Un análisis forense de metadatos realizado por el activista digital venezolano Giuseppe Gangi (@ggangix) ha generado fuerte controversia en torno al Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el pasado 5 de febrero.
Según la investigación difundida en redes sociales y respaldada con capturas de metadatos, el documento PDF oficial —divulgado por el diputado Jorge Arreaza— fue creado el 6 de febrero de 2026 a las 6:43 p.m. (hora de Venezuela), es decir, un día después de la sesión en la que la AN lo aprobó por unanimidad en primera discusión.
Principales hallazgos
Fecha de creación: 6 de febrero de 2026, posterior a la aprobación parlamentaria.
Programa utilizado: El texto fue redactado en Microsoft Word 2016 y convertido a PDF mediante la herramienta en línea gratuita iLovePDF.
Autora registrada en los metadatos: Arianny Seijo Noguera, quien no aparece como diputada en la actual composición de la Asamblea Nacional. Sin embargo, formó parte de la delegación oficial de 27 personas enviada por Delcy Rodríguez a La Haya en 2023 durante la controversia por el Esequibo.
Nombre original del archivo: En una versión relacionada con la consulta pública, el documento conservó el título “EN ARAGUA PSUV CAPACITARÁ TESTIGOS ELECTORALES”, lo que evidencia una mezcla entre funciones partidistas del PSUV y el proceso legislativo.
Gangi ha publicado evidencias verificables (incluyendo hashes SHA256, headers y copias del PDF) para evitar posibles modificaciones o eliminaciones posteriores por parte de fuentes oficiales.
“Esta es la exposición total de cómo ha gobernado y gobierna el chavismo, una mamarrachada total”
— Gustavo Cárdenas (@gustav0cardenas)
Desde la oposición y sectores independientes se interpreta el hallazgo como una prueba adicional de improvisación y falta de seriedad en el manejo legislativo, especialmente en un contexto de alta sensibilidad política: la ley busca otorgar amnistía general por delitos políticos y conexos desde 1999 hasta enero de 2026, excluyendo crímenes de lesa humanidad, pero con alcance acotado a diez episodios específicos de convulsión social.
El gobierno, por su parte, mantiene que el proyecto —impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez— es un paso hacia la reconciliación y la paz nacional. Jorge Rodríguez, presidente de la AN, visitó este viernes una prisión en Caracas y prometió a familiares de presos políticos que “el martes que viene y a más tardar el viernes estarán todos sueltos”, una vez culminado el trámite legislativo.
Hasta el momento, ni la Asamblea Nacional ni voceros oficiales han emitido respuesta directa sobre los metadatos cuestionados. El proyecto continúa en fase de consulta pública antes de su segunda discusión y eventual sanción.
Organizaciones de derechos humanos y analistas independientes han llamado a transparentar el proceso de redacción y aprobación, mientras la ciudadanía sigue debatiendo si esta ley representa un genuino gesto de distensión o una maniobra dilatoria frente a presiones internacionales por la liberación de presos políticos.
Giuseppe Gangi @ggangix se puso a investigar la creación de la Ley de Amnistía y descubrió varias cosas interesantes:
1- La ley fue creada un día después de su aprobación.
2- El documento donde se montó la ley estaba bajo el nombre de una actividad del Psuv.
María Corina Machado ha convertido la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos en la prioridad absoluta y no negociable de la transición democrática en Venezuela. Desde inicios de 2026, tras el anuncio de una amnistía general y las primeras excarcelaciones —que ya superan las 300 verificadas por Foro Penal—, ha insistido en que no basta con liberaciones parciales o condicionales: exige el cierre definitivo de centros de tortura como El Helicoide, el desmantelamiento completo del aparato represivo y la libertad real para cada uno de los detenidos por motivos políticos, sin distinción.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora de Venezuela, cuestionó este viernes las “omisiones graves” y exclusiones presentes en el proyecto de ley de amnistía general impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y aprobado en primera discusión por el Parlamento.
El bloque advirtió que el texto contiene “omisiones graves”, como la exclusión de “amplios grupos de presos políticos civiles y militares” y de períodos históricos relevantes que no están contemplados en la ley.
La organización también señaló, en un comunicado difundido a través de la red social X, que el proyecto no deroga normas como la Ley contra el Odio o la Ley Simón Bolívar, que considera parte del “marco legal represivo” del país.
Además, criticó que el proyecto no garantiza el “retorno seguro” de exiliados ni levanta las inhabilitaciones políticas a dirigentes opositores al ex dictador Nicolás Maduro.
Por otra parte, la PUD expresó su preocupación porque la aplicación de la amnistía quede en manos del Ministerio Público y el sistema de justicia actual, a los que acusa de ser “instrumentos de la persecución política”.
La agrupación insistió en la necesidad de liberar a todos los presos políticos “de forma inmediata y sin más dilaciones”, y sostuvo que una amnistía “incompleta o condicionada” no puede considerarse verdadera.
“No puede llamarse reconciliación a un proceso en el que la libertad de los perseguidos dependa de quienes ordenaron, ejecutaron o validaron su encarcelamiento”, afirmó la PUD.
La Asamblea General aprobó el jueves el proyecto de ley de amnistía en primera instancia, que este viernes inició su consulta pública y debe pasar aún por un segundo debate.
Jorge Rodríguez, el presidente del Parlamento, prometió a familiares de presos políticos que la ley se aprobará definitivamente el próximo martes y que, “a más tardar” el viernes, serán liberados “todos” los detenidos. “A más tardar el viernes están todos sueltos”, expresó.
La legislación fue presentada en medio del proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero, cinco días después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.
Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde esa fecha, pero estima que aún quedan 687 detenidos. Por su parte, el gobierno encargado afirma que las liberaciones suman 895, aunque no ha entregado un listado oficial.
Cada vez es más dramática la situación humanitaria que atraviesa Cuba. Hospitales de todo el país suspendieron cirugías y restringieron el traslado de pacientes ambulatorios, mientras el cierre de hoteles turísticos, los recortes en el transporte y la interrupción del suministro eléctrico marcan una crisis de combustible sin precedentes.
Los centros sanitarios afrontan una falta extrema de medicamentos esenciales y materiales básicos. Personal médico consultado por el medio local independiente 14ymedio describió que no es posible realizar intervenciones quirúrgicas ni trasladar a enfermos entre diferentes municipios, porque las reservas de diésel apenas alcanzan para unas horas.
Recursos críticos como analgésicos, antihipertensivos, antibióticos, sueros, sondas y gasas están ausentes de los inventarios. A ello se suma el racionamiento de alimentos: solo se dispone de arroz y granos para unas dos semanas, y la proteína casi ha desaparecido.
La sensación dominante entre los trabajadores de la salud es de desconcierto e indignación. Una empleada, que pidió permanecer en el anonimato, explicó a 14ymedio: “Contingencia o emergencia, yo no sé… el presidente habló pero no dijo nada”.
La situación hospitalaria también está marcada por la reducción de la atención de emergencias a un solo cuerpo de guardia y el uso obligatorio de lámparas recargables ante los persistentes apagones, según testimonios de Ciego de Ávila recabados por el mismo medio. Los suministros de hemodiálisis sólo alcanzan para tres días, y el desinfectante disponible para una semana. El temor principal del personal es que se interrumpan los tratamientos más críticos.
Paralelamente, el sistema de transporte público enfrenta una crisis casi total. De acuerdo con Tiempo 21 y Escambray, en Las Tunas la reducción de rutas de ómnibus nacionales deja solo una conexión diaria hacia La Habana, sin alternativas hacia municipios como Camagüey, Holguín o Santiago de Cuba. Las rutas ferroviarias permanecen en evaluación por la falta de combustible, y las autoridades suspendieron provisionalmente el servicio de ferry entre la Isla de la Juventud y el resto del país.
La crisis afecta también a la zafra en Sancti Spíritus, cuya paralización fue confirmada por empleados del central Melanio Hernández a 14ymedio. Los centrales azucareros acumulan caña sin posibilidad de procesamiento, y las empresas estatales adoptan medidas de emergencia como transportar la leche en termos y reactivar hornos de leña en la industria alimentaria.
El sector turístico, clave para la economía de Cuba, está igualmente golpeado. 14ymedio informó el cierre abrupto de hoteles en Cayo Santa María, con huéspedes redistribuidos a otros establecimientos, una decisión que tomó por sorpresa tanto a empleados como a visitantes, sin que se conozcan motivos oficiales.
En respuesta, las autoridades impulsaron restricciones extraordinarias. Documentos de la Dirección Provincial de Isla de la Juventud, obtenidos por 14ymedio, decretan el mantenimiento exclusivo del personal administrativo indispensable, el corte total del suministro eléctrico en edificios estatales durante tres días seguidos y el cierre de internados, áreas recreativas y bares. Se canceló la totalidad de las inversiones públicas pendientes, incluidas las del sector eléctrico, agrícola y pesquero.
El dictador Miguel Díaz-Canel reconoció en una intervención televisiva la gravedad de la situación. Sin embargo, evitó proporcionar datos específicos y no anunció medidas inmediatas. Repitió la consigna de “resistencia creativa” y anunció que serían los ministros quienes detallarían las próximas acciones oficiales. 14ymedio recogió críticas de empleados públicos y medios independientes a la falta de transparencia del mandatario. Una trabajadora sanitaria resumió el sentimiento general: “Todo lo evadió”.
Las restricciones gubernamentales afectan directamente a la educación y la vida productiva. Instituciones como la Universidad de La Habana suspendieron un congreso internacional que reuniría a 1.500 delegados e impusieron la modalidad semipresencial en todas las carreras por al menos un mes.
El impacto social y humanitario se intensifica a la vista de los informes de organizaciones internacionales y locales. Human Rights Watch (HRW)advirtió que la profundización de la crisis económica afecta el acceso a alimentos, atención sanitaria y electricidad para millones de cubanos: “El gobierno continúa reprimiendo y castigando la disidencia y las críticas públicas”, sostiene el informe.
Según HRW y datos de Cubalex, al menos 203 personas fueron detenidas arbitrariamente entre enero y junio de 2025. Prisoners Defenders contabilizó unos 700 presos políticos en octubre del año pasado, y Justicia 11J reportó 359 personas vinculadas a las protestas de julio de 2021 aún en prisión con condenas de hasta 22 años. Persisten las restricciones a derechos de los detenidos y la censura sobre medios de comunicación, así como el aumento del precio de internet. Según estudios citados por HRW, la isla perdió cerca del 10% de su población en los últimos años, aludiendo a un éxodo sin precedentes.
La crisis energética se agudizó tras la pérdida del suministro de petróleo venezolano y la falta de apoyo de aliados históricos como China y Rusia. Esta ruptura provocó una drástica caída en la producción de electricidad, prolongó los apagones y puso en riesgo toda la infraestructura básica, lo que podría desembocar en una “emergencia humanitaria” si no se restablecen los suministros.
Sin perspectivas de solución inmediata, la incertidumbre domina las respuestas de funcionarios locales sobre el futuro. El régimen niega oficialmente haber llegado a la “opción cero”, pero entre empleados y ciudadanos se percibe un colapso inminente. El cierre de hoteles, la suspensión de cirugías y el racionamiento extremo anticipan un escenario nunca antes visto en la historia reciente de la isla.
Mientras tanto, las autoridades insisten en que la continuidad parcial de los servicios dependió de la cooperación institucional y la toma conjunta de decisiones frente a las dificultades, evitando que el desabastecimiento llegue todavía al límite absoluto.
Desde la sede de la Asamblea Nacional con un crucifijo en una mano y la foto de Hugo Chávez en la otra, con la voz entrecortada y la promesa solemne: “A más tardar el viernes están todos sueltos”.
Ese mismo viernes 6 de febrero, frente a los calabozos de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, Jorge Rodríguez protagonizó una escena que el oficialismo vendió como gesto histórico de reconciliación: abrazó a una mujer que lloraba después de la promesa.
“Esa señora no la conocemos, nunca la habíamos visto aquí”. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos y varios testigos directos lo confirmaron en redes: era una militante chavista infiltrada para generar la imagen deseada.
El propio Rodríguez lo vendió en VTV como acto de humildad: “No me gustan los presos”, dijo, y pidió “perdón” por las detenciones. El contraste con su propio historial es brutal.
Durante años, el mismo hombre que hoy se presenta como redentor negó con sorna la existencia misma de presos políticos. En diciembre de 2016, ante las denuncias por las guarimbas, declaró sin titubear: “Aquí no hay presos políticos, hay gente que cometió delitos como incendiar y asesinar”.
Esa fue la línea oficial durante toda la era Maduro: “políticos presos”, “delincuentes”, “terroristas”. Nunca una autocrítica, nunca una duda.
Y cuando no negaba, se burlaba con ese tono cínico que lo caracteriza. En mayo de 2024, durante una marcha en Nueva Esparta, arremetió contra la oposición:
“Son unos arrastrados. Los gringos les dicen ‘pide sanciones’ y piden. Son una vergüenza para esta tierra libertaria…”
En 2015 ya los llamaba “rastreros” e “inaguantables”. La oposición era, para él, un coro de vendidos, una vergüenza nacional, gente que solo obedecía órdenes de Washington. Nunca mereció diálogo, nunca mereció respeto. Solo desprecio público.
Hoy ese mismo personaje se para frente a madres y esposas que han dormido en la calle durante semanas, les promete libertad “entre el martes y el viernes” y monta un abrazo con una actriz de reparto.
El cinismo no desapareció: simplemente cambió de disfraz. Antes era la burla descarada; ahora es el teatro de la reconciliación calculada, justo cuando el régimen necesita oxígeno internacional y una Ley de Amnistía que ellos mismos redactan y controlan.
Porque si realmente hubieran querido reparar el daño, no habrían esperado 25 años de represión para “pedir perdón” con un crucifijo prestado.
Habrían liberado a todos sin condiciones, sin listas secretas, sin montajes. Habrían reconocido que sí hubo presos políticos, que sí hubo tortura, que sí hubo familias destrozadas.
En cambio, ofrecen un show. Un abrazo falso. Una promesa con fecha de caducidad. Y siguen creyendo que el país se traga el mismo circo de siempre.
La pregunta que queda flotando en Boleíta, y en miles de hogares venezolanos, es la misma de siempre: ¿cuánto más?
Frente a El Helicoide, el principal centro de torturas del régimen chavista, en Caracas, decenas de familiares de presos políticos y activistas venezolanos realizaron una jornada de protesta y oración para exigir la libertad inmediata de todos los detenidos por motivos políticos.
La convocatoria se extendió tanto en la capital venezolana como en otras ciudades, donde se replicaron actos similares para acompañar a quienes esperan el reencuentro con sus allegados.
El reclamo se intensificó en las últimas horas, impulsado por familiares que, junto a defensores de derechos humanos y representantes de la sociedad civil, se concentraron en las inmediaciones de El Helicoide, gestionado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
“Los familiares de los presos políticos lograron llegar hasta las puertas de El Helicoide para exigir lo que el régimen niega: libertad inmediata y el cierre del centro de torturas. La dignidad venció al miedo”, señaló el Comando con Venezuela, en sus redes sociales.
En tanto, la ONG Realidad Helicoide sostiene que los familiares de los presos políticos “avanzan ante el impedimento de funcionarios policiales”: “¡Todos son inocentes, ninguno delincuente».
La presión persiste en los alrededores, mientras los manifestantes aguardan noticias sobre posibles liberaciones.
La protesta estuvo marcada por consignas que exigían la excarcelación total y sin condiciones, como “Libertad, libertad, tienen que ser todos” y “No tenemos miedo”.
Los asistentes portaron pancartas, banderas y fotografías de sus allegados para visibilizar la urgencia del reclamo.
El cardenal Baltazar Porras respaldó la actividad y convocó a una jornada especial de oración y solidaridad, invitando a los venezolanos a reunirse frente a los centros de detención para acompañar a las víctimas y ofrecer apoyo material, como alimentos y medicinas, entre las 10:00 y las 12:00.
“Busquemos cómo reunirnos en cada ciudad o pueblo donde estemos, en aquellos sitios donde están en vigilia permanente quienes esperan la liberación”, exhortó el cardenal en un mensaje transmitido por video.
La demanda se amplificó en un contexto marcado por la discusión de un proyecto de ley de amnistía en la Asamblea Nacional de Venezuela. Familiares se movilizaron hacia el Parlamento y el Palacio de Justicia en Caracas para exigir su inclusión en las consultas públicas y reclamar la liberación total de los detenidos bajo cargos políticos.
La concentración frente al Palacio de Justicia estuvo acompañada de un operativo de seguridad con presencia militar y policial.El cardenal Baltazar Porras llamó a las familias de presos políticos a movilizarse
Según la organización venezolana Provea, en los primeros diez años de gestión del exdictador Nicolás Maduro al menos 1.652 personas han sido víctimas de torturas y otras 7.309 han padecido tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, principalmente bajo custodia del SEBIN y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Además denunciaron que muchos de estos casos ocurren en centros como El Helicoide, señalado por familiares y activistas como lugar de detención arbitraria y tortura.
El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, se refirió ayer al proyecto de ley de amnistía aprobado en primera discusión y solicitó escuchar a los familiares durante las consultas públicas.
Rodríguez se reunió con familiares en uno de los centros de detención y prometió que la excarcelación se concretaría en un plazo máximo de una semana. “A más tardar el viernes están todos sueltos”, afirmó el diputado ante la sede de los calabozos conocidos como zona 7.
Además, pidió a los parlamentarios dialogar con las víctimas para recoger sus propuestas y subrayó la necesidad de “pedir perdón y rectificar” en relación con las detenciones vinculadas a la represión de protestas.
A Jorge Antonio Rodríguez —padre de Delcy Rodríguez, presidenta interina de la República, y Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional— lo detuvieron el 23 de julio de 1976 por su presunta participación en el secuestro del empresario estadounidense William Frank Niehous. El entonces dirigente de la Liga Socialista falleció bajo custodia de la entonces Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, la policía política de la época, tras ser torturado durante un interrogatorio.
El grupo guerrillero que raptó a Niehous —entonces jefe de operaciones de Owens-Illinois en el país—, lo acusó de ser un agente de la CIA y de actuar contra los intereses venezolanos, y señaló a la compañía por supuestos casos de soborno y corrupción vinculados al gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Entre las condiciones para su liberación, los secuestradores exigieron el pago de un rescate de 3,5 millones de dólares, la compensación económica a los trabajadores de la empresa por supuesta explotación laboral y la distribución de miles alimentos para sectores pobres del país.
La revolución, la «venganza personal» de los Rodríguez
Este caso ha sido central en la trayectoria política de sus hijos, Delcy y Jorge, quienes han vinculado su militancia a una forma de reivindicación. De hecho, la propia mandataria interina llegó a afirmar, en medio de la alarmante emergencia humanitaria que atravesaba el país en años recientes, que la revolución bolivariana era la venganza personal, de ella y de su hermano, por la muerte de su padre.
Luego de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero, el régimen chavista quedó controlado por el gobierno estadounidense de Donald Trump. En un mes, en el país ya ha habido algunos avances en materia de derechos humanos, aunque considerados insuficientes: la excarcelación de cientos de presos políticos, el cierre del centro de torturas El Helicoide y una ley de amnistía propuesta por Delcy.
Mientras Jorge Rodríguez se victimiza en la AN hablando de sus DDHH por la ley de amnistía, vale recordar este video donde Delcy Rodríguez admite que la “revolución” actúa por venganza personal.@realDonaldTrump@delcyrodriguezvpic.twitter.com/qlCjgt4ICt
Durante la aprobación el jueves de la ley de amnistía —que beneficiaría a algunos detenidos desde 1999 y que excluye delitos como violaciones graves de los derechos humanos, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra—, Jorge Rodríguez hijo dio un extenso discurso en el que se definió como víctima de la violación sistemática de los derechos humanos y reprochó que ninguna ONG intervino en el caso de su padre.
Tomó además como ejemplo la persecución que —dijo— sufrió su padre y su familia, incluso desde que Rafael Caldera estaba en la Presidencia de la República. Relató que en 1974 el dirigente de la Liga Socialista salió de la cárcel de Sabaneta, en el municipio Maracaibo del estado Zulia, donde estuvo detenido 19 meses, luego de recibir un indulto presidencial por parte de Caldera.
«No fue un proceso de abogados y jueces. Fueron unos salvajes. Unos esbirros que se metieron a mi casa, que lo golpearon salvajemente, que lo sometieron a picana eléctrica, que lo guindaron por los tobillos y muñecas. Lo desaparecieron por 14 días mientras lo golpeaban salvajemente. Esos esbirros cometieron todo tipo de desmanes, le aplicaron todo tipo de torturas físicas y psicológicas a mi padre porque le decían que habían matado a mi madre, y a su hijo de 9 años y a su hija de 4. Y torturas psicológicas también a su familia», expresó el presidente del Parlamento.
Según el funcionario, el motivo de su relato era señalar que el camino de esta ley de amnistía «estará lleno de obstáculos, sinsabores y posiciones injustas».
«Quisiera que alguien me dijera cuál debido proceso estuvo aquí, cuál ONG pidió por la libertad de mi padre, cuál organismo internacional de derechos humanos intervino. Ninguno», aseguró.
Amnistía Internacional documentó el caso de Jorge Rodríguez
Marcos Gómez, director de Amnistía Internacional, recordó al parlamentario que la organización registró la muerte bajo custodia de Jorge Rodríguez, un hecho que motivó la preocupación internacional por la actuación de los cuerpos de seguridad en el país.
En un informe publicado en 1977, la organización comunicó que le escribió a Carlos Andrés Pérez el 28 de julio de 1976 —solo días después de la muerte del militante socialista— para celebrar el comienzo de una investigación de alto nivel sobre el caso.
«Amnistía Internacional escribió al presidente Carlos Andrés Pérez el 28 de julio de 1976, acogiendo con satisfacción una investigación de alto nivel sobre la muerte bajo custodia policial del líder del partido político Liga Socialista, el licenciado Jorge Rodríguez», publicó Gómez en X.
El Congreso pidió la destitución del jefe de la Disip
Indicó que el informe médico forense y el certificado de defunción indicaron que había fallecido a causa de graves lesiones internas y que, tras un debate en el Congreso en el que se acusó a la Disip de torturar a otras tres personas detenidas junto con Rodríguez, el fiscal general José Ramón Medina ordenó un número no revelado de detenciones de agentes de la Disip.
Asimismo, el director de Amnistía Internacional señaló que el Congreso pidió la destitución del jefe de la Disip, Arístides Lander Flores, quien posteriormente dimitió, y exigió una investigación completa sobre el funcionamiento de la policía política.
«Amnistía Internacional recibió con satisfacción la noticia de la detención de cuatro agentes de la Disip que, según, habían llevado a cabo el interrogatorio que provocó la muerte del Lic. Rodríguez, y recordó que dos de los cuatro habían sido nombrados en un informe confidencial sobre presuntos torturadores presentado por Amnistía Internacional al fiscal general Medina en abril de 1976″, añadió.
Mención del caso de Jorge Rodríguez en un informe de Amnistía Internacional publicado en 1977 | Foto: Amnistía Internacional
Gómez también mencionó que la organización expresó su agradecimiento a Pérez por el apoyo del gobierno venezolano a la resolución contra la tortura que aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1976.
El cuerpo «estaba hecho trizas»
Jorge Rodríguez, en su discurso ante la Asamblea Nacional, insistió en que su padre fue «salvajemente torturado» en una casa de torturas que habría tenido la Disip en Catia La Mar, en el estado Vargas, y aseguró que cuando los oficiales vieron que el dirigente ya estaba gravemente herido lo llevaron a la sede de la Disip «para que muriera allí».
«Y lo mataron después de muerto porque lo llevaron de la Disip a la morgue y querían obligar a los médicos anatomopatólogos de la morgue a decir que un joven de 34 años había muerto de un infarto. ¿Ustedes saben quién contó eso? Mi profesor de anatomía patológica 15 años después, sin saber que yo estaba en esa clase, y contó que él no iba a arriesgar su dignidad y su honor como médico llenando un certificado de función que ya había llenado el médico de la Disip, donde decía muerte por infarto agudo del miocardio», manifestó.
«Cuando estaba ese cuerpo hecho trizas, el hígado desprendido, el vaso desprendido, decenas de fracturas, el cráneo fracturado, quemaduras de cigarrillo, marcas de asfixia y de estrangulamiento», añadió el parlamentario.
«Dígale a Pérez que mis hijos y yo ya lo perdonamos»
Según Rodríguez, un banquero venezolano se presentó en el trabajo de su madre, Delcy Gómez, para entregarle las llaves de un apartamento que les había otorgado el presidente Pérez.
«Y mi madre, yo estaba allí ese día, le lanzó las llaves en el pecho y le dijo ‘¿Usted cree que la vida de mi marido vale un apartamento?‘, y le dijo ‘Y dígale a Pérez que mis hijos y yo ya lo perdonamos. Porque si algo nos enseñó Carora, o sea, su esposo, es a no odiar'», contó.
Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional relató que, años después, cuando presidía la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, sostuvo una conversación personal con el expresidente Carlos Andrés Pérez. Según su versión, el exmandatario le manifestó que esperaba que no guardara rencor en su contra.
«Y le dije ‘hace muchos años mi madre le mandó a decir que ya lo habíamos perdonado’, y nos sentamos a hablar y liberaron a los estudiantes presos ese día. Todos de Bandera Roja. Por cierto, Stalin (González), no nos dieron las gracias», dijo.
La dinámica política transita por una rivalidad decisiva entre María Corina Machado y Delcy Rodríguez, dos liderazgos antagónicos que disputan el poder en un escenario condicionado desde la Casa Blanca. Como en las grandes rivalidades históricas, este enfrentamiento según la lógica no se libra en igualdad de condiciones ni bajo reglas neutrales claramente definidas por su propia complejidad.
Hacer un verdadero constructo de un análisis de la confrontación política entre Delcy Rodríguez y María Corina Machado revela dos figuras clave en el panorama político venezolano, la primera está marcada por su lealtad al chavismo, Delcy Rodríguez es una figura destacada en el oficialismo y ha sido parte del gabinete de Nicolás Maduro desde su ascenso al poder. Su discurso suele centrarse en la defensa de las políticas del chavismo y la crítica a la oposición. Enfoque en la retórica: Es conocida por sus intervenciones en medios y foros internacionales donde defiende la soberanía de Venezuela y cuestiona las sanciones impuestas por países extranjeros. Esto se traduce en un enfoque muy claro en la narrativa del «imperialismo» contra las fuerzas internas. Papel en la crisis: Como funcionaria, ha estado implicada en decisiones que han sido criticadas en el contexto de la crisis económica y social que atraviesa Venezuela. Su gestión es vista por muchos como parte del problema y no de la solución.
El premio nobel de la paz, María Corina Machado es una política y activista que representa a la oposición venezolana, y es una de las voces más críticas contra el régimen de Maduro. Algunos puntos relevantes sobre ella son: Defensora de los derechos humanos: Machado ha sido reconocida por su firme postura en la defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Apostando por una transición hacia un gobierno democrático, abogando por reformas que buscan recuperar la confianza internacional y revitalizar la economía del país.
El contexto político en Venezuela post 3 de enero de 2026 no es solo representa cambios, sino una mutación profunda del Estado venezolano bajo una presión externa sin precedentes. A un mes de la «Operación Determinación Absoluta» – la incursión de la Fuerza Delta que capturó a Nicolás Maduro-, sin temor a equivocarnos el país se mueve en un equilibrio de poder tripartito: el chavismo pragmático desde Miraflores, María Corina Machado como una voz con alta autoridad moral nacional e internacional y Washington como el «fideicomisario» de facto.
El choque de las propuestas y posturas Delcy Rodríguez y María Corina Machado simboliza la lucha entre el chavismo y la legitima oposición en Venezuela. Mientras Rodríguez representa la continuidad del modelo chavista, Machado representa la búsqueda de alternativas democráticas y el liberalismo económico. Estos enfoques en su dinámica no solo reflejan diferencias ideológicas, sino también las divisiones profundas en la sociedad venezolana que han sido exacerbadas por años de crisis política y económica. Ambas figuras continuarán siendo protagonistas en el futuro político de Venezuela, y su interacción será clave para entender el desarrollo de la situación compleja del país.
En síntesis, el horizonte político de Venezuela por ahora se desliza por una frágil y multifacética realidades. Las interacciones Delcy Rodríguez y María Corina Machado significan la lucha entre un régimen autoritario y una oposición que clama por democracia. La transición política, aunque deseada por muchos, enfrenta numerosos obstáculos, tanto internos como externos. El futuro inmediato de Venezuela dependerá en gran medida de cómo se desarrollen estas dinámicas complejas y de la capacidad de las partes involucradas para encontrar inmediatas soluciones viables que beneficie al país en un futuro cercano.
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El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, visitó este viernes la vigilia que familiares de presos políticos mantienen desde hace 29 días frente a Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Boleíta, Caracas.
Tras conversar con los familiares de los presos políticos, Rodríguez prometió que «entre el martes que viene y a más tardar el viernes estarán todos sueltos».
El secretario de la Universidad de Carabobo (UC), profesor Pablo Aure, denunció públicamente un presunto abuso de poder por parte de la rectora Jessy Divo de Romero, en un video difundido en su cuenta de X (antes Twitter) este viernes.
En la grabación, Aure afirma que la rectora ordenó el desmantelamiento de su despacho y lo acusó penalmente por el delito de «instigación al odio», medidas que interpreta como intentos de silenciar su disidencia y su labor de denuncia dentro de la institución.
«¡Hablo de frente porque el silencio es cómplice! La Universidad de Carabobo le pertenece a todos, por esa razón, todos deben estar informados de lo que allí ocurre», expresó el también exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, quien enfatizó que estas acciones atentan contra la autonomía universitaria y los principios democráticos que rigen la casa de estudios.
El conflicto entre ambos funcionarios ha escalado en los últimos meses. Desde octubre de 2025, Aure ha señalado irregularidades administrativas, centralización excesiva de competencias en la rectoría y violaciones a la Ley de Universidades y los estatutos de la UC. En noviembre de 2025, se conoció que Aure fue citado por la Dirección de Investigaciones Penales (DIP) en calidad de investigado, presuntamente tras una denuncia interpuesta por la rectora por instigación al odio, vinculada a sus declaraciones públicas sobre presuntas irregularidades en la institución.
Por su parte, la rectora Jessy Divo ha rechazado en múltiples ocasiones las acusaciones, calificándolas como «infundadas, tergiversadas y fuera de contexto», y ha defendido su gestión ante la comunidad universitaria. En noviembre de 2025, garantizó la realización de actos de grado para miles de egresados pendientes y ha impulsado solicitudes de audiencias nacionales para discutir ajustes salariales en el sector universitario.
La denuncia de Aure se produce en un contexto de tensiones internas en la UC, donde se han reportado debates sobre transparencia administrativa, irregularidades en procesos académicos y la necesidad de elecciones universitarias que, según algunos sectores, no se han realizado en años.
📢🚨¡Hablo de frente porque el silencio es cómplice! La Universidad de Carabobo le pertenece a todos, por esa razón, todos deben estar informados de lo que allí ocurre. Pablo Aure Secretario UC pic.twitter.com/IKfr8IXvb0
