Ayer, 19 de abril, se cumplieron 216 años de uno de los acontecimientos fundacionales de la vida política venezolana. Aunque no se trató de una consulta democrática en el sentido moderno, sí representó un acto simbólico de afirmación del principio según el cual la soberanía reside en el pueblo.
El entonces capitán general Vicente Emparan, presionado por los miembros del Cabildo de Caracas y por el clima político de la época, sometió su permanencia en el poder al juicio de los caraqueños congregados frente al Ayuntamiento. La respuesta fue clara: no lo querían. Ante ello, pronunció su célebre frase: “Si no queréis que os mande, yo tampoco quiero mando”, y renunció al cargo.
Aquel gesto, más allá de sus circunstancias, dejó una huella profunda en la cultura política venezolana. Marcó un precedente en el que la autoridad, incluso la derivada de la monarquía, debía reconocer la voluntad de los gobernados. Conviene recordar que Emparan había sido designado por Fernando VII, quien para entonces había sido desplazado del trono por la invasión napoleónica. En medio de esa crisis de legitimidad, el capitán general entendió que su autoridad estaba en entredicho y optó por no aferrarse al poder.
Ese contraste histórico resulta hoy inevitable. Mientras en 1810 un funcionario de la Corona aceptó el rechazo ciudadano, en la Venezuela contemporánea quienes ejercen el poder rehúyen cualquier mecanismo auténtico de consulta popular. Sería pertinente que figuras como los hermanos Rodríguez reflexionaran sobre aquella lección histórica. La función pública no es una prerrogativa personal ni un botín político: es un mandato condicionado por la voluntad soberana.
La tragedia que ha vivido Venezuela en las últimas décadas no solo es económica o institucional; es también moral. Se han erosionado los valores republicanos que dieron origen a la nación. La permanencia indefinida en el poder, el desconocimiento de la voluntad popular y la negación de responsabilidades frente a la crisis son expresiones de esa degradación. Si existiera un mínimo de coherencia con los principios que dicen defender, quienes hoy gobiernan deberían someterse al veredicto ciudadano. Ese fue, en esencia, el mensaje del 19 de abril de 1810.
Hoy, la camarilla usurpadora hace malabarismos para ganar tiempo. Buscan que el momento actual, donde la determinación de la ciudadanía es firme y retadora, pueda disiparse; esperan que la situación geopolítica mundial obligue a los Estados Unidos a bajar la guardia en su planteamiento de impulsar una transición a la democracia.
Para lograr ese objetivo, trabajan en varias líneas paralelas. La primera es la sumisión táctica: acatan o fingen acatar las líneas gruesas dictadas por el tutelaje internacional, pero buscan diluirlas en procesos que les permitan ganar tiempo, sin producir los correctivos definitivos que nuestra tragedia amerita. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con los presos políticos: Washington dicta la línea de liberarlos, pero ellos cumplen la tarea a cuentagotas. Inventan leyes de amnistía que terminan siendo instrumentos para continuar la judicialización de los perseguidos y alargar su calvario, cuando la libertad plena depende exclusivamente de una decisión política cuya implementación puede canalizarse a través de diversas formas jurídicas.
La segunda línea busca confundir a la opinión pública nacional e internacional. Venden la idea de que Maduro regresará y que, por lo tanto, su ausencia es temporal. En paralelo, construyen la tesis de una “ausencia forzada”, categoría jurídica inexistente en el texto constitucional vigente. Esta narrativa tiene el único objetivo de evadir la obligación de reconocer la ausencia absoluta del ilegítimo presidente y evitar, así, la convocatoria a elecciones presidenciales, tal como lo establece el artículo 233 de la Constitución.
La tercera línea consiste en poner en boca de supuestos opositores la tesis de las “elecciones perfectas”. Es decir, esperar hasta que se resuelvan todas las observaciones hechas al sistema electoral. Ahora resultan ser perfeccionistas, olvidando que “lo perfecto es enemigo de lo bueno”.
Lo que se impone es fijar una fecha para la elección presidencial y dejar a un lado las excusas y evasivas para alargar la usurpación. A estos personajes, herederos del madurismo, se les olvidó —o nunca estudiaron— lo ocurrido el 19 de abril de 1810. Hoy, más que nunca, esa lección conserva plena vigencia: la soberanía reside en el pueblo, y solo a él corresponde decidir el destino de la República.
César Pérez Vivas
