Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

Si las elecciones fueran hoy, el candidato de los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, José Raúl Mulino, ganaría la Presidencia de la República, según una encuesta de la firma Gallup Panamá.

Panamá América

A escasos 5 días para las elecciones generales, Mulino obtuvo el 33.4% de respaldo de los encuestados.

En el segundo lugar se mantienen empatados los candidatos Martín Torrijos, del Partido Popular, con un 17.4% y Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino, con un 17.4%.

En el tercer lugar aparece Rónulo Roux, abanderado de Cambio Democrático (CD) y del Partido Panameñista, con un 13.3%.

El candidato del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) y actual vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, aparece con un 7.7% de apoyo.

En los últimos lugares está Zulay Rodríguez, por la libre postulación, con una 5.5%, Melitón Arrocha, también por el partido País y libre postulación, con un 2.6% y la independiente Maribel Gordón con 2.5%.

La encuesta se aplicó entre el 23 y el 27 de abril del 2024. Para este estudio se entrevistaron a 1,202 adultos de 18 años en adelante y de forma presencial en sus hogares distribuidos en todo el país. Solo se permitió una entrevista por hogar.

Los datos tienen un margen de error igual a ±2.8 puntos, calculados con un 95% de nivel de confianza en sus resultados totales.

Encuesta de la serie de opinión pública de Gallup de Panamá autorizada para publicar en Grupo Epasa.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no dimitirá. Había escrito una carta dramática dirigida a todo el país advirtiendo que podría dejarnos, pero ahora dice que ha decidido no hacerlo.

Por: Carlos Perona Calvete – The European Conservative

“Pero”, advirtió el albatros humano que España llevaba al cuello, “esto no será lo mismo de siempre. Las cosas serán diferentes [ un punto y aparte ]”.

Su movimiento transparentemente teatral fue una reacción ante el escrutinio de su esposa, Begoña Gómez.

El presidente de un tribunal de Madrid, el juez Juan Carlos Peinado, ha iniciado un proceso contra Gómez, acusado de corrupción y tráfico de influencias.

El primer ministro se sintió tan ofendido por el hecho de que el sistema legal pudiera funcionar como si fuera independiente, que Sánchez fingió el fin de su mandato, sacudiendo la cabeza, decepcionado por una nación indigna de su instrucción.

Desgraciadamente, el mártir permanecerá en su púlpito.

El discurso en el que hizo el anuncio, sin embargo, debería hacernos reflexionar. Pidió a sus partidarios que presionen a quienes se interpongan en su esfuerzo por limpiar el país de su clima “tóxico” y “regenerar” la democracia.

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, calificó este como el discurso más peligroso que ha escuchado de Sánchez, y con razón.

Como observó recientemente el político retirado Alejo Vidal-Quadras (quien se ha recuperado del atentado contra su vida y está en buena forma), Sánchez es un actor político ágil, cuya teatralidad sorprende repetidamente a sus oponentes. Un excelente ejemplo de esto fue su organización de elecciones generales anticipadas, después de unas elecciones municipales que dejaron a su partido languideciendo. Fue arriesgado, pero funcionó. En lugar de gastar unos cuantos años más, tomó el apoyo que todavía tenía y reinició el reloj por otros cuatro años.

Ahora podemos esperar un ataque frontal al poder judicial, con la excusa de que la “extrema derecha” de alguna manera se ha infiltrado en él hasta el punto de perseguir a la inocente esposa del déspota.

Específicamente, Sánchez intentará renovar el Consejo General del Poder Judicial, el órgano constitucional que gobierna todo el poder judicial de España, y dotarlo de nombramientos políticos.

Su discurso, entonces, no es mentira: las cosas serán diferentes, ya sea porque logra erosionar la democracia del país, o porque la oposición finalmente logra una victoria y defiende las instituciones del país contra la usurpación política.

Dos años después de comenzar un “viaje pionero” para forjar una respuesta controlada por la UE a la adquisición de Twitter por parte de Elon Musk, la Comisión Europea ha dado fin a ‘EU Voice’.

The European Conservative

Bruselas quería su propia alternativa al gigante de las redes sociales recientemente rebautizado como X, que a su vez se ha enfrentado con los reguladores eurócratas por sus políticas de libertad de expresión. Una plataforma anti-Musk, basada en el sistema en red de izquierda Mastodon, ha resultado un estrepitoso fracaso.

La decisión de cerrar la plataforma gestionada por la UE se produce después de que, vergonzosamente, el sitio sólo pudiera registrar apenas 40 «cuentas institucionales» de los cientos de eurodiputados, comisarios, diplomáticos y otros funcionarios empleados por la Comisión. Incluso Margrethe Vestager, una importante reguladora de las Big Tech de la UE, parece no haber utilizado nunca su propia cuenta.

El clon de Twitter de Bruselas estuvo a cargo del Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD). Los costos exactos de esta iniciativa condenada al fracaso siguen siendo desconocidos. ¡Curiosamente, una plataforma hermana, ‘EU Video’, solo pudo reclutar seis cuentas registradas!

Con la esperanza de darle un giro positivo al cierre de ambas plataformas, Wojciech Wiewiórowski del SEPD afirmó que la UE era “incapaz de asegurar una nueva propiedad para mantener los servidores y sostener las operaciones con los altos estándares que los EUI y nuestros usuarios merecen”. La UE, que durante mucho tiempo se ha posicionado como el regulador tecnológico global, ha estado en una batalla constante con Musk y otras empresas estadounidenses durante años, a las que acusa de difundir discursos de odio y desinformación.

Muchos alegan que Bruselas está intentando ganar influencia contra las empresas tecnológicas de propiedad estadounidense mediante una regulación excesiva. El propio Twitter fue atacado en diciembre pasado en un caso legal histórico de la UE, utilizando la Ley de Servicios Digitales (DSA) recientemente inaugurada en diciembre pasado. Tanto EU Video como EU Voice se lanzaron en abril de 2022 , coincidiendo con la aceptación de Twitter de la oferta de Musk por 43.000 millones de dólares para comprar la plataforma. El magnate tecnológico de derecha también puede presionar a los eurócratas utilizando su prominencia en tecnologías como los sistemas satelitales y la producción de automóviles eléctricos .

Tanto los sitios web EU Video como EU Voice en el momento del cierre estaban efectivamente desprovistos de contenido, aparte de un puñado selecto de cuentas administradas por la Comisión de la UE, y muchos se preguntaban cómo un proyecto de este tipo obtuvo financiación pública.

Incluso Margrethe Vestager, una importante reguladora de las Big Tech de la UE, parece no haber utilizado nunca su propia cuenta.

Algunos comentaristas en línea han hecho comparaciones con otros proyectos patrocinados por la UE condenados al fracaso, como Quaero , el desastroso intento de la Comisión de crear un motor de búsqueda europeo, y Qwant , la alternativa preferida del gobierno francés a Google.

Antes de la publicación, el SEPD no había respondido a nuestras preguntas sobre el coste exacto de EU Voice y EU Video.

La Fiscalía de Colombia dijo el lunes que presentará nuevos cargos en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente del país, Gustavo Petro. El organismo ha anunciado también que solicitará que el también ex diputado a la Asamblea del departamento del Atlántico sea trasladado a la cárcel mientras duren las averiguaciones.

La Gaceta de la Iberosfera

«Al señor Nicolás Fernando Petro Burgos la Fiscalía General de la Nación tiene pendiente adicionarle la formulación de imputación y solicitar medida de aseguramiento en centro carcelario«, aseveró el fiscal Mario Burgos tras la comparecencia del hijo de Petro en un tribunal de Barranquilla, donde se prepara el juicio por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito, delitos por los que fue señalado el año pasado.

En medio del proceso el fiscal rechazó la solicitud de la defensa de Petro Burgos para posponer la audiencia.

Los señalamientos en su contra se remontan a la campaña presidencial de 2022, durante la que se asevera habría recibido dinero que no reportó del narcotraficante Samuel Santander Lopesierra y de Gabriel Hilsaca, hijo del empresario Alfonso Hilsaca. Desde mediados del año pasado Petro Burgos se mantiene en situación de arresto domiciliario en su casa de Barranquilla.

Ante la arbitrariedad que se comete en contra de Óscar Castañeda quien participó en el acto convocado por la líder opositora María Corina Machado, con su secuestro el pasado 29 de abril, María Oropeza, directora del Comando de Campaña Con Vzla en esa entidad, expresó que no se pueden seguir violando los derechos de los ciudadanos.

Vente Venezuela

Al igual que Castañeda, Ámbar Márquez, vicepresidente de Organización de Primero Justicia y Víctor Castillo, director del Comando Con Vzla en Santa Rosalía, también sufrieron violación de sus derechos cuando supuestos funcionarios del Sebin los detuvieron. Los tres ciudadanos presuntamente fueron presentados ante el Tribunal Penal de Acarigua (municipio Páez) sin derecho a la defensa, todo a escondidas, el caso según la información fue enviado a Caracas.

«En menos de 24 horas se han detenido a 3 personas del municipio Santa Rosalía; su único delito es luchar por una Venezuela libre», así lo manifestó Oropeza. La dirigente llanera también hizo un alerta a la Comunidad Internacional porque en el país continúan las violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

«Son muchos los inocentes que han perdido su libertad por querer buscar el cambio del país por la vía democrática y electoral. Basta de injusticia, nuestros activistas políticos solo quieren un cambio con elecciones presidenciales libres», dijo.

En este sentido, recordó a los familiares de las víctimas que el Comando de Campaña Con Vzla sigue trabajando para que el 28 de julio los venezolanos sean libres y no exista más violación de los derechos.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU denunció el incremento de este delito previo a las elecciones presidenciales venezolanas.

La Patilla

El organismo señaló mediante un comunicado que desde diciembre los casos han involucrado a opositores y militares privados de libertad por ejercer derechos cívicos.

“Mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales de julio de 2024, las desapariciones forzadas podrían tener un efecto paralizador y obstaculizar el derecho del pueblo a votar libremente”, afirmó el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

Los expertos lamentaron que estas “detenciones prolongadas en incomunicación equivalen a desapariciones”.

Consideran que existe un patrón estatal de ocultar el paradero y negar garantías a detenidos.

“Estas detenciones prolongadas en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas. Parecen seguir un patrón según el cual las autoridades estatales privan a las personas de su libertad, las llevan a centros de detención reconocidos y les niegan derechos y protecciones fundamentales, como el contacto con el mundo exterior y el acceso a asistencia jurídica”, dijeron los expertos.

Alertaron que tal situación puede coartar el derecho al voto libre en los comicios de julio. Asimismo, viola derechos de los desaparecidos y sus familias forzadas a buscarlos sin resultados.

La ONU exhortó al gobierno de Maduro a revelar datos de los incomunicados, brindarles protección legal y detener la impunidad por tales crímenes, que ahonda el temor social.

“Es crucial que se garantice sin demora información precisa sobre las personas privadas de libertad a quienes tienen un interés legítimo, como sus familiares y representantes legales de su elección”, dijeron los expertos.

“Exhortamos al Gobierno de Venezuela a prevenir, erradicar y sancionar todos los actos de desapariciones forzadas, a proporcionar información sobre la suerte y el paradero de las personas actualmente detenidas en régimen de incomunicación por el Estado, y a brindarles todas las garantías jurídicas, incluido el derecho a comunicarse con sus familiares y ser visitados por ellos, acceso a asistencia letrada y derecho a ser presentados ante un tribunal competente para determinar la legalidad de su detención“, agregaron los expertos.

Con esta denuncia, el organismo internacional alza la voz ante el alarmante aumento del delito de desaparición forzada en el país suramericano.

Los grandes de este mundo preferirían que no nos fijáramos en Catar, un pequeño país que tira abajo toda su retórica de lucha por la democracia y los derechos humano, y una «comunidad internacional basada en reglas» por no hablar de transparencia financiera.

La Gaceta de la Iberosfera

Porque las huellas cataríes aparecen en un número inconcebible de escándalos, financian el terrorismo, sobornan masivamente a europarlamentarios, albergan a la cúpula de Hamas, y nadie con peso en la esfera internacional les señala con el dedo, más bien al contrario: en todas partes se les recibe con alfombra roja.

Y de Catar, precisamente, llega el último (presunto) chanchullo conocido de la ‘Famiglia’ Biden. Ahora la publicación Politico, nada sospechosa de aversión a los demócratas, revela que los vínculos de la familia Biden con Catar «constituirían algunos de los vínculos financieros más cercanos conocidos entre un pariente del presidente Joe Biden y un gobierno extranjero», si se corrobora el testimonio ante el tribunal sobre los esfuerzos de recaudación de fondos en el extranjero de Jim Biden, hermano de Joe.

Todo empezó cuando, en junio de 2017, los vecinos de Catar, encabezados por Arabia Saudí, se unieron para cortar relaciones diplomáticas con el país. La excusa eran sus lazos con el terrorismo islamista, pero la realidad tenía más que ver con el acercamiento del país con respecto al enemigo iraní, con quien explotaba conjuntamente una enorme bolsa marina de gas. Sea como fuere, el país se vio sumido en una crisis sostenida.

Pero un país que nada en gas y petróleo no tarda en encontrar nuevos amigos que le saquen de un apuro. Así que los qataríes empezaron a agasajar a occidentales con conexiones y a garantizarles beneficios financieros a occidentales, «a veces en forma de financiación de inversiones», según Politico.

Y he aquí que en ese momento Jim Biden estaba tratando de recaudar 30 millones de dólares para la asediada cadena de hospitales Americore, en colaboración con el empresario de Florida Amer Rustom, director ejecutivo del Platinum Group , que se jactaba de sus vínculos con funcionarios de Oriente Medio, así como con el gestor de fondos Michael Lewitt. Los tres se unieron para buscar fondos por Próximo Oriente, y fue así como llegaron a Catar. Según registros públicos, Jim Biden aprovechó su parentesco para solucionar esos insidiosos problemas de restricciones a los movimientos internacionales de capital, incluyendo un plan —que pudo o no ponerse en práctica— para mover el dinero en forma de lingotes de oro.

«Mi familia podría proporcionar una gran cantidad de presentaciones y oportunidades de negocios en los niveles más altos que creo que serían dignas del interés de Su Excelencia», escribieron Jim Biden y Rustom en un borrador de carta a un funcionario del fondo soberano de Catar, la Autoridad de Inversiones de Catar. «En nombre de la familia Biden, agradezco su interés aquí», continúa el borrador.

Las transacciones de este montaje son fundamentales para un caso de fraude recientemente resuelto presentado por la autoridad bursátil norteamericana, la SEC, y están bajo nuevo escrutinio como parte de una investigación criminal federal en el sur de Florida.

Jim Biden sugirió a los investigadores del Congreso en febrero que sus esfuerzos de recaudación de fondos se estancaron por falta de proyectos viables. Pero el testimonio no divulgado anteriormente del administrador de fondos Michael Lewitt sobre la propiedad de las dos empresas (Platinum Group USA y Obermeyer Engineering Consulting) indica que Jim Biden forjó vínculos más estrechos con el gobierno de Qatar de lo que se creía, asegura la información de Político

En febrero de este año, Jim Biden dijo en la investigación del juicio político que aproximadamente 600.000 dólares en pagos de Americore eran por su papel en la organización de una serie de préstamos puente, de los cuales 200.000 dólares fueron transferidos a Joe Biden en marzo de 2018 para lo que, según la Casa Blanca, es un reembolso de un préstamo no relacionado entre hermanos.

La ONG Provea presentó su informe anual 2023 número 35 advirtiendo sobre el deterioro de las garantías ciudadanas en una década de gestión de Nicolás Maduro.

La Patilla

La organización documentó 43.003 víctimas de violencia estatal, incluyendo 1.652 de tortura y 7.309 de tratos crueles. Además, 10.085 personas asesinadas por la fuerza pública.

Alertó sobre una política de “promover, tolerar y encubrir abusos” mediante prácticas que generan terror social. Pese a ello, la mayoría de casos siguen en la impunidad.

También denunció la profundización de una crisis que mantiene a la población en pobreza extrema y la negación al derecho a la alimentación. Más del 45% sufre inseguridad alimentaria.

Provea considera que la deliberada precarización laboral mediante salarios ínfimos busca desalarizar, empobreciendo a las familias.

Venezuela cayó 39 puestos en el IDH de la ONU entre 2015-2022, situándose entre los últimos de la región. Su PIB se contrajo más del 80%, dañando la capacidad productiva.

De esta forma, la ONG visibilizó el alarmante panorama humanitario bajo una gestión que sistemáticamente vulnera los derechos fundamentales.

Nicolás Maduro, durante su acostumbrado programa “Con Maduro +”, denunció que no puede asistir a ningún sitio “por seguridad”.

La Patilla

”Yo no puedo ir a ningún sitio. Maduro no puede ir a ningún sitio en fecha fija. Allí está el 25 de marzo, fecha fija, sitio fijo, plaza Diego Ibarra, inscripción de la candidatura, ¿que hizo la ultra derecha? Puso dos pistoleros que están convictos y confesos ya”, fue parte de lo señalando por Maduro.

“Ellos contaron quién los entrenó, quien los financió, quien les dio las armas. Ellos dicen que le dieron la orden de disparar al aire y herir gente y asustar al pueblo”, dijo.

El uso de monedas digitales por parte de Venezuela, que se espera que aumente después de que Estados Unidos ordenara la liquidación de los acuerdos petroleros con el país sancionado antes del 31 de mayo, requerirá un mayor escrutinio por parte de los reguladores y las fuerzas del orden, dijeron expertos el lunes.

Reuters

La petrolera estatal venezolana, PDVSA, planea aumentar las transacciones en criptomonedas para sus exportaciones de crudo y combustible a medida que Estados Unidos vuelve a imponer sanciones petroleras al país, dijeron fuentes a Reuters a principios de este mes. No está claro si los pagos en moneda digital Tether por parte de PDVSA serán el objetivo de Washington a partir del 1 de junio.

El político opositor venezolano Leopoldo López y el experto Kristofer Doucette presentaron el lunes un informe que detalla las transacciones desde que el presidente venezolano Nicolás Maduro asumió el cargo. Los gobiernos democráticos deberían contrarrestar sus intentos de «explotar las criptomonedas para mover ganancias ilícitas al sistema financiero internacional», según el informe.

«Deben crearse estructuras para combatir este tipo de lavado de dinero», dijo Doucette, líder de seguridad nacional de Chainalysis, un proveedor con sede en Nueva York de investigación y software para gobiernos, bolsas, bancos y compañías de seguros para garantizar transacciones seguras con criptomonedas.

La tecnología para las transacciones digitales está cambiando rápidamente y las transacciones están creciendo rápidamente en regiones en desarrollo, incluidas América Latina y África, beneficiando a personas sin acceso al sistema bancario. Pero algunos gobiernos corruptos están avanzando más rápido, lo que dificulta la prevención del fraude, dijeron los expertos.

Doucette y Sigal Mandelker, abogada que trabajó anteriormente en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dijeron durante una conferencia organizada por el Wilson Center en Washington que la administración estadounidense está haciendo esfuerzos para aumentar la regulación y alentar a otros países a mejorar la supervisión.

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