La líder opositora de Venezuela y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, denunció en la medianoche del lunes que «hombres fuertemente armados» se llevaron al dirigente Juan Pablo Guanipa, quien había salido de prisión horas antes tras permanecer detenido desde mayo de 2025.

EFE

«Hombres fuertemente armados, vestidos de civil, llegaron en 4 vehículos, y violentamente se lo llevaron. Exigimos su liberación inmediata», manifestó Machado en su cuenta de X.

Por su parte, el hijo del opositor Ramón Guanipa indicó que un grupo de «aproximadamente 10 personas no identificadas» interceptó y «secuestró» a su padre.

«Logramos identificar un Corolla plateado, un Range Rover blanca y un Renault Symbol. Exigimos fe de vida inmediata y su liberación», publicó Ramón Guanipa en las redes sociales del exdiputado.

En un video, detalló que su padre se encontraba en una actividad a las 11:45 hora local (03:45 GMT), sin precisar dónde, cuando «fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación».

El partido del que forma parte Guanipa, Primero Justicia (PJ), aseguró que el Gobierno lo detuvo «mientras se movilizaba de sitio», al tiempo que hizo responsables a la mandataria encargada, Delcy Rodríguez; al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez; y al ministro de Interior, Diosdado Cabello.

«Quienes lo acompañaban aseguran que los apuntaron a todos y montaron a Juan Pablo en un Toyota Corolla color plateado», señaló PJ en su cuenta de X.

Guanipa había sido excarcelado en la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a Machado, mismo día cuando se cumplía un mes desde que Jorge Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones luego de Estados Unidos capturara al mandatario Nicolás Maduro.

Tras esto, el opositor encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos y pedir la liberación de estas personas.

Guanipa permanecía en la clandestinidad cuando fue detenido en mayo de 2025, en un operativo policial de desmantelamiento de un presunto plan que tenía como objetivo «boicotear» los comicios regionales y legislativos de ese mes y realizar supuestos «actos terroristas», por lo que también fueron detenidas más de 70 personas, entre ellas extranjeros, según el Gobierno.

La dictadura cubana informó a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes el país se quedará sin combustible para aviación, según confirmó la agencia EFE desde fuentes del sector.

Infobae

La medida es consecuencia directa de la orden ejecutiva firmada por el presidente estadounidense Donald Trump el pasado 29 de enero, que amenaza con aranceles a cualquier país que suministre petróleo al régimen de Miguel Díaz-Canel, argumentando que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

La advertencia sobre el agotamiento del combustible aeronáutico supone un colapso adicional para una economía que atraviesa su peor crisis desde el desplome del bloque soviético en los años noventa. Cuba, cuya producción nacional apenas cubre el 40% de sus necesidades energéticas, importaba hasta hace pocas semanas cerca de 60.000 barriles diarios de combustibles de países como Venezuela, México, Rusia y Argelia.

La orden ejecutiva de Trump, titulada “Haciendo frente a las amenazas del Gobierno de Cuba a Estados Unidos”, establece un sistema de aranceles adicionales para países que suministren petróleo a la isla de forma directa o indirecta. El mecanismo otorga al Departamento de Comercio la potestad de determinar qué naciones incurren en esta práctica, mientras que el Departamento de Estado decidirá la magnitud de las tarifas. Washington acusa al régimen cubano de alinearse con adversarios estratégicos como Rusia, China e Irán, de facilitar infraestructura de inteligencia para potencias extranjeras y de albergar organizaciones como Hezbollah y Hamas.

El impacto de las medidas estadounidenses se acumuló sobre una crisis energética de larga data. Desde diciembre pasado, la isla no recibe envíos petroleros de Venezuela, tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero. México, que en 2025 proporcionó alrededor del 44% de las importaciones petroleras cubanas con unos 17.200 barriles diarios, prácticamente detuvo sus envíos en enero bajo la presión de Trump.

Como respuesta, el régimen de Díaz-Canel anunció esta semana un duro plan de emergencia para subsistir sin combustibles importados. Las medidas, que entran en vigor este lunes, incluyen el fin de la venta de diésel al público, la reducción de jornadas laborales estatales a cuatro días por semana, recortes drásticos en horarios de hospitales y oficinas públicas, cierre de hoteles turísticos en cayos del norte de la isla, suspensión de cirugías no urgentes en centros sanitarios y restricciones severas al transporte público interprovincial.

El turismo, sector históricamente protegido por el régimen como motor económico, sufrió una caída del 18% en visitantes durante 2025 respecto al año anterior, según datos oficiales. El sector registró además una baja del 62% frente al récord histórico de 4,7 millones de viajeros alcanzado en 2018. El cierre de complejos hoteleros por falta de combustible es inédito en la isla, donde estos establecimientos permanecían operativos incluso durante desastres naturales.

La dictadura culpa exclusivamente al embargo estadounidense de la catástrofe energética, evitando mencionar el desplome económico de Venezuela tras más de una década de chavismo, las limitaciones productivas de México, la incapacidad estructural del régimen para generar divisas y la dependencia energética perpetuada por décadas de gestión totalitaria.

La crisis de combustible para aviación ya había generado alertas similares en diciembre. Entonces, la Empresa Cubana de Aviación advirtió sobre la “no disponibilidad” de combustible JET-A1 en aeropuertos de la red nacional, aunque la emergencia se resolvió temporalmente con la llegada de un buque cisterna.

Expertos en energía como Jorge Piñón, del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, han advertido que sin nuevos envíos de petróleo Cuba enfrentará en marzo un colapso económico total. El régimen, que produce apenas 40.000 barriles diarios de crudo pesado destinados principalmente a termoeléctricas obsoletas, necesita importar al menos 60.000 barriles adicionales para sostener la generación eléctrica, el transporte y servicios esenciales.

La suplantación del “estado de derecho” por “leyes infames” que son normas del socialismo del siglo 21 que violan derechos humanos, es la base del “terrorismo de Estado” institucionalizado con fiscales sicarios y jueces verdugos en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia. En el desmontaje de la dictadura/narcoestado en Venezuela urge la liberación de presos y exiliados políticos víctimas de ese sistema, lo que impone la necesidad de ampliar el concepto de amnistía otorgándole como la “nulidad de toda acusación, acción, procedimiento o juicio que viole los derechos humanos”.

Por: Carlos Sánchez Berzain – Infobae

La palabra amnistía proviene “del griego amnestia que significa olvido o perdón” y se define como “el perdón de cierto tipo de delitos, que extingue la responsabilidad de sus autores”. Las Naciones Unidas la apunta como “un instrumento jurídico que tiene por efecto la posibilidad de impedir en un periodo de tiempo el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal especifica cometida antes de la aprobación de la amnistía, o bien, la anulación retrospectiva de la responsabilidad jurídica anteriormente determinada”.

El Diccionario Enciclopédico de Derecho enseña que se entiende por “amnistía un acto del Poder soberano que cubre con el velo del olvido las infracciones penales de cierta clase, dando por conclusos los procesos comenzados, declarando que no deben iniciarse los pendientes o bien declarando automáticamente cumplidas las condenas pronunciadas o en vías de cumplimiento”.

De donde se estudie, la amnistía hoy es una institución para olvidar o de cualquier forma perdonar a quienes han cometido delitos. En el concepto actual la condición imprescindible o sine qua non para conceder o beneficiarse con una amnistía es la comisión de delito, y su otorgamiento o aplicación es la aceptación expresa o tácita de que se han perpetrado delitos que se deben olvidar, perdonar o de cualquier forma ya no sancionar. Hoy no se da amnistía a inocentes.

El problema de aplicar tal cual la institución jurídica de la amnistía a los presos, perseguidos y exiliados políticos por las dictaduras del socialismo del siglo 21 o castrochavismo radica en se estaría otorgando perdón a las víctimas acusadas falsamente y sometidas a tipificaciones y procedimientos de leyes infames, con la agravante de que quienes se lo otorgan son los criminales, los violadores de derechos humanos.

Es el mundo al revés, las víctimas son perdonadas por delitos que no cometieron pero que terminan aceptando, y los delincuentes, los violadores de derechos humanos, son los que perdonan asegurándose impunidad, porque esa acepción de amnistía empieza por legitimar tipificaciones, acusaciones, procesos y atropellos sin cuya aceptación no es posible el perdón, el olvido o la amnistía.

Pretender desmontar un sistema narcoterrorista con el tipo de amnistía vigente es solamente jugar en la cancha del crimen organizado, bajo sus reglas y en su beneficio, pero como la liberación incondicional de presos, exiliados y perseguidos políticos es urgente, lo que corresponde —si se quiere seguir usando el termino amnistía— es ampliar el concepto con la inequívoca acepción de para la situación actual de Venezuela y de acuerdo a los datos de la realidad objetiva, “la amnistía no es perdón ni olvido de delitos (que no se cometieron) y que representa la nulidad de toda acusación, acción, procedimiento o juicio que se haya iniciado, se tramite o se haya sentenciado violando los derechos humanos”.

El nuevo alcance o definición de amnistía para las víctimas del socialismo del siglo 21 está destinado a no aceptar acusaciones, delitos o estigmas que son parte de la narrativa de asesinato de la reputación y fundamento del terrorismo de Estado implantado en Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, liberando a las víctimas, pero sin dar impunidad a los victimarios.

Un aspecto adicional es el de las reparaciones por daños morales, económicos y personales a que tienen derecho las víctimas hoy excarceladas, presas, exiliadas o perseguidas. Si se formula la amnistía como perdón y olvido y no como nulidad de acciones abusivas y delictivas en su contra, nadie tendrá derecho a reclamo alguno y los victimarios, verdugos, sicarios, torturadores, carceleros y todos los miembros de la cadena criminal podrán quedar impunes penal y civilmente. La amnistía como perdón u olvido y no como nulidad es certificado de que los mafiosos de la dictadura/narcoestado actuaron legalmente.

El derecho es dinámico y su formulación obedece a los cambios que se producen con circunstancias, tiempos, realidades y fenómenos sociales. Eso es exactamente lo que ahora sucede con la necesidad de cesar dictaduras narcoterroristas usando sus propios operadores y mecanismos, por lo que la exacta definición y ampliación de conceptos -en este caso el de amnistía- resultan imprescindibles para no caer en la trampa del continuismo y la impunidad.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

Un tribunal revolucionario ha condenado a la premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi a siete años y medio de prisión por varios cargos de conspiración y propaganda contra el sistema, en la décima sentencia contra la encarcelada activista desde 2021.

EFE

“Fue condenada a seis años de prisión por los cargos de congregación y colusión, a un año y medio de prisión por actividad propagandística, y como pena complementaria, a dos años de prohibición de salida del país”, informó este domingo en X su abogado Mostafa Nili.

El abogado explicó que esta mañana recibió una llamada de la activista en su primera comunicación en 59 días detenida en la que le informó de que ayer fue trasladada a la sala primera del Tribunal Revolucionario de Mashad (noreste) y tras la audiencia se dictó sentencia en su contra.

Dijo que Mohammadi le informó además de que hace tres días fue trasladada a un hospital por su mal estado de salud y que cuando le empezó a contar las circunstancias de su arresto la llamada se cortó.

Nili indicó que dado que se ha dictado sentencia la activista debe ser trasladada a una prisión, según la legislación iraní, y que en su opinión debe ser liberada.

“En vista de sus enfermedades, se espera que se ordene su liberación temporal bajo fianza para que pueda recibir tratamiento médico”, dijo el abogado.

Mohammadi fue detenida de manera violenta a mediados de diciembre junto con otros activistas durante una ceremonia fúnebre de un abogado en la ciudad nororiental de Mashad, según denunció su familia.

La premio Nobel de la Paz 2023 se encontraba en libertad condicional desde diciembre de 2024, cuando fue puesta en libertad por problemas médicos, y a finales de noviembre denunció que las autoridades iraníes le habían prohibido de forma «permanente» salir del país y que no le emitían pasaporte para poder visitar a sus dos hijos, a quienes no ve desde hace once años.

La activista ha sido arrestada en trece ocasiones, condenada en nueve y fue encarcelada por última vez en 2021.

A pesar de las condenas y el encarcelamiento, la activista de derechos humanos y de las mujeres ha continuado denunciando las violaciones de derechos fundamentales en Irán, incluyendo la aplicación de la pena de muerte y la violencia contra las mujeres que no usan el velo islámico.

El Comité Nobel noruego concedió en 2023 el prestigioso galardón a Mohammadi «por su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán y para promover los derechos humanos y la libertad para todos

El andamiaje de poder que Alex Saab construyó a la sombra de Miraflores parece estar resquebrajándose. Lo que durante años fue una estructura de acero financiero, hoy muestra grietas tras su supuesta nueva detención en Caracas. Este nuevo capítulo reactiva un expediente en Washington que, a pesar del indulto de la administración de Joe Biden, nunca fue olvidado por los fiscales federales.

​De acuerdo a un análisis del diario ABC de España, la figura de Saab no es la de un simple diplomático, sino la de un operador que se incrustó en el corazón del chavismo. Según las investigaciones publicadas , el ascenso de este empresario colombiano coincidió con el periodo más oscuro de la escasez en Venezuela, consolidando un esquema donde la lealtad política se pagaba con contratos de alimentación.

​La base de la fortuna y el posterior asedio judicial contra Saab reside en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Lejos de ser un programa de ayuda social genuino, el Departamento del Tesoro de EE UU lo calificó como una red de corrupción.

La táctica era sistemática en el que se efectuaban adjudicaciones directas sin licitación, se realizaba la importación de alimentos con nulo valor nutricional mientras se facturaban como productos de primera. Se detectó el uso de empresas pantalla en México, Turquía y Hong Kong para mover el dinero y borrar el rastro.

​Según las alegaciones del Tesoro, «Saab sobornó a los hijastros de Maduro —Walter, Yosser y Yoswal, conocidos como ‘Los Chamos’— para asegurarse el acceso a contratos públicos sobrevalorados».

​Polémico indulto

​El recorrido de Saab desde su detención en Cabo Verde en 2020 hasta su extradición a Miami en 2021 fue una saga judicial sin precedentes. El gobierno de Maduro detuvo incluso mesas de negociación política, exigiendo su libertad bajo el argumento de una supuesta inmunidad diplomática que los tribunales estadounidenses jamás reconocieron.

El giro más inesperado ocurrió en diciembre de 2023. En un movimiento que generó «una honda incomodidad en la Fiscalía federal», Joe Biden otorgó un indulto que permitió a Saab regresar a Caracas. No obstante, este perdón no fue una carta blanca absoluta.

El documento de clemencia establecía condiciones estrictas como no cometer nuevos delitos federales, renunciar a cualquier reclamo contra el gobierno de EE UU, abandonar derechos sobre bienes incautados y ​»no percibir beneficios económicos derivados de libros, películas u otras producciones sobre su situación».

​Cualquier desliz en estas condiciones, según la interpretación jurídica que resalta el diario ABC, podría revocar el beneficio y reactivar las cuentas pendientes con la justicia norteamericana.

¿Purga interna?

El regreso de Saab a Venezuela no fue el de un ciudadano común; lo recibieron como un héroe y nombraron Ministro de Industria. Pero el viento cambió. Su reciente salida del gabinete y los reportes de su captura por el Sebin sugieren que el «testaferro» dejó de ser útil o se convirtió en una pieza demasiado pesada para el equilibrio interno del chavismo.

La narrativa del «empresario del hambre» llega a su punto más crítico. Mientras Washington observa desde la barrera, el hombre que una vez movió los hilos del suministro alimentario venezolano parece estar experimentando en carne propia la fragilidad de las lealtades en tiempos de crisis.

La nota completa en ABC de España

La diputada a la Asamblea Nacional (AN) Iris Varela negó que en Venezuela existan centros de torturas. La parlamentaria del chavismo calificó como «patrañas» estas afirmaciones.

El Nacional

Durante una entrevista ofrecida al programa A Pulso, que transmite VTV, Varela hizo referencia a los reportes que sugieren que en Venezuela existen centros de torturas, siendo el mayor de estos El Helicoide.

“Es parte del relato y de las patrañas que han inventado para atacar al Estado venezolano; una infamia que nunca ha podido ser demostrada. En el país no hay centros de tortura porque en Venezuela no se tortura y se respetan los derechos humanos. Nosotros hicimos esta Constitución, que es una de las más avanzadas del mundo en materia de garantías fundamentales”, aseguró Iris Varela.

Por otro lado, la parlamentaria hizo referencia a la Comisión Especial que se encarga de coordinar la consulta del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática al indicar que esta instancia revisará cada caso de manera individual para determinar la aplicación del instrumento legal.