En su discurso público, a diferencia de la Unión Soviética durante la Guerra Fría, la República Popular China (RPC) ha evitado cuestionar directamente la democracia al estilo occidental como sistema de gobierno. No obstante, Beijing ha afirmado cada vez más que su propio sistema ofrece lecciones de organización económica y política para las sociedades en desarrollo. Esa postura plantea inherentemente, aunque de forma sutil, a China ante el mundo en desarrollo como una alternativa a ese modelo occidental.
Por: Evan Ellis – Infobae
En su Iniciativa de Civilización Global (ICG), la República Popular China trata de socavar el capital moral de Occidente en materia de democracia y otros valores, planteando la validez de otras alternativas (no especificadas).
Más allá de este discurso, el compromiso comercial y de otro tipo de China, y su posición cada vez más dominante en las tecnologías y sistemas que definen las comunicaciones y la nueva economía digital, ha tenido un efecto transformador en la dinámica y el discurso sobre la democracia y el desarrollo a nivel mundial.
El presente trabajo, basado en un discurso pronunciado el 25 de junio de 2024 ante la distinguida Fundación Libertad, un think tank argentino, examina el complejo y multifacético impacto de China sobre la democracia en América Latina. Sostiene que ese impacto es simultáneamente deliberado e inadvertido, directo e indirecto, y se hace sentir principalmente a través de cuatro canales: (1) el efecto de ese compromiso en socavar y alterar el discurso sobre China en las sociedades democráticas a medida que sus miembros buscan beneficios de trabajar con China; (2) los programas de capacitación patrocinados por la RPC que contienen narrativas y contenidos autoritarios; (3) el impacto del “modelo” chino y las arquitecturas tecnológicas asociadas; y (4) el papel de la RPC como incubadora de sociedades autoritarias.
Socavar y alterar el discurso sobre China en busca de beneficios
Al igual que en otras partes del mundo, el interés en América Latina por hacer negocios con China, incluido el acceso a sus mercados y la asociación con sus empresas y bancos en proyectos locales, lleva a las partes interesadas a autocensurarse para evitar ofender a la República Popular, e incluso a realizar una defensa interesada de China. Entre los temas que se sabe que ofenden a la RPC y, por tanto, ponen en peligro los compromisos potencialmente lucrativos con ella, figuran referirse a Taiwán como un gobierno autónomo o independiente, la represión china en el Tíbet, hablar críticamente sobre el encarcelamiento de millones de musulmanes uigures en Xinjiang, la toma del poder y la represión de los actores democráticos en Hong Kong y la violación de sus compromisos con el enclave en virtud del tratado de 1997, la militarización de islas y el comportamiento agresivo hacia sus vecinos en el Mar de China Meridional y Oriental, y las acciones contra los disidentes chinos. También se consideran temas delicados los comentarios negativos sobre los riesgos de hacer negocios con China y el historial de las empresas chinas en relación con el rendimiento de sus proyectos, el trato a los trabajadores, los subcontratistas y las comunidades afectadas, el historial medioambiental y otros aspectos de la responsabilidad social de las empresas.
La reacción adversa de China a este discurso crítico es bien conocida en la región y en todo el mundo, y la RPC lo recuerda con frecuencia. Por ejemplo, las sanciones contra Australia después de que su gobierno pidiera que se investigara el origen de la pandemia de Covid-19 en Wuhan (China), las amenazas contra la Asociación Nacional de Baloncesto cuando uno de sus miembros criticó el trato que la República Popular daba al Tíbet y, más recientemente, la suspensión de una parte de 5.000 millones de dólares de un swap de crédito con Argentina, vinculada a los comentarios negativos sobre la RPC del gobierno entrante de Javier Milei. China también suspendió recientemente las compras de productos agrícolas a Guatemala, enviando un mensaje no tan sutil al gobierno de Arévalo de que su capacidad para continuar con sus modestas exportaciones agrícolas a China estaba en peligro si no cambiaba las relaciones diplomáticas con Taiwán. Cuando el gobierno chileno interpuso una acción antidumping bien fundamentada contra las empresas siderúrgicas chinas, el jefe de la federación de fruticultores de Chile, Fedefruita, se manifestó públicamente en contra de la acción del gobierno chileno. El temor de los exportadores de fruta chilenos, que posiblemente motivó las declaraciones, a que la acción de su gobierno pudiera poner en peligro su propio acceso al mercado de la República Popular China (que no tiene nada que ver), ilustra cómo la reputación de China de ser vengativa conduce a la supresión selectiva y a la distorsión del discurso sobre China en las sociedades democráticas.
Programas chinos de capacitación con narrativas y contenidos autoritarios
La República Popular China es cada vez más activa en América Latina y otras partes del mundo en la realización de programas de formación con contenido y narrativas autoritarias para profesionales de la región. Beijing trae a cientos de periodistas latinoamericanos al país cada año para lucrativas visitas con todos los gastos pagados en nombre de la formación o de conferencias. Por ejemplo, la RPC acogió a una delegación de 30 periodistas hondureños y 25 nicaragüenses. Estos viajes no sólo engendran la gratitud de los receptores de la generosidad china, influyendo en lo que escriben sobre la República Popular, sino que posiblemente les inculcan la perspectiva autoritaria del Partido Comunista Chino (PCC) sobre el papel de los periodistas en la transmisión, en lugar de cuestionar, la información proporcionada por el gobierno y otras autoridades. La formación impartida por la República Popular a un gran número de militares, jueces y, más recientemente, policías de la región, también imparte lecciones de carácter antidemocrático, como el enfoque del PCCh sobre el control de multitudes y manifestantes, o su orientación a los jueces a la hora de decidir casos legales en los que está implicado el gobierno.
La académica Niva Yau, del Atlantic Council, concluyó recientemente un importante estudio en el que revisaba miles de informes en chino sobre programas internacionales de formación. Descubrió que tanto la cantidad como las narrativas autoritarias implícitas en estos programas han aumentado sustancialmente en las últimas décadas. En el periodo comprendido entre 1981 y 2009, los documentos que examinó mostraban una media de 142 programas al año con 4.285 personas que viajaban a China cada año. Durante el período posterior, de 2013 a 2018, ese número se multiplicó por diez, a un promedio de 1.400 programas por año que involucran a 40,000 personas que viajan a China por año.
Impacto del “modelo” chino y soluciones técnicas
A diferencia de la Unión Soviética, que publicitó su “modelo” comunista de gobierno y organización económica como una alternativa a la democracia occidental durante la Guerra Fría, China no ha promovido abiertamente su modelo como una alternativa a Occidente, sino que ha afirmado que es simplemente un ejemplo del que los países en desarrollo podrían extraer lecciones. No obstante, la República Popular ha sido cada vez más agresiva en esa autopromoción indirecta, incluido el discurso de Xi Jinping en el XIX Congreso del Partido Comunista en el que ofrece “sabiduría china y un enfoque chino para resolver los problemas a los que se enfrenta la humanidad”.
Aparte de la propia afirmación de China de que es un ejemplo a seguir, la percepción que tiene el mundo de que está logrando avances significativos en materia de crecimiento económico, orden y eficiencia, podría decirse que influye en los debates sobre los modelos políticos y económicos, de un modo mucho más eficaz que el mediocre crecimiento y el autoritarismo de mano dura de la Unión Soviética. Incluso si estas percepciones no tienen en cuenta los límites reales del éxito chino y las distorsiones económicas y los costes medioambientales y humanos asociados, influyen en el pensamiento contemporáneo sobre el papel adecuado del gobierno frente a la iniciativa individual en el desarrollo económico, y el papel de la decisión de mando frente a la elección democrática, la expresión y la protección de los derechos individuales en el ámbito político.
Del mismo modo, los resultados percibidos de las soluciones técnicas chinas, incluidas sus arquitecturas interconectadas de seguridad, financieras, de servicios públicos y de otro tipo, pueden influir en las decisiones de otros países sobre el grado en que se debe ceder en materia de privacidad y protección individual para lograr las ganancias potenciales en seguridad y eficiencia social que las nuevas tecnologías, impulsadas por la inteligencia artificial, prometen proporcionar.
Además de influir en las futuras opciones políticas sobre arquitecturas tecnológicas, a medida que las entidades con sede en China lideran cada vez más el desarrollo y despliegue de dichas arquitecturas, las decisiones inherentes a las mismas que privilegian los resultados sobre la protección de la privacidad y del individuo, se convierten cada vez más en la nueva realidad, aún más bloqueada a medida que las empresas chinas establecen los estándares para esas tecnologías y expulsan a otras de la competencia.
China como incubadora de sociedades autoritarias
Aunque la República Popular China se relaciona con gobiernos de todo el espectro ideológico, su voluntad de prestar apoyo a los que se mueven en una dirección autoritaria, sin las condiciones políticas o de otro tipo que los gobiernos occidentales suelen imponer a esa ayuda, repercute en la dinámica política de América Latina a medida que algunos de sus gobiernos avanzan hacia el autoritarismo. La República Popular China consigue estos efectos, en el curso de la persecución de sus propios objetivos comerciales y de otro tipo, proporcionando tanto recursos como soluciones tecnológicas específicas a sus socios autoritarios.
Con respecto a los recursos, los 59.200 millones de dólares que China proporcionó a las dictaduras de Chávez y Maduro en Venezuela a partir de 2008, a cambio de su petróleo, proporcionaron recursos y oportunidades de corrupción para mantener a flote el régimen venezolano, al tiempo que incentivaron a los compinches del régimen a permanecer leales a su liderazgo. En Nicaragua, los 567 millones de dólares en compromisos de proyectos de obras a realizar por empresas chinas para el gobierno sandinista, proporcionan de manera similar al cada vez más aislado gobierno autoritario de Ortega recursos y oportunidades asociadas para su beneficio personal.
Con respecto a la tecnología, los sistemas chinos de vigilancia y control a nivel nacional, incluyendo el ECU-911 vendido al régimen populista autoritario de Rafael Correa en Ecuador, el sistema BOL-110 vendido al régimen de Evo Morales en Bolivia, así como el sistema de Carné de Identidad de la Patria, ayudan al régimen autoritario de ese país a expandir su control social.
De manera similar, las contribuciones de la República Popular China a las arquitecturas de Internet y telefonía de Cuba fueron fundamentales para que esa dictadura pudiera aislar a los manifestantes entre sí, del mundo exterior, y así mantener el control durante el inesperado levantamiento nacional cubano de julio de 2021.
Recomendaciones y conclusiones
Si bien hay poca evidencia que sugiera que China promueve deliberadamente gobiernos autoritarios en lugar de democracias de estilo occidental en América Latina o en otros lugares, los gobiernos de la región deben reconocer los riesgos implícitos para la dinámica de las democracias (ya bajo considerable estrés), que surgen de su compromiso comercial, político y tecnológico con la República Popular, incluyendo el “poder blando” de los beneficios esperados, el efecto corruptor y promotor del autoritarismo de los viajes de capacitación, además de la creciente adopción de soluciones tecnológicas de empresas con sede en China.
La forma adecuada para que América Latina y otras partes del mundo salvaguarden su democracia no es renunciar a interacciones comerciales y políticas rentables con la RPC. Por el contrario, se trata de garantizar que dichas interacciones se lleven a cabo en un marco de máxima transparencia, igualdad de condiciones jurídicas e instituciones sólidas que incluyan la capacidad adecuada para revisar contratos, adquisiciones propuestas y otros acuerdos en los que participe la República Popular. Los gobiernos también deben hacer más para reconocer los conflictos de intereses inherentes cuando sus funcionarios (incluso a nivel local) reciben lucrativos viajes con todos los gastos pagados a China. Aunque los gobiernos democráticos no pueden restringir fácilmente a ciudadanos privados, como periodistas o académicos, la realización de viajes comprometedores a China, la transparencia sobre tales beneficios, incluidas las oportunidades de negocio con la República Popular que obtienen los embajadores y otros altos funcionarios tras su paso por el servicio, debería recibir mayor atención a la hora de interpretar el discurso prochino de tales personas.
A Estados Unidos, como a otros, le interesa que la democracia siga gozando de buena salud en la región, y tiene un gran interés en hacer más para ofrecer alternativas, desde proyectos de inversión hasta programas de formación. No obstante, que Washington haga o no más por América Latina no exime a la región y a sus líderes de su deber de proteger las instituciones democráticas de sus países y la libertad de expresión y acción.
