Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó este viernes su informe anual de Libertad de Prensa y ubicó a Cuba, Nicaragua y Venezuela –en ese orden- entre los últimos puestos de la lista.

El Nacional

Noruega es el país donde los medios de comunicación gozan de mejor situación, mientras que Eritrea sustituyó a Corea del Norte como el peor para la libertad de la prensa.

En la cola de la clasificación de esta oenegé de defensa del periodismo, en el continente americano, permanecen Cuba (168º), Nicaragua (163º) y Venezuela (156º), países donde «el periodismo vive sometido a una censura que se apoya en decisiones arbitrarias».

Mientras que Ecuador pierde 30 posiciones y se sitúa en el puesto número 110, y Argentina retrocede 26 puestos y se coloca en la 66ª posición.

Reporteros Sin Fronteras apoya en España a periodistas de Venezuela, Cuba, El Salvador y Nicaragua
En Ecuador «la crisis política y el ascenso del crimen organizado han perturbado el funcionamiento democrático», explica el texto.

«La situación es particularmente preocupante en Argentina tras la llegada al poder del presidente Javier Milei, cuya postura agresiva respecto al periodismo entorpece el pluralismo», añade el texto.

Enfrentado a una gran crisis económica a su llegada al poder, Milei anunció en marzo el cierre de la agencia de noticias pública Télam.

Perú (125ª posición) también destaca por el deterioro de las condiciones de ejercicio del periodismo. «El país ha perdido 48 posiciones en dos años», resalta el comunicado.

Pero no todo son noticias negativas en América Latina: la situación mejora en Chile, que sube 31 peldaños hasta el puesto 52, y en Brasil, con un ascenso de diez puestos hasta el 82º.

«La voluntad política puede permitir mejores garantías» para los medios, señaló la directora editorial de RSF, Anne Bocandé.

Desprotección en Gaza

A nivel global, el informe destaca que las condiciones para el ejercicio del periodismo son malas en tres cuartas partes de los países.

También denuncia particularmente «la ausencia manifiesta de voluntad política de la comunidad internacional para aplicar los principios de protección de periodistas» en la guerra de Gaza.

Según RSF, más de cien reporteros palestinos han muerto en el enclave por el ejército israelí, de los que al menos 22 lo hicieron ejerciendo su profesión.

La oenegé advierte en su último informe que los Estados ofrecen menor protección al periodismo, sino actúan directamente en favor de la desinformación.

El estudio alerta asimismo de «un deterioro preocupante del respaldo y el respeto a la autonomía de los medios» en un 2024 que «es el mayor año electoral de la historia mundial».

Casi la mitad de la población mundial acude a las urnas este año, desde India y Estados Unidos a México o Venezuela, lo que hace presagiar nuevas «presiones muy fuertes».

A nivel mundial destaca la caída de Afganistán (26 puestos, hasta la posición 178ª), Togo (-43, 113ª) o Burkina Faso (-28, 86ª).

Siria y Eritrea son «dos países que se han convertido en zonas sin ley para los medios de comunicación, con un número récord de periodistas detenidos, desaparecidos o secuestrados».

La clasificación se lleva a cabo con base en «una recogida cuantitativa de los abusos cometidos hacia los periodistas» de un lado y de «un estudio cualitativo» del otro.

Este segundo se basa en «las respuestas de cientos de expertos de la libertad de prensa (periodistas, universitarios, defensores de derechos humanos) a una centenar de preguntas».

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado instó a sus seguidores a apoyar al candidato presidencial de la Plataforma Unitaria Democrática, Edmundo González Urrutia, en las elecciones del próximo 28 de julio.

Infobae

“¡Tenemos candidato: Edmundo González Urrutia!”, expresó ante el aplauso de la multitud. “¡Estamos listos!”.

Durante un acto multitudinario celebrado en el estado petrolero del Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), Machado destacó la importancia de la región en la lucha contra el régimen chavista y elogió a González Urrutia como un hombre íntegro y respetable.

“Yo les quiero pedir a todos aquellos que han confiado en mí que el 28 de julio vayamos todos con energía, con alegría, con firmeza, a votar por Edmundo González Urrutia”, expresó.

“El Zulia está con vos” fue una de las consignas con la que los asistentes a este acto en la ciudad de Maracaibo respondieron al discurso de Machado.

La dirigente opositora visitó Zulia como parte de un recorrido que hace por varios estados del país, el más reciente Falcón (noroeste), donde reiteró que el 28 de julio Venezuela pondrá “fin” al socialismo.

Machado habló acompañada por líderes del estado Zulia, históricamente opositor, aunque estuvo ausente el gobernador Manuel Rosales, que llegó a inscribirse como candidato presidencial en medio de un bloqueo contra la PUD, que terminó registrando a González, en principio de manera provisional.

Rosales, muy criticado por su cercanía al régimen de Maduro, terminó plegándose a la opción de González cuando la Plataforma Unitaria decidió formalizar su candidatura.

Zulia es uno de los estados más golpeados de Venezuela, con cortes eléctricos diarios de horas.

En el pasado, fue epicentro de la industria petrolera, que hoy está venido abajo entre la corrupción y la falta de inversión.

“Vamos a traer todo tipo de inversiones al Zulia para que este estado se convierta en el más próspero de América Latina”, prometió Machado entre aplausos.

La dirigente llegó a Zulia desde el vecino estado Falcón, donde también congregó a miles. Antes estuvo en Portuguesa (oeste).

Sus giras han terminado con el arresto de militantes y miembros de su equipo.

Nueve dirigentes y activistas de su organización política, Vente Venezuela, han sido detenidos este año y seis se encuentran refugiados en la residencia del embajador de Argentina en Caracas.

A través de la red social X, González Urrutia expresó su agradecimiento por la “gran demostración” de “todos los que se movilizaron este jueves para escuchar” el “mensaje de unión”, y les pidió seguir organizándose “para triunfar el próximo 28 de julio”.

González Urrutia es uno de los 10 candidatos -todos hombres- a los venideros comicios, entre ellos el dictador Nicolás Maduro, quien busca ser reelegido por segunda vez.

El ex embajador terminó siendo el abanderado de la PUD en vista de la inhabilitación que impide competir por cargos públicos a Machado, elegida en primarias como candidata presidencial del bloque, y de las trabas que hubo por parte del chavismo para postular a Corina Yoris, quien había sido la primera opción para sustituir a la líder opositora.

Apenas 508 venezolanos en el exterior lograron inscribirse en el Registro Electoral (RE), mientras que 6020 cambiaron su lugar de residencia para poder votar fuera del país. Esa fue la minúscula cantidad de personas que entre el 18 de marzo y el 16 de abril fueron admitidas en el sistema dispuesto por el Consejo Nacional Electoral (CNE) al servicio del chavismo en consulados y embajadas.

Por: Oriana Rivas – PanamPost

Teniendo en cuenta que según estimaciones previas del antichavismo, hay cuatro millones de ciudadanos en el exterior en edad de votar —de los 7.722.579 migrantes y refugiados registrados por la plataforma R4V—, los números que arroja la jornada del RE demuestran una vez más cómo la dictadura de Nicolás Maduro hace todo lo posible para impedir su salida del poder y desincentivar la participación. Es decir, en términos porcentuales, apenas el 0,16 % de los posibles votantes en el exterior pudo inscribirse o actualizar sus datos y, lo que es peor aún, solo 1,72 % de toda esta población en tierras foráneas podrá ejercer su derecho al sufragio.

Durante 30 días miles de venezolanos denunciaron retrasos en el inicio del RE en distintos países. En algunos casos, como en Argentina, hubo 15 días de demora. Una vez que abrió, los funcionarios no registraban a más de 50 venezolanos al día, según la ONG Alianza por Venezuela. Tampoco era garantía tener todos los requisitos —que pasaba por tener el pasaporte vigente, lo cual no está plasmado en la ley electoral— ya que tal como informó PanAm Post desde Bogotá, a pesar de tenerlos, el CNE rechazaba la inscripción o actualización.

Otra violación a los acuerdos de Barbados

La dictadura continúa trazando a su antojo el camino rumbo a las elecciones presidenciales de noviembre, en el cual el antichavismo dirigido por María Corina Machado impulsa —por encima de las dificultades— la candidatura de Edmundo González Urrutia, debido a la inconstitucional inhabilitación en su contra y de que el CNE chavista bloqueara la postulación de Corina Yoris como abanderada de Machado.

Lo que ocurre con el RE, cuyas cifras fueron difundidas por Eugenio Martínez, periodista venezolano especializado en la fuente electoral, no solo cercena el derecho a votar de millones de personas, sino que se convierte en otra violación a los acuerdos firmados en Barbados, en los que también se estableció la participación libre de candidatos bajo la mirada de países como Estados Unidos. Específicamente viola el segundo punto que hace referencia a la “realización de jornada de actualización del RE en el extranjero, sin más limitaciones que las previstas en la Constitución y la ley”.

Como si eso no fuera suficiente, el resto de los números que menciona Martínez terminan de dar un pantallazo de la manipulación del chavismo durante los 30 días que duró la actualización del RE. Por ejemplo, España lidera el total de cambios admitidos, pero solo fueron 1732. Le sigue México con 699, Chile con 593, Panamá con 467 y así hasta completar una lista con números absurdos y minúsculos en comparación con los cuatro millones de venezolanos en el exterior en edad para votar.

“En Colombia apenas se lograron inscribir 25 nuevos votantes y solo fueron procesados 248 cambios de centros de votación desde Venezuela hasta alguno de los 5 consulados operativos”, menciona Martínez.

Encuesta: González supera a Maduro

Para el próximo 28 de julio tienen derecho a voto 21.402.220 personas según datos del RE preliminar que menciona Martínez, pero apenas 69189 podrán hacerlo fuera del país, de este universo de más de cuatro millones de venezolanos en edad para ejercer su derecho al voto, es decir, 1,72 %. Si la dictadura de Maduro hubiera permitido una jornada sin obstáculos y dificultades, el escenario sería otro.

Es decir, este se adjudicó las elecciones presidenciales de 2018 con 6.248.864 votos. Asumiendo que los cuatro millones de venezolanos exiliados pudieran votar en julio de este año y lo hicieran contra el dictador, solo faltarían un poco más de 2,2 millones de votantes dentro de Venezuela para consolidar un escenario adverso al chavismo. Adicional a eso, Edmundo González tiene, según una encuesta reciente de Datincorp, 62 % de intención de voto frente a 20 % de Maduro.

Hasta el próximo 14 de mayo hay oportunidad de aquellos venezolanos que deseen impugnar sus datos en caso de haber errores en el RE dentro y fuera del país, de acuerdo con el cronograma oficial. Mientras tanto, es posible revisar en la web del CNE el estatus del votante que sí pudo registrarse.

El gobierno venezolano busca compensar el regreso de las sanciones petroleras estadounidenses aumentando los ingresos fiscales para poder aumentar el gasto en trabajadores públicos y asegurar su apoyo en las elecciones de julio, dijeron fuentes del sector público y privado.

Reuters

Washington volvió a imponer amplias sanciones petroleras en abril en respuesta a lo que dijo fue el incumplimiento por parte de Nicolás Maduro de los compromisos electorales firmados el año pasado con la oposición.

Las renovadas restricciones significan que las empresas deben buscar licencias individuales de Estados Unidos para operar en Venezuela, lo que ralentiza los esfuerzos para aumentar la producción de crudo y golpea las arcas del gobierno antes de las elecciones del 28 de julio, donde Maduro busca su tercera reelección.

El gobierno está tratando de compensar el déficit mediante nuevos esfuerzos de recaudación de impuestos, dijeron a Reuters tres fuentes con conocimiento del asunto. Las fuentes dijeron que la administración de Maduro quiere aumentar ligeramente el gasto social y aumentar las bonificaciones para los empleados públicos, que ganan significativamente menos que los empleados privados y no han recibido un aumento salarial durante dos años.

Algunas encuestas de opinión han mostrado un fuerte apoyo de los votantes a la oposición, que nombró a Edmundo González como su candidato de unidad después de que la primera opción, María Corina Machado, fuera excluida de un cargo público.

“Hay que insistir en alcanzar la meta de duplicar los ingresos por impuestos y lo lograremos”, dijo Maduro a los empresarios en un discurso en abril.

Una fuente del sector público que pidió permanecer en el anonimato dijo que el gobierno estaba “buscando cubrir la diferencia creada por menos ingresos petroleros con más ingresos fiscales”.

El gasto se estaba evaluando a un nivel que no avivaría la inflación, lo que sigue siendo “la preocupación” del gobierno, dijo la fuente.

Ni el Ministerio de Comunicaciones ni el de Finanzas respondieron a una solicitud de comentarios.

Este año, el gobierno de Maduro ha intensificado sus esfuerzos para reducir la inflación a dos dígitos, manteniendo estable el tipo de cambio y sopesando cómo gastar en programas sociales sin avivar los aumentos de los precios al consumidor.

Impuestos Anticipados

Para aumentar la recaudación de impuestos, el gobierno de Maduro ha estado realizando frecuentes auditorías de empresas del sector privado, revisando recibos y, en ocasiones, aplicando multas, dijeron fuentes empresariales y oficiales.

Los funcionarios también están pidiendo a las empresas que paguen algunos impuestos antes de lo previsto y buscan ampliar el número de contribuyentes, añadieron las fuentes.

La agencia tributaria Seniat no respondió a una solicitud de comentarios.

“Debemos ser más eficientes en la recaudación de impuestos y más meticulosos con nuestras auditorías”, dijo el legislador del partido gobernante José Vielma, miembro del comité de finanzas de la Asamblea Nacional, aliada del gobierno.

Maduro dijo el miércoles que su gobierno también propondría una ley para aumentar las contribuciones a las pensiones de las empresas.

Esta fotografía publicada por la Presidencia venezolana muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante un evento para conmemorar el Primero de Mayo (Día del Trabajo) en Caracas el 1 de mayo de 2024. (Foto de ZURIMAR CAMPOS / Presidencia de Venezuela / AFP) /

La recaudación de impuestos ascendió a 2.200 millones de dólares en el primer trimestre, según cifras oficiales, un aumento del 57% con respecto al mismo período del año pasado, creciendo a la par con el aumento de los ingresos petroleros. La recaudación total de impuestos en lo que va del año aumentó a 3.100 millones de dólares hasta abril, dijo Maduro el miércoles.

Pero los ingresos petroleros -alrededor de 1.700 millones de dólares mensuales entre enero y abril- caerán en unos 370 millones de dólares mensuales ahora que las sanciones petroleras están nuevamente en vigor, según estimaciones de la firma analista independiente Síntesis Financiera.

Los funcionarios gubernamentales han dicho a los líderes empresariales que los ingresos fiscales deben alcanzar los 8.000 millones de dólares este año, dijo una fuente del sector privado, frente a una estimación de 5.870 millones de dólares en el presupuesto de este año.

“El gasto ha comenzado a aumentar y es posible que (el gobierno) sacrifique la estabilidad del tipo de cambio y la inflación en los próximos tres meses”, dijo Asdrúbal Oliveros, de la firma de analistas Ecoanalítica.

La inflación anual fue del 67,75% hasta marzo, según el banco central.

El Senado chileno votará este jueves a las 16:00 horas una nueva Ley Antiterrorista, que ha recibido un apoyo transversal debido a la antigüedad de la norma – data de 1984 -, pero sobre todo por el reciente asesinato de tres carabineros la madrugada del sábado en Cañete, quienes fueron acribillados a sangre fría y cuyos cuerpos fueron después incinerados en la parte trasera de la camioneta blindada en la que circulaban. Los autores del atentado aún no han sido identificados.

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Los principales novedades de la nueva ley es la nueva definición que se le otorga al concepto “terrorista”, los actos que se enmarcan en esta conducta – que permitirán juzgar bajo esta ley delitos que antes eran considerados comunes -, y las nuevas penas que se buscan establecer para el delito.

En concreto, la nueva mantiene ley la figura del “terrorista individual”, también llamado “lobo solitario”, teniendo en cuenta que algunos atentados ocurridos en el pasado – como el caso del envío de bombas a exautoridades -, fueron cometidas por una sola persona.

Además, el Ministerio Público podrá exculpar a testigos o cómplices que revelen información sobre actividad terrorista. Sin embargo, el texto agrega que tal solicitud no podrá aplicarse en casos de delitos sensibles, incluyendo el homicidio, el femicidio, el secuestro, la violación y la sustracción de menores, entre otros.

La comisión también aprobó el aumento de las sanciones para los funcionarios públicos que cometan delitos terroristas en el desempeño de su cargo.

Una de las innovaciones del proyecto es que la ley permite a la Fiscalía solicitar el traslado de causas de una región a otra, en casos especiales de alta complejidad, previa a una autorización del pleno de la Corte Suprema.

Desde el Gobierno valoraron el avance de la propuesta legislativa. El pasado martes, tras su aprobación en la Comisión de Constitución, la ministra del Interior, Carolina Tohá, señaló que “aquí se ha hecho realmente un esfuerzo no solo porque salga rápido la tramitación, sino porque salga bien”, según consigna BíoBío Chile.

De aprobarse esta tarde, el proyecto de ley sería despachado a la Cámara de Diputados para continuar con su pronta tramitación.

Al menos 200 personas fueron arrestadas en UCLA el jueves, lo que eleva el total nacional de arrestos a más de 2.000 en decenas de campus universitarios desde que la policía despejó un campamento en la Universidad de Columbia a mediados de abril, según un recuento de The Associated Press.

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Se han producido manifestaciones (y arrestos) en casi todos los rincones del país. Pero en las últimas 24 horas, han llamado más la atención en la Universidad de California, Los Ángeles, donde se desarrollaron escenas caóticas el jueves por la mañana cuando agentes con equipo antidisturbios se lanzaron contra una multitud de manifestantes.

La policía retiró las barricadas y comenzó a desmantelar el campamento fortificado de los manifestantes en UCLA después de que cientos de manifestantes desafiaron las órdenes de irse, algunos formando cadenas humanas mientras la policía disparaba granadas aturdidoras para dispersar a la multitud.

Al menos 200 personas fueron arrestadas en UCLA, dijo el sargento Alejandro Rubio, de la Patrulla de Caminos de California, citando datos del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles. Rubio dijo que los arrestados estaban siendo fichados en el complejo penitenciario del condado cerca del centro de Los Ángeles. La policía determinará si hay cargos que presentar.

Los trabajadores ingresaron al antiguo campamento el jueves por la mañana y comenzaron una limpieza exhaustiva. Las excavadoras recogieron bolsas de basura y desmantelaron las tiendas de campaña. Algunos edificios estaban cubiertos de grafitis.

Los arrestos se produjeron después de que los agentes pasaran horas amenazando con arrestos por altavoces si la gente no se dispersaba. Una multitud de más de 1.000 personas se había reunido en el campus, incluso dentro de un campamento de tiendas de campaña con barricadas. Los manifestantes y la policía se empujaron y pelearon cuando los agentes encontraron resistencia. Un video mostró a la policía quitándoles los cascos y las gafas a los manifestantes mientras eran detenidos.

Mientras los helicópteros de la policía sobrevolaban, el sonido de las granadas aturdidoras, que producen una luz brillante y un ruido fuerte para desorientar y aturdir, atravesó el aire. Los manifestantes corearon a los agentes: “¿Dónde estuviste anoche?”. El martes por la noche, los contramanifestantes atacaron el campamento y la administración de UCLA y la policía del campus tardaron horas en responder.

Campamentos de tiendas de campaña de manifestantes que piden a las universidades que dejen de hacer negocios con Israel o con empresas que, según dicen, apoyan la guerra en Gaza se han extendido por los campus de todo el país en un movimiento estudiantil como ningún otro en este siglo. Las consiguientes medidas represivas policiales se hicieron eco de acciones de hace décadas contra un movimiento de protesta mucho más amplio que se manifestaba contra la guerra de Vietnam.

Entre ellos se encontraba un profesor universitario de Illinois que dijo que sufrió de múltiples costillas rotas y una mano rota durante una protesta pro Palestina el sábado en la Universidad de Washington en St. Louis, Missouri.

El video de un transeúnte muestra el arresto de Steve Tamari, profesor de historia en la Universidad del Sur de Illinois en Edwardsville. Parece estar acercándose para tomar videos o fotografías de los manifestantes detenidos cuando varios oficiales lo derriban bruscamente.

Tamari dijo en un comunicado el jueves que era “un pequeño precio a pagar por el actual genocidio de Israel en Gaza”.

Funcionarios de la Universidad Stony Brook de Nueva York en Long Island dijeron que 29 personas fueron arrestadas la madrugada del jueves, incluidos estudiantes, miembros del cuerpo docente y otras personas “fuera de nuestra comunidad universitaria”. En la ciudad de Nueva York, funcionarios de la Universidad Fordham dijeron que 15 personas fueron arrestadas después de empujarse hacia el interior del vestíbulo de un edificio en el campus de la escuela en el Lincoln Center.

Diecisiete personas fueron arrestadas el miércoles por cargos de allanamiento de morada en la Universidad de Texas en Dallas después de que los manifestantes se negaron a cumplir con las órdenes policiales de retirar un campamento de la acera principal de la escuela, dijo el jueves una portavoz de la universidad en un comunicado.

La policía en la Universidad de Yale arrestó a cuatro personas, incluidos dos estudiantes, el miércoles por la noche después de que alrededor de 200 manifestantes marcharan hacia la casa del presidente de la escuela y el departamento de policía del campus, dijeron funcionarios de la escuela. Los manifestantes ignoraron las repetidas advertencias de que no podían ocupar partes del campus sin permiso, dijeron funcionarios escolares en un comunicado el jueves.

El grupo de protesta Occupy Yale dijo que la policía del campus fue violenta durante los arrestos y no emitió advertencias. El grupo publicó un video en Instagram que muestra a los oficiales tirando a una persona al suelo e inmovilizando a otra en una acera.

“Una protesta pacífica”, dijo Occupy Yale. “Los agentes de policía arrestaron, empujaron y maltrataron a la gente. ¿Es esto lo que llamas mantener seguro el campus?”

En Oregón, la policía comenzó a expulsar a los manifestantes pro palestinos de la Biblioteca Millar de la Universidad Estatal de Portland, que han estado ocupando desde el lunes.

Pintaron graffitis en el interior y derribaron o apilaron muebles para crear barricadas. Portland State dijo en las redes sociales el jueves que el campus permanecería cerrado debido a la actividad policial.

La presidenta de la universidad, Ann Cudd, dijo el miércoles que alrededor de 50 manifestantes abandonaron la biblioteca después de que los administradores prometieran no presentar cargos penales, expulsión u otras medidas disciplinarias si se marchaban pacíficamente, pero otros, incluidos los que no eran estudiantes, permanecieron. La policía de Portland dijo el jueves que 15 vehículos policiales fueron incendiados durante la noche. No quedó claro de inmediato si eso estaba relacionado con la protesta.

Mientras tanto, los funcionarios de la Universidad de Minnesota llegaron a un acuerdo con los manifestantes para poner fin a un campamento en el campus de Minneapolis. El presidente interino, Jeff Ettinger, dijo el jueves en un correo electrónico a la comunidad universitaria que los manifestantes acordaron no interrumpir los exámenes finales ni las ceremonias de graduación. Esto siguió a acuerdos similares en la Universidad Northwestern en los suburbios de Chicago y la Universidad Brown en Rhode Island.

Mientras tanto, el rector de la universidad estatal de Florida ha ordenado a los presidentes de los campus que tomen todas las medidas necesarias para evitar la interrupción de las ceremonias de graduación, incluso en escuelas grandes como la Universidad de Florida y la Universidad Estatal de Florida.

También surgieron protestas fuera de los campus. El jueves, en Albuquerque, alrededor de dos docenas de manifestantes se sentaron en medio de una carretera bloqueando el acceso a una puerta principal en la Base de la Fuerza Aérea de Kirtland. El grupo ondeó banderas y prometió “cerrar todo” por la guerra en curso en Gaza.

Las protestas en UCLA parecían estar recibiendo la mayor atención. La televisión estatal iraní transmitió imágenes en vivo de la acción policial, al igual que la red satelital panárabe Al Jazeera de Qatar. También se transmitieron imágenes en vivo de Los Ángeles en las cadenas de televisión israelíes.

El presidente Joe Biden defendió el jueves el derecho de los estudiantes a manifestarse pacíficamente, pero denunció el desorden de los últimos días.

Israel ha calificado las protestas de antisemitas, mientras que los críticos de Israel dicen que utiliza esas acusaciones para silenciar a la oposición. Aunque algunos manifestantes han sido captados por las cámaras haciendo comentarios antisemitas o amenazas violentas, los organizadores de la protesta, algunos de los cuales son judíos, lo llaman un movimiento pacífico para defender los derechos de los palestinos y protestar contra la guerra.

Cientos de agentes de la Patrulla de Caminos de California invadieron el campus de UCLA la madrugada del jueves. Con protectores faciales y chalecos protectores, extendieron sus porras para separarlos de los manifestantes, que llevaban cascos y máscaras antigás y coreaban: “Ustedes quieren paz. Queremos justicia.”

La policía derribó metódicamente la barricada de madera contrachapada, paletas, vallas metálicas y contenedores de basura del campamento, y luego derribó docenas de marquesinas y tiendas de campaña. El número de manifestantes disminuyó a lo largo de la mañana, algunos se marcharon voluntariamente con las manos en alto y otros fueron detenidos por la policía.

La presencia de las fuerzas del orden y las continuas advertencias contrastaron con la escena del martes por la noche, cuando los contramanifestantes atacaron el campamento pro palestino, arrojando conos de tráfico, lanzando gas pimienta y derribando barreras. Los combates entre ambos bandos continuaron durante horas antes de que interviniera la policía. Nadie fue arrestado, pero al menos 15 manifestantes resultaron heridos. La tibia respuesta de las autoridades generó críticas de líderes políticos, estudiantes musulmanes y grupos de defensa.

El miércoles por la tarde, surgió una pequeña ciudad dentro del campamento reforzado, con cientos de personas y tiendas de campaña en el patio. Los manifestantes reconstruyeron las barreras improvisadas alrededor de sus tiendas de campaña mientras la policía estatal y universitaria observaba.

Algunos manifestantes rezaron oraciones musulmanas mientras se ponía el sol, mientras que otros coreaban “no nos vamos” o repartían gafas y mascarillas quirúrgicas. Llevaban cascos y pañuelos en la cabeza, y discutían las mejores formas de manejar el gas pimienta o el gas lacrimógeno mientras alguien cantaba por un megáfono.

Fuera del campamento, una multitud de estudiantes, ex alumnos y vecinos se reunieron en las escaleras del campus y se unieron a cánticos pro palestinos. Un grupo de estudiantes con carteles y camisetas en apoyo a Israel y al pueblo judío se manifestó cerca.

La multitud creció a medida que avanzaba la noche y más y más oficiales llegaban al campus.

Ray Wiliani, que vive cerca, dijo que vino a UCLA el miércoles por la tarde para apoyar a los manifestantes pro palestinos.

“Necesitamos adoptar una postura a favor”, dijo. “Suficiente es suficiente.”

El gobernador de California, Gavin Newsom, denunció el martes la demora en la respuesta de las fuerzas del orden y el canciller de UCLA, Gene Block, prometió una investigación. El director del sistema de la Universidad de California, Michael Drake, ordenó una “revisión independiente de la planificación de la universidad, sus acciones y la respuesta de las autoridades”.

“La comunidad necesita sentir que la policía los está protegiendo, no permitiendo que otros les hagan daño”, dijo Rebecca Husaini, jefa de gabinete del Consejo Musulmán de Asuntos Públicos, durante una conferencia de prensa el miércoles.

Mientras tanto, la policía despejó campamentos de protesta en escuelas de todo Estados Unidos, lo que provocó arrestos, o los cerró voluntariamente. En Nueva York, entre ellos se encontraban el City College de Nueva York, la Universidad de Fordham, la Universidad de Stony Brook y la Universidad de Buffalo. Otras a nivel nacional incluyeron la Universidad de New Hampshire en Durham, la Universidad del Norte de Arizona en Flagstaff y la Universidad de Tulane en Nueva Orleans.

El martes por la noche, la policía irrumpió en un edificio ocupado por manifestantes contra la guerra en la Universidad de Columbia, disolviendo una manifestación que había paralizado la escuela.

El capítulo de Columbia de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios condenó el jueves a los dirigentes de la escuela por pedir a la policía de Nueva York que expulsara a los manifestantes. El capítulo decía que “el horrible ataque policial contra nuestros estudiantes” está ahora “vergonzosamente a la vista de todo el mundo”.

En la Universidad de Wisconsin en Madison, estalló una pelea la madrugada del miércoles después de que policías con escudos retiraron todas las tiendas de campaña menos una y empujaron a los manifestantes. Cuatro agentes resultaron heridos. Cuatro personas fueron acusadas de agredir a las autoridades.

Las manifestaciones universitarias a nivel nacional comenzaron en Columbia el 17 de abril para protestar por la ofensiva de Israel en Gaza, tras el mortal ataque de Hamas contra el sur de Israel el 7 de octubre. Los terroristas mataron a unas 1.200 personas, la mayoría de ellas civiles, y tomaron aproximadamente 250 rehenes. Israel, que prometió acabar con Hamas, ha matado a más de 34.000 palestinos en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud (controlado por el grupo terroristas palestino).

Los campus universitarios estadounidenses se han convertido en un punto álgido, y los líderes escolares enfrentan un intenso escrutinio por su manejo de las acusaciones de antisemitismo y el derecho a la libertad de expresión. Los presidentes de Harvard y de la Universidad de Pensilvania dimitieron tras ser cuestionados en una audiencia en el Congreso sobre si los llamados en el campus al genocidio de judíos violarían la política de conducta de la escuela.

El secretario General de la OEA, Luis Almagro, presentó un exhaustivo informe redactado por el Instituto CASLA para la Corte Penal Internacional (CPI) que prueba la complicidad del régimen cubano en las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por el dictador venezolano Nicolás Maduro. Junto a Almagro se alineó Tamara Sujo, directora ejecutiva del Instituto Casla y blanco móvil de Maduro y su aparato represivo.

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“Los aportes de CASLA para nosotros son relevantes y es muy importante su sistematización. Hasta ahora han tenido cero margen de error en sus denuncias, ya que nunca han sido rebatidos ni remotamente por el régimen (de Venezuela) ni por sus abogados ante la Corte Penal Internacional. Acá lo importante es que haya memoria, verdad y justicia”, sostuvo Almagro durante la presentación de la denuncia contra Maduro y sus relaciones de poder con La Habana.

En primera fila se encontraban Daniel Raimondi, embajador de Argentina ante la OEA; su colega de Uruguay, Washington Abdala; Gustavo Cinosi, asesor principal de Almagro, y Héctor Schamis, asesor del secretario General de la OEA.

A su turno, Sujo resaltó el clima de opresión en Venezuela, describió las torturas que sufre la oposición política y reveló documentación clasificada que prueba las oscuras relaciones sobre defensa e inteligencia que urdieron Fidel Castro y Hugo Chavez.

“Hasta han torturado a un detenido en una ambulancia”, denunció Sujo.

El reporte tiene 79 fojas, cuatro capítulos y un título categórico. “Venezuela: La instauración de un régimen del Terror y Persecución Sistemática Generalizada con la Impunidad del Poder y la injerencia del régimen cubano”.

En su capítulo I, el informe propone un “un contexto general de la represión en Venezuela”, adonde denuncia que el régimen de Maduro “ha transitado por distintos momentos de agitación social y de intensa persecución y represión sistemática generalizada contra civiles y militares, con la suma de decenas de nuevos detenidos, incluyendo dirigentes políticos, sindicalistas, directores y miembros de ONG, influencer de las redes sociales, familiares de personas perseguidas”.

El dossier tambien aborda la decisión política del gobierno venezolano de acorralar a la oposición para evitar una derrota electoral en los comicios de julio. CASLA sostiene en las primeras fojas de su informe: se “emprendió la persecución contra María Corina Machado y el Partido Vente Venezuela, la candidata que gano las primarias realizadas el 23 de octubre del 2023, con el 92,5% de los votos”.

Tras explicitar el proceso de investigación en la Corte Penal Internacional -capítulos II y III-, se llega a las evidencias que prueban las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas entre el aparato represivo de Nicolás Maduro y los servicios de inteligencia de Miguel Díaz Canel.

El capítulo IV del dossier redactado por CASLA denuncia la participación de cuadros del régimen cubano en la preparación y ejecución de crímenes de lesa humanidad ordenados por el dictador Maduro y su gabinete. La denuncia tiene tres partes y la evidencia es abrumadora por sus contenidos y detalles.

“Parte I: En este capítulo se hizo un compendio sobre los antecedentes de la injerencia del régimen cubano en Venezuela y la penetración e imposición del modelo ideológico castro comunista en todas las Instituciones Públicas, Organismos de Seguridad e Inteligencia, y Fuerza Armada Nacional, mediante testimonios de testigos de primera línea, cubanos y venezolanos, que aportaron su experiencia y conocimiento sobre el régimen que impera en Venezuela desde hace 25 años”, sostiene el dossier del Instituto Casla.

Y añade la denuncia citando a un testigo que era miembro de los servicios de inteligencia de Cuba:

“Cuando Chávez gana las elecciones y asume a principios del 1999, Chávez había sido un proyecto de Fidel Castro, quien ya tenía trabajo de Inteligencia en Venezuela. (…) Llega Chávez dispuesto a entregarle Venezuela a Fidel Castro en momentos en que Cuba estaba quebrada, sin la ayuda de la USSR (…) Si el subsidio soviético (a Cuba) fue de 6 mil millones al año, yo, por lo que pude conocer desde el año 2001, ya la chequera de PDVSA superaba los 10 mil millones. Aquello era petróleo y dinero. Chávez le dio más dinero a Fidel de lo que le dio la Unión Soviética por años, y eso fue lo que permitió que no pasaran muchas cosas en Cuba”.

En la parte 2 del capítulo IV, se agregan testimonios de militares y civiles que trabajaron, fueron formados o estuvieron en contacto con integrantes de la inteligencia cubana. En la foja del 34 del informe enviado a la Corte Penal Internacional (CPI) se puede leer:

“Varios Grupos de Oficiales fuimos a realizar cursos en Cuba sobre pedagogía militar en la Escuela de Contrainteligencia Militar “Aridis Estévez Sánchez” ubicada en La Habana. En este curso con duración de un mes, recibimos formación en la ideologización del personal a través de diferentes técnicas por medio de la pedagogía, en “creación de pensum y materia”, en el uso de herramientas como la retórica, la psicología y la ideologización de personal y cada uno de los elementos que la conforman para captar y adoctrinar a cursantes y estudiantes, creando una fuerte ideología política afín a la revolución bolivariana”. Primero, convenciéndolos de ciertos hechos favorables al régimen, donde se le creaba un enemigo común al gobierno actual, con el fin de hacerlos pensar que la revolución bolivariana tiene la razón, y que hay que luchar contra ese enemigo común”.

Por último, en la Parte III del capítulo IV, se incluyen testimonios de víctimas de detenciones ilegales, y casos de desaparición forzada, torturas y violencia sexual ejecutados por funcionarios cubanos y venezolanos.

En el capítulo V del informe que presentó Almagro, CASLA denuncia la existencia de una Unidad del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) “que funciona de manera semi-clandestina desde el año 2015″ y que actualmente se denomina “Coordinación de Protección del Orden Democrático (CPOD)”.

Y suma una “Guía de instrucción Básica en el Uso Progresivo y Diferenciado de la Fuerza Policial para aspirantes a Detectives del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN”. Esa guía -completa el informe- es utilizada como manual de enseñanza de las técnicas a utilizar para controlar a las personas que detienen, que muestra claramente métodos de torturas que los alumnos aprenden de la manera más natural por su formación policial”.

En el capítulo VI -último del informe- se incluyen nuevos casos de torturas físicas, violencia de genero y detenciones arbitrarias. CASLA revela que durante la preparación del dossier hubo “al menos 16 nuevas incidencias enviadas a la Corte Penal Internacional, cuyo contenido en las denuncias de las víctimas afectadas podrían abarcar al menos a 35 personas, ya que por lo menos dos víctimas fueron torturados con otros compañeros y encerrados en la misma celda mientras esperaban su turno para ser torturados”.

Uno de esos testimonios -bajo condición de anonimato- describe su propia tragedia personal:

“Los primeros meses de detención, al menos una vez por semana, fui torturado con descargas eléctricas, golpes en varias partes del cuerpo, envuelto en colchonetas y golpeado con bates, también me sumergieron los pies en poncheras (baldes) con agua y me ponían descargas eléctricas en el pecho, en las piernas, en el cuello, siempre dos veces por semana. Un comisario me arrancó un diente con un alicate”.

La avenida Bella Vista de Maracaibo, estado Zulia, se torno en una apoteósica explosión de tricolor nacional con la presencia de María Corina Machado.

La ciudadanía marabina se desbordó junto a la líder de la oposición venezolana e, indudablemente, de una nueva Venezuela.

El aspirante presidencial José Raúl Mulino, favorito en los sondeos, afirmó este miércoles que Panamá “está en vilo” ante la posibilidad de que la Corte Suprema anule su candidatura a las elecciones del domingo.

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“No hay derecho alguno de tener al país en vilo, en el sobresalto en que estamos, con toda suerte de informaciones cruzadas, malévolas o no, y sobre todo sembrando un ambiente de desasosiego”, dijo Mulino a periodistas tras reunirse con la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Yo sé que hay desasosiego, que hay incertidumbre, pero independientemente [de] qué suceda o cómo suceda, yo voy a correr el domingo porque soy un candidato en firme con mis derechos plenamente vigentes”, agregó tras el encuentro con la misión de la OEA que encabeza la excanciller argentina Susana Malcorra.

Los nueve magistrados de la Corte Suprema analizan desde el martes una demanda contra la candidatura de Mulino por no haber pasado por elecciones primarias ni tener un candidato a vicepresidente, como estipula la ley electoral.

Mulino era el compañero de fórmula del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), inhabilitado en marzo por el Tribunal Electoral tras su condena a casi once años de cárcel por blanqueo de capitales.

El Tribunal Electoral sustituyó a Martinelli por Mulino, lo que motivó la presentación de una demanda por parte de una abogada panameña.

“Yo no estoy opinando ni voy a opinar sobre lo que la Corte haga o no haga. Esa es la responsabilidad de ellos, tomar la decisión trascendental que tienen que tomar”, dijo Mulino.

“El pueblo panameño es soberano, la voluntad popular debe respetarse, y el domingo es el día de zanjar las diferencias, cada quién que vote por el que quiera votar, y vamos a elegir un nuevo gobierno por los próximos cinco años”, añadió el abogado de 64 años.

Exministro de Seguridad de Martinelli, Mulino encabeza las encuestas con entre el 25% y 30% de intención de voto, el doble que sus inmediatos seguidores: el expresidente socialdemócrata Martín Torrijos (2004-2009) y los abogados de centroderecha Ricardo Lombana y Rómulo Roux.

Las elecciones panameñas son a una sola vuelta y se ganan con mayoría simple.

La presidenta Ejecutiva de la Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex), Olga Cantillo, presidenta ejecutiva de Latinex, manifestó que la emisión de bonos sostenibles en Panamá se ha incrementado, y que próximamente se generará el primer bono azul.

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Cantillo explicó que el emisor es un extranjero que viene al mercado panameño gracias a ese alcance en la región que también se tiene y que desde el mes de febrero del presente año se cuenta con la posibilidad de dar inversión a agentes extranjeros.

Agregó la presidenta de Latinex que Panamá continúa dando pasos hacia una mayor cantidad de inversiones sostenibles, y este crecimiento viene acompañado de de oco emisiones temáticas que se han hecho.

De igual forma sostuvo que hasta el momento, el país posee más de $750 millones en inversiones de bonos temáticos, entre bonos verdes, un fondo de inversión inmobiliaria sostenible, el primer bono sostenible de Centroamérica y un bono de inversión social que asciende a los $40 millones.

Por su parte Andrés Sánchez, Head para América Latina de Climate Bond Initiative, comentó que Panamá ha hecho esfuerzos muy importantes debido a que ya superó la barrera de los US$500 millones en bonos temáticos en los últimos años, y que el año 2023 fue muy importante porque empezó a subir.

En tanto, Germán Zappani, gerente de Operaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Panamá, reconoció que este mercado en Panamá, al igual que muchos otros, conlleva riesgos, de allí que sea necesario que los actores locales estén capacitados para manejarlo.

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