Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

El régimen de Venezuela presentó este martes ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -controlada por el chavismo- el “Proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares” elaborado por orden del dictador Nicolás Maduro.

EFE

El documento, presentado por la vicepresidenta ejecutiva del régimen, Delcy Rodríguez, incluye cuatro capítulos y 30 artículos, y establece “medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica, la tranquilidad pública, el ejercicio democrático de la voluntad popular, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, frente a agresiones de orden fascista”.

Sin embargo, lo que se observa es cómo el chavismo en realidad lo que pretende es proscribir a la oposición y censurar las redes sociales.

La funcionaria recordó las protestas antigubernamentales que hubo en 2014 y 2017 con víctimas mortales y heridos, de las que responsabilizó a “sectores extremistas” que “pidieron posteriormente” un “bloqueo criminal” con el objetivo de que haya un “genocidio económico y social” en Venezuela.

Indicó que estos “sectores extremistas” -en referencia a miembros y partidos de la oposición mayoritaria- han “desconocido, abiertamente, la institucionalidad”, y hoy pretenden “asaltar el poder político” de Venezuela, que celebrará elecciones presidenciales el próximo 28 de julio.

Entre las “medidas de protección contra el fascismo”, Rodríguez señaló la prohibición de “la difusión de mensajes que hagan apología o promuevan la violencia como método de acción política”.

El proyecto de ley también establece la creación de una comisión contra el fascismo y de una red internacional de agrupaciones, movimientos e instituciones comprometidas en la lucha contra esta doctrina.

Además, incluye “sanciones penales y administrativas por el incumplimiento de las disposiciones de esta ley”, que no detalló.

Este proyecto de ley fue elaborado por una comisión cuya creación anunció Rodríguez el pasado 24 de marzo.

Las autoridades han asegurado haber desactivado una serie de conspiraciones que tenían como objetivo atentar contra “la alta dirigencia” del chavismo y generar un “ambiente de violencia política” de cara a las presidenciales. La oposición se desligó de estos señalamientos y lo que planteó es que Maduro busca perpetuarse en el poder. De hecho, el régimen inhabilitó a María Corina Machado y tampoco deja competir a su sustituta, Corina Yoris.

María Corina Machado alertó este miércoles a un grupo de países sobre el riesgo de ser detenida en Venezuela, donde -denunció- se han producido «graves hechos» relacionados con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.

EFE

Los aumentos de salario que ofrecen compañías en EE UU para que sus empleados trabajen en la oficina todos los días
«Actualmente, mis equipos en todo el país corren el riesgo de próximas desapariciones forzadas y yo misma podría ser objeto de una detención injustificada», aseguró la exdiputada en una carta dirigida a 18 países de América, Europa y África, así como al alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell.

La política, inhabilitada para ocupar cargos públicos hasta el año 2036, insistió en que luchará para lograr «elecciones libres» en julio, cuando Nicolás Maduro buscará su segunda reelección consecutiva.

A su juicio, es «indispensable extremar los recursos diplomáticos» para que los acuerdos sobre garantías electorales suscritos entre el Gobierno y la principal coalición antichavista, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), sean «cumplidos integralmente».

Para ello, subrayó, el acompañamiento de estos países «es crucial para lograr avanzar por una vía pacífica, democrática, constitucional y electoral hacia una transición ordenada hacia la democracia y libertad».

La liberal, que propuso como candidata presidencial a la historiadora Corina Yoris en vista del impedimento para competir en elecciones, aseguró que este nombre puede ser incluido en la contienda hasta 10 días antes de los comicios, por lo que espera que las negociaciones abran ese camino.

Yoris, sin impedimentos políticos ni administrativos, no pudo ser inscrita ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que sí aceptó la candidaturas del diplomático Edmundo González Urrutia, poco conocido en el país, como representantes de la oposición mayoritaria.

Machado remarcó que el acuerdo electoral, firmado en octubre pasado, «ha sido integralmente violado» por el Gobierno, y culpó a Maduro de imponer «impedimentos y obstáculos» para participar en los comicios de julio.

Hoy he enviado esta carta a los gobiernos de Alemania, Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, Italia, México, Noruega, Portugal. Reino Unido, San Vicente y las Granadinas, Sudáfrica, así como al Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell; todos participantes de la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela, organizada por Colombia el 25 de abril de 2023.

Seguiremos insistiendo en nuestro propósito de lograr elecciones presidenciales libres y justas este año, con el necesario acompañamiento de la comunidad internacional, en medio de la apremiante situación que vive Venezuela.

Carta completa

MARÍA CORINA MACHADO
Caracas, 3 de abril, 2024
Excelentísimos Señores y Señoras
Jefes de Estado y de Gobierno
Participantes de la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político de Venezuela (25-ABR-2023) Su despacho.-
Estimados Jefes de Estado y de Gobierno,

Luego de saludarlos cordialmente, me dirijo a ustedes con ocasión de expresarles mi preocupación ante los graves hechos que vienen aconteciendo en Venezuela, a pesar de los esfuerzos que la comunidad internacional viene adelantando desde hace mucho tiempo en aras de lograr elecciones libres y justas, tal como lo fue la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político de Venezuela, realizada el 25 de abril de 2023, y de la que sus países fueron parte. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerles personalmente por su compromiso, ya que la participación de sus gobiernos en esta conferencia es un testimonio de su dedicación al próspero futuro democrático de Venezuela.

Esta conferencia fue muy importante porque entre sus objetivos acordó la necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres y justas, y con plenas garantías para todos los actores venezolanos, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea de 2021, así como la continuación del proceso de negociación facilitado por el Reino de Noruega que ha tenido lugar en México.

La facilitación de un proceso de negociación entre diversos actores políticos que el Reino de Noruega viene desarrollando en Venezuela no sólo es fundamental para la búsqueda de la paz y la convivencia entre los venezolanos; es también un ejercicio necesario para la recuperación de nuestro orden constitucional.

El «Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos», suscrito el pasado 17 de octubre en Barbados, representa un hito en este largo y difícil proceso de negociación. Constituye el compromiso más completo que las partes en este conflicto político han decidido aceptar hasta ahora, de modo explícito y bajo supervisión de acompañantes internacionales.

En el Acuerdo de Barbados se convino, entre otras cosas, que cada parte pudiera escoger libremente a su candidato a las elecciones presidenciales de 2024; garantías electorales para todos los actores que participen en dichas elecciones; promoción de un clima político favorable a la realización de un proceso electoral pacífico y participativo; medidas para garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión para todos los candidatos; promoción del equilibrio en los medios de comunicación público y privados; y la autorización a todos los candidatos que cumplan con los requisitos que establecen las leyes y la Constitución de Venezuela.

Cinco meses después, y una vez cerrado el proceso de postulación de candidatos a la elección presidencial, el Acuerdo de Barbados ha sido integralmente violentado por parte del régimen que preside Nicolás Maduro, conculcando así el derecho de los venezolanos a elegir un candidato que los represente en las próximas elecciones.

Algunas de las violaciones más flagrantes del acuerdo son las siguientes:

  • La sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia emitió una resolución de carácter penal sin estar facultada para ello, ratificando la inhabilitación contraria a derecho que pesa sobre mí para ejercer cargos públicos e ignorando las primarias de octubre 2023. Este acto viola los artículos 42 y 65 de la Constitución de Venezuela.
  • Se me sigue impidiendo salir del del país e incluso tomar vuelos dentro de Venezuela, mientras que muchas de las personas que me brindan apoyo en mis actos de campaña son objeto de retaliación.
  • Se amenaza y prohíbe a cadenas de radio y televisión para impedir que me entrevisten y que divulguen mensajes asociados a mi campaña.
  • Al menos ocho personas vinculadas a mis comandos de campaña han sido objeto de desapariciones forzadas y privadas de su acceso a la justicia y a sus familiares. Seis de ellas permanecen aún en cautiverio (Henry Alviarez, Dignora Hernández, Juan Freites, Luis Camacaro, Emil Brandt y Guillermo López). Igualmente, cinco de mis colaboradores principales están siendo perseguidos y se encuentran refugiados en la embajada de Argentina en Caracas (Magallí Meda, Omar González, Pedro Urruchurtu, Claudia Macero y Humberto Villalobos), y también un destacado venezolano, participante de los procesos de negociación en distintos momentos (Fernando Martínez Mottola).
  • Las instalaciones de la embajada Argentina han sido privadas de electricidad, violando así la Convención de Viena.
  • Maduro ha calificado a mi partido, Vente Venezuela, de «organización terrorista». Para acusarnos han forjado pruebas y forzado a algunos detenidos a acusar a sus propios compañeros de falsas conspiraciones.
  • Ante la irrita inhabilitación que pesa sobre mí, el régimen impidió también la inscripción de la doctora Corina Yoris como candidata, quien cuenta con mi apoyo y el de toda la Unidad.
  • Actualmente, mis equipos en todo el país corren el riesgo de próximas desapariciones forzadas y yo misma podría ser objeto de una detención injustificada.

El año 2024 es el más importante para la democracia en la historia moderna. Un récord de dos mil millones de personas votarán en elecciones este año en el mundo y proteger la integridad del proceso electoral es una prioridad global, en todos los continentes. Los venezolanos, al igual que esos millones de personas en el mundo que votan este año, tienen derecho a participar en elecciones que cumplan con los estándares internacionales establecidos y emitir su voto de manera libre y justa. Por eso hemos dedicado tanto esfuerzo y compromiso para lograr el Acuerdo de Barbados.

En virtud de todo lo anterior, creemos indispensable extremar los recursos diplomáticos para que el Acuerdo de Barbados, que establece las condiciones para unas elecciones libres y justas en Venezuela, sea cumplido integralmente. Es claro que no hay ninguna causa política o legal que impida la inscripción de Corina Yoris como candidata, por lo que los venezolanos seguiremos luchando por nuestro derecho a elegir en elecciones libres y justas. Tenemos una gran oportunidad. Aún hay tiempo para lograr inscribir a la Dra. Corina Yoris, o el mío, como fue el mandato de los venezolanos en la primaria.

Con el sólido apoyo internacional que hemos tenido, podemos superar los impedimentos y obstáculos que Nicolás Maduro ha impuesto al establecer lapsos de tiempo arbitrarios. Los plazos y fechas abusivamente definidos no son los que debemos aceptar los venezolanos ni tampoco los que debe aceptar la comunidad internacional. La decisión de orden político por parte de Nicolás Maduro de restringirse a un calendario electoral manipulado para asegurar una ventaja injusta, no puede aceptarse. La ley es clara: la candidatura unitaria puede sustituirse hasta 10. días antes de la elección, es decir, hasta el 18 de julio.

Quedan 119 días para el 28 de julio. El pueblo venezolano está decidido a luchar con el objetivo de que podamos inscribir la candidatura presidencial que los representa legítimamente, y competir en elecciones libres y justas. No se trata del derecho de un candidato; se trata del derecho de millones de venezolanos a expresar libremente su voluntad, de honrar las voces de las personas que votaron en las primarias y asegurar que su voluntad se cumpla con integridad. Seguiré trabajando arduamente, junto a otros partidos y movimientos políticos y sociales en este propósito, pues es nuestro deber respaldar a quienes han depositado su confianza en nosotros.

En esta hora decisiva, frente a esta oportunidad y responsabilidad históricas, les ratifico que su acompañamiento a los venezolanos es crucial para lograr avanzar por una vía pacífica, democrática, constitucional y electoral hacia una transición ordenada hacia la democracia y libertad.

Atentamente,

María Corina Machado
Líder de la oposición democrática de Venezuela y candidata presidencial

Cuando la economista venezolana Sary Levy explica qué es la econofísica, la teoría del caos, el papel de los bancos centrales o los pro y contras de la dolarización, la entenderán hasta quienes no sepan nada de economía. En julio de este año se celebran elecciones en Venezuela. ¿Qué medidas debería tomar el nuevo gobierno para recuperar la maltrecha economía tras más de 20 años de socialismo del siglo XXI?

El expresidente Donald Trump está derrotando al presidente Biden en seis de los siete estados clave para las elecciones de 2024, según una nueva encuesta, y los votantes expresan su preocupación por la aptitud mental del titular de 81 años y su manejo de la economía y las cuestiones de inmigración.

The New York Post

Una encuesta del Wall Street Journal publicada el miércoles encontró que Trump, de 77 años, lidera en Michigan, Pensilvania y Georgia por entre uno y tres puntos porcentuales y en Carolina del Norte, Arizona y Nevada por más que el margen de error de la encuesta.

Biden y el expresidente también están empatados en un enfrentamiento cara a cara en el estado del muro azul de Wisconsin.

Los siete estados en disputa comprenden 93 de los 270 votos del colegio electoral necesarios para que cualquiera de los candidatos gane en noviembre.

Por temas, la mayoría de los votantes dijo que Trump era el mejor candidato para manejar la economía y la seguridad fronteriza, con un 54% y un 52% respaldando al expresidente, respectivamente.

Sólo el 34% dijo que Biden era la mejor opción para abordar la economía, y el 32% favoreció al presidente en cuestiones de inmigración.

En particular, un 28% aún más bajo dijo que Biden tiene la “aptitud física y mental necesaria para ser presidente”.

Una pluralidad del 48% de los votantes dijo que Trump tenía las capacidades físicas y mentales necesarias.

La migración irregular por suelo panameño se mantiene en auge, por lo que todo indica que la cantidad de personas que entran por Darién este año será superior a la del 2023, por lo que se espera un impacto social, económico y en materia de seguridad para el país.

Panamá América

En el primer trimestre de 2024, se ha registrado un aumento del 25% en comparación con el mismo periodo de 2023, según lo indicó la directora del Servicio Nacional de Migración (SNM), Samira Gozaine.

Hasta marzo, un total 109 mil 069 migrantes que buscan llegar a Estados Unidos en forma irregular, atravesaron la selva del Darién, superando los 87 mil 390 del mismo mes de 2023, aseguraron las autoridades de seguridad del país.

Gozaine manifestó que lamentablemente este año en curso, la situación con la migración irregular sigue igual y que en Panamá se mantiene un concepto diferente a otros países respecto a este tema.

«Mientras que unas personas creen que es humanitario pasarlos por la selva del Darién, que les roben y que los violen, la posición de Panamá es que no existe nada humanitario en el trayecto que estas personas tienen que hacer, lo duro que es esa selva, la cantidad de personas que mueren, la cantidad de niños que pasan por situaciones traumáticas», indicó.

Expresó que no hay nada humanitario en permitir que el crimen organizado lucre de este traslado, el cual, a todas luces, según ella, «es un tráfico de seres humanos».

Hay que indicar que esta migración irregular por la selva del Darién, le ha costado al Estado panameño más de 80 millones de dólares, durante la administración de Laurentino Cortizo y José Gabriel Carrizo.’

Panamá es el único país dentro de este flujo que le da a los migrantes irregulares alimentación, hospedaje, atención médica durante su trayecto.

Por su parte, el abogado internacionalista, Luis Fuentes Montenegro, comentó que el tema de la migración ilegal sigue siendo un problema para los estamentos que rigen el Gobierno y el Estado, así como la sociedad panameña.

Esto aún cuando una gran parte de la sociedad o del país, no percibe de modo directo esas afectaciones por el tema de la migración irregular en la provincia del Darién.

«El tema de la migración indudablemente desarrolla actos y redes delincuenciales y ese aumento migratorio de un 25% que habla una de las altas autoridades en cuanto a la política migratoria en Panamá, implica un problema económico, presupuestario y de riesgo social para el país», dijo.

El candidato presidencial de Realizando Metas y Alianza, José Raúl Mulino, lidera nuevamente la encuesta que publica el diario La Prensa.

Panamá América

Mulino obtuvo un 29.4 % de las preferencias electorales, aventajando por casi 18 puntos a sus rivales más cercanos. Además de mantenerse a la cabeza, el exministro aumentó 3.4 puntos con respecto a la medición del mes anterior, cuando registraba 26 %.

La encuesta realizada por Mercadeo Planificado, entre el 20 al 27 de marzo, coloca luego a Martín Torrijos (11.6 %) , Rómulo Roux (10.5 %) y Ricardo Lombana (10.4 %).

Mulino lidera todas las encuestas que se han publicado recientemente, pese a los ataques que se han enfilado en su contra.

La última encuesta que realizó la firma Gallup Panamá para Panamá América, entre el 27 al 29 de febrero, reveló que Mulino también ganaría las próximas elecciones.

En la intención de voto con papeleta de esta medición, Mulino obtuvo el 27 % de la preferencia, con 14 puntos porcentuales de ventaja a sus tres rivales más cercanos que serían Ricardo Lombana del Movimiento Otro Camino; Martín Torrijos, del Partido Popular y Rómulo Roux, por Cambio Democrático, todos empatados en el 13%.

Mientras que la última encuesta que divulgó La Estrella de Panamá reveló que Mulino lideraba la intención de votos con un 19% de preferencia.

La semana pasada, la encuesta del Instituto Panameño de Estudios Cívicos (IPEC), Doxa Panamá y Arca Media también lo colocó en el primer puesto. Esta medición señala que Mulino tendría el 35 % de la intención de voto, el doble de sus contendientes más cercanos.

Luis Eduardo Camacho, secretario general de Realizando Metas, destacó que Mulino no es un candidato improvisado y que la transferencia de votos que le ha hecho Ricardo Martinelli ha sido efectiva y más fácil de lo esperado.

«En la figura de Mulino está el hombre fuerte de carácter, pero también el hombre que sabe conciliar y negociar», subrayó.

Colombia y Panamá no protegen a cientos de millas de migrantes que cruzan la selva del Darién camino de Estados Unidos, y que se han vuelto cada vez más vulnerables a los robos y la violencia sexual, según un informe publicado el miércoles por Human Rights Watch.

AP

La organización pidió a los dos países que nombren funcionarios de alto nivel para coordinar la respuesta a la crisis humanitaria que se desarrolla en el Darién y recomendó que sus gobiernos colaboren para mejorar la seguridad y asegurar más asistencia de grupos internacionales.

“Sea cual sea el motivo de su viaje, los migrantes y solicitantes de asilo que cruzan el Tapón del Darién tienen derecho a condiciones mínimas de seguridad y al pleno respeto de sus derechos humanos durante el viaje”, aseguró Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, en un comunicado antes de la publicación del informe.

Goebertus también pidió al gobierno panameño que reconsidere una decisión reciente de suspender la autorización de Médicos Sin Fronteras, una organización benéfica médica, para operar en su territorio.

“Restringir el trabajo de MSF es exactamente lo contrario a lo que se necesita para abordar la situación en el Tapón del Darién”, señaló Goebertus.

Las recomendaciones de HRW se publicaban mientras cifras récord de migrantes cruzan la selva del Darién en su camino a Estados Unidos.

El año pasado, más de 520.000 personas cruzaron el denso bosque sin carreteras situadas entre Sudamérica y Centroamérica, según el departamento migratorio de Panamá. Es el doble que en 2022.

En torno a la mitad de las personas que hicieron el peligroso viaje eran venezolanos que huían de la crisis política y económica de su país. Se sumaron decenas de millas de migrantes de Ecuador y Haití, así como unos 4.000 refugiados afganos.

El camino por la jungla puede durar de tres a cinco días, y los migrantes paganos cientos de dólares a guías y contrabandistas para que les lleven por caminos embarrados y traicioneros cruces de ríos. Docenas de personas se han ahogado.

El lado colombiano del Darién está controlado por el Clan del Golfo, un cártel del narcotráfico que cobra impuestos a los guías locales y gana hasta 125 dólares por cada migrante que cruza a Panamá, según estimaciones proporcionadas a HRW por militares colombianos y citadas en el informe. anterior del grupo sobre el Darién, publicado en noviembre.

En su informe más reciente, HRW señaló que el gobierno colombiano debería asegurarse de que la fiscalía “investiga el papel del Clan el Golfo en el traslado de migrantes y solicitantes de asilo al otro lado del Tapón del Darién”. También instó a Colombia a incrementar la presencia del estado en la zona y dedicar más recursos a agencias que investigan los ataques contra los migrantes.

“Los delitos contra migrantes y solicitantes de asilo en el Tapón del Darién, incluyendo recurrentes casos de violencia sexual, normalmente no son investigados ni castigados”, dice el informe. “La rendición de cuentas por estos abusos es poco frecuente, debido a una combinación de recursos y personales limitados, la falta de una estrategia de investigación penal para estos casos y la escasa coordinación entre las autoridades colombianas y panameñas”.

Médicos Sin Fronteras dijo en febrero que los casos de violencia sexual en el Darién crecían de forma “exponencial” y que en espacio de una semana había atendido a 113 migrantes con síntomas de violencia sexual en dos campamentos en el lado norte de la selva. La organización dijo en una nota de prensa que estaba “indignada por el nivel de impunidad” con el que operaban los grupos criminales que operan en la región. Poco después, el gobierno de Panamá suspendió las operaciones de MSF en el país.

En su informe del miércoles, HRW instó a Panamá a permitir que MSF y otros grupos humanitarios operen en el país sin “restricciones inapropiadas”. También acusó al gobierno panameño de aplicar medidas que limiten el movimiento de los migrantes.

Panamá sigue una política llamada de “flujo controlado” según la cual los migrantes que cruzan el Darién pueden entrar en su territorio y son alojados brevemente en dos campamentos, donde pueden pagar para subir a autobuses que los llevan directamente a Costa Rica, el siguiente país. en la ruta a Estados Unidos.

Human Rights Watch señaló en su informe que las autoridades panameñas impiden que los migrantes que no pueden pagar los pasajes abandonen los campos. La organización pidió a Panamá que modifique su estrategia de flujo controlado y establezca un plan que garantice los derechos de los migrantes que deseen quedarse en Panamá para pedir asilo, además de permitir que los que quieran continuar su viaje se desplacen libremente por el país.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad Madrid ha dado la voz de alarma tras localizar varios casos en los que hombres condenados por violencia de género cambiaron su sexo registral. En una carta enviada a la ministra de Igualdad, Ana Dávila-Ponce de León Municio, detalló su preocupación por el riesgo que corre la seguridad de las mujeres víctimas de violencia debido al enfoque “progresista” de España hacia la identidad de género.

Por: Natasha Biase – Reduxx

En su carta, publicada el 18 de marzo, la consejera Dávila-Ponce de León señaló que tenía conocimiento de seis casos en la Comunidad de Madrid en los que hombres acusados de violencia de género habían hecho un cambio registral de sexo, un proceso que se agilizó y se facilitó considerablemente tras la promulgación de la “Ley Trans” en España en 2023.

Además de cambiar su sexo registral, tres de los hombres presentaron solicitudes para quedarse en casas de acogida para mujeres maltratadas con las esposas e hijos que estaban huyendo de ellos. Hasta ahora, el personal de los centros de acogida, preocupado por la seguridad de las víctimas, les ha impedido el acceso, pero puede estar infringiendo la legislación nacional sobre discriminación por razón de sexo.

La carta enviada por la consejera Dávila-Ponce de León a la Ministra Redondo García.

Pero quizás lo más preocupante es que el hecho de que un maltratador cambie su sexo legal repercute enormemente en los recursos a los que pueden acceder las víctimas. En uno de los casos destacados recientemente por El Mundo, una mujer víctima de agresión sexual fue despojada de la protección especial prevista para las víctimas de maltrato físico y sexual porque las autoridades le dijeron que su agresor, que la drogó y violó delante de su hija pequeña, “ya no estaba registrado como hombre, sino como mujer”.

En España, existen cargos especiales por violencia de género, que proporcionan a las mujeres víctimas de violencia machista protecciones y resoluciones específicas que pueden tener repercusiones en los procedimientos de divorcio o separación, la custodia y otros factores importantes. Las víctimas de violencia de género también pueden acceder a protecciones especiales destinadas a garantizar que estén a salvo de su maltratador.

Debido a que una mujer no puede ser condenada por violencia de género, los maltratadores varones que cambian su sexo legal pueden evitar este cargo y negar así a sus víctimas femeninas esas protecciones legales.

Como informó anteriormente Reduxx (artículo en español), un hombre en España que maltrataba a su pareja de sexo femenino por oponerse a su transición de género evitó los cargos de violencia de género al cambiar legalmente su identificación a “mujer” y adoptar un nombre femenino. Como resultado, su víctima no pudo obtener una orden de protección específica por violencia en la pareja, que normalmente daría lugar a la expulsión del hogar del maltratador masculino para minimizar el impacto financiero sobre la mujer en un momento en el que son más vulnerables.

A pesar de que solo ha transcurrido un año desde que el Parlamento español promulgó la Ley Trans, que facilita que las personas “autoidentifiquen” su sexo en sus documentos legales, han surgido varios casos de hombres que utilizan la ley para recibir beneficios económicos, sociales o legales. El fenómeno ahora se conoce como “fraude trans” (artículo en español).

A principios de este mes, Reduxx informó que docenas de funcionarios públicos varones de una pequeña comunidad española cambiaron su identidad de género, supuestamente sólo para obtener beneficios asignados a las mujeres. Entre ellos estaba Roberto Perdigones, un cabo del Ejército de 35 años, que se jactó de haber cambiado su sexo legal a “femenino” después de decidir que se identificaba como una persona “bigénero intersexual”.

A partir de ese momento, comenzó a disfrutar de los beneficios: el día que consiguió su nuevo DNI, se presentó en el cuartel con pendientes, pelo largo y barba, ahora capaz de ignorar las normas de vestimenta sin repercusiones.

Pero los beneficios no se limitan a cuestiones estéticas, ya que Perdigones ahora también tiene derecho a una pensión de madre, puesto que es una “mujer” con un hijo.

“Por cambiarme de sexo, según me he ido informando, la jubilación me ha subido. Porque las mujeres cobran más en la pensión de jubilación para compensar la desigualdad. Además, cobro un 15% más al tener un hijo”, presumió.

“Incluso tengo una habitación privada en el cuartel, para mí solo, con baño privado. Porque no puedo estar con los hombres al ser mujer, y yo no consideraba adecuado estar con las mujeres biológicas por respeto hacia ellas. El cuarto para mí solo lo he tenido desde el cambio de sexo”.

Perdigones también tiene la intención de seguir ascendiendo en el ejército y se acogerá a las llamadas “medidas de acción positiva” pensadas para incrementar la presencia femenina en los mandos de las Fuerzas Armadas.

Como Perdigones se acerca a la edad obligatoria de jubilación para los soldados temporales, conseguir una plaza fija sería beneficioso para él. Perdigones piensa presentarse como “mujer”, ya que las pruebas físicas son menos exigentes y porque, según él, “hay plazas en las que sí buscan un mínimo de presencia femenina”.

Pídale a cualquier persona en su vida que defina una «teoría de la conspiración» y probablemente obtendrá una respuesta diferente. Desde las elecciones hasta las vacunas, desde el «Estado profundo» hasta Ucrania, sólo hay una cosa en la que la mayoría de la gente está de acuerdo: que las narrativas del establishment son falsas. Hay una serie de factores clave que contribuyen a esto: Internet y las redes sociales, el colapso de la confianza en las instituciones, la creciente polarización y mucho más. Pero un tema destacado que ha demostrado ser un catalizador de todas estas tendencias ha sido en gran medida ignorado: el auge del movimiento transgénero.

Por: Jonathon Van Maren – The European Conservative

¿Qué quiero decir con «catalizador»? Un catalizador es “un agente que provoca o acelera un cambio o acción significativos”. Así, el cambio ya está ocurriendo, pero el catalizador lo acelera. La agenda transgénero, que ha sido impuesta desde arriba por el establishment en tan solo unos pocos años (gobierno, prensa, industria del entretenimiento, academia y activistas) ha aumentado radicalmente la desconfianza en las instituciones y aumentado la polarización al destruir el terreno común, donde tradicionalmente ha sido posible llegar a un acuerdo. Si ni siquiera podemos ponernos de acuerdo sobre biología básica, ¿en qué podemos estar de acuerdo?

Los progresistas parecen extrañamente ciegos ante el efecto que su radicalismo en este tema tiene en la gente común. Boletines policiales con fotografías de violadores masculinos barbudos que los identifican como «mujeres»; hombres que se identifican como mujeres son enviados a prisiones femeninas; hombres con todo el equipamiento masculino («su pene») compitiendo contra niñas en deportes; ‘tratamientos’ de cambio de sexo para menores; y la insistencia interminable en que todo esto es normal, que nada ha cambiado y que somos intolerantes al señalar que todo esto es muy nuevo e incluso aquellos de nosotros que tenemos poco más de treinta años recordamos cuando era diferente; todo esto tiene a su vez un efecto profundamente radicalizador.

La respuesta del establishment progresista ha sido censura, demonización y una pregunta amenazadora: ¿ A quién vas a creer: a nosotros o a tus ojos mentirosos? Cuando la gente promedio con sentido común ve a los expertos y a las elites impulsando agresivamente cosas absurdas, la mayoría llega a una de dos conclusiones:

Opción 1: Estas personas realmente creen lo que dicen y, por lo tanto, su juicio está tan deteriorado y su visión del mundo tan corrupta que no se puede confiar en su experiencia, informes o declaraciones sobre cualquier tema.

Opción 2: Estas personas no creen lo que dicen, en cuyo caso están de acuerdo con una ideología radical con profundas consecuencias sociales bajo la presión de los activistas, lo que significa que aceptarían casi cualquier cosa en condiciones similares y no se puede confiar en ellos. .

Esta última opinión es muy común. Conozco a políticos destacados que han dicho en privado que no creen en las afirmaciones de la ideología de género, pero las aceptan porque sienten que deben hacerlo. Desde el mundo empresarial hasta el mundo académico y los pasillos del poder, hay muchos que no creen que los hombres puedan convertirse en mujeres o que debamos ofrecer ‘tratamientos’ de cambio de sexo a los niños, pero aun así les suministran obedientemente sus pronombres y les siguen el juego porque temen la poder del movimiento transgénero, que reacciona ferozmente ante cualquier signo de disensión pública (¿recuerdan al trabajador de la construcción escocés que recibió una enorme multa por reírse de un hombre vestido de mujer en la calle?).

La adopción de la ideología de género como dogma por parte del establishment ha destruido su credibilidad al hacerlos parecer ridículos, malvados o ambas cosas. Una respuesta frecuente en los debates en línea sobre la vacuna COVID, por ejemplo, fue que la gente señalara que los mismos líderes que instaban a todos a vacunarse estaban apoyando las cirugías de cambio de sexo para menores. La versión corta de esta réplica es «pronombres en biografía», lo que implica que cualquiera que proporcione sus pronombres es víctima de una completa captura ideológica. De hecho, las mismas personas que nos dijeron que «seguiramos la ciencia» también insistían en que la «ciencia» afirmaba la necesidad de la castración química para los niños con disforia de género. 

En consecuencia, muchas personas ahora abordan todas las narrativas del establishment con una hermenéutica de la sospecha. Por muy descabellada que pueda parecer una determinada teoría de la conspiración, no lo será tanto como la idea de que ahora existen 72 géneros . De hecho, considerando qué narrativas defiende más ferozmente el establishment progresista, a muchos les parece que la única posición verdaderamente crédula sería la de líderes que ni siquiera pueden definir qué es una mujer o un hombre, que rechazan la ciencia establecida en cuestiones de ideología. , y nos iluminan cuando intentamos señalar eso. Para muchos, seguir el consejo médico de personas que también promueven bloqueadores de la pubertad, el aborto, los anticonceptivos hormonales y la eutanasia parece francamente estúpido.

Mi punto aquí no es respaldar ni refutar ninguna teoría en particular, ni siquiera la hermenéutica de la sospecha por defecto; he escrito sobre muchas de estas cuestiones en otros lugares . Simplemente estoy observando el hecho de que al abrazar la agenda transgénero e imponerla a nuestras sociedades, el establishment progresista ha demolido su propia credibilidad y ha eliminado en gran medida su capacidad de ser persuasivo mediante intimidación, argumentación o acusaciones de «desinformación».

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