El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), emitió este martes 10 de febrero tres licencias generales que flexibilizan las restricciones comerciales sobre la industria de hidrocarburos y la logística de transporte en Venezuela. Las medidas autorizan la comercialización de crudo por parte de empresas estadounidenses, la exportación de servicios técnicos y la operatividad de la infraestructura portuaria y aeroportuaria del país.
La Licencia General No. 46A permite que las entidades estadounidenses establecidas (organizadas antes del 29 de enero de 2025) participen en la venta, exportación, refinación y transporte de petróleo de origen venezolano.
El documento especifica que los pagos monetarios derivados de estas transacciones deben realizarse en los «Fondos de Depósito del Gobierno Extranjero», según lo establecido en el Decreto Ejecutivo 14373, o en cuentas indicadas por el Tesoro de EEUU. Asimismo, se autorizan pagos en forma de intercambios (swaps) de crudo por diluentes o productos refinados.
Por su parte, la Licencia General No. 48 autoriza la provisión de bienes, tecnología y servicios necesarios para la exploración, desarrollo y producción de petróleo o gas en el país. Esta normativa permite el mantenimiento, reparación y reacondicionamiento de equipos utilizados en la actividad energética. Sin embargo, la licencia prohíbe explícitamente la formación de nuevas empresas mixtas (joint ventures) y la exportación de diluentes hacia territorio venezolano.
En materia logística, la Licencia General No. 30B autoriza las transacciones necesarias para el uso y operación de puertos y aeropuertos en Venezuela. Esta medida incluye específicamente al Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) y a las entidades donde este posea una participación igual o superior al 50%.
Finalmente, el Departamento del Tesoro estableció estrictos controles de supervisión. Las personas que realicen exportaciones o suministros bajo estas licencias deberán entregar reportes detallados cada 90 días a las autoridades estadounidenses. Estos informes deben identificar a las partes involucradas, las cantidades y valores transados, así como cualquier pago de impuestos o tarifas realizado al Gobierno de Venezuela.
La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos en Venezuela, denunció este martes que las excarcelaciones bajo medidas restrictivas y el arresto domiciliario constituyen «mecanismos sistemáticos de control represivo» que, según la organización, equivalen a crímenes de lesa humanidad.
«No hay libertad con excarcelaciones bajo medidas restrictivas, ni existe excarcelación cuando la persona permanece privada de libertad en su hogar», afirmó en la red social X el director de la organización, Alfredo Romero. «Estos mecanismos sistemáticos de control represivo deben cesar. Constituyen crímenes de lesa humanidad», agregó.
El caso de Juan Pablo Guanipa
La declaración se produce tras la excarcelación, el domingo, de un grupo de activistas políticos que incluía al exdiputado opositor Juan Pablo Guanipa -cercano a la líder María Corina Machado- y al asesor jurídico Perkins Rocha.
Sin embargo, Rocha permanece en arresto domiciliario, al igual que Guanipa, quien el mismo día en que salió de prisión bajo medidas cautelares fue detenido de nuevo y llevado a su casa este martes, luego de que la Fiscalía opinó que incumplió sus medidas.
El hijo del dirigente, Ramón Guanipa, contradice esta narrativa, asegurando que las medidas cautelares impuestas al caso de su padre solo incluían prohibición de salida del país y presentación ante tribunales cada 30 días.
«Sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión», declaró Ramón Guanipa a la prensa en Maracaibo, donde su padre cumple la medida. Exigió «libertad plena y la de todos los presos políticos», que Foro Penal cifra en más de 600, categoría que el gobierno rechaza.
Vigilancia extrema y censura
El dirigente opositor enfrenta ahora condiciones más severas: grillete electrónico, prohibición absoluta de hacer declaraciones a la prensa o publicar en redes sociales, y la custodia permanente de dos funcionarios policiales en el exterior de su residencia.
Guanipa, detenido desde mayo del año pasado, había declarado brevemente tras su salida el domingo que apostaba por una reconciliación «con la verdad» y que Venezuela «tiene derecho a ser un país libre». Minutos después, según la denuncia de su familia, fue interceptado por «hombres no identificados» que lo volvieron a detener.
Este caso se enmarca en un contexto político particular, en el que el Parlamento -de mayoría oficialista- avanza con un proyecto de ley de amnistía para algunos presos políticos, aprobado en primera discusión y pendiente de un segundo debate para su eventual sanción.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama Melania Trump, viajarán este viernes a Carolina del Norte para reunirse con los comandos de las fuerzas especiales que capturaron a Nicolás Maduro el 3 de enero en Caracas, confirmó este martes la Casa Blanca.
El encuentro tendrá lugar en Fort Bragg, la base que alberga a las Fuerzas Delta, la unidad de élite del Ejército estadounidense especializada en operaciones antiterroristas y misiones encubiertas.
La portavoz presidencial, Karoline Leavitt, declaró que los Trump se reunirán con «los miembros de las Fuerzas Especiales que llevaron a cabo con éxito la Operación Resolución Absoluta en Venezuela y ayudaron a llevar ante la justicia al narcoterrorista Nicolás Maduro».
«Me consta que tanto el presidente como la primera dama esperan con gran entusiasmo esta visita», añadió Leavitt en rueda de prensa.
La operación del 3 de enero fue un asalto conjunto que combinó capacidades militares, de inteligencia y fuerzas especiales. Su objetivo principal era neutralizar las defensas aéreas venezolanas para permitir la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Tras su detención, ambos fueron trasladados primero a la base naval estadounidense en Guantánamo, Cuba, y posteriormente a Nueva York, donde enfrentan cargos federales por narcotráfico.
El operativo dejó aproximadamente 80 fallecidos, entre estos 32 agentes de seguridad cubanos que formaban parte del dispositivo de protección de Maduro. No se registraron bajas entre las tropas estadounidenses.
En las refinerías de la costa del Golfo de los Estados Unidos, el crudo pesado venezolano siempre ha sido el ingrediente predilecto. Tras años de ausencia y estancamiento, el sonido de los tanqueros cargando en las costas orientales y occidentales de Venezuela vuelve a marcar el pulso de una economía que busca desesperadamente su oxígeno natural. No se trata solo de bombear barriles, es la señal de que, finalmente, el pragmatismo se impuso sobre la ideología.
Para entender este rompecabezas de válvulas, licencias y geopolítica, nadie mejor que Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Instituto Baker de la Universidad Rice y, posiblemente, una de las voces más lúcidas para diseccionar nuestra principal industria. Su disertación fue la apertura del foro convocado el pasado martes en Caracas por Ecoanalítica, titulado «Las nuevas perspectivas económicas 2026».
Monaldi no estuvo solo en la tarea de pensar el país. El panel contó con el análisis político de Félix Seijas, director de Delphos; la visión estratégica de la analista estadounidense Amanda Mattingly; y la profundidad económica de los directivos de Ecoanalítica: Pedro Palma, Alejandro Grisanti y Graciela Urdaneta. El consenso fue silencioso pero firme: la ventana de oportunidad se ha vuelto a abrir.
El factor Chevron: el músculo que mueve la aguja
La recuperación que hoy celebra el sector no es obra de la casualidad, sino de una apertura condicionada. Monaldi es enfático al señalar que el repunte productivo de los últimos meses tiene un motor principal. El aumento de la producción registrado entre 2023 y 2024, que superó el bache del estancamiento post-pandemia, provino en más de 80% de los esfuerzos de Chevron bajo su licencia específica.
Este cambio ha reconfigurado la estructura de poder dentro de la industria. La otrora todopoderosa Pdvsa ha mutado hacia un rol distinto. Según el análisis de Monaldi, la estatal es hoy un «participante muy menor», actuando más como una entidad que «administra contratos» que como el gran operador soberano que conocimos en décadas pasadas. Esta «cesión» del control operativo ha sido la llave que permitió reactivar pozos que estaban condenados al olvido.
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El chavismo reciclado desnudó su verdadera naturaleza en la medianoche del domingo porque temieron perder el control. Dos fueron las víctimas: la primera, Juan Pablo Guanipa, dirigente opositor clave en la arquitectura política de María Corina Machado, recapturado cuando sólo había disfrutado de seis horas de libertad; y la segunda, el entusiasmo nacional renacido con las excarcelaciones de ese día y los regresos triunfales de los beneficiados.
Dos días después, sigue el doble juego. Agentes chavistas trasladaron a Guanipa a su hogar en Maracaibo, que abandonó en agosto de 2024 para sumergirse en la clandestinidad, la cual hace casi nueve meses se convirtió en prisión tras la caza y captura chavista. Casa por cárcel, le dicen en el chavismo, que le ha puesto un grillete electrónico, como a Perkins Rocha, le ha ordenado permanecer callado y ha apostado a dos policías malencarados en su puerta.
«Miedo tenemos todos, mi padre, yo y todos los venezolanos. Pero si el miedo va a comandar nuestro accionar y nadie habla ni sale, este es el mejor país del planeta y nadie nunca se va a enterar de que vivimos en una dictadura y somos reprimidos», resumió ayer Ramón Guanipa, convertido en la voz de su padre silenciado.
El «inquebrantable» Guanipa está fuerte, aseguró su hijo, tras permanecer un día en el cuartel policial de Maripérez, en Caracas, desde donde fue trasladado al aeropuerto de Maiquetía y, desde allí, hasta su natal Maracaibo. Muchas molestias para los administradores del chavismo reciclado.
«El tiempo que espera Washington para ver cambios en Venezuela es el tiempo que el régimen de Delcy y Diosdado Cabello espera para ver cambios en Washington y seguir», advierte Jorge Lazo Cividanes, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Otawa.
Fuentes políticas confirmaron a EL MUNDO que excarcelados del domingo han pasado ante el juez y lo que se han encontrado no dista en absoluto de lo que sucedía antes del 3 de enero: malas caras, amenazas y juego sucio. La verdadera cara de la revolución, pese a que de puertas para afuera vendan -especialmente a Washington- que se están cumpliendo las órdenes que desde allí llegan.
De hecho, Ramón Guanipa agradeció directamente a Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, por «su labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos». Fueron senadores y congresistas estadounidenses quienes apretaron las tuercas a los más duros de la revolución, el ministro Diosdado Cabello y el fiscal general, Tarek William Saab, los que inventaron que el dirigente democrático había roto las medidas cautelares impuestas por uno de sus jueces. La realidad es que el chavismo está dispuesto a mantener su sistema represivo para controlar a la sociedad venezolana, ávida de cambios.
«No hay libertad con excarcelaciones bajo medidas restrictivas ni existe excarcelación cuando la persona permanece privada de libertad en su hogar. Estos mecanismos sistemáticos de control represivo deben cesar. Constituyen crímenes de lesa humanidad», denunció Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, que desde hace más de 15 años protege a los presos políticos.
El chavismo reciclado suspendió la aprobación de la Ley de Amnistía, que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), había programado para ayer con el objetivo de extender el proceso de «consulta pública». Tras las aportaciones de organizaciones como el Foro Penal y Provea, el turno le tocó ayer a las mujeres del Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve), que accedieron, con su valor y sus pancartas, hasta la propia AN y fueron invitadas a participar.
Más doble juego, porque quienes las invitaron son los mismos que mantienen a sus familiares desde hace años en prisión y los mismos que se niegan a soltarlos cuando ya han transcurrido un mes y cuatro días desde que Donald Trump ordenara abrir las mazmorras chavistas.
Los mismos que pretenden, según los 13 artículos aprobados en primera instancia pese a que nadie los había leído, imponer una amnistía a la medida de los intereses del nuevo régimen. «Son más de la mitad de presos políticos que quedarían excluidos de esta ley», advirtió Andreína Baduel, líder del Clippve e hija del general Raúl Isaías Baudel, quien murió en el siniestro Helicoide tras una década de cárcel y persecución.
Las trampas que ya asomó la ley van desde la negativa a liberar a los 175 militares presos y a los acusados por falsos crímenes de odio hasta las limitaciones para el regreso de los exiliados con más poder político, como María Corina Machado, Leopoldo López y Julio Borges.
El chavismo también pugna por autoperdonarse pese a las gravísimas violaciones de derechos humanos, que la Corte Penal Internacional investiga como crímenes de lesa humanidad: ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones sexuales, desapariciones forzadas y detenciones ilegales.
El atleta ucraniano de skeleton Vladyslav Heraskevych podrá usar un brazalete negro en las competencias de los Juegos de Milán-Cortina, informó el martes el Comité Olímpico Internacional, perono su casco pintado para conmemorar las vidas de los atletas de su país que murieron en la guerra con Rusia.
“Creo que lo que hemos intentado hacer es atender sus deseos con compasión y comprensión”, declaró el martes el portavoz del COI, Mark Adams. “Se ha expresado en redes sociales y durante los entrenamientos y, como saben, no le impediremos que se exprese en las ruedas de prensa, ya que deja la competición en la zona mixta y en otros lugares. Creemos que esta es una buena solución en esta situación”.
Poco después, Heraskevych usó el casco homenaje en su primera de dos carreras de entrenamiento el martes, lo que sugiere que Ucrania ha presentado una apelación. No parecía llevar brazalete negro.
En una carta al Comité Olímpico Ucraniano, el COI declaró que Heraskevych no podría “competir” con el casco personalizado. No se especificó qué está permitido para las carreras de entrenamiento.
Heraskevych dijo que el COI le dijo el lunes por la noche que no podía usar el casco que muestra los rostros de varios atletas ucranianos que han muerto desde 2022 porque los funcionarios olímpicos decidieron que violaba la regla que prohíbe las declaraciones políticas.
La regla 50 de la Carta Olímpica establece en parte que “no se permite ningún tipo de manifestación ni propaganda política, religiosa o racial en ninguna de las instalaciones, sedes u otras áreas olímpicas”.
Heraskevych, que quedó cuarto en el campeonato mundial del año pasado y generalmente se lo considera un candidato a medalla en estos Juegos, tiene más carreras de entrenamiento programadas para el miércoles y se espera que compita en la carrera olímpica de skeleton masculino el jueves.
El COI señaló que ha prohibido los brazaletes en el pasado, pero está dispuesto a hacer una excepción en el caso de Heraskevych. Esta medida del COI no significa que todos los atletas puedan usar brazaletes, y si Heraskevych decide hacerlo, no podrán incluir texto alguno, explicó Adams.
“No queremos que todos lleven un brazalete negro en cada competición”, dijo Adams. “Pero si hay un buen motivo, se considerará debidamente”.
Heraskevych dijo que todavía está presionando para obtener un resultado justo y agregó que ha visto banderas rusas (que se supone que debían estar prohibidas en estos juegos) en las gradas de algunos eventos y se pregunta por qué el COI las permite.
“No infringimos ninguna regla y debería permitírmelo competir con este casco”, declaró Heraskevych a The Associated Press el lunes, antes de que los oficiales ucranianos de deslizamiento se reunieran con un representante del COI y supieran que no se permitiría. “No entiendo cómo este casco pudo haber perjudicado a alguien. Es un homenaje a los atletas, algunos de los cuales fueron medallistas en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Eso significa que son parte de la familia olímpica. Formaban parte de esta familia olímpica, así que no entiendo que encontraran una excusa para no hacerlo”.
El patinador artístico Dmytro Sharpar, antiguo compañero de Heraskevych en los Juegos Olímpicos de la Juventud, aparece en el casco, al igual que el boxeador Pavlo Ishchenko, el jugador de hockey Oleksiy Loginov y otros. Algunos, según Heraskevych, murieron en el frente; al menos uno murió mientras intentaba distribuir ayuda a sus compatriotas ucranianos.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, intervino en la búsqueda de Heraskevych con una publicación en su página de Instagram en la que decía que quería agradecer al control deslizante por “recordarle al mundo el precio de nuestra lucha”.
Heraskevych, abanderado de Ucrania en la ceremonia inaugural de la semana pasada, exhibió un cartel tras su cuarta y última participación en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 que decía “No a la guerra en Ucrania”. Días después de la finalización de los Juegos, Rusia invadió su país y la guerra ha continuado desde entonces.
La muerte de Kurt Cobain continúa siendo objeto de controversias y discusiones más de 30 años después. El líder de Nirvana fue hallado sin vida el 5 de abril de 1994 en su residencia de Seattle.
Una herida de escopeta en la cabeza y la presencia de una nota manuscrita llevaron a que la versión oficial determinara suicidio.
Sin embargo, un grupo privado de científicos forenses reabrió el caso en el ámbito académico y mediático, señalando la posibilidad de un homicidio cuidadosamente encubierto.
Impulsados por inconsistencias en la investigación original, un equipo liderado por Brian Burnett, especialista en casos complejos, y la investigadora Michelle Wilkins revisó el material forense y la autopsia de Cobain.
Según Wilkins, apenas tres días después de analizar la evidencia, Burnett tuvo una conclusión definitiva: “Esto es un homicidio. Tenemos que hacer algo al respecto”, reportó Daily Mail.
El informe, sometido a revisión por pares y publicado en la International Journal of Forensic Science, presentó diez elementos clave que desafiaron la hipótesis del suicidio.
Entre los principales argumentos figuró la posibilidad de que Cobain fue forzado a consumir una sobredosis de heroína que lo incapacitó, para luego ser asesinado con la escopeta.
El documento sostuvo que los daños observados en cerebro e hígado, así como la apariencia de hipoxia en órganos, “no ocurren en una muerte instantánea por escopeta, sino en una sobredosis prolongada”, según Wilkins.
La respuesta del King County Medical Examiner’s Office fue categórica.
Desde la institución se afirmó que la investigación fue exhaustiva, con autopsia completa y colaboración policial, y que solo la aparición de pruebas nuevas y concluyentes justificaría reabrir el caso.
Un portavoz oficial aseguró a Daily Mail que no se presentó evidencia de ese tipo hasta el momento.
La autopsia indicó que el cuerpo de Cobain apareció en el invernadero sobre el garaje, rodeado de elementos dispuestos con precisión.
Wilkins sostuvo que la escena parecía “coreografiada”, con el recibo del arma y de los cartuchos en el bolsillo, y los cartuchos alineados a los pies del cadáver.
Este orden, sumado a otros detalles, fue interpretado como un intento deliberado de reforzar la versión oficial de suicidio.
El informe independiente resaltó varios aspectos anómalos. La limpieza de la escena y del propio cuerpo de Cobain llamó la atención del equipo forense.
Uno de los puntos más citados fue la ausencia de sangre en la mano izquierda, situada junto al cañón del arma, algo inusual en suicidios por escopeta en la cabeza.
Los especialistas afirmaron: “No existe ningún escenario en el que esa mano no esté cubierta de sangre”.
El kit de heroína hallado junto al cuerpo, con jeringas tapadas y utensilios ordenados, resultó otro elemento sospechoso.
Wilkins argumentó que resultaba improbable que alguien bajo los efectos de una dosis diez veces superior a la habitual —como reflejaron los análisis— tuviera la destreza para limpiar y recoger los instrumentos antes de morir.
Además, la escopeta Remington pesaba cerca de tres kilogramos, lo que dificultaría que Cobain, en estado comatoso, pudiera manipularla y accionar el disparo.
La posición del cartucho expulsado tampoco coincidió con el funcionamiento habitual del arma ni con la ubicación del cuerpo.
El equipo replicó la escena y concluyó que, con la mano en el cañón, el arma ni siquiera habría expulsado un cartucho en la posición hallada.
La autenticidad de la nota encontrada junto al cuerpo también fue revisada.
Wilkins distinguió dos partes: la superior, atribuida a Cobain, no mencionaba el suicidio y se enfocaba en aspectos personales y musicales; los últimos renglones, en cambio, presentaron diferencias de caligrafía y tono, lo que sugiere que podrían haber sido añadidos posteriormente.
Otro elemento relevante resultó del análisis de los patrones de sangre: según Wilkins, la gran mancha en el extremo inferior de la camiseta solo se explicó si el cuerpo fue movido, colocando la cabeza hacia abajo después de la muerte.
La ausencia de sangre en otras zonas del torso y en la mano izquierda reforzó la hipótesis de manipulación posterior.
Las solicitudes formales para reabrir el caso fueron rechazadas tanto por la policía de Seattle como por la oficina forense.
Wilkins insistió en que su objetivo no era señalar culpables, sino garantizar transparencia: “Si estamos equivocados, solo pedimos que nos lo demuestren”.
El expediente Cobain ocupó un lugar destacado en discusiones públicas.
La ley venezolana para cerrar veintisiete años de conflicto, violación de derechos humanos, exclusión, partido único y una democracia baldada se discute entre opacidad legislativa, representación restringida y presión internacional.
En la Asamblea Nacional, la palabra que dominó la primera discusión fue “perdón”. Jorge Rodríguez la pronunció en tono solemne, habló de heridas abiertas y de reconciliación, y presentó la ley como un gesto fundacional para cerrar décadas de confrontación. Fuera del recinto, en cambio, organizaciones de derechos humanos, académicos y familiares de presos políticos seguían sin acceso al texto completo que se estaba votando. La amnistía avanzaba mientras el país apenas comenzaba a enterarse de su contenido.
El proyecto –bautizado Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática– promete clausurar veintisiete años de conflictos, protestas, persecuciones judiciales y episodios de violencia política. Pero se discute en un sistema marcado por inhabilitaciones administrativas, partidos intervenidos por el Tribunal Supremo, registros electorales congelados y millones de venezolanos en el exterior sin voto efectivo. A ese telón de fondo se suma una práctica legislativa que, según juristas y ONG, ha ido relegando los mecanismos de consulta pública que la Constitución exige para normas de alto impacto.
La presión internacional acelera el pulso. Washington sigue el proceso con la vista puesta en sanciones y petróleo; en Europa se multiplican los contactos discretos; el gobierno presenta la iniciativa como una señal de normalización. Para la sociedad civil, en cambio, la pregunta es más incómoda: si una ley diseñada para cerrar un ciclo autoritario puede nacer sin deliberación abierta, sin auditoría ciudadana y sin garantías claras para las víctimas. En Venezuela, la reconciliación no es una consigna abstracta. Es un procedimiento. Y ese procedimiento, por ahora, sigue en disputa.
I. La ley que se discute sin el país
En el hemiciclo de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez habló de perdón. Lo hizo en tono solemne, invocó heridas abiertas y apeló a la conciencia de los diputados. La sesión transcurría en clave moral: reconciliación, paz, reparación. Afuera, organizaciones de derechos humanos, académicos y familiares de presos seguían sin acceso al texto completo del proyecto en discusión. La ley avanzaba en primera discusión mientras la deliberación pública apenas comenzaba.
La escena condensaba una paradoja que atraviesa todo el proceso. La iniciativa –bautizada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática– promete cerrar un ciclo de persecuciones políticas y abrir una etapa de normalización institucional. Pero se tramita en un sistema marcado por inhabilitaciones administrativas, partidos intervenidos judicialmente, registros electorales congelados y una diáspora sin voto efectivo. A eso se suma una práctica legislativa que, según juristas y ONG, ha relegado los mecanismos de consulta que la Constitución consagra.
La filtración de artículos centrales intensificó el debate. El proyecto incluye una amnistía amplia para delitos políticos y conexos cometidos entre 1999 y 2026; excluye formalmente crímenes de lesa humanidad, homicidio intencional, narcotráfico y corrupción grave; ordena la extinción de procesos y la eliminación de antecedentes en determinados casos. El Gobierno presentó el texto como un paso histórico hacia la reconciliación. Las organizaciones civiles respondieron con cautela: exigieron conocer el articulado íntegro, reclamaron audiencias públicas y advirtieron que una norma sin desmontaje del aparato legal represivo ni garantías de no repetición corre el riesgo de convertirse en un instrumento de impunidad.
Ese choque –discurso reconciliador frente a procedimiento cuestionado– define el corazón del debate. No se trata solo de a quién beneficia la ley ni de cuántos presos podrían salir en libertad. La discusión toca una pregunta más profunda: si una norma que aspira a cerrar un ciclo autoritario puede nacer sin deliberación ciudadana en un país donde la representación política se ha ido estrechando.
Mientras en la tribuna parlamentaria se hablaba de sanar heridas, fuera del recinto se acumulaban interrogantes concretos: quiénes podrán participar en la consulta anunciada; qué organizaciones serán escuchadas; si se revisarán las leyes que hoy sostienen la persecución política; si habrá mecanismos de reparación para las víctimas; si las inhabilitaciones desaparecerán o seguirán administrándose caso por caso. La reconciliación, aquí, no es una consigna. Es un procedimiento.
Con el texto todavía incompleto en manos de la opinión pública, el debate se desplazó del plano simbólico al terreno técnico. La pregunta dejó de ser quién hablaba de perdón y pasó a ser qué decía exactamente la ley que se estaba votando.
II. La ley en sus propios términos
El debate público sobre la amnistía dejó de ser abstracto cuando comenzó a circular el texto íntegro del proyecto aprobado en primera discusión. El documento, de trece artículos, no se limita a proclamar reconciliación: construye un sistema jurídico completo para extinguir procesos, anular condenas, borrar registros administrativos y cerrar solicitudes de extradición relacionadas con conflictos políticos ocurridos durante más de veinticinco años.
Desde su primer artículo, la ambición es explícita. La norma concede una “amnistía general y plena” a todas las personas procesadas o condenadas por delitos políticos o conexos cometidos entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026, siempre que los hechos se inscriban en una lista cerrada de episodios de violencia política. No se trata de una cláusula abierta al pasado reciente: el período cubierto coincide casi exactamente con toda la era chavista.
El artículo 6 enumera diez ciclos concretos: el golpe de Estado de abril de 2002; el paro petrolero de 2002–2003; disturbios de 2004; protestas de 2007; violencia tras la elección presidencial de 2013; las protestas de 2014 y 2017; los eventos de 2019; y los hechos ocurridos durante la campaña presidencial de julio de 2024. Esa enumeración cumple dos funciones. Por un lado, delimita temporalmente los casos cubiertos. Por otro, convierte a la ley en una operación retrospectiva de gran escala: una tentativa de clausura judicial de casi todos los momentos críticos del conflicto político venezolano en el último cuarto de siglo.
El texto incorpora, sin embargo, una lista de exclusiones que el oficialismo presenta como garantía de alineamiento con el derecho internacional. El artículo 7 deja fuera violaciones graves de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y de guerra, homicidio intencional, narcotráfico –cuando la pena mínima supere los nueve años– y delitos contra el patrimonio público.
En apariencia, la cláusula responde a los límites fijados por tratados internacionales y por la Constitución. Su formulación, sin embargo, deja abiertas varias zonas de litigio. La norma no define quién determina cuándo un hecho constituye una “violación grave” ni cómo se resolverán causas mixtas, en las que una imputación política convive con delitos comunes. Tampoco especifica qué estándar probatorio se usará para excluir a un beneficiario. En un sistema judicial cuestionado por su autonomía, ese margen interpretativo adquiere peso político.
El efecto jurídico de la amnistía es particularmente amplio. El artículo 8 ordena la extinción “de pleno derecho” de acciones penales, administrativas, disciplinarias y civiles en curso; incluye procedimientos judiciales, medidas cautelares, presentaciones periódicas, prohibiciones de salida del país y hasta solicitudes de extradición. El lenguaje no deja dudas: una vez aplicada, la ley no solo libera personas, sino que cierra expedientes en múltiples jurisdicciones y elimina consecuencias accesorias de los procesos.
La operación continúa en el artículo 11, que obliga a organismos policiales, militares y administrativos a borrar de sus archivos los registros y antecedentes vinculados a hechos amnistiados. La limpieza documental no es secundaria: afecta bases de datos internas, historiales judiciales y registros de seguridad que durante años han condicionado viajes, empleos y trámites civiles.
El procedimiento para aplicar la norma se concentra en el artículo 9. La decisión de otorgar la amnistía recae en tribunales de control o de juicio, a solicitud del Ministerio Público o del propio afectado. Esos jueces deberán verificar si el caso encaja en los supuestos legales y dictar el sobreseimiento o, en caso de condenas firmes, emitir “sentencias de reemplazo” que anulen las anteriores.
No se crea ninguna comisión independiente, ni un órgano mixto con participación social, ni un panel internacional de supervisión. El artículo 12 asigna al Ministerio de Justicia del Ejecutivo la tarea de desarrollar mecanismos para asegurar el cumplimiento de la ley. La arquitectura es cerrada: todo el circuito –evaluación, ejecución y seguimiento– queda dentro del aparato estatal existente.
La Exposición de Motivos refuerza la narrativa política del proyecto: habla de paz, pluralismo, reconciliación y rechazo a la venganza; invoca el Estado democrático y los derechos humanos; promete cerrar ciclos de confrontación. Pero no incorpora compromisos operativos en materia de reparación a víctimas, comisiones de esclarecimiento, reforma de cuerpos de seguridad ni revisión de leyes represivas. Es una declaración de principios, no un programa de transición.
Ese contraste –ambición retrospectiva amplia y ausencia de dispositivos paralelos de verdad y reparación– es uno de los ejes más sensibles del debate. La ley no se limita a liberar personas: redefine el tratamiento jurídico de un cuarto de siglo de conflicto político y lo hace mediante procedimientos controlados por el propio Estado que produjo esos procesos.
La arquitectura jurídica del proyecto abrió una discusión inmediata que iba más allá de sus efectos penales. El foco se trasladó al modo en que se estaba tramitando una norma de alcance histórico y a los estándares constitucionales que rigen ese proceso.
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«No hay transición con represión, no hay transición sin Estado de derecho y sin libertades plenas». María Corina Machado
Nos preguntamos cuánto perdurará el pragmatismo que hoy marca pauta en el destino del país. Desde luego que es un asunto a considerar por sus alcances, expectativas creadas y por la meta trazada a partir del 3 de enero, encargos mediante. Es una suerte de novela publicada por entregas con varios capítulos pendientes. El ritmo arrollador de los hechos está generando, para los inescrupulosos fratelli, asombrosas deslealtades y peligrosas alianzas de ocasión. En sus propias palabras, se encuentran en “estado de sospecha” ante los suyos y extraños.
Esas mismas circunstancias, imponen un what for what para determinar lo que subyace realmente en las entrañas de este “rodrigato”. Supervivencia, sometimiento, impunidad, poder, manipulación, proyección, traición y engaño forman parte de una laxa enumeración de claves, que materializarían su frenética aspiración de convertirse en futuros referentes electorales como medio idóneo para lavar sus espantosos pecados. Apelan, por tanto, a los peores recursos: al creador de “La Tumba”, golpista y magnicida fallido en La Carlota el 4F, para sustituir a un ministro de la “defensa” devenido en cronista del 3 de enero. Todo de la mano del incalumniable ZP, experto mediador en fechorías internacionales. En el negado caso que tamaño despropósito cobre vida, sería demasiado pragmatismo, presidente Trump.
En este lado: derechos humanos, petróleo, poder, justicia, democracia y libertad son, entre otros, términos protagónicos contenidos en la doctrina que precisa sus objetivos en las fases de la estabilización, recuperación y transición; hasta hace poco, un planteamiento teórico tan inimaginable como lo ha sido su propia ejecución. Su implementación está revestida con un manto que las preserva e impone sin alardes, solo concediéndole a los encargados de turno que finjan iniciativas e indulgencias. Aunque tragando grueso, lo harán esos mismos que por libre arbitrio decidieron adueñarse del país, no para desarrollarlo en beneficio del bien común sino para esquilmarlo a su antojo. No para garantizar los derechos humanos sino para conculcarlos con sus persecuciones, torturas y encarcelamientos, aun “vivitas y coleando” como se desprende de las artimañas de recapturas y retrasos en la excarcelación de presos políticos civiles y militares. Son esos mismos que en paralelo proponen reconciliaciones eufemísticas, piden perdones tácticos y están afanados en cumplir la tarea impuesta para tener la buena pro de la administración republicana, abrigando segundas intenciones.
Nada, absolutamente nada ocurre, ni ocurrirá, sin que sea tamizado por quienes realmente lograron quebrar en buena hora esta hegemonía demoníaca de 26 largos años, y prevén con MCM un futuro de libertades y democracia, que garantice la efectiva vigencia de un Estado de derecho, en el que rija la separación e independencia de los poderes públicos, en el que se tutele con celo el ejercicio del poder. Hacia allá vamos, juntos consolidaremos esa legitimación democrática, ese es nuestro por qué y para qué, es nuestro leitmotiv. Solo así se alcanzará la seguridad jurídica indispensable para el desarrollo pleno de una Venezuela productiva para beneficio de todos.
Víctor A. Bolívar X: @vabolivar
La forma subrepticia en que Jorge Rodríguez ha tramitado la anunciada Ley de Amnistía revela, una vez más, la naturaleza fraudulenta que caracteriza a la cúpula oficialista. No se trata de un simple vicio procedimental, sino de una práctica política sistemática: el uso del lenguaje jurídico y político para encubrir la arbitrariedad y la negación del Estado de derecho.
En abierta violación de la Constitución y del Reglamento Interior y de Debates, se inició la discusión de un proyecto de ley sin que los diputados tuvieran acceso al texto íntegro. Acto seguido, se abrió un apurado proceso de consulta pública sobre un documento que no ha sido formalmente publicado, mientras se exige a los consejos legislativos y municipales del país que avalen un contenido que desconocen. Hasta el momento, no existe publicación oficial; solo circula un borrador difundido en redes sociales por un diputado ajeno a la directiva. Este proceder tiene un solo nombre: fraude legislativo.
La lectura del primer borrador confirma las peores sospechas. Es un texto incompleto y peligroso, diseñado más para lavar la imagen del régimen que para cerrar esta tragedia y desmontar el aparato represivo construido durante más de dos décadas. El proyecto consta de apenas trece artículos y restringe su ámbito de aplicación a diez momentos específicos de la vida política reciente, calificados de manera sesgada como «violencia política». Se mencionan desde el golpe de 2002 y el paro petrolero, hasta los ciclos de protesta de 2014, 2017, 2019 y las manifestaciones post-electorales de 2024.
Esta delimitación no es fortuita. Al circunscribir la amnistía a episodios estigmatizados por el discurso oficial, el poder busca reafirmar su narrativa de criminalización de la disidencia, en lugar de reconocer la existencia de una persecución política estructural. Más grave aún es lo que el proyecto excluye. Quedan fuera quienes han sido judicializados bajo la Ley Simón Bolívar, la Ley contra el Odio y otros instrumentos de represión vigentes. Tampoco se contempla la derogatoria del marco legal que hace posible la persecución; al mantener estas leyes, se deja la puerta abierta para nuevas detenciones. El proyecto no garantiza el retorno seguro de los exiliados, no levanta las inhabilitaciones políticas ni establece mecanismos de reparación integral para las víctimas. Es, en esencia, una amnistía sin verdad, sin justicia y sin garantías de no repetición.
Debe subrayarse que esta amnistía no es automática. Su aplicación debe ser solicitada individualmente y queda sujeta a una verificación judicial, manteniendo la discrecionalidad en manos del mismo sistema que ejecutó la persecución. Se subordina la libertad de los presos políticos al arbitrio de sus propios carceleros. Es fundamental acordar el cese del proceso penal de forma directa o, en su defecto, la intervención de jueces ad hoc cuya imparcialidad sea incuestionable.
Por otra parte, la propuesta busca proteger a quienes, desde el sistema de justicia, han participado en la criminalización de ciudadanos inocentes, ignorando la prohibición expresa de amnistía para tales delitos. El artículo 29 de nuestra Constitución es taxativo:
«Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan conllevar la impunidad, incluidos el indulto y la amnistía».
Todo ello convierte esta propuesta en un instrumento insuficiente para una verdadera reconciliación nacional. La sociedad democrática —desde sectores académicos, sociales y religiosos— ha presentado propuestas para transformar este proyecto inicial. Esperamos que dichos cambios se incorporen.
Exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos, la derogatoria del «derecho penal del enemigo» y el desmontaje del sistema represivo. Lo demás es simulación. Y Venezuela ya ha pagado un precio demasiado alto por las simulaciones.
