El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas abordó este martes a puertas cerradas la disputa territorial sobre la región del Esequibo, territorio rico en petróleo y recursos naturales bajo administración de Guyana, que Venezuela reclama.

AFP

“Estoy satisfecha, podemos decir que la mayoría del Consejo apoya la integridad territorial”, dijo la embajadora de Guyana, Carolyn Rodrigues-Birkett, al término de más de dos horas de reunión en la que participó un representante de Venezuela.

Los 15 miembros del Consejo de Seguridad tenían previsto emitir un comunicado con los principales puntos de la reunión.

Solicitada el pasado 5 de abril por el presidente de Guyana, Irfaan Ali, cuyo país es actualmente miembro de este foro de la ONU, la reunión abordó las “amenazas a la paz y la seguridad internacionales” a raíz de la ley promulgada el pasado 3 de abril por el dictador venezolano, Nicolás Maduro, que considera al Esequibo como nuevo estado venezolano.

Para Guyana esa ley es una “violación flagrante” del derecho internacional.

“Creemos que hay un patrón” en los pasos que ha dado Venezuela últimamente “y no creemos que debamos esperar hasta que haya una invasión de nuestro territorio”, dijo la embajadora a la prensa para justificar la reunión.

Según la diplomática, el representante venezolano dijo en la reunión que su país “no invadirá Guyana”.

“Pero creo que si sus acciones están diciendo una cosa y sus palabras otra, tenemos que estar preocupados”, agregó.

Ali señala en su carta que la nueva ley venezolana “consolida la intención de Venezuela” de anexar más de dos tercios del territorio soberano de Guyana y convertirlo en parte de dicho país.

Según las autoridades guyanesas, esta ley viola las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) del 1 de diciembre de 2023.

Guyana recurrió en 2018 a la CIJ para que ratifique un laudo de 1899 en el que se fijaron las fronteras actuales entre los dos países.

El Esequibo, un territorio de 160.000 km2, es administrado por Guyana pero Venezuela lo reclama al defender los límites de su época como colonia de España.

La pugna se reavivó cuando en 2015 el gigante energético estadounidense ExxonMobil descubrió enormes reservas de petróleo en la zona.

No se espera una sentencia de la CIJ antes del próximo año.

La última vez que los 15 miembros del Consejo abordaron este reclamo territorial se remonta al 8 de diciembre, también a pedido de Guyana, tras el referéndum organizado en Venezuela para preguntar a la población sobre la incorporación del Esequibo a territorio venezolano.

Días después, el 14 de diciembre, el presidente de Guyana se reunió con su homólogo venezolano para abordar las formas de resolver las tensiones surgidas por la disputa territorial.

El Plan Mattei funciona: el Gobierno liderado por Giorgia Meloni logró reducir la llegada de inmigrantes ilegales a Italia en un 60% en el primer trimestre del presente año. En concreto, entre el 1 de enero y el 28 de marzo de 2024, 11.329 inmigrantes ilegales desembarcaron en las costas italianas. Es un 60% menos que en el mismo periodo de 2023, cuando llegaron 123.863 inmigrantes irregulares. El 11 de abril de 2023, Meloni se vio obligada a declarar el estado de emergencia migratorio por seis meses.

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A lo largo del último ejercicio, la llegada de ilegales a Italia se triplicó respecto al año 2021. «Las cifras actualizadas del Ministerio del Interior muestran que las medidas del Gobierno de Meloni destinadas a frenar la inmigración están funcionando», expresaba Fratelli d’Italia en un comunicado. «La estrategia de nuestro país, compartida por primera vez en Europa, está dando sus frutos», añadían desde el Ejecutivo. «Los resultados no llegaron de inmediato, porque suponían un cambio estructural, pero un año después se puede decir que es la estrategia ganadora», decían.

Giorgia Meloni presentaba a finales de enero el conocido como ‘Plan Mattei’. Incluía inversiones en materia de educación, salud, agricultura, agua y energía en los países emisores de inmigración ilegal. El proyecto contaba con un presupuesto inicial de 5.500 millones de euros entre créditos, donaciones y avales. Además, el Gobierno italiano involucró en su desarrollo a instituciones financieras internacionales. Fue muy bien recibido por la Unión Europea, que se comprometió también a reforzar las fronteras.

«El objetivo es proporcionar a aquellos que estén pensando en irse razones para no hacerlo: oportunidades de trabajo, formación y crecimiento». Así lo explicaba tras su aprobación el senador Nicola Calandrini, presidente de la Comisión de Presupuesto. De «colaboración entre los dos continentes que están interconectados geográfica e históricamente».

Se trataba, en definitiva y según explicaba la propia Meloni de no dejar sola a África con sus problemas económicos. Aunque el plan lo presentó de forma oficial hace tan sólo unos meses, muchas de las iniciativas se aplicaron a lo largo del último año. El pasado 28 de marzo, Meloni ya ofrecía un análisis preliminar de los datos conocidos por su Ejecutivo: «En el último año, los desembarcos disminuyeron en un 60% en comparación con el mismo período anterior», explicaba.

La primer ministro remarcaba el éxito de la estrategia de Italia a nivel europeo. Además, afirmaba que su actuación influía positivamente en el debate europeo, cambiando el foco de la redistribución de los inmigrantes ilegales a la necesidad de detenerlos. Y destacaba que las llegadas desde algunos países prácticamente desaparecieron en 2024: «Los desembarcos desde Túnez han sido casi eliminados».

«A pesar de la oposición de la izquierda italiana y, en algunos casos, también europea, logramos resultados importantes», decía. La líder italiana apostaba por «garantizar una gestión eficaz y sostenible de los flujos migratorios, protegiendo al mismo tiempo las fronteras nacionales».

Recientemente, el Gobierno de Meloni también firmaba un acuerdo con la República de Albania para trasladar inmigrantes ilegales desde Italia. «Son medidas resultado de una visión única que confirma los principios de solidaridad de acogida en nuestro país», explicaba en los últimos días el senador de Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta.

El 22 de febrero el Parlamento de Albania ratificaba el acuerdo migratorio. El compromiso incluye la apertura de dos centros de recepción de inmigrantes con capacidad para 3.000 personas. El primer ministro del país, Edi Rama, aplaudía la resolución y afirmaba que Albania «está junto a Italia» a la hora de hacer frente a los desafíos migratorios que azotan Europa.

La estrategia de Italia y sus buenas cifras en los primeros meses de 2024, contrastan, por ejemplo, con las de nuestro país. En el primer trimestre llegaron a España un 277% más de inmigrantes ilegales que en el mismo período de 2023. Las peores cifras de desembarcos, (13.115) se registraron en Canarias, con una subida del 502,2% respecto al año pasado. Lejos de elaborar planes para paliar el problema migratorio de España o frenar el ‘efecto llamada’, el Congreso tramitaba este mismo martes una iniciativa para regularizar a 500.000 inmigrantes irregulares. La iniciativa de la izquierda radical buscaba que estas personas que residen de manera ilegal puedan acceder a todas las ayudas y subvenciones que ofrece el Estado. Tan sólo VOX votó en contra.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se ha reunido este martes con el dictador venezolano Nicolás Maduro en Caracas, ratificando su disposición a colaborar con el establecimiento de la «paz política» en el país caribeño, que será escenario de unas cuestionadas elecciones presidenciales el 28 de julio.

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 «Colombia puede ayudar mucho en la paz política», dijo Petro en su encuentro con Maduro, luego de haber cargado la semana pasada contra el mandatario venezolano por haber dejado fuera de la contienda electoral a la principal líder opositora, María Corina Machado, un hecho que Bogotá tildó en su momento de «golpe antidemocrático».

«Agradezco al presidente Gustavo Petro esta buena reunión que hemos tenido», dijo por su parte Nicolás Maduro, quien además le ratificó al jefe de Estado colombiano su buena disposición para ayudar en los diálogos que sostiene Bogotá con el grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Así las cosas, Petro y Maduro recalcaron en una declaración «el compromiso mutuo de apoyo a la paz, estabilidad política, social y económica en ambos países, especialmente lo inherente al papel de Venezuela como garante de los procesos de diálogo»

Desde que se hicieron efectivas las sanciones de Estados Unidos sobre varias empresas estatales venezolanas en el año 2019 y luego de aprobada la Ley Antibloqueo en 2020, el gobierno nacional ha ensayado distintas fórmulas para ceder activos. Pese a que muchas negociaciones se han hecho de manera opaca, el seguimiento realizado por Transparencia Venezuela ha permitido identificar 48 empresas estatales que han sido cedidas a empresarios del sector privado. 

Transparencia Venezuela

El informe Aliados privados en control de empresas estatales 2024, segunda entrega del informe publicado en 2021, presenta en detalle 15 nuevos casos de empresas del Estado venezolano que fueron creadas o expropiadas durante la gestión del presidente Hugo Chávez y que ahora están siendo manejadas por privados. Estos 15 casos se suman a los suman a los 33 inventariados previamente, para un total de 48. 

El informe revela que, a diferencia de otros países que han optado por establecer alianzas público-privadas con el objetivo de garantizar la prestación de un servicio o infraestructura gubernamental, en el caso de Venezuela esta estrategia está orientada a negociar empresas estatales que fracasaron, pero que aún ofrecen ventajas para obtener rentas.  Entre estas se mencionan las del sector alimentación que proveen los programas sociales del gobierno; las dedicadas a la extracción y procesamiento de minerales, especialmente oro; y las del sector hidrocarburos, entre otros. 

En Aliados privados en control de empresas estatales 2024 se describen los entes públicos encargados de la negociación de esos activos y, por tanto, los responsables de rendir cuentas sobre el patrimonio cedido. Además, se analizan los principales hallazgos sobre los 15 nuevos casos identificados y se aborda el caso de Sidor (Siderúrgica del Orinoco), empresa sobre la cual, según distintas fuentes consultadas para la investigación, está en marcha un proceso de negociación.  

De igual modo, el informe hace énfasis en la materialización de dos realidades en las actividades económicas en Venezuela, mientras los empresarios aliados del Estado cuentan con incentivos especiales, incluidos la confidencialidad y nulas obligaciones para rendir cuentas; el resto de los empresarios que están al margen de estas negociaciones enfrentan altos riesgos de abusos de poder de los decisores y potenciales beneficiarios de las alianzas.

Patrones que se repiten 

Las alianzas público-privada requieren de un ente regulador que vigile que el sector privado cumpla sus obligaciones y evalúe su desempeño. En tal sentido, Aliados privados en control de empresas estatales 2024 profundiza en el rol supervisor del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), creado en octubre de 2020 mediante un decreto constituyente. 

El portal web del CIIP indica que dispone de “un portafolio de activos transformables a proyectos de inversión en las áreas de minería, petróleo, industrias, agricultura, acuicultura, alimentación y pesca”. No obstante, no muestra información sobre las inversiones de las alianzas entre privados y empresas propiedad del Estado, ni de cómo se ha hecho seguimiento al desempeño y sus resultados. 

El informe ofrece, además, información sobre los entes de adscripción y estatus de la lista de 15 empresas estatales identificadas en los dos últimos años como parte del nuevo esquema público-privado, con el que aparentemente se busca evadir el calificativo de “privatización”, entre ellas Pescalba, Café Venezuela, Corporación Venezolana de Minería, Industrias Diana, Productos La Fina y Siderúrgica del Orinoco “Alfredo Maneiro” (Sidor), entre otras.  

Por otra parte, el estudio pone en contexto la creación de expresas mixtas como otra modalidad de ceder los activos estatales a socios privados que asumen el control operativo, como es el caso de Carbozulia y Maderas del Orinoco. Mención aparte merece el caso de la industria petrolera en el marco de la flexibilización de algunas sanciones, y el de compañías privadas ocupadas por el gobierno, como Smurfit Kappa y Kimberley Clark.   

Finalmente, examina los patrones que han caracterizado los procesos de negociación de los activos públicos. El primero de ellos es la opacidad o el secreto con el que se han manejado las operaciones, seguido de la ausencia de controles formales e informales; además de las denuncias de corrupción que han surgido en algunos casos y las de presunto incumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores de las empresas involucradas.  

Elon Musk ha arremetido contra Alexandre de Moraes, uno de los diez jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil.

DW

«¿Por qué pide tanta censura en Brasil?», preguntó Musk al juez en un post publicado el pasado fin de semana en su plataforma X, antes Twitter.

Poco después, el billonario acusó a Moraes en otro post de violar la Constitución brasileña y traicionar a la población. «Moraes debería dimitir o ser destituido. Qué vergüenza, Alexandre», dijo.

La confrontación entre Musk y el STF se produce después de que Moraes incluyera al magnate en la investigación sobre la existencia de redes dedicadas a difundir noticias falsas y «ataques» a la democracia y la supuesta «manipulación dolosa» de la plataforma X.

Todo comenzó el pasado 6 de abril, cuando la red X informó que había sido forzada a «bloquear determinadas cuentas populares en Brasil» por decisión judicial. Posteriormente, el millonario aseguró que levantaría todas las restricciones impuestas por la Justicia, pese a las posibles consecuencias, como una forma de luchar contra la censura.

Contra la desinformación

«La flagrante conducta de obstrucción a la Justicia brasileña, la incitación al crimen, la amenaza pública de desobediencia a las órdenes judiciales y la negativa de la plataforma a cooperar son hechos que le faltan al respeto a la soberanía de Brasil y que refuerzan la conexión de las actividades de la plataforma X con las prácticas ilícitas investigadas», dijo el magistrado en su decisión.

Moraes, uno de los miembros de la Corte Suprema, es el máximo exponente de la apertura de la investigación y responsable de un proceso que versa sobre el uso de las redes sociales para la difusión de noticias falsas y ataques a la democracia.

Este mismo tribunal lleva ya tiempo actuando contra las «milicias digitales» que difunden desinformación y discursos de odio en Internet. 

La justicia investiga a Musk

«Estamos levantando todas las restricciones», dijo Musk. «Este juez ha impuesto fuertes multas, ha amenazado con detener a nuestros empleados y bloquear el acceso a X en Brasil. Probablemente tengamos que cerrar nuestra oficina en Brasil, pero los principios son más importantes que los beneficios», agregó.

Ante estas palabras, Moraes ordenó a la policía federal que abriera una investigación contra Musk por obstrucción a la justicia e incitación a cometer delitos. Además, pidió que se investigara al billonario tecnológico en el marco de las pesquisas sobre la existencia de las llamadas «milicias digitales antidemocráticas» y su financiación.

Para los expertos en fake news entrevistados por el diario brasileño O Globo, las últimas declaraciones de Elon Musk van claramente demasiado lejos. «Si hubiera una violación de la Constitución, Musk tendría que aclararlo en los tribunales», explica la abogada Yasmin Curzi, profesora de la Universidad Fundação Getulio Vargas, de Río de Janeiro.

«El anuncio de hacer caso omiso de las órdenes judiciales es un delito contra la soberanía nacional», señala Curzi.

Los datos internos de Twitter

El término «Twitter Files» hace referencia a la publicación de una selección de documentos internos de X que se publicaron en esta red entre diciembre de 2022 y marzo de 2023. Musk los entregó a varios periodistas, entre ellos el estadounidense Michael Shellenberger, un «activista libertario», como se describe a sí mismo, atacado varias veces por publicar datos falsos sobre cuestiones medioambientales.

Ahora, en un post en X, Shellenberger ha afirmado que Brasil está «al borde de la dictadura (…) emanada de un Tribunal Constitucional totalitario en manos del juez Alexandre de Moraes», escribió.

Según Shellenberger, se ha llevado a cabo una «censura unilateral» de publicaciones de parlamentarios brasileños y se ha intentado utilizar la red para combatir a los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro.

No obstante, a Shellenberger no le preocupa la libertad de expresión, dice el abogado brasileño Fernando Boscardin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Miami. «En realidad, quiere impedir la regulación de las plataformas de medios sociales basadas en el modelo europeo», agrega.

El fiscal general Tarek William Saab reveló la información proporcionada por un presunto testigo protegido que arroja luz sobre una extensa trama de corrupción dentro de la petrolera estatal Pdvsa, involucrando criptomonedas y operaciones ilícitas, en la que estuvo vinculado Tareck El Aissami detenido este martes 9 de abril.

LaPatilla

El testigo, cuya identidad se mantiene en reserva por razones de seguridad, indicó que una empresa extranjera estaba involucrada en las operaciones de crudo de Pdvsa. Esta empresa, según el testimonio, fue asignada con 15 buques, valorados en más de 153 millones de dólares. El testigo afirma haber pagado 22 millones de dólares en efectivo a Antonio Pérez Suárez, y haber sido testigo de grandes cantidades de dinero en su oficina.

También describió un sistema de sobornos y comisiones para agilizar los despachos de crudo, mencionando un pago de 2 millones de dólares a un emisario llamado Edward Coronado. Además, se detallan transferencias y pagos personales solicitados por figuras como Tareck El Aissami y Joselit Ramírez, que suman millones de dólares.

La declaración también menciona una rivalidad entre El Aissami y Pérez Suárez por el control de los fondos generados por la venta de crudo, con la manipulación de intermediarios y compradores finales, y la venta de productos a precios significativamente reducidos.

Un tercer testigo protegido informó sobre acciones tomadas por Pérez Suárez en noviembre de 2020, que incluyeron el desmantelamiento de la Vicepresidencia de Finanzas de Pdvsa y la eliminación de protocolos de pago a proveedores, todo bajo la dirección de El Aissami. Se establecieron cuentas bancarias de terceros para desviar recursos del Estado, con comisiones que oscilaban entre el 5% y el 3%, dependiendo de la forma de pago.

“Las asignaciones para la venta de crudo venezolano se hacían, algunas con conocimiento de El Aissami y otras las hacía Pérez Suárez en reuniones clandestinas en su oficina donde pactaba la venta en precios hasta tres cuartas partes por debajo del valor del producto, generando pérdidas al Estado venezolano. Pérez Suárez trabajaba con empresarios que le otorgaban facturas con montos inflados por concepto de servicios o trabajos realizados a Pdvsa, para repartirse luego estos sobreprecios. Se creó una oficina denominada Unidad de Trabajo Especial, que se encargaba de maquillar las cuentas para burlar las auditorías de la Vicepresidencia de Finanzas. Este testigo informa que con los distintos esquemas de ganancias fraudulentas aplicados, Pérez Suárez se apoderó de una fortuna tipificadas en miles de millones de dólares”, afirmó Tarek.

”El objetivo y el fin de esta mafia, encabezada por Tareck El Aissami, no era otro que implosionar la economía nacional, destruir nuestra moneda presionando al alza del dólar paralelo, y así hacer fracasar las políticas económicas impulsadas por el Ejecutivo”, puntualizó el Fiscal.