de ceder el poder e incentivaron aún más a los partidos de oposición a presionar al régimen en las urnas.

Sin duda, estas reformas mexicanas se produjeron en un momento en que actores internacionales —Estados Unidos, Canadá, socios europeos e incluso democracias recién establecidas en Sudamérica— presionaban a México para que adoptara la democratización. Tras el fin de la Guerra Fría, muchos regímenes se sintieron obligados a democratizarse. Hoy, en cambio, el retroceso democrático y el populismo iliberal son más comunes. Pocos actores internacionales están dispuestos a invertir capital político para fomentar la democratización.

Pero el caso mexicano no se limita a los beneficios de la presión externa. Las fuerzas internas desempeñaron un papel crucial. Los grupos de oposición denunciaron la corrupción, exigieron mayor transparencia electoral y compitieron (en lugar de abstenerse) en todas las oportunidades electorales posibles. En este sentido, Venezuela cuenta con una enorme ventaja. A diferencia de otras dictaduras como Cuba y Nicaragua, las fuerzas democráticas en Venezuela nunca fueron completamente derrotadas. Durante la administración Biden, la oposición democrática venezolana se recuperó sustancialmente bajo el liderazgo de Machado. Y, lo que es más importante, Machado y su equipo han demostrado saber cómo movilizar a los votantes. Su nuevo reto es persuadir al partido gobernante de que, si perdiera las elecciones, no lo perdería todo. Esto podría requerir que la oposición muestre su disposición a participar en algún tipo de reparto de poder con el partido gobernante, por muy éticamente reprobable que resulte hacer concesiones al régimen que tanto sufrimiento ha infligido al pueblo venezolano.

La presión para la liberalización también podría provenir del interior del régimen. A pesar de su supervivencia bajo el mandato de Rodríguez, el régimen sigue siendo precario y algo errático, centrado principalmente en garantizar su permanencia. Ninguna dictadura es un bloque monolítico. En el pasado, algunas facciones dentro del régimen han intentado adoptar una postura más conciliadora en diversos temas, especialmente al tratar con la disidencia. A menudo, el régimen reprimió severamente a estos moderados, lo que llevó al encarcelamiento de varios oficiales militares y líderes del partido gobernante o a su deserción a la oposición. Ahora que los lazos de seguridad de Venezuela con Cuba , que en el pasado ayudaron al régimen a vigilar y controlar a sus propios miembros, se han debilitado, el gobierno podría tener menos capacidad para reprimir a los moderados. Estos podrían reorganizarse y persuadir a Rodríguez de que la mejor opción para la supervivencia del régimen es alejarse de la represión.

La historia de Venezuela, y no solo la de otros países, ofrece lecciones importantes. Durante el gobierno de Pérez Jiménez en la década de 1950, la negativa de los autoritarios gobernantes a liberalizar el país condujo a su derrocamiento. La facción de Pérez Jiménez se volvió irrelevante tras su expulsión del poder. En contraste, la oposición socialista de la época, conocida como Acción Democrática, accedió a moderar sus políticas y firmó un pacto de reparto de poder con sus oponentes, el llamado Pacto Punto Fijo de 1958. Esta medida permitió a Acción Democrática, que ganó las elecciones de 1958, gobernar con notable estabilidad, sin grandes insurrecciones ni golpes de Estado. Los chavistas podían resignarse a la irrelevancia de la facción de Pérez Jiménez, o bien reconocer que, ante la baja popularidad, una estrategia inteligente era negociar con la oposición y, en caso de derrota electoral, establecer las condiciones para su supervivencia como fuerza opositora.

Obviamente, las probabilidades de un cambio de este tipo siguen siendo escasas. Venezuela no está a punto de convertirse en el México de los años noventa ni en la Venezuela de finales de los años cincuenta y sesenta. Sus puntos de partida son muy diferentes. Pequeños pasos acercaron a México, un país que en los años noventa podría describirse como una semiautocracia, al gobierno democrático. Esos pequeños pasos no serán suficientes en la Venezuela actual, que bien puede describirse como una autocracia férrea.

Un proceso gradual también será difícil de implementar. Los regímenes de México y Venezuela en épocas pasadas no fueron tan brutalmente coercitivos ni estuvieron tan profundamente vinculados a organizaciones criminales como el actual Estado venezolano. El régimen está tratando de ganar tiempo, no de elaborar estrategias para sobrevivir y recuperarse como fuerza de oposición. Además, el odio de la población hacia la clase dirigente actual hace que una transición gradual y controlada sea muy difícil de tolerar para muchos venezolanos. Y, por supuesto, en el caso de México, un actor externo crucial presionó al PRI para que aceptara la reforma democrática: Estados Unidos.

PENSAMIENTO MÁGICO

Una de las obras más significativas sobre Venezuela a finales del siglo XX es El Estado Mágico, del antropólogo venezolano Fernando Coronil. El libro sostiene que la riqueza petrolera de Venezuela siempre genera en sus gobernantes la ilusión de prosperidad, convenciéndolos de que todo puede solucionarse con las ganancias del petróleo. Este engaño distorsionó las evaluaciones realistas de las condiciones y necesidades del país.

Esa ilusión mágica ha entrado en una nueva fase, extendiéndose mucho más allá de las fronteras de Venezuela. Muchos estadounidenses, sobre todo dentro de la base de seguidores de Trump, creen que el problema venezolano está resuelto. Trump tiene la impresión de que él controla Venezuela. El régimen que aún ostenta el poder en Caracas también actúa bajo la premisa de que un simple cambio en su política exterior —mostrar una postura más amistosa hacia Estados Unidos— basta para apaciguar a sus críticos.

Mientras Washington abre los grifos del petróleo, el sistema político permanece paralizado. Todo el aparato estatal está en ruinas y el partido gobernante está desmoralizado. Sus líderes son sumamente impopulares y considerados ilegítimos en el país, incluso a pesar de que actualmente gozan del apoyo de Washington. Las fuerzas de la oposición, así como las facciones dentro del régimen, perciben estas debilidades y podrían encontrar la manera de presionar al régimen para que implemente cambios significativos o, alternativamente, desestabilizarlo desde dentro.

Además de luchar contra la dictadura, la oposición ahora debe presionar a Estados Unidos para que la ayude a conseguir un lugar en la mesa de negociaciones. Pero también sabe que la dictadura ha sufrido un duro golpe con la destitución de Maduro y que la ciudadanía está menos convencida de la fortaleza del régimen. Las fuerzas democráticas aún pueden desafiar al régimen, incluso en condiciones desfavorables.

La oposición lo logró en 2024 al derrotar al régimen, que había intentado manipular las elecciones. Si bien el aparato estatal reprimió e ignoró el resultado electoral, el episodio sirvió para recordar la popularidad de la oposición y la fragilidad del régimen. Aunque Washington no apoye la reforma de las reglas políticas en Caracas, la oposición podría encontrar maneras de burlar al gobierno. El régimen nunca logró abolir las elecciones. Las manipuló, sin duda, pero nunca las eliminó. En algún momento, tendrá que convocar elecciones, que no serán libres ni justas. Sin embargo, la oposición podría repetir algunas de las estrategias que le funcionaron en 2024: participar en las elecciones (aunque parezcan fraudulentas), fomentar la unidad electoral (aunque la oposición sea ideológicamente diversa y fragmentada), desalentar la abstención (aunque la gente esté cansada de votar) y trabajar para supervisar los comicios (aunque esto provoque la brutalidad del Estado). Mediante estas acciones, la oposición puede impulsar a Venezuela hacia la democracia.

Estados Unidos desea que Venezuela sea un petroestado estable que, con el tiempo, se convierta en una fuente de ingresos para las empresas estadounidenses. La dictadura venezolana se ha dado cuenta de que puede lograr precisamente eso, impidiendo que Estados Unidos exija cambios más significativos. Este acuerdo podría permitirle mantenerse en el poder durante años. Ahora, las fuerzas de la oposición deben encontrar la manera de presionar tanto a Estados Unidos como al régimen. Nadie más acudirá en su ayuda.

Javier Corrales es profesor titular de Ciencias Políticas (Cátedra Dwight W. Morrow 1895) en Amherst College y autor de 
Autocracy Rising: How Venezuela Transitioned to Authoritarianism (El ascenso de la autocracia: Cómo Venezuela transitó hacia el autoritarismo) .