Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

La Comisión de Política Interior del Parlamento de Venezuela -controlado por el chavismo- prepara un proyecto de ley contra “traidores a la patria” propuesto recientemente por el presidente del Legislativo, el oficialista Jorge Rodríguez.

Infobae

El diputado Diosdado Cabello, presidente de esa comisión, dijo este miércoles que un equipo “ya está trabajando” en la elaboración de ese proyecto, basado -explicó- en el artículo 130 de la Constitución, que establece “el deber de honrar y defender a la patria” y de “proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación”.

En su programa semanal “Con el mazo dando”, transmitido por el canal estatal VTV, el también primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) indicó que, previamente, se reunió con otros integrantes de la Comisión de Política Interior para revisar “la jurisprudencia sobre la traición a la patria” en otros países.

Cabello, considerado número dos del chavismo, no ofreció mayores detalles sobre el avance de la elaboración de ese proyecto ni cuándo prevén presentarlo.

En marzo, Rodríguez propuso crear una ley para que “los delitos contra la soberanía” sean “severamente castigados”, según una nota del Parlamento, en la que se señala que el presidente del Legislativo mencionó la “posición apátrida adoptada por miembros de la extrema derecha” contra el referendo celebrado en diciembre sobre la controversia con Guyana por el territorio del Esequibo.

Asimismo, dijo que los “traidores” -sin especificar nombres- han “convocado a invasiones, a violencia” y “al asesinato del presidente de la república”, Nicolás Maduro.

La peligrosa “ley contra el fascismo”

Antes de confirmarse el tratamiento del proyecto de ley contra los “traidores a la patria”, el régimen de Venezuela presentó el martes ante la Asamblea Nacional el “Proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares” elaborado por orden del dictador Nicolás Maduro.

El documento, presentado por la vicepresidenta ejecutiva del régimen, Delcy Rodríguez, incluye cuatro capítulos y 30 artículos, y establece “medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a agresiones de orden fascista”.

Sin embargo, lo que se observa es cómo el chavismo en realidad lo que pretende es proscribir a la oposición y censurar las redes sociales.

La funcionaria recordó las protestas antigubernamentales que hubo en 2014 y 2017 con víctimas mortales y heridos, de las que responsabilizó a “sectores extremistas” que “pidieron posteriormente” un “bloqueo criminal” con el objetivo de que haya un “genocidio económico y social” en Venezuela.

Indicó que estos “sectores extremistas” -en referencia a miembros y partidos de la oposición mayoritaria- han “desconocido, abiertamente, la institucionalidad”, y hoy pretenden “asaltar el poder político” de Venezuela, que celebrará elecciones presidenciales el próximo 28 de julio.

Entre las “medidas de protección contra el fascismo”, Rodríguez señaló la prohibición de “la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política”.

El proyecto de ley también establece la creación de una comisión contra el fascismo y de una red internacional de agrupaciones, movimientos e instituciones comprometidas en la lucha contra esta doctrina.

Además, incluye “sanciones penales y administrativas por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley”, que no detalló.

Este proyecto de ley fue elaborado por una comisión cuya creación anunció Rodríguez el pasado 24 de marzo.

Las autoridades han asegurado haber desactivado una serie de conspiraciones que tenían como objetivo atentar contra “la alta dirigencia” del chavismo y generar un “ambiente de violencia política” de cara a las presidenciales. La oposición se desligó de estos señalamientos y lo que planteó es que Maduro busca perpetuarse en el poder. De hecho, el régimen inhabilitó a María Corina Machado y tampoco deja competir a su sustituta, Corina Yoris.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó el miércoles a Estados Unidos de instalar bases militares secretas en el Esequibo, territorio que Venezuela y Guyana consideran suyo, para preparar una “escalada” contra su país.

Por: Carolina alcalde – La Voz de América

“Tenemos información comprobada que en territorio de la Guayana Esequiba, administrado temporalmente por Guyana han instalado bases militares secretas del Comando Sur, núcleos militares y núcleos de la CIA”, dijo el miércoles en el acto de promulgación de la Ley Orgánica por la Defensa de la Guayana Esequiba que fue condenada por Guyana.

Según Maduro se pretende preparar una “escalada” y agresiones contra las poblaciones del oriente y sur de Venezuela.

La ley, que conduce a convertir al Esequibo en un estado venezolano, fue aprobada el mes pasado por el Parlamento de mayoría oficialista en respuesta a los lineamientos que Maduro anunció el año pasado para ejecutar los resultados de un referendo consultivo sobre ese territorio.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana aseguró el miércoles que el “intento” de Venezuela de «anexar» el territorio es una “violación flagrante” de los principios fundamentales del derecho internacional y contradice los acuerdos firmados en diciembre en San Vicente y las Granadinas, donde Maduro y su par guyanés, Irfaan Ali, convinieron abstenerse de intensificar el conflicto.

Guyana advirtió en un comunicado que “no tolerará la anexión, toma u ocupación de ninguna parte de su territorio soberano”.

No queda claro cómo Venezuela implementará las acciones, pues Guyana ejerce control “de facto” sobre el territorio en disputa. El ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino, ha dicho que la Fuerza Armada de su país mantiene una presencia “no hostil” en el territorio Esequibo, en referencia a actividades vinculadas a la atención de la población.

Lea la nota completa siguiendo este enlace a La Voz de América

Siete de las diez instituciones que integran la Comisión Intergubernamental encargada de supervisar el cumplimiento del Plan de Preservación Ambiental y Gestión Segura de Cobre Panamá llevaron a cabo una inspección técnica en el sitio de la mina, ubicada en el distrito de Donoso, provincia de Colón.

ANPanamá

Esta inspección marca el inicio de una serie de tres visitas programadas para esta semana. Durante la jornada, el equipo de Minera Panamá ofreció una completa inducción sobre medidas de seguridad, seguida de un recorrido por el camino costero, la supervisión del depósito de concentrado de cobre, la termoeléctrica, el almacén de carbón y el Puerto Internacional de Punta Rincón.

Entre los participantes se encontraban representantes del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Aspectos comerciales como los acuerdos que tiene Panamá con países de la UE y la necesidad de avanzar con nuestro país en asuntos aduaneros, fueron los temas expuestos en una visita de la representante de la oficina de la Unión Europea en Panamá, Izabella Matusz a la Autoridad Nacional de Aduanas.

ANPanamá

Durante la reunión presidida por la directora general de la entidad aduanera, Tayra Barsallo también se abordaron temas como la de identificar necesidades y fomentar la cooperación internacional en este importante sector comercial.

En el encuentro también se coordinaron detalles para una visita de los embajadores de la Unión Europea acreditados en Panamá, al Centro de Control y Video Vigilancia para que conozcan su operatividad y objetivos, como parte de un sistema de seguridad nacional del comercio a través de escáneres y tecnología adquirida con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y países amigos.

La Directora Barsallo hizo una reseña a la representante de la UE, del proceso de modernización tecnológica que ha experimentado la entidad durante su administración y destacó estrategias de seguridad como Escudo Invisible, la capacitación del recurso humano, la digitalización de procesos aduaneros, así como reafirmar iniciativas como El PacCto con la unión Europea, un plan en la lucha contra los grupos criminales, que junto a otros programas de la entidad con organizaciones internacionales reforzará los esfuerzos que en esta materia se realizan.

La Iniciativa Democrática de España y las Américas (Idea) expresó su preocupación por lo que considera una «tendencia a impedir o restringir el derecho a la participación política» a raíz del caso en Panamá de la candidatura presidencial de José Raúl Mulino, sustituto del expresidente Ricardo Martinelli para las elecciones del próximo 5 de mayo.

AFP

En un comunicado, los exjefes de Estado y de Gobierno integrantes de IDEA expresaron que «respetuosos como somos de la autonomía de independencia de la Justicia en los países en los que rige la democracia y el Estado de Derecho, vemos con honda preocupación la tendencia a impedir o restringir el derecho a la participación política en algunos países de la región y el ejercicio, al efecto, de presiones políticas indebidas sobre la Administración de Justicia».

Mulino era candidato a vicepresidente de Martinelli, pero el exmandatario (2009-2014) fue inhabilitado tras ser condenado a casi once años de cárcel por blanqueo de capitales. Martinelli, que está asilado en la embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá desde el 7 de febrero, ha pedido en reiteradas ocasiones el voto para su sustituto.

Pero ahora Mulino enfrenta un escollo judicial, ya que la Corte Suprema analiza una demanda contra él por su designación como candidato presidencial de manera directa por Martinelli sin pasar por elecciones primarias, como establece el código electoral. No hay fecha anunciada para la decisión del tribunal.

En su comunicado, IDEA recordó que según el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), «el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos … y que sus titulares, es decir, los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino también de “oportunidades”; lo que “implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos».

Mulino encabeza los sondeos de opinión de cara a las elecciones. De acuerdo a una encuesta publicada este miércoles, de la firma Mercado Planificado, el 29.4% de los encuestados dijo que votaría por Mulino en los comicios del 5 de mayo, casi el mismo porcentaje que suman juntos los tres candidatos que le siguen en intención de voto.

En una anterior encuesta de la misma consultora del pasado 12 de marzo, Mulino, que se presenta por el partido Realizando Metas (RM, las siglas de Martinelli), obtuvo un 26% en las preferencias.

En el último sondeo, le siguen en intención de voto otros tres opositores: el expresidente socialdemócrata Martín Torrijos (2004-2009), con 11,6%; el excanciller Rómulo Rómulo Roux, con 10,5%; y el abogado Ricardo Lombana, con 10,4%.

El candidato del partido oficialista socialdemócrata PRD, José Gabriel Carrizo, aparece en sexto lugar entre los ocho candidatos en liza, con apenas 4,6%, por debajo de la diputada populista Zulay Rodríguez, con 5,8%. El 23,2% de los encuestados declaró estar indeciso.

Abogado de 64 años, Mulino fue ministro de Seguridad de Martinelli y estuvo en prisión preventiva entre 2015 y 2016 por presunta corrupción, pero la Corte Suprema anuló el caso por errores procesales.

Durante la dictadura de Manuel Antonio Noriega (1983-1989), Mulino fue uno de los líderes de la llamada Cruzada Civilista que se oponía al general.

Tras la invasión estadounidense que derrocó a Noriega en 1989, el candidato fue canciller del presidente Guillermo Endara (1989-1994).

La petrolera Shell (SHEL.L), abre una nueva pestañaestá buscando una licencia a largo plazo de Estados Unidos antes de tomar una decisión final de inversión en el proyecto de gas natural Dragón en Venezuela, dijeron cuatro personas familiarizadas con el asunto.

Reuters

El campo Dragón se encuentra en aguas venezolanas cerca de la frontera marítima con Trinidad y Tobago y contiene hasta 4,2 billones de pies cúbicos de gas. Trinidad necesita el combustible para abastecer sus industrias petroquímica y de gas natural licuado, y Venezuela quiere abrir una nueva fuente de ingresos a partir de las exportaciones.

Washington otorgó en enero de 2023 a Trinidad una licencia de dos años para negociar y desarrollar Dragon, con Shell como operador y las empresas estatales PDVSA de Venezuela y la Compañía Nacional de Gas (NGC) de Trinidad como participantes en el proyecto.

Estados Unidos modificó la licencia en octubre de 2023, extendiendo su validez hasta octubre de 2025 y permitiendo a Venezuela recibir los ingresos de las ventas de gas en efectivo. El gobierno venezolano, por su parte, dio luz verde al proyecto en diciembre mediante una licencia de 30 años, otorgando a Shell y NGC los derechos para producir el gas y exportarlo a Trinidad.

Trinidad espera que el próximo año se tome una decisión final de inversión (FID) para Dragon, el último paso para determinar si se sigue adelante con su sanción y construcción. Para cuando expire la actual licencia estadounidense, es posible que el FID y el primer gas no estén listos, lo que creará la necesidad de una nueva autorización.

Shell ahora está presionando para obtener una licencia estadounidense más larga para fabricar el FID y desarrollar conjuntamente el campo con NGC (NGCTT.UL). Shell propuso inicialmente una licencia de 15 años, dijeron dos de las personas.

Una de las fuentes dijo que Shell espera que Estados Unidos otorgue la licencia, aunque no sea este año, porque los funcionarios de Washington no esperarían que la compañía invirtiera más de mil millones de dólares «sin estar seguros de esa inversión».

Un portavoz de Shell declinó hacer comentarios. PDVSA, NGC, el Ministerio de Petróleo de Venezuela y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. El Departamento de Estado de Estados Unidos se negó a hacer comentarios.

El Ministro de Energía de Trinidad, Stuart Young, ha dialogado con Venezuela y Estados Unidos sobre el tema y se reunió con el Subsecretario de Estado para Recursos Energéticos de Estados Unidos, Geoffrey Pyatt, el mes pasado, dijo Young a Reuters al margen de la conferencia CERAWeek en Houston.

«Obviamente, una licencia de dos años tiene una ventana y esta es una transacción que llevará más de dos años», dijo Young.

Se espera que Dragon y Manatee, otro proyecto de gas de Shell en aguas de Trinidad, compitan para inaugurar la producción y suministrar gas a Trinidad.

Escocia dio recientemente un paso de gigante para convertirse en uno de los países más restrictivos de Europa. El adjetivo ‘orwelliano’ sale con demasiada facilidad de los labios en estos días, pero con restricciones severas y significativas a la libertad de expresión que se introducen en el contenido de la Ley sobre delitos de odio y orden público (Escocia) de 2021 , que entró en vigor el 1 de abril de 2024. , es difícil imaginar una descripción más adecuada.

Por: Roger Watson – The European Conservative

Según el propio sitio web del gobierno escocés , la ley “crea una nueva agitación de delitos de odio por características protegidas, incluidas la edad, la discapacidad, la religión, la orientación sexual y la identidad transgénero”. A primera vista, esto parece razonable. No es agradable expresar sentimientos de odio hacia las personas basándose en sus características, inmutables o adoptadas, y no puede ser agradable ser el receptor de abusos llenos de odio. Pero elevar el abuso verbal y el daño a los sentimientos a la categoría de delito es allanar el camino hacia un estado policial o, como es el caso de Escocia, dar un paso más hacia un estado policial. Escocia ya cuenta con una fuerza policial unitaria, Police Scotland , formada en 2013.

La formación de Police Scotland abolió las autoridades policiales regionales en Escocia y puso la policía en todo el país bajo el control de la Autoridad de Policía Escocesa , un organismo del gobierno. La policía de Escocia ha asumido con entusiasmo su papel en la vigilancia de los delitos de odio. Han desarrollado un paquete de entrenamiento que contiene la declaración aparentemente contradictoria de que el paquete incluye “ejemplos de una variedad de escenarios en los que podrían tener lugar delitos, pero esto no significa que a los agentes se les haya dicho que se centren en estas situaciones o lugares”. Si es así, ¿por qué incluir esas “situaciones o lugares”?

La naturaleza precisa de las “situaciones o ubicaciones” no es de dominio público. Sin embargo, los documentos filtrados sugieren que la formación policial va más allá de los ya amplios límites de la ley e incluye actuaciones públicas como obras de teatro y actos cómicos cuyo contenido podría considerarse ofensivo. La Ley ya cubre no solo la generación de discursos, escritos o actuaciones consideradas de odio, sino también su intercambio por cualquier medio, incluidas las redes sociales y los correos electrónicos privados. De hecho, como se explicó recientemente en The Spectator , la ley “cubre cualquier cosa que se diga en cualquier lugar, incluso en su propia casa. En teoría, los niños podrán denunciar a sus padres. Los escoceses pueden informarse unos a otros de forma anónima, a través de una red ampliada de ‘centros de denuncia de terceros’”. La Revolución Cultural de Mao se encuentra en 1984 .

La policía de Escocia ha señalado con qué seriedad se tomará los delitos de odio , diciendo: “La policía de Escocia trata todos los delitos de odio con seriedad. Queremos que lo informe”. Pero la noción de crimen de odio es tan vaga que instan al público: «Si sucede algo y no estás seguro de si es un crimen, recuerda, si te parece mal, repórtalo y déjanos ayudarte». Su proclamación de que investigarán cada denuncia debe ser tranquilizadora para los perpetuamente ofendidos, pero probablemente lo sea menos para las víctimas de vandalismo o robo, delitos que, según su política de investigación , ya no se investigarán cuando no haya » testigos ni pruebas». .” Se estima que en Escocia se produce un robo cada dos horas . La política tiene como objetivo liberar tiempo a la policía para que pueda abordar delitos más graves , pero esto parece poco probable si van a estar constantemente ocupados en el seguimiento de informes de «crímenes de odio», muchos de los cuales serán subjetivos y sin testigos. .

La policía escocesa ha dejado claro a quién se dirigirá en su campaña, que parece similar a una campaña de odio. Según el ‘Monstruo del Odio’, un personaje de dibujos animados que provocó tantas burlas por parte de la gente de Escocia que fue restado importancia a los pocos días de su primera aparición, pero que se está utilizando para promover su acción contra los delitos de odio , se dirigirán a jóvenes blancos, varones de clase trabajadora. En sus propias palabras: “Sabemos que los hombres jóvenes de entre 18 y 30 años tienen más probabilidades de cometer delitos de odio, en particular aquellos de comunidades socialmente excluidas que están fuertemente influenciadas por sus pares. Es posible que tengan sentimientos profundamente arraigados de estar en desventaja social y económica, combinados con ideas sobre los derechos de los hombres blancos”. Así, la Policía de Escocia, presumiblemente a instancias del gobierno escocés, ha mostrado su mano desde el principio. Ya han decidido quiénes son los culpables de un delito de odio que, en el momento en que se lanzó la campaña, no existía.

Los acontecimientos en Escocia deben verse en el contexto del desastre económico y social que se ha convertido en un sello distintivo. Escocia depende de la ayuda financiera de Inglaterra, particularmente del sureste de Inglaterra, para su supervivencia. La subvención global entregada a Escocia según la fórmula de Barnett asciende actualmente a 41.000 millones de libras esterlinas al año para el período 2022-2025, superando a la mayoría de otras fuentes de ingresos del gobierno escocés, como el petróleo, el whisky, el turismo y el impuesto sobre la renta . Al mismo tiempo, Escocia tiene un creciente problema de drogas y sus muertes relacionadas con las drogas son las más altas de Europa . Trágicamente, si bien las muertes por drogas entre los hombres son más altas que entre las mujeres, la tasa de muertes por drogas entre las mujeres está aumentando , lo que indica un uso cada vez mayor de drogas ilegales por parte de las mujeres. Paralelamente a este creciente consumo de drogas entre las mujeres está el nacimiento de más bebés drogodependientes , con más de 1.300 nacidos desde 2017. 

Mientras tanto, el gobierno escocés aplica políticas que no puede permitirse, como dar la bienvenida a refugiados y solicitantes de asilo (al menos a los que pueden soportar el clima), y adopta políticas que desafían la lógica, como insistir en que los tampones estén disponibles en sus productos menstruales. Actuar —con fondos públicos— en todos los baños masculinos (y femeninos) de los edificios gubernamentales. En otra medida que fue rápidamente revertida, el partido gobernante SNP nombró a un hombre para el puesto de “ oficial de dignidad del período ”. Escocia ha estado a la vanguardia de los derechos de reconocimiento de género y pretendía ser la primera parte del Reino Unido en permitir la autoidentificación seguida de un rápido reconocimiento legal de ese estatus bajo su propuesta de Ley de Reconocimiento de Género (Escocia) . Desafortunadamente para el gobierno escocés y el SNP, descubrieron que todavía eran parte del Reino Unido cuando, en virtud del artículo 35 de la Ley de Escocia de 1998, el Secretario de Estado de Escocia impidió que la ley recibiera la aprobación real.

Aquellos en la izquierda política, donde el SNP tiene una posición firme, no son famosos por su sentido del humor y claramente carecen de sentido de la ironía. Pero es difícil no contrastar el énfasis de la Ley de Delitos de Odio y Orden Público (Escocia) de 2021 en que las leyes sobre blasfemia ya no están en los estatutos de Escocia mientras, mientras tanto, crean una nueva ley que establece lo que equivale a una nuevo conjunto de blasfemias . Si bien la religión se incluye como una característica protegida, se sospecha fuertemente que esto favorecerá al Islam (la religión del actual Primer Ministro de Escocia, Humza Yousaf ), al tiempo que ignorará el odio contra los cristianos. Los obispos católicos escoceses, que no son propensos a la histeria ni a la exageración, ya temen que, según la Ley de 2021, poseer una Biblia o un catecismo cristiano pueda convertirse en ilegal , ya que estos textos contienen opiniones directas sobre la práctica de la homosexualidad. Estoy seguro de que los musulmanes tendrán poco que temer por tener el Corán en sus hogares, ya que contiene todo tipo de consejos sobre cómo tratar tanto a las mujeres como a las de otras religiones.

Sin embargo, frente al sombrío panorama que es la política escocesa, es posible que no todo esté perdido en la tierra de «brezales marrones y bosques peludos»  de Walter Scott  . Jim Telfer , una leyenda del rugby escocés con 22 partidos internacionales con Escocia, claramente no está de acuerdo con los acontecimientos recientes. Ha pedido que se prohíba el más triste de los cantos fúnebres, el «himno nacional» de Escocia, Flor de Escocia , debido a su contenido antiinglés . Esto sería un gran servicio para el deporte, la política y la música.

El pasado 27 de febrero, en un aniversario más de El Caracazo –una serie de saqueos y disturbios masivos que azotaron Caracas en febrero de 1989 y dejaron cientos de muertos–, reapareció la discusión sobre por qué situaciones similares no ocurrieron en Venezuela durante los peores años de la la crisis y bajo una emergencia humanitaria compleja. La respuesta pasa por que el chavismo tenga en cuenta la variable de una posible repetición de los hechos de febrero de 1989, pese a la presencia de las “condiciones objetivas” que provocaron los saqueos. Tal como supo del 11 de abril de 2002 y de las protestas de 2017, Miraflores ha cortado el conjunto de vínculos asociativos que hacían posible la expresión de la indignación de las multitudes.

Por: Rafael Uzcátegui – Caracas Chronicles

En el caso de “El Caracazo”, repetiremos ideas del foro “Derechos Ambientales Ayer y Hoy”  , realizado el 18 de noviembre en la Casa Disiente de Caracas, donde los activistas Claudia Rodríguez, Jorge Padrón y Liliana Buitrago hicieron un balance histórico de El movimiento ecologista en Venezuela. Aunque hoy no lo parezca, en la década de 1990 el movimiento ambientalista tenía presencia en casi todo el país, demostrando una importante capacidad de movilización e incidencia ante las autoridades. 

Como se recordó en el debate, en 1997 los ambientalistas venezolanos lograron generar masa crítica suficiente para revertir el llamado Decreto de 1850, que permitía la actividad extractiva en la Reserva Forestal de Imataca en los estados Bolívar y Delta Amacuro. Un bolivarianismo emergente, en forma de movimiento político-electoral, capitalizó las demandas ciudadanas a su favor -asimilando a buena parte de aquellos activistas verdes de los años 90-. Pero la cooptación del Estado tenía como objetivo neutralizar la capacidad autónoma de movilización y lucha de la sociedad, incluido el ambientalismo. El derribo de torres de transmisión por parte de indígenas en Brasil en el año 2000 fue el último viento de independencia del ambientalismo venezolano. 

En 2004, Hugo Chávez emitió el decreto presidencial 3.110, que permitió nuevamente la explotación minera y maderera en Imataca. Y la decisión, en plena popularidad del izquierdista de Sabaneta, se produjo sin respuesta social alguna. Los verdes combativos de antaño ya formaban parte del nuevo establishment. Sin embargo, la transformación de los defensores de los derechos ambientales en funcionarios es insuficiente para explicar este apaciguamiento. Esto fue acompañado por una política deliberada para poner fin a las condiciones materiales que apoyaban e hacían posible este tipo de activismo.

La primera de estas decisiones fue doblegar la red de universidades públicas del país. Los análisis del enfrentamiento del chavismo con las instituciones de educación superior han tendido a explicarlo por el acaparamiento de la libertad académica y la generación de conocimiento, lo cual es cierto. Sin embargo, una dimensión que se omite es que la Universidad Central de Venezuela (UCV) y universidades similares fueron un territorio clave de funcionamiento no sólo para las organizaciones de izquierda, sino para todas las expresiones asociativas y sindicales que surgieron en el país desde finales de los años 70. 

La infraestructura de la universidad, durante mucho tiempo, fue clave para el surgimiento y expansión de demandas de todo tipo. Sus aulas y auditorios albergaron reuniones periódicas y encuentros regionales y nacionales de diversa índole, sin costo alguno para sus promotores; los comedores universitarios se encargaron del catering durante esos días; sus buses garantizaron la movilización, tanto en la ciudad como hacia distintos puntos del país; los impresores universitarios duplicaban proclamas y manifiestos, en offset o en rudimentarias multigrafías; profesores y estudiantes procesaron los datos que alimentaron la narrativa de las demandas. 

Acabar con la universidad, también, fue una forma de eliminar el sustrato material utilizado por las organizaciones sociales y populares del país. Si la metáfora es válida, es como si un partido político de amplio alcance tuviera todas sus sedes nacionales allanadas y confiscadas al mismo tiempo. Su capacidad operativa se verá considerablemente reducida.

Una segunda dimensión del activismo característico de los años 1980 y 1990, que finalmente llevó a Hugo Chávez al poder, es que se basó en gran medida en el voluntariado. A diferencia del esquema posible a través de la cooperación internacional, que se desarrolló en todo el mundo a finales de los años 90, en esos años los distintos y emergentes movimientos vecinales, estudiantiles, indígenas y contraculturales se basaron en el esfuerzo voluntario y el apoyo mutuo altruista. 

Las personas recibían un salario suficiente para cubrir sus necesidades básicas, por lo que tenían la posibilidad de dedicar su tiempo libre e incluso financiar de su propio bolsillo las iniciativas ciudadanas en las que participaban. Con el poder adquisitivo del salario dinamitado, colocando a todas las personas en la lucha darwiniana por la supervivencia, no hay tiempo, ganas ni posibilidades económicas para transformar la realidad mediante un esfuerzo asociativo.

Una tercera y última dimensión, que agrego desde mi propia perspectiva, es la ruptura de los vínculos comunitarios horizontales en los sectores de bajos ingresos. Cuando el gobierno conoció la crisis económica que se avecinaba en 2014, tras la importante caída de los precios internacionales de sus principales productos de exportación, tomó dos decisiones. El primero fue crear la contranarrativa de la “guerra económica”, culpando a los empresarios y al sector privado, para explicar todos los males que iban a sufrir las mayorías a continuación. Y en paralelo, realizar el mayor operativo de intervención policial-militar en los barrios del país: la Operación Liberación Popular (OLP), que con el tiempo sería reemplazada por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Tras el golpe de Estado de 2002, el chavismo llevó a cabo las purgas y reestructuraciones necesarias dentro de la Fuerza Armada para evitar que algo similar ocurriera en el futuro. Lo mismo puede decirse de las protestas de 2017. Si El Caracazo no se puede repetir después de 25 años de chavismo, a pesar del empobrecimiento y marginación de las mayorías, es porque el oficialismo ha tomado medidas para destruir los vínculos sociales que lo hicieron posible.

Más de mil trabajadores petroleros denunciaron que fueron excluidos en la subasta de Citgo por un tribunal federal de Estados Unidos, donde reclaman indemnización por haber sido despedidos tras el paro petrolero de 2002.

El Nacional

La denuncia la hicieron a través de un comunicado firmado por Juan Manuel Martínez, secretario general del Sindicato de trabajadores de la empresa Sincrudos de Oriente, Sincor Anzoátegui (Sintrasincoran).

“Hoy hemos recibido con indignación la noticia de la decisión anunciada por un tribunal en los Estados Unidos, donde los trabajadores no han sido incluidos en el proceso de subasta y recaudación de acciones de Citgo”.

El comunicado refiere a la orden del tribunal federal de Estados Unidos en Delaware sobre la venta de las acciones para cubrir 21.300 millones de dólares en deudas de Venezuela, y de una sala de datos para los postores de la subasta.

Contra Nicolás Maduro y Horacio Medina: sindicatos petroleros alzan la voz en demanda de justicia y compensación
El escrito está dirigido a la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015-2021, Dinorah Figuera; Gustavo Marcano, ministro consejero de la embajada de Venezuela ante los Estados Unidos, quien fue designado en 2019 por el entonces presidente interino, Juan Guaidó.

El documento también va dirigido a Horacio Medina, presidente de la junta administradora ad-hoc de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), designado el 30 de junio de 2020 por la AN de 2015.

Trabajadores petroleros indignados

Los trabajadores petroleros expresaron su descontento por considerar que al ser descartados en la subasta de Citgo es un duro golpe contra sus reclamos laborales.

Denuncian que en el proceso judicial fueron favorecidas las transnacionales Crystallex, Owens Illinois, Exxon y Siemens, entre otras.

“Instamos a la Asamblea Nacional 2015 a concedernos el derecho de palabra sin demora y a garantizar que se aborde nuestra situación con la seriedad y urgencia que merece”.

“Asimismo, exigimos que Pdvsa ad hoc bajo el liderazgo de Horacio Medina reconozca y compense adecuadamente a los trabajadores perseguidos y discriminados”, dice el comunicado.

Mientras volvía a ver “Sex and the City” esta semana, no pude evitar preguntarme… ¿la Generación Z tendrá una crisis total y cancelará a Carrie Bradshaw?

Por: Rikki Schlott – The New York Post

La clásica comedia de situación de Nueva York acaba de comenzar a transmitirse en Netflix, exponiendo las hazañas picantes y sexistas de Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda a una nueva generación, muchas de las cuales ni siquiera habían nacido cuando la serie se estrenó en 1998   cuando terminó. en 2004.

Y no estoy seguro de que todos mis compañeros de Zoom estén listos para viajar en el tiempo a una época en la que aparentemente nadie se inmutaba ante la apropiación cultural o los chistes gay. Por no hablar de un personaje que admira casualmente a Donald Trump.

Pero el nombre del futuro presidente aparece justo en el estreno de la serie, cuando Samantha  describe al principal interés amoroso de Carrie, Mr. Big, como el «próximo Donald Trump».

Lector, es un cumplido sincero.

Si los espectadores jóvenes siguen viendo la temporada 2, verán al propio Trump, más delgado, más joven, todavía fanático del bronceado en aerosol, mirar a Samantha Jones (Kim Cattrall) en un bar de cócteles.

Dice la narradora Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker): «Samantha, una cosmopolita y Donald Trump… simplemente no hay más Nueva York que eso».

Algo me dice que nunca habrá un flashback de  eso  en el dolorosamente políticamente correcto reinicio de “SATC”, “And Just Like That”.

«Donald Trump apareció por casualidad. Tenían razón, tal vez la generación Z no está preparada para esto»,  ya declaró un usuario de X.

Como alguien que era un simple adolescente cuando Trump lanzó su campaña presidencial de 2016, debo admitir que verlo ser comido con los ojos en una comedia fue una especie de sobresalto.

Pero hay muchos momentos más inflamatorios, como cuando la puma Samantha le dice a su novio mucho más joven en la temporada 6: «¡Deberías quedarte en la fiesta, Harvey Weinstein está aquí!».

Espero que los nuevos espectadores se burlen al escuchar a Carrie describir sus joyas como «oro de gueto» y al ver a Samantha con una peluca afro y un palillo para el cabello.

Tampoco creo que aprecien cuando ella salga con un hombre negro en la temporada 3 y anuncie: “No veo el color. Veo conquistas”.

Pero no es sólo el personaje de Cattrall el que está al borde de la cancelación.

«Ver Sex and the City en Netflix y no sé, ustedes, Carrie, parece realmente problemática», dijo  un usuario de X.

Ya en X, el programa ha  sido declarado  “literalmente el programa más problemático para las mujeres” que “NO ENVEJECE BIEN”. También se le  ha denominado  «campamento de entrenamiento sobre citas tóxicas».

Sólo el grupo de esposas profesionales disfrutará de la visión de Charlotte York sobre la independencia femenina: “Todo el mundo necesita un hombre, por eso alquilo. Si usted es propietario y él todavía alquila, entonces la estructura de poder está apagada. Es castrante. Los hombres no quieren una mujer demasiado autosuficiente”.

Hoy en día, revistas y programas femeninos como “Euphoria” nos recuerdan constantemente que vivimos en la era de la fluidez. Una de cada cinco mujeres de la Generación Z  se identifica como bisexual  según una encuesta reciente de Gallup.

Pero en un episodio de la tercera temporada de “SATC” del año 2000, Carrie rompe con su novio porque es bisexual.

“Ni siquiera estoy seguro de que exista la bisexualidad. Creo que es sólo una escala de camino a Gay Town”, les dice a sus amigos durante un brunch.

¿Su respuesta? Miranda (Cynthia Nixon) procede a llamar a la bisexualidad “codiciosa”. Charlotte está de acuerdo: «¡Elige un bando y quédate ahí!»

Indique las advertencias de activación. Las personas que disfrutan con justicia de Miranda, como escribió una vez mi colega Kirsten Fleming, «en topless en un jacuzzi con su amante no binario» en «And Just Like That», no podrán soportarlo.

El creador de “SATC”, Darren Star, dijo una vez que la ciudad de Nueva York era el “quinto personaje” no oficial del programa. Por lo tanto, tiene sentido que la Gran Manzana también participe en acciones políticamente incorrectas.

Cuando Samantha se muda al entonces moderno Meatpacking District, se queja de “pagar una fortuna para vivir en un vecindario que está de moda durante el día y transexual por la noche”, una referencia a las prostitutas transgénero que solían frecuentar el extremo oeste.

Ya puedo imaginar los gritos desde los dormitorios de Columbia y NYU, resonando por toda la ciudad.

Mira, entiendo que mucho de lo que entonces era vanguardista ya no es tan ingenioso. Pero también sé cómo dejar de lado mis sensibilidades modernas y apreciar una pieza de entretenimiento en su contexto cultural. 

Puedo ver por qué esto ganó enorme popularidad: dice verdades sobre la experiencia femenina en un mundo posterior a la revolución sexual con una franqueza notable (y, sí, cruda).

“Sex and the City” tuvo que caminar para que “Girls” pudiera correr. Y eso, sin duda, algún día también parecerá dolorosamente fuera de sintonía.

Lo que me preocupa es la gente que podría querer borrar la historia porque ofende a una nueva generación.

“Friends”, que terminó el mismo año que “SATC”, tuvo fragmentos  editados selectivamente  de su versión de Netflix.

Y Comedy Central reemplazó un episodio completo de “The Office”, uno que se burlaba de la diversidad.

El comportamiento «problemático» de Carrie, Samantha, Charlotte y Miranda podría no estar de moda hoy. Y eso no debería importar.

En mi opinión, es mejor ser nervioso, provocativo e incluso ofensivo que despierto, sermoneador y aburrido como el reinicio de “SATC” de hoy.

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