Luis Almagro, quien fuera secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y actualmente dirige el instituto Casla, se encuentra en el sur de Florida, donde ofreció una rueda de prensa sobre la investigación que lleva a cabo la Corte Penal Internacional por la represión y los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen chavista en Venezuela.

NTN24

Almagro aseguró que sin justicia no puede haber una transición democrática real en el país y advirtió que la convocatoria de elecciones debe producirse próximamente.

“Esa transición no puede ser democrática con estos componentes, es una transición de dictadura interina y esperamos que acabe pronto, además que se necesita más intervención de la oposición en este proceso porque si esperan que los hermanos Rodríguez y Cabello entreguen un proceso de transición limpio, todo el mundo está pecando de iluso”, aseveró el exsecretario de la OEA.

Además, se refirió a la participación de María Corina Machado en este proceso de transición y añadió que no puede darse tantas largas: “María Corina Machado tendrá la participación que ella quiere si existen las libertades fundamentales, pero el proceso tiene que ser breve, no puede ser de 18 a 24 meses, esto debería estar terminado en el tercer semestre del año a más tardar o se va a complicar”.

Venezolanos en el exilio presentaron en Estados Unidos una denuncia penal formal en la que piden al Departamento de Justicia la apertura de una investigación criminal federal contra el dictador venezolano Nicolás Maduro por tortura y crímenes de lesa humanidad.

NTN24

La denuncia, que podría marcar un precedente para otras víctimas del chavismo, se basa en leyes federales y tratados internacionales, con el objetivo de que la justicia de Estados Unidos investigue hechos ocurridos en Venezuela.

“Nicolás Maduro debe ser juzgado por tortura también (…) No solo somos nosotros, sino que estamos recolectando y estamos consiguiendo la mayor cantidad de víctimas que se puedan adherir a este documento para sumar y que tenga mayor fuerza (…) y que no solo sean solo los cargos por los que lo están juzgado, sino que además la Fiscalía en los Estados Unidos tenga un nuevo cargo que es el cargo por tortura”, señaló.

Entre los puntos más relevantes del escrito destaca que Estados Unidos sí tiene jurisdicción legal para investigar estos crímenes, incluso si ocurrieron fuera del país.

Y es que la denuncia tiene como base la Ley Federal contra la Tortura, que permite juzgar este delito aunque haya ocurrido en otro país, si el acusado está bajo jurisdicción de EE. UU. Además, se apoya en la Convención contra la Tortura de la ONU, que obliga a los Estados a juzgar o extraditar a acusados de tortura.

Otro punto importante es que la acusación no se limita a abusos aislados, pues el documento sostiene que la tortura fue una política de Estado, ejecutada por organismos como: el SEBIN, la DGCIM, fuerzas policiales y militares y colectivos armados.

La denuncia se sustenta en informes del Departamento de Estado de EE. UU., reportes de la ONU, el Informe Bachelet, documentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y registros de organizaciones como CASLA, Foro Penal y Provea.

El secretario general del partido Movimiento Por Venezuela (MPV), Simón Calzadilla, advirtió este miércoles que un eventual proceso electoral en el país debe estar precedido por la recuperación de las garantías democráticas y la institucionalidad.

EFE

“Para llegar a un proceso electoral venezolano necesitamos restablecer los derechos, restablecer la institucionalidad que está establecida en nuestra Constitución”, afirmó el dirigente en entrevista con la agencia EFE, al presentar los lineamientos de la plataforma “Una mejor Venezuela es posible”, propuesta de su partido que integra la coalición opositora mayoritaria.

Entre los cambios necesarios, Calzadilla destacó la necesidad de reestructurar el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría y el propio Poder Ejecutivo, actualmente liderado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro en enero.

Según su visión, la transformación de estos órganos debe incluir la participación de todas las fuerzas políticas y sociales, y no puede ser impuesta de manera unilateral.

El dirigente subrayó que el restablecimiento de derechos y la reorganización institucional deben acompañarse de la liberación de todos los presos políticos y de la restitución de los derechos políticos de los ciudadanos. Además, planteó la urgencia de implementar nuevas medidas económicas para favorecer la estabilización y el desarrollo del país.

“Es lo que va a permitir la estabilidad para que la gente espere la conclusión de todas estas etapas y logremos terminar construyendo un cronograma electoral que en su fase final restituya en el pueblo su soberanía, expresada mediante el sufragio”, explicó.

Calzadilla reconoció que el régimen de Delcy Rodríguez no podrá realizar estos cambios por sí solo. Propuso la creación de una instancia plural, integrada por representantes del chavismo, de la sociedad civil y de los partidos de la oposición, para debatir sobre la composición de un nuevo CNE y la renovación de otras instituciones.

“Se necesita de la participación de la oposición con la mediación de otros países, como Estados Unidos”, aseveró. Recordó que la administración de Donald Trump ha tenido un papel determinante en los acontecimientos recientes del país y consideró que existe una coincidencia de intereses en favor de una transición democrática.

El dirigente señaló que la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), principal coalición opositora, atraviesa un momento de debilidad por la falta de reuniones y de una estrategia unificada. Advirtió que la fragmentación dentro del antichavismo podría poner en riesgo la oportunidad histórica de cambio político.

“Si aquí volvemos a la época donde la competencia para ver quién llega primero a la Presidencia es la que impone la agenda y no la necesidad de que este sea un proceso que se lleve con éxito a favor del pueblo venezolano, podemos fracasar”, advirtió.

Calzadilla calificó las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 como una “gran gesta de la democracia venezolana”, pese al fraude electoral que dio la victoria a Maduro, mientras la oposición demostró que el ganador real fue Edmundo González Urrutia.

El dirigente enfatizó que ese episodio marca el punto de partida para el proceso de cambio y que solo tendrá sentido si culmina en la recuperación plena de la soberanía popular y la celebración de nuevos comicios libres y justos.

“No estamos pasando la página, es que tenemos que hacer que el 28 de julio valga la pena y solo va a valer la pena si logramos tener éxito en este proceso de cambio que se nos presenta”, apuntó.

La propuesta de Calzadilla plantea que el proceso de transición debe garantizar justicia, estabilidad y el respeto a los derechos fundamentales, y que cualquier solución debe surgir de la participación de todos los sectores, bajo la observación y acompañamiento de actores internacionales.

La coordinadora nacional de Formación de Súmate Nélida Sánchez fue excarcelada tras casi un año y medio detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), conocida como El Helicoide. Según informó la organización, Sánchez ya se encuentra en su domicilio acompañada de sus familiares, en buen estado de salud.

Infobae

La ONG agradeció el respaldo recibido por parte de individuos y colectivos que solicitaron la liberación de la activista. Además, exhortó al Estado venezolano a liberar a todas las personas detenidas por motivos políticos, señalando la importancia de esta medida en el contexto actual del país.

Sánchez fue arrestada el 26 de agosto de 2024 y acusada de instigación al odio, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria y terrorismo. De acuerdo con Súmate, tales cargos no corresponden a acciones cometidas por la activista, quien, según la organización, fue detenida sin orden judicial y mediante engaño. La ONG denunció que la acusación se sustentó en dos mensajes supuestamente publicados en la red social X, con fechas posteriores a la detención, los cuales no aparecen en la cuenta personal de Sánchez ni fueron emitidos por ella.

La detención de la activista ocurrió en medio de la crisis política que siguió a la reelección fraudulenta de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Este proceso fue calificado como controvertido por la principal coalición opositora, que denunció fraude y reportó un aumento de acciones represivas y persecuciones por parte de las autoridades.

En septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Sánchez, argumentando que enfrentaba una situación de gravedad y urgencia por riesgo de daño irreparable a sus derechos.

Por su parte, la ONG Foro Penal informó que ha verificado 431 excarcelaciones desde el 8 de enero hasta el 10 de febrero, tras el anuncio gubernamental sobre un proceso de liberaciones. Este registro, según la organización, se construye mediante la verificación individual de cada caso. Foro Penal aclaró que no se consideran excarcelaciones aquellas situaciones en que la persona permanece privada de libertad bajo arresto domiciliario. Además, la organización expresó que la existencia de medidas restrictivas posteriores a la salida de prisión implica que no hay libertad plena, y llamó a poner fin a estos mecanismos de control.

El seguimiento de las excarcelaciones se mantiene desde el inicio del proceso anunciado por el Gobierno encargado, con especial atención a las condiciones bajo las cuales las personas recuperan la libertad.

Donald Trump convocó a una cumbre presidencial en el hotel Doral de Miami para articular un bloque regional que pueda desarmar la ofensiva de China en América Latina.

Por: Román Lejtman – Infobae

La cita multilateral será el 7 de marzo, y por distintos canales diplomáticos ya fueron invitados Javier Milei -Argentina-, Santiago Peña -Paraguay-, Rodrigo Paz -Bolivia-, Nayib Bukele -El Salvador-, Daniel Noboa-Ecuador- y Tito Asfura -Honduras-.

Los presidentes invitados exhiben una manifiesta sintonía ideológica con Trump, y aparecen como sus socios estratégicos en la región.

La cumbre de Miami tiene un sólo objetivo geopolítico: quebrar el plan diseñado por Xi Jinping para controlar los recursos naturales, la producción alimentaria y las principales vías de comercialización en América Latina.

Hacia fines de 2025, la administración republicana publicó su Estrategia de Seguridad Nacional, que estableció el concepto de Corolario Trump a la Doctrina Monroe.

A este concepto geopolítico, donde se propone restringir la actuación de jugadores extraterritoriales en América Latina, se sumó la nueva Doctrina de Defensa de Estados Unidos, que privilegia a la región y establece mecanismos de disuasión frente a China.

Y hace pocos días, en Washington, Estados Unidos lideró un encuentro global sobre minerales críticos que apunta a contener la influencia de Beijing sobre estos insumos que condicionan la seguridad internacional y la economía mundial.

Al concluir esta cumbre de minerales críticos, Argentina, Bolivia y Paraguay firmaron acuerdos con el Departamento de Estado para marcar distancia con las ambiciones chinas de manejar estos recursos, y a cambio, recibirán un trato diferencial al momento de invertir en los tres países del cono sur.

A comienzos de 2026, Trump también emitió una orden ejecutiva titulada “Ajuste de las importaciones de minerales críticos procesados ​​y sus productos derivados a Estados Unidos“.

La orden del líder republicano reivindica la cooperación internacional para reforzar la seguridad minera de Estados Unidos, ya que la industria local depende en su totalidad de las importaciones de 12 minerales críticos que Beijing detenta en forma monopólica.

En este contexto, y para cerrar el círculo frente a la ofensiva de China, Trump anunció la creación de una reserva estratégica de minerales críticos que denominó Project Vault.

Esta iniciativa de la Casa Blanca combinará casi 1.700 millones de dólares de financiación privada con un préstamo de 10.000 millones de dólares que aportará el Banco de Exportación e Importación de Estados Unidos (EXIM Bank),

Los aliados de América Latina de Trump serán privilegiados al momento de distribuir los recursos vinculados al Project Vault.

El caso testigo para los socios regionales puede ser la agenda de Estados Unidos respecto a los minerales críticos, pero la estrategia de Trump frente a China es Urbi et orbi.

Eso significa que el líder republicano está dispuesto a colaborar, respaldar y defender in totumaMilei, Peña, Paz, Bukele, Noboa y Asfura, si asumen en sus actos de Gobierno que el enemigo global de Estados Unidos es China.

Desde esta perspectiva, la Casa Blanca intentará con sus aliados de América Latina bloquear todos los contratos a favor de China que impliquen aumentar sus reservas de minerales críticos, fortalecer su seguridad alimentaria, facilitar sus dispositivos de inteligencia militar y desarrollar infraestructura que facilite su comercio internacional.

La Cumbre de Miami exhibirá la fractura ideológica en América Latina.

De un lado estarán Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Honduras y Ecuador, que se sienten cómodos con la perspectiva internacional de Trump.

Y del otro aparecen Brasil, Colombia y México, que tienen fluidas relaciones comerciales con China y no cuestionan su matriz autoritaria en el ejercicio del poder.

Faltan menos de cuatro semanas para el cónclave regional en Miami, y no se descarta que la Casa Blanca curse otras invitaciones a mandatarios de América Latina que tienen buena relación con Washington.

Una investigación iniciada por el diputado Rupert Lowe ha desvelado nuevos testimonios sobre las redes de explotación sexual que, según los participantes, llevan años operando en distintos puntos del Reino Unido. El proceso, impulsado al margen de las instituciones y financiado mediante aportaciones ciudadanas, se prolongará durante dos semanas con el objetivo de escuchar a víctimas que consideran que los mecanismos oficiales no han abordado plenamente el problema.

La Gaceta de la Iberosfera

El proyecto, respaldado con más de 600.000 libras reunidas entre unas 20.000 personas, busca analizar tanto el funcionamiento de estas bandas como el contexto social que, a juicio de algunos comparecientes, habría sido ignorado en investigaciones anteriores. Lowe, parlamentario independiente por Great Yarmouth, presentó la iniciativa como una vía alternativa para arrojar luz sobre lo que describió como uno de los mayores escándalos del país.

Entre los testimonios más duros se encuentra el de Fiona Goddard, superviviente de una red de abusos, quien relató ante el panel que los grupos que la explotaron estaban integrados principalmente por hombres de origen pakistaní de segunda generación y por inmigrantes sin documentación. La compareciente aseguró además que, en ciertos casos, las agresiones se vinculaban simbólicamente con celebraciones religiosas como la Fiesta del Cordero, una afirmación que ha generado polémica y debate público.

Durante las sesiones también se expusieron datos estremecedores sobre la magnitud del fenómeno. Según lo explicado en la audiencia, algunas víctimas habrían sufrido abusos reiterados por centenares de agresores, una cifra que los participantes calificaron de alarmante y que ha vuelto a poner el foco en la respuesta de las autoridades.

Las declaraciones de Marilyn Hawes, directora ejecutiva de Freedom from Abuse, elevaron el tono político de la discusión. En entrevistas televisivas criticó con dureza al gobierno encabezado por Keir Starmer y acusó a figuras destacadas del Partido Laborista de evitar abordar determinados aspectos de la crisis. Hawes afirmó que lleva años denunciando la situación y que, pese a las críticas recibidas, considera necesario hablar abiertamente del perfil de algunos implicados.

Según explicó, el problema seguiría vigente hoy en día y sería «endémico», citando supuestos episodios recientes en diferentes localidades británicas. Describió casos de jóvenes trasladadas de un lugar a otro y agredidas en entornos precarios como vehículos, hoteles o zonas apartadas, insistiendo en que la magnitud del fenómeno se extiende por todo el país.

Desde el Ministerio del Interior, sin embargo, un portavoz subrayó que el abuso infantil en redes organizadas constituye uno de los delitos más graves posibles y aseguró que las autoridades trabajarán para impedir que hechos similares vuelvan a repetirse. Mientras continúan las audiencias, el debate público se centra ahora en el alcance real de las conclusiones y en el impacto político que puedan tener las revelaciones surgidas de esta investigación independiente.

Ángel Piña, de 12 años de edad, relató los horrores de como presuntos funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) lo amedrentaron a él y su familia el día que se llevaron detenido a su padre y tío en una redada en su casa en Barinas. 

La Patilla

“Yo abría la puerta cuando le estaban dando golpes, y después veo a unos encapuchados que me están apuntando con un fusil en la cabeza”, dijo.

Piña, quien tenía ocho años, pidió junto a su abuela Gladys Acevedo, de 61 años de edad, la libertad de Winder Piña (padre) y Freddy Salazar (tío). 

“Fueron acusados de terrorismo y de manejar explosivos”, dijo. Acevedo. 

Ambos forman parte de los familiares de los presos políticos que exigen al chavismo la libertad de sus allegados.

Ángel Gabriel Piña Vera, tenía 8 años cuando fue apuntado con un fu51l en la cabeza por funcionarios de la DGCIM, durante el arresto de su papá en Barinas (2022). Junto a su abuela Gladys Acevedo (61) pide libertad para su padre Winder Piña y para su tío Freddy Salazar. pic.twitter.com/j3ZqKMVwYP

— Seir Contreras (@SeirContreras) February 11, 2026