Sindicatos y empleados públicos venezolanos entregaron este jueves una carta a la Embajada de Estados Unidos en Caracas para pedir la mediación de Washington ante el régimen chavista y exigir mejoras salariales, la liberación de presos políticos y la convocatoria a elecciones presidenciales.
EFE
La protesta reunió a centenares de trabajadores en una plaza de la capital, donde los representantes sindicales explicaron que la movilización responde al estancamiento de sus ingresos y a la falta de respuesta oficial tras años de reclamos.
“Solicitamos un aumento real de salarios, la liberación de todos los presos políticos y unas elecciones libres y democráticas”, detalló el secretario general del sindicato de la Cancillería, José Patines.
Agregó que la comisión encargada de entregar la misiva fue la única autorizada para acercarse a la sede diplomática, ya que la presencia de presuntos infiltrados generó temores de sabotaje y altercados.
“El salario mínimo está congelado desde hace cuatro años y es el más bajo de la región. No hay ningún país en Sudamérica con una remuneración tan baja”, reclamó el dirigente sindical.
Actualmente, el salario mínimo mensual se mantiene en 130 bolívares, equivalentes a menos de 20 centavos de dólar al tipo de cambio oficial, mientras la mayoría de los empleados públicos sobrevive con bonos variables que rondan los 160 dólares al mes, sin impacto en prestaciones ni beneficios laborales.
Los manifestantes criticaron la posición de Delcy Rodríguez, jefa del régimen chavista, quien asumió el poder en enero tras la captura de Nicolás Maduro y anunció un posible aumento salarial para el 1 de mayo, sin precisar montos ni condiciones.
“A Delcy Rodríguez no la eligió nadie. Es urgente convocar a elecciones libres y justas”, enfatizó Patines. Los trabajadores insistieron en la necesidad de una transición democrática y en la recuperación de las instituciones como condición esencial para superar la crisis.
El documento entregado a la Embajada de Estados Unidos también solicita que los fondos venezolanos bloqueados por sanciones sean liberados únicamente si se garantiza su uso en pensiones, salarios, infraestructura educativa, hospitales y servicios públicos esenciales.
“No queremos excusas de sanciones ni que nos digan que no hay dinero. Los trabajadores no somos responsables de los desvíos. Pedimos que esos recursos se destinen a lo que realmente importa”, recalcó uno de los voceros del sector educativo.
La situación económica de los trabajadores venezolanos se ha deteriorado hasta niveles críticos. Según el Observatorio Venezolano de Finanzas, un empleado promedio del sector privado percibía alrededor de 237 dólares mensuales en 2025, mientras que la canasta básica de alimentos supera los 500 dólares. Esta brecha ha obligado a muchos a buscar empleos adicionales o recurrir a la economía informal para compensar la pérdida de poder adquisitivo.
A pesar de los anuncios oficiales, las protestas laborales han sido constantes. El pasado 30 de abril, cientos de empleados intentaron marchar hasta el palacio presidencial de Miraflores, pero fueron reprimidos por la Policía Nacional Bolivariana antes de alcanzar su objetivo.
Los sindicalistas advirtieron que la represión no frenará los reclamos y anunciaron nuevas movilizaciones para exigir respuestas concretas a sus demandas.
Desde la caída de Nicolás Maduro, la administración estadounidense ha declarado que buscará garantizar que los ingresos por exportaciones de petróleo y minerales venezolanos beneficien directamente a la población y no sean utilizados para perpetuar el control político.
El secretario de Estado Marco Rubio reiteró que cualquier flexibilización de sanciones estará condicionada a la supervisión internacional y a la asignación de fondos para salud, educación y salarios.
La presión social persiste y los trabajadores venezolanos insisten en que solo una transición legítima y la recuperación de la institucionalidad permitirán una mejora real en sus condiciones de vida.
“No vamos a dejar de luchar hasta que nuestros derechos sean respetados y tengamos un futuro digno en nuestro propio país”, concluyó Patines al cierre de la protesta.
