Tamara Sujú, abogada venezolana especializada en temas de derechos humanos, entregó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Caracas, un informe acerca de la responsabilidad del Estado cubano en la comisión de esas violaciones.
Diario de Cuba
En una directa en video desde La Haya, sede del organismo, la jurista, que vive exiliada en República Checa, aseguró que su gestión fue para «cumplir el mandato de las víctimas», quienes pidieron a la CPI investigar «las torturas donde estuvieron presentes, donde estuvieron ejecutándolas, cubanos» en Venezuela.
«Los cubanos no solamente han formado, han sido parte de la planificación, sino que además han inducido dichos crímenes, con su participación directa o indirecta», recordó la abogada.
«Necesitamos recuperar Venezuela, nuestra soberanía, nuestro territorio, de todos aquellos agentes y organizaciones paramilitares que lo están invadiendo. Pero también necesitamos recuperar, además de nuestra democracia y nuestras instituciones, nuestra dignidad. No es posible que haya agentes foráneos encargados de la represión y de la inducción de crímenes de lesa humanidad en nuestro país contra nuestros compatriotas», enfatizó.
Sujú envió un mensaje a todos los cubanos: «Hoy podría abrirse una ventana para un pueblo que ha sido oprimido terriblemente desde hace muchos años, para esos presos políticos, para esos perseguidos, que no han tenido forma de acudir a la justicia internacional. Aquí podría abrirse una puerta hoy para buscar la justicia contra dichos crímenes».
Finalizó reiterando a los habitantes de la Isla «un mensaje de esperanza, de no cansarse, de no cesar».
En septiembre de 2022, la Misión Independiente de Verificación de los Hechos presentó ante el plenario del Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe sobre la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en el que se argumenta que el órgano represivo del chavismo contra sus disidentes contó directamente con la asesoría del régimen cubano.
Según el documento, los organismos de Inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, funcionan como estructuras bien coordinadas y eficaces para la ejecución de un plan, orquestado desde los niveles más altos del Gobierno, para reprimir la disidencia mediante la comisión de crímenes de lesa humanidad.
De acuerdo con dicha investigación, varios exfuncionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) confirmaron que «agentes del Estado cubano han instruido, asesorado y participado en actividades de inteligencia y contrainteligencia con la DGCIM».
La DGCIM, junto al Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN), son los dos órganos de seguridad del Estado venezolanos señalados de forma directa como involucrados en una serie de atrocidades, torturas, trato cruel y detenciones en lugares clandestinos, entre otros patrones que se repiten en Venezuela, bajo el Gobierno de Nicolás Maduro.
Los expertos internacionales lograron revisar «los acuerdos confidenciales escritos entre los Gobiernos de la República Bolivariana de Venezuela y de Cuba, en los que se otorgaba formalmente al Gobierno cubano un rol en la reestructuración de los servicios de contrainteligencia militar venezolanos y en la formación de oficiales».
Los acuerdos en materia de seguridad se remontan a 2006, una vez que Hugo Chávez rompió en 2005 una larga relación de cooperación militar entre Venezuela y Estados Unidos. La misión de la ONU recabó información para señalar que dicha «cooperación continuaría vigente» en la actualidad, con lo cual el aparato de seguridad de Cuba está involucrado en los crímenes de lesa humanidad dentro de Venezuela.
En sus tres informes, este equipo de expertos señala de manera directa a la DGCIM y al SEBIN de ser responsables «de violaciones de los derechos humanos desde 2014, en el contexto de un ataque contra opositores al Gobierno, reales o percibidos como tales». Para los expertos, «algunas de estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad».
La misión de la ONU documentó 122 casos de víctimas que fueron detenidas por la DGCIM, de las cuales 77 fueron sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. La tortura se llevó a cabo en su sede, conocida como La Boleíta, en Caracas, y en una red de centros de detención clandestinos en diversos puntos del país.
En el caso del SEBIN, según la misión, se documentaron 51 casos que evidencian patrones de violaciones graves y sistemáticas. Al comparar el volumen de casos de ambos organismos, la DGCIM, que recibió asesoría del régimen castrista, tiene un registro notablemente mayor en los casos enmarcados como crímenes de lesa humanidad.
En relación con Cuba, «se trata de acuerdos de cooperación pagados con petróleo venezolano, enmarcados en el campo de la inteligencia y seguridad y de carácter confidencial», sostuvo el activista de derechos humanos venezolano Rigoberto Lobo.
«Desde el año 2014, las organizaciones venezolanas de derechos humanos hemos escuchado sobre esta presencia a través de los testimonios de las víctimas. Es un patrón y no la apreciación de una o dos personas. Esto ha sucedido cuando en simultáneo viene ocurriendo una represión y tortura sistemática contra las personas que protestan pacíficamente y contra disidentes políticos», explicó Lobo a DIARIO DE CUBA.
Para Lobo, director de la ONG Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos (PROMEDEHUM), los acuerdos vigentes persiguen «fortalecer el aparato de inteligencia y control social que funciona bastante bien en Cuba».
