Armando Esteban Quito

Hace treinta años, Colombia estaba al borde de convertirse en un narcoestado fallido. Hoy, Colombia es una democracia funcional y un socio regional de seguridad de Estados Unidos. Este resultado no era inevitable. Fue fruto de la paciencia, la inversión institucional y el apoyo bipartidista sostenido durante cuatro administraciones presidenciales estadounidenses —dos republicanas y dos demócratas— a través del Plan Colombia.

Atlantic Council

El compromiso de Estados Unidos con el Plan Colombia constituye uno de los logros de política exterior más exitosos y menos reconocidos de la historia estadounidense. Es, además, precisamente el modelo que la situación actual en Venezuela exige.

Han transcurrido casi cien días desde la incursión estadounidense del 3 de enero en Caracas, que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro y dejó a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, al mando. El peligro ahora radica en que Washington considere un avance diplomático y político en Venezuela como un estado final, en lugar de como el punto de partida para el arduo y paciente trabajo de reconstrucción institucional.

Entre todos, sumamos más de cuatro décadas de experiencia directa con este desafío, tanto desde la perspectiva diplomática como militar. Hemos visto qué funciona y qué fracasa. Escribimos esto juntos porque estamos convencidos de que Venezuela representa el desafío estratégico más urgente y, a la vez, el más alcanzable en el hemisferio occidental actual. Pero solo si Estados Unidos actúa con la misma seriedad que demostró en Colombia.

¿Qué pasó en Colombia?

Cuando la administración Clinton lanzó el Plan Colombia en 1999, Colombia era prácticamente un Estado fallido, casi un país más en el hemisferio occidental. Aproximadamente la mitad de su territorio carecía de presencia de seguridad gubernamental. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) contaban con unos 18.000 combatientes y habían cercado Bogotá, controlando una zona desmilitarizada del tamaño de Suiza. El país registraba casi tres mil secuestros y cerca de sesenta homicidios por cada 100.000 habitantes en un solo año. Décadas de narcoviolencia habían penetrado y corrompido prácticamente todas las instituciones: militares, policiales, judiciales y gubernamentales. No existía una memoria institucional reciente que recuperar, ni una tradición de seguridad profesional que restaurar. Colombia debía reconstruirse prácticamente desde cero, y aun así Washington optó por asumir el compromiso. 

El Plan Colombia implicó inversiones masivas para profesionalizar, capacitar y equipar a las fuerzas de seguridad colombianas. Su éxito se debió a un equilibrio fundamental entre todos los instrumentos del poder nacional: diplomático, informativo, militar y económico. El componente de seguridad era indispensable, pero nunca lo abarcaba todo. Lo que distinguió al Plan Colombia de iniciativas menos ambiciosas fue que las fuerzas armadas colombianas se convirtieron en una fuerza de excepcional capacidad, y esta capacidad generó moderación. Esta transformación —de una fuerza infiltrada por narcotraficantes y guerrilleros a una capaz de llevar a cabo operaciones de precisión bajo el imperio de la ley— fue tanto un logro moral como militar. Paralelamente, se reconstruyó el sistema judicial, se reformaron las cárceles y se crearon instituciones que ganaron la confianza pública. Se restauró la confianza en la capacidad del Estado para proteger —y no para explotar— a sus ciudadanos, y se expandió la presencia estatal a zonas que antes carecían de control gubernamental.

Venezuela se enfrenta hoy a una situación similar. Maduro ya no está, pero el aparato de su régimen persiste. Los servicios de inteligencia, los colectivos y las unidades criminalizadas que aterrorizaron a la población siguen existiendo, a menudo con los mismos comandantes y los mismos incentivos. Grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras organizaciones terroristas extranjeras designadas se han afianzado en corredores económicos clave —sobre todo en las regiones mineras—, extorsionando y aterrorizando a las comunidades mientras desvían los recursos que Venezuela necesita para reconstruirse. En ese contexto, se pueden firmar todos los contratos petroleros y mineros que se deseen; los inversionistas seguirán siendo cautelosos y los ciudadanos comunes no percibirán los beneficios.

La lección fundamental de Colombia es simple: ninguna democracia puede reconstruirse sobre las ruinas de instituciones judiciales y de seguridad desacreditadas. Las elecciones por sí solas no bastan. Tampoco la estabilización macroeconómica. La gente necesita creer que cuando llame a la policía, acudirá alguien competente e incorruptible; que un juez escuchará su caso con imparcialidad; que la cárcel es para criminales, no para disidentes. Sin esa confianza, todo acuerdo político es frágil y toda reforma, reversible.

Es aquí donde Colombia se convierte no solo en un ejemplo, sino en un socio indispensable en este esfuerzo. Las fuerzas policiales y militares colombianas están en una posición privilegiada para ayudar a reconstruir las instituciones de seguridad de Venezuela porque recorrieron este camino en primera persona, y lo hicieron con el apoyo de Estados Unidos.

El Plan Colombia profesionalizó una fuerza que no solo había sufrido derrotas en el campo de batalla, sino que también había sido infiltrada por quienes buscaban subvertir el Estado. Instructores estadounidenses crearon unidades con personal debidamente capacitado, implementaron mecanismos de asuntos internos y establecieron una cultura de planificación operativa y rendición de cuentas. El Plan Colombia construyó un sistema de justicia capaz de procesar casos complejos de crimen organizado, con fiscales que sabían cómo elaborar expedientes; defensores públicos que garantizaban el debido proceso; y tribunales y prisiones capaces de manejar a acusados ​​de alto perfil. Ayudó al ejército colombiano a planificar y ejecutar operaciones de precisión contra las FARC, el ELN y otros grupos armados ilegales, al tiempo que reducía gradualmente los abusos.

Los oficiales y suboficiales colombianos que se formaron bajo ese sistema ahora son altos mandos. Conocen la diferencia entre el eslogan de la “guerra contra las drogas” y el arduo trabajo de la reforma. Han lidiado con la desmovilización, la reintegración, la estabilización territorial y la política de negociación con grupos armados sin renunciar al Estado. Y en la última década, ya han exportado esa experiencia a las academias de policía de Centroamérica , a las fuerzas de seguridad mexicanas y a ejercicios conjuntos en toda la región.

En Venezuela, precisamente esa experiencia es la que falta. La policía nacional, los servicios de inteligencia y muchas unidades militares fueron creados conscientemente como herramientas para la supervivencia del régimen, no para la seguridad pública. Los tribunales fueron politizados y desfinanciados . Las cárceles se convirtieron en centros de reclutamiento para organizaciones criminales. 

¿Cómo podría ser un “Plan Venezuela”?

Hasta la década de 1990, Venezuela era el socio clave de Estados Unidos en Sudamérica. Era una democracia funcional con fuerzas de seguridad profesionales, un poder judicial independiente y un aparato estatal que, si bien imperfecto, operaba dentro de normas reconocibles. Esa memoria institucional no se ha borrado; se ha reprimido. Muchas de las personas que sirvieron en esas instituciones, o que se formaron en ellas, aún viven. Las tradiciones existen. Requieren ser restauradas, no inventadas.

Basándose en el modelo del Plan Colombia, Washington debería trabajar con Bogotá y Caracas en el siguiente plan sencillo:

  • Un programa plurianual para reclutar, evaluar y capacitar a una nueva generación de policías venezolanos, utilizando la doctrina y la mentoría colombianas, junto con sólidos mecanismos de asuntos internos y derechos humanos;
  • Una iniciativa de reforma judicial para reconstruir conjuntamente los tribunales, las fiscalías, las defensorías públicas y las prisiones, de modo que los casos avancen, se protejan los derechos y disminuya la impunidad; y
  • Un programa de las fuerzas de seguridad que ayuda a las fuerzas armadas venezolanas a identificar, priorizar y desmantelar grupos armados ilegales y organizaciones terroristas extranjeras designadas, especialmente en regiones mineras, bajo reglas de enfrentamiento claras y control civil.

Estados Unidos no parte de cero en el ámbito institucional. Existen plataformas de capacitación judicial en Puerto Rico y Carolina del Sur diseñadas para acoger a jueces, fiscales y policías latinoamericanos para recibir capacitación intensiva e intercambios en español, así como la Academia Internacional de Aplicación de la Ley en El Salvador. Estas instalaciones pueden convertirse en centros para capacitar a grupos venezolanos en la elaboración de casos, investigaciones financieras, normas de derechos humanos y los aspectos fundamentales de la gestión de tribunales y prisiones que sirven a la ley y no al partido gobernante.

Aun así, Washington necesita invertir una suma considerable en esto. El Congreso debería comprometerse a financiar el presupuesto de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) durante una década, lo que lo protegería lo máximo posible de los vaivenes políticos en Washington. Bajo el Plan Colombia, la financiación sostenida durante muchos años les indicó tanto a los colombianos como a sus enemigos que Estados Unidos no se retiraría tras el primer titular negativo ni tras el siguiente ciclo electoral. Esto infundió a los reformistas dentro de Colombia la confianza necesaria para asumir riesgos y convenció a los grupos armados de que no podían simplemente esperar a que Washington se desvinculara.

Un plan para Venezuela no será barato ni rápido. Requerirá que Colombia se asocie con Estados Unidos para asumir un papel exigente y políticamente delicado en un país vecino traumatizado. Requerirá que los reformistas venezolanos acepten condiciones estrictas y una supervisión intrusiva. Requerirá que Estados Unidos se comprometa, desde el principio, a realizar al menos una década de inversión institucional constante a través del INL y cuentas relacionadas, independientemente del partido que controle el Congreso. 

¿Y cuál es ese costo? Estados Unidos aportó casi 10 mil millones de dólares al Plan Colombia entre 2000 y 2016, lo que equivale a unos 540 millones de dólares anuales en promedio. En dólares actuales, eso representaría un total de entre 15 y 16 mil millones de dólares. Un compromiso comparable de una década con Venezuela probablemente rondaría entre los 15 y 20 mil millones de dólares, debido a la mayor población de Venezuela y a la complejidad adicional de reconstruir instituciones que fueron destruidas deliberadamente en lugar de simplemente dejarse deteriorar.

Fundamentalmente, Estados Unidos no pagaría esa factura solo, y ya existe una parte significativa del capital inicial, a la espera de ser liberado. El Fondo Monetario Internacional (FMI) impide que Venezuela acceda a sus reservas de aproximadamente 5.100 millones de dólares en derechos especiales de giro hasta que su gobierno sea reconocido por la mayoría de los Estados miembros del FMI. Se trata de las reservas propias de Venezuela, no de nuevos préstamos. Con un gobierno reconocido, esos fondos podrían liberarse de inmediato para la estabilización económica y la inversión institucional. Por otra parte, el Banco de Inglaterra mantiene aproximadamente 4.800 millones de dólares en reservas de oro venezolanas, congeladas desde 2020 por el mismo motivo. Esos fondos podrían redirigirse al Plan Venezuela en cuanto se cumplan las condiciones de reconocimiento y gobernanza. Esto reduciría el compromiso neto directo de Estados Unidos a entre 5.000 y 10.000 millones de dólares en una década, ofreciendo un atractivo retorno de la inversión para la estabilidad de un país vecino del hemisferio occidental que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

¿Por qué ahora?

Si Estados Unidos pretende que la normalización diplomática y los acuerdos petroleros son suficientes, dentro de cinco años se encontrará con una Venezuela donde los mismos servicios de seguridad, los mismos grupos armados y las mismas redes corruptas seguirán dominando las calles, solo que ahora con nuevas fuentes de ingresos. Eso no es estabilidad; es un autoritarismo más rentable.

Los influyentes dirigentes venezolanos ya parecen estar analizando las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos y, discretamente, les comunican a sus allegados que si dilatan el proceso, si ceden tácticamente manteniendo intacta la maquinaria represiva, una posible futura mayoría demócrata en el Congreso limitará al presidente estadounidense Donald Trump y disminuirá la presión sobre Venezuela. Para estos dirigentes, se trata de una contienda de resistencia, no de legitimidad. Creen firmemente que pueden resistir más que Estados Unidos.

Precisamente por eso, se necesita con urgencia un Plan Venezuela. Cuantas más victorias institucionales se logren rápidamente —unidades policiales reentrenadas, tribunales en funcionamiento, éxitos tempranos contra el ELN y otros grupos armados en corredores clave—, más difícil será para cualquier futura administración en Caracas o Washington revertirlas.

Existe una segunda razón estratégica para actuar con urgencia. Venezuela no es un Estado frágil más. Posee algunas de las mayores reservas de petróleo del mundo . Además, el Arco Minero del Orinoco contiene depósitos confirmados de oro, diamantes, coltán, níquel y cobre, cuya extensión total nunca ha sido auditada de forma independiente. Estos son los minerales esenciales para la economía del siglo XXI: los componentes básicos de las baterías, los semiconductores y los sistemas de defensa.

Si las instituciones estatales legítimas no controlan esos recursos, alguien más lo hará: fachadas del ELN, redes rusas o iraníes, crimen organizado transnacional. Esto socavaría no solo la recuperación de Venezuela, sino también los intereses energéticos y de seguridad de Estados Unidos durante una generación. Lo que está en juego estratégicamente para el Plan Venezuela no es comparable a lo que está en juego para el Plan Colombia. Es categóricamente mayor.

El Plan Colombia fue una importante prueba de concepto para el éxito de la intervención militar estadounidense en el extranjero: cuando Estados Unidos aplica el marco adecuado, le proporciona los recursos suficientes y mantiene su compromiso a lo largo de las distintas administraciones, puede tener éxito. Venezuela merece la misma seriedad, y la merece ahora, mientras aún existe la oportunidad.

El asfalto de Las Mercedes todavía guarda el calor del mediodía cuando los primeros grupos empiezan a congregarse en la plaza Alfredo Sadel. Esta zona, un hervidero comercial que a los ojos de un madrileño evocaría el ritmo del barrio de Salamanca, amaneció hoy con un pulso distinto.

ABC

Sindicalistas de rostros curtidos y familiares de detenidos por razones políticas aferrados a pancartas de cartón. El destino original era la sede diplomática norteamericana. La exigencia, doble: elecciones libres inmediatas y cuentas claras sobre los fondos petroleros que reposan bajo la custodia de la administración Trump.

Cumplido el primer trimestre del Gobierno de transición que encabeza Delcy Rodríguez, la promesa de reconciliación parece haberse evaporado en el aire denso de la capital. La Ley de Amnistía, vendida al mundo como el gran hito pacificador tras la caída de Nicolás Maduro, terminó estrellándose contra un muro de exclusiones quirúrgicas y un retardo procesal que asfixia. Aunque a último minuto los organizadores decidieron abortar la caminata por seguridad, una pequeña comisión logró abrirse paso hasta la embajada para entregar sus demandas.

El momento elegido no es casual. Coincide con un movimiento de piezas en el tablero de la Casa Blanca. La delegación estadounidense en Caracas estrena jefe: el diplomático John Barrett asume como encargado de negocios en reemplazo de Laura Dogu. Barrett aterriza en un país donde la calle arde, con la tarea de administrar la presión sobre 47.000 millones de dólares descongelados que los venezolanos exigen no entregar a una Administración transitoria que perciben ineficiente. La ironía no escapa a nadie: el nuevo enviado de Washington llega para vigilar una transición democrática, pero termina siendo el blanco de quienes le exigen que use ese dinero para reactivar hospitales y pagar salarios, en lugar de financiar burocracia.

A pie de calle, el ambiente es eléctrico. Las consignas de «elecciones ya» y «calle y lucha» rebotan contra las fachadas de cristal. Eduard Ocariz, defensor de derechos fundamentales y él mismo un ex recluso de conciencia, resume el sentir general con crudeza. Para él, la normativa es un traje a la medida del poder. Asegura que funciona como una puerta giratoria que solo libera a quienes resultan útiles para la narrativa oficial, mientras mantiene a más de seiscientos detenidos y doscientos veinte militares pudriéndose en las celdas.

Drama humano

El drama humano detrás de la guerra de cifras es palpable en cada rostro. Desde los despachos oficiales, Jorge Arreaza, presidente de la comisión parlamentaria encargada de supervisar la ley, sacaba pecho informando que la ejecución suma 8.351 beneficios de libertad plena. Sin embargo, Foro Penal desmiente tajantemente esa narrativa. Sus registros documentan que al menos 485 personas continúan presas por razones políticas. Incluso el cierre del Helicoide, aquel centro de detención cuya clausura se anunció con bombos y platillos, sigue siendo una ficción.

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El analista político y abogado, Johel Orta ha ofrecido un diagnóstico detallado sobre la situación actual de Venezuela, describiéndola como un período de «reacomodo controlado» que, si bien muestra señales de «apertura táctica, mantiene un control político persistente y desafíos significativos para la consolidación democrática». Asimismo afirmó que en Venezuela estamos en presencia de un «reacomodo político controlado» que debe formularse con «apertura limitada y desafíos institucionales democráticos».

Nota de prensa

Según Orta, desde el «pasado 3 de enero, el país ha experimentado una nueva realidad política con una soberanía limitada, marcada por la instalación de la Asamblea Nacional y la juramentación de la entonces vicepresidenta ejecutiva como presidenta encargada»

Sin embargo, «la conformación de la directiva parlamentaria no reflejó una apertura proporcional a la votación obtenida por la oposición, con el diputado Zambrano asumiendo la presidencia de la Comisión de Política Exterior y otros parlamentarios ocupando vicepresidencias o responsabilidades secundarias».

Reformas controladas

Esta situación subraya «la necesidad de reformar el Consejo Nacional Electoral (CNE) en cuanto a la representación y asignación de curules en nuestra Asamblea Nacional».

«El Poder Ejecutivo, por su parte, ha acelerado la aprobación de leyes de alto impacto. Se destaca la Ley de Amnistía, que ha permitido la liberación de más de 8.300 presos políticos, aunque aún queda un número considerable por salir», destacó el jurista y analista político.

Asimismo, se «aprobaron rápidamente la Ley de Hidrocarburos, abriendo la puerta a la inversión extranjera en el sector petrolero después de más de dos décadas, y la Ley de Minas para la explotación de minerales preciosos y tierras raras en el sur del país».

En cuanto a los nombramientos institucionales, Orta señaló que «algunas designaciones que sugieren una apertura selectiva, como la Doctora Ana Maria Sanjuán en el Ministerio de Educación Superior, una figura no militante del PSUV, y Egleé González Lobato como Defensora del Pueblo. No obstante, en otros ministerios, la renovación ha sido limitada».
Un aspecto clave de este reacomodo son los «enroques» en el gabinete y el estamento militar.

El analista destacó la salida del «general Padrino López de la cartera castrense y su posterior designación en el Ministerio de Agricultura y Tierras», asimismo agregó que estos movimientos, comunes son parte de la denominada V República»,

Orta afirmó que «todo esto que pasa en el país es parte de un proceso de estabilización y reacomodo institucional», que en gobiernos de «corte socialista a menudo se traduce en purgas».

El abogado Orta enfatizó que, «si bien la apertura económica busca atraer capital extranjero y estabilizar los ingresos, la apertura política sigue siendo limitada. La agenda de rediseño institucional en debate incluye propuestas opositoras como el retorno a un congreso bicameral, el recorte del periodo presidencial y la revisión de la reelección indefinida. Hoy en el país la expectativa es lograr un Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con magistrados no vinculados al oficialismo y un CNE con rectoría plural y democrática, buscando un equilibrio efectivo de poderes públicos en nuestra nación».

«Estamos frente a un reacomodo en tiempos políticos distintos», afirmó Orta.

Asimismo agregó que «el riesgo principal es que la apertura económica funcione como un sustituto, y no un preludio, de una verdadera apertura política».

«Sin reformas profundas en la representación y la justicia, la gobernabilidad podría seguir siendo precaria», subrayó el analista político.

Orta concluye que la «condición habilitante para una transición exitosa es la formación de un Gobierno de amplia base que garantice un reparto equitativo de costos y legitimidad, evitando que las rotaciones internas sigan dominando la escena y posponiendo el equilibrio institucional».

La llegada de María Corina Machado a España era una oportunidad valiosa para que el Gobierno rectificara su posición y visibilizara de forma clara su compromiso con un futuro netamente democrático para Venezuela. Sin embargo, Pedro Sánchez no sólo ha optado por persistir en su alineamiento con el bloque de la izquierda latinoamericana que siempre se ha mostrado comprensivo con el régimen, sino que ha decidido convertir a España en el escaparate de la fractura política que recorre la región.

La líder opositora a Nicolás Maduro está protagonizando una gira internacional que ella misma plantea como antesala a su esperado regreso a Caracas. Tras ser recibida por Emmanuel Macron y Giorgia Meloni, en Madrid pretende renovar el vínculo emocional con la nutrida diáspora, que en todos estos años no ha descansado en su denuncia del chavismo y en su papel como sostén moral de la oposición. Machado se reunirá además con dirigentes de la derecha política como Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal, pero con nadie del Gobierno. La distancia entre Sánchez y quien hoy encarna las aspiraciones democráticas de Venezuela se hace así inocultable.

Es cierto que la falta de sintonía política es recíproca. La propia Machado no se ha mostrado proclive a citarse con el Gobierno, lo que ha permitido a la Moncloa señalarla como responsable de esta anomalía. Con todo, la desconfianza de la líder opositora es comprensible, teniendo en cuenta la oscura cercanía del PSOE con Delcy Rodríguez, así como el precedente de Juan Guaidó, cuya recepción oficial fue cancelada por la Moncloa en el último momento.

La apuesta del Gobierno es otra y se verá hoy y mañana en Barcelona, en la Global Progressive Mobilisation. En este foro organizado por el PSOE, y que contará con la elocuente participación de José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente se verá acompañado por el brasileño Lula da Silva (país al que equipara con nuestros vecinos al organizar una cumbre bilateral), el colombiano Gustavo Petro y la mexicana Claudia Sheinbaum. El mensaje político es el de una alianza ideológica más enfocada hacia el llamado Sur Global que hacia la centralidad y los valores clásicos de la socialdemocracia europea.

Por su histórica influencia en la región, España está obligada a presionar a un chavismo reciclado que sobrevive a la extracción de Maduro a base de retoques insuficientes bajo la tutela de EEUU. No es esto lo que está sucediendo. Mientras, en Madrid, Machado representará la apuesta por la reinstitucionalización tras años de deriva autoritaria, el Gobierno se retratará en Barcelona junto a quienes, por afinidad ideológica, han apostado por apaciguar a los autócratas que han arrasado Venezuela.

El Mundo

La líder venezolana y premio Nobel de la Paz María Corina Machado agradeció este viernes en Madrid la solidaridad española con la causa venezolana y pidió «aliados» para afrontar el reto pendiente: «Terminar de concretar el desplazamiento del régimen».

EFE

«Queda desplazar esta estructura criminal del poder y para ello, y también lo registrará esa historia que escribiremos juntos, requerimos a nuestros genuinos aliados del mundo entero, porque la lucha por la libertad es universal y aquí en España se está librando también la lucha por la libertad de Venezuela y de nuestras naciones».

Así lo afirmó en la sede del Partido Popular (PP) español al inicio de su encuentro con el líder de la oposición española, Alberto Núñez Feijóo, que al recibirla la había calificado de valiente.

«El reto mayor es terminar de concretar el desplazamiento de un régimen que derrotamos primero espiritualmente, después electoralmente y a principios de este año militarmente», añadió.

Para Machado, hoy es necesario «más que nunca» hablar «con la verdad». «Eso requiere un enorme coraje y ustedes lo han demostrado», dijo desde la sede del PP, donde consideró que es el momento de avanzar «en favor de la liberación de todos los venezolanos» y «a través del voto en elecciones en las cuales todos los venezolanos que están afuera también puedan votar».

«Gracias a cada uno de ustedes, nuestros amigos. La historia reconocerá todo lo que han hecho hasta hoy. No estaríamos aquí si no fuera por esta solidaridad enorme que también tiene que ver con su propia libertad y autonomía. Gracias a España, gracias por acoger a tantos compatriotas y hacerlos sentir en su hogar. Pero les adelanto algo: los queremos a todos de vuelta», dijo.

A su vez, Feijóo reclamó en esa comparecencia conjunta «primero que María Corina pueda volver a Venezuela y segundo unas elecciones libres con calendario explícito y cuanto antes».

A su juicio, Venezuela ha iniciado «un proceso de transición» que «no está terminado», pero «es irreversible» y en el que el PP tiene «muchas esperanzas». Será completo, sostuvo, «cuando no queden presos políticos», se haya acabado con el miedo y los venezolanos «puedan votar sin amenazas, sin fraude y con garantía».

En su discurso, Feijóo consideró que el sitio de España es «con la libertad», con «hispanoamérica libre», «con la democracia» y «con luz y taquígrafos» y «no con la dictadura escondida en el aeropuerto de Barajas».

Aunque hoy haya quien «no está en ese sitio», sí lo está «quien nunca falla», la sociedad española, agregó.

Feijóo explicó que Machado fue recibida en su sede como cuando un presidente autonómico gana unas elecciones, porque ella «ha ganado las elecciones en Venezuela» y por tanto es suya «la legitimidad y la legitimidad moral del pueblo venezolano».

Su trayectoria, añadió, es «un ejemplo de coherencia, pero también de determinación».

«Gracias por poner esos valores por encima y por delante de tu integridad personal, no solo la tuya, sino la integridad personal de tu familia», afirmó Feijóo, quien también le agradeció por no parar cuando quisieron frenarla y no venderse cuando «otros sí lo hicieron».

Machado había llegado hacia las 11.00 (09.00 GMT), donde fue recibida igualmente por otros altos cargos del partido, entre ellos la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, amiga suya, además de militantes y ciudadanos, con gritos de «valiente» y «libertad».

Su agenda contempla entre otros recibir esta tarde la llave de oro de la ciudad de Madrid de manos del alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, mientras que el sábado dará una rueda de prensa y se verá con la comunidad venezolana en la céntrica Puerta del Sol.

Del campo de batalla al campo para sembrar. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, insiste en que Venezuela vive un “nuevo momento político”. Sin embargo, para reincorporar en el gobierno al exministro de Defensa, Vladimir Padrino López, utilizó una vieja fórmula: poner a los militares al frente del jugoso negocio de los alimentos.

Por: Pedro Pablo Peñaloza – Infobae

Padrino López rompió todos los récords al acumular 11 años y 5 meses en la cartera de Defensa. Algunos valoraron su remoción, anunciada el 18 de marzo, como un esfuerzo por refrescar el liderazgo oficialista.

Otros más atrevidos llegaron a afirmar que con esta destitución, la mandataria interina avanzaba en el desmontaje de la estructura de poder instalada por Nicolás Maduro.

En principio, su salida marcaba el movimiento de mayor calado dentro del tren ejecutivo. Figura emblemática del chavismo, sobre su cabeza pesa una recompensa de 15 millones de dólares de Estados Unidos, que lo acusa por narcotráfico y corrupción.

Sin embargo, el 13 de abril Delcy Rodríguez volvió a llamar al general en jefe del Ejército con el fin de entregarle las riendas del Ministerio para la Agricultura Productiva y Tierras.

Padrino López recibió el despacho de manos de Julio León Heredia, exgobernador del estado de Yaracuy y oficial retirado de la Aviación Militar Bolivariana. De esa misma fuerza proviene Wilmar Castro Soteldo, quien fue ministro de Agricultura durante ocho años hasta que le entregó el testigo a Menry Rafael Fernández, general de División del Ejército.

La cartera de Alimentación también se ha mantenido bajo la égida de los uniformados. Su actual responsable es el mayor general Carlos Leal Tellería. Antes que Leal Tellería desfilaron los oficiales Luis Alberto Ramírez, Rodolfo Clemente Marco Torres y Carlos Alberto Osorio Zambrano, entre otros.

A discreción

Hace exactamente una década, Nicolás Maduro lanzó la “Gran Misión Abastecimiento Soberano” con el objetivo de solucionar los altos niveles de escasez que sufría la población. El programa -dirigido por Padrino López- fue un rotundo fracaso, pero sirvió para que más de 500 militares asumieran tareas en el control de alimentos y artículos de primera necesidad, según registró en abril de 2018 la organización no gubernamental Control Ciudadano.

“Es inconcebible que exista un militar responsable para cada rubro de insumo en el país, desde el general encargado del abastecimiento de toallas sanitarias, pasando por un almirante encargado de la mayonesa, un general responsable del abastecimiento de mortadela, hasta otros del champú o de la carne de conejo”, cuestionó en su momento la abogada Rocío San Miguel, vocera de Control Ciudadano que fue detenida en febrero de 2024 acusada de conspirar contra el régimen de Maduro.

La ONG alertó que las importaciones realizadas en el marco de la misión no fueron transparentes. “Tampoco la gestión de divisas preferenciales otorgadas para el cumplimiento de los objetivos”, subrayó.

El manejo de los militares en los temas de producción agrícola e importación de alimentos siempre ha sido blanco de denuncias y críticas. Pese a ello, Delcy Rodríguez vuelve a confiar en Padrino López, quien ahora cambiará su tanque de guerra por un tractor.

El Fondo Monetario Internacional anunció este jueves que retoma formalmente los vínculos institucionales con Venezuela, suspendidos desde 2019 por disputas sobre el reconocimiento del gobierno.

Reuters

La directora gerente, Kristalina Georgieva, comunicó que el organismo vuelve a interactuar oficialmente con el país sudamericano bajo la administración encabezada por la jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez.

La decisión de retomar el vínculo fue adoptada luego de que la mayoría de los miembros del FMI se manifestaran a favor de reconocer a Rodríguez como interlocutora.

El FMI está tratando ahora con el Gobierno de Venezuela, bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez”, declaró Georgieva en un comunicado.

El restablecimiento de la relación llega en el marco de las Reuniones de Primavera que el FMI y el Banco Mundial celebran en Washington esta semana.

El Fondo explicó que la medida se ajusta a la práctica institucional del organismo en situaciones de reconocimiento de gobiernos, y señaló que Venezuela sigue siendo miembro pleno desde 1946.

Con este giro, el FMI podrá volver a recopilar formalmente datos económicos sobre Venezuela y evaluar la situación macroeconómica del país, algo que no ocurría desde 2004.

La última vez que el organismo publicó un informe completo sobre la economía venezolana fue hace dos décadas, lo que había limitado el acceso a información financiera clave tanto para los mercados internacionales como para los potenciales acreedores.

Esta nueva etapa abre la puerta a que Caracas inicie el proceso para solicitar asistencia financiera y técnica al organismo multilateral, siempre que cumpla con los requisitos y protocolos habituales.

Inversionistas y analistas del mercado han interpretado este paso como una señal positiva para el proceso de reestructuración de la deuda venezolana, que podría requerir un nuevo programa de financiamiento respaldado por el FMI para considerar sostenible cualquier esquema de pagos.

La reanudación de relaciones llega en un contexto en el que Venezuela intenta normalizar sus lazos diplomáticos y económicos con Estados Unidos. Desde la intervención militar que terminó con la captura de Maduro, el régimen chavista ha aceptado las condiciones económicas y petroleras propuestas por la administración de Donald Trump para avanzar en la reactivación de exportaciones de hidrocarburos y atraer inversión extranjera.

Paralelamente, el Banco Mundial siguió los pasos del FMI y restableció también las relaciones con el régimen de Rodríguez, lo que podría facilitar nuevas líneas de crédito y apoyo para proyectos de desarrollo e infraestructura.

Las autoridades venezolanas han señalado en reiteradas ocasiones que el acceso a financiamiento multilateral es esencial para hacer frente a las profundas dificultades económicas que enfrenta el país, agravadas por años de recesión, hiperinflación y sanciones internacionales.

El vínculo entre Venezuela y el FMI se había roto en marzo de 2019, cuando el Fondo decidió reconocer a la oposición —entonces con control parlamentario— como el gobierno legítimo en medio de la crisis política. Con el nuevo escenario, el organismo retoma el diálogo con la administración instalada en Caracas, lo que supone un paso clave para la reinserción de Venezuela en los circuitos multilaterales y el acceso a información técnica y financiera de referencia global.

El FMI recordó en su comunicación que la decisión está guiada por la voluntad mayoritaria de sus miembros y alineada con la práctica de larga data del organismo en situaciones de reconocimiento de gobiernos.

La directora gerente Georgieva formalizó el anuncio desde la sede central del Fondo en Washington, en un movimiento que podría marcar el inicio de una nueva etapa para la economía venezolana y su relación con los organismos internacionales.

Con una advertencia clara sobre los riesgos ecológicos de la minería sin control y la necesidad urgente de una ley de alto impacto ambiental, se desarrolló el foro “Tierras raras y su impacto socioeconómico y ecológico en Venezuela”, promovido por la Fundación Vida Verde (Funvive), donde especialistas, autoridades y legisladores coincidieron en que el país enfrenta una encrucijada, entre aprovechar sus recursos estratégicos para la tecnología global o enfrentar una crisis ecológica por la extracción intensiva de recursos naturales a gran escala.

NDP

“Las tierras raras no son solo minerales; son la base de la tecnología moderna y la transición energética mundial. Para Venezuela, esto representa una oportunidad económica sin precedentes, pero también un desafío ético y ambiental de gran magnitud”, señalaron los organizadores al abrir el debate.

El embajador Julio César Pineda resaltó que “Venezuela cuenta con importantes reservas de Litio, Coltán, Uranio y otras tierras raras que podrían tener gran impacto para el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial del país. pero, es fundamental hacer valer la Constitución y las leyes ambientalista”.

Por su parte el doctor Manuel Díaz, aseguró que la discusión ambiental no puede ser tibia ni postergable. Advirtiendo que de lo contrario pronto se verán las consecuencias.

“Si bien el desarrollo de la industria minera es necesario para los avances tecnológicos y económicos del país, no debe dejarse de lado la posibilidad de crear una ley de alto impacto para proteger el medio ambiente de lo que se le avecina a Venezuela. O legislamos ahora con visión ecológica, o después pagaremos las consecuencias con ríos envenenados, suelos estériles y comunidades destruidas”, advirtió.

Entre los presentes se encontraban representantes de la Embajada de China Xa Yan y Lu Qiging, Aleksei Nerovnio tercer secretario de la Embajada de Rusia y Thiago Piñon analista político de la Embajada de Portugal. Además de la rectora Aime Nogal, los diputados José Gregorio Correa, Salomón Centeno, Alejandro Aguilera y Omar Ávila, y el director general del TSJ Mario Arias. Todos coincidieron en que el Parlamento debe abrir una consulta amplia para una Ley de Ordenamiento de la Minería de Tierras Raras con estándares ecológicos estrictos, ya que Venezuela tiene en sus manos el mineral del futuro, pero si se extrae sin control, sin leyes ambientales de alto impacto y sin mirar las cicatrices sociales, la transición energética global se convertirá en su propio desastre ecológico local.

Edmundo González está hospitalizado en Madrid, por lo que no podrá acompañar a María Corina Machado el próximo sábado en un encuentro con compatriotas en la capital española, según anunció este viernes en su cuenta de X.

EFE

«Como siempre, quiero hablarles con la verdad. Yo no voy a poder acompañarlos. Llevo unos días hospitalizado -seguimiento de la intervención de hace un mes-«, escribe en la red social, donde afirma que no lo había dicho antes porque quería esperar a que Machado estuviera en Madrid, a donde llegó ayer para una visita en el marco de una gira europea.

Este sábado 18 a las 18.00 hora española (16.00 GMT) María Corina Machado se encontrará en Madrid con la comunidad venezolana en España, dentro de las actividades que tiene programadas durante su visita a la capital.

«Hoy nos hemos visto y hemos conversado largo, hay mucho que coordinar y lo estamos haciendo. Este momento es suyo, el encuentro es suyo con todos los venezolanos, y así debe ser. Les confieso que esperé hasta el último momento con la ilusión de poder estar presente, la realidad me lo impide». «Lo que importa es que yo los seguiré desde donde estoy, atento a cada palabra y a cada imagen que llegue, como muchos venezolanos», dice.

«Cada vez que nos reunimos así -A la venezolana- en Madrid, en Miami, en Santiago, en cualquier ciudad que nos ha prestado un pedazo de suelo, nos acercamos un poco más al día en que hagamos viaje de retorno. El que todos llevamos pendiente. El de volver a Venezuela», continúa.

«A todos los que puedan llegar el sábado, los invito a hacerlo. Vayan por los que no podemos, vayan por los que están allá esperándonos en casa» dice, y concluye con humor: «Nota: me disculpo por estar despeinado».

Edmundo González, que fue el candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024, al que la oposición dio por ganador frente a Nicolás Maduro, se encuentra en España exiliado.

Querida familia venezolana,

El sábado 18, a las 18, Madrid nos vuelve a abrir sus puertas, y María Corina Machado estará con nosotros en ese encuentro que tanto hemos esperado. Su gira es una prueba de que Venezuela sigue de pie, que la gente se mueve, se organiza y se encuentra así sea a miles de kilómetros de casa, en ciudades que hemos ido haciendo nuestras, que nos han acogido con una generosidad que llevamos en el pecho.

Como siempre, quiero hablarles con la verdad. Yo no voy a poder acompañarlos. Llevo unos días hospitalizado -seguimiento de la intervención de hace un mes-, y no lo había anunciado antes porque quería esperar a que María Corina llegara a Madrid. Hoy nos hemos visto y hemos conversado largo, hay mucho que coordinar y lo estamos haciendo. Este momento es suyo, el encuentro es suyo con todos los venezolanos, y así debe ser. Les confieso que esperé hasta el último momento con la ilusión de poder estar presente, la realidad me lo impide.

Lo que importa es que yo los seguiré desde donde estoy, atento a cada palabra y a cada imagen que llegue, como muchos venezolanos.

Cada vez que nos reunimos así -A la venezolana- en Madrid, en Miami, en Santiago, en cualquier ciudad que nos ha prestado un pedazo de suelo, nos acercamos un poco más al día en que hagamos viaje de retorno. El que todos llevamos pendiente. El de volver a Venezuela.

A todos los que puedan llegar el sábado, los invito a hacerlo. Vayan por los que no podemos, vayan por los que están allá esperándonos en casa.

Nota: me disculpo por estar despeinado.

El mandato popular del 28J y el mandato constitucional se dan la mano. La gente votó por el desalojo del chavismo del poder. La usurpación persistente obliga a todos los venezolanos a actuar en consecuencia.

Delcy Rodríguez no es legítima porque Donald Trump haya decidido reconocerla. En Venezuela, la legitimidad no emana de la voluntad, acertada o equivocada, de un gobierno extranjero. Emana de la Constitución y del voto. Punto.

La contradicción de Washington es flagrante. Tras la captura de Maduro, Marco Rubio afirmó sin ambigüedad que “Maduro no es el presidente de Venezuela” y que su régimen carecía de legitimidad, calificándolo además como estructura criminal vinculada al narcotráfico.

Si eso es cierto, entonces todo lo que emana de ese poder ilegítimo es, por definición, nulo. Nombramientos incluidos. Delcy Rodríguez no fue designada por una autoridad legítima. Fue producto de una estructura criminal que usurpaba el Estado. De hecho, Delcy Rodríguez fue y sigue siendo pieza ultra clave del engranaje corrupto que llevó a Venezuela a la ruina.

Y ninguna decisión posterior de Washington – reconocimiento diplomático o levantamiento de sanciones – corrige ese origen y esa realidad. No lo limpia. No lo legitima.

Quienes hoy firman contratos con el “gobierno” que Washington ha decidido tolerar o vestir de “magnífico” deben entenderlo con claridad: ese gobierno no tiene legitimidad en Venezuela. Tiene utilidad táctica para otros. Nada más. No se equivoquen.

La lucha de décadas en Venezuela ha sido contra el autoritarismo, la ilegalidad, la mentira y el crimen. No se derrota ese sistema reciclándolo arbitrariamente con otro nombre ni administrándolo desde afuera.

Se está intentando construir estabilidad sobre una base profundamente viciada. Y toda estabilidad fundada sobre la ilegalidad es, por definición, de alto riesgo y efímera.

Estamos a tiempo de corregir el rumbo. Pero eso exige algo que hoy escasea: coherencia y voluntad de llamar las cosas por su nombre. Cada día que pasa se amalgaman la corrupción que define al chavismo y el oportunismo que está desatado en Washington.

Lo que realmente importa no es quién gobierna Venezuela, ni quién se beneficia materialmente de la enredada situación actual.

Es algo mucho más básico: si los venezolanos seguimos siendo dueños de nuestra legitimidad o si ahora también eso se decide de forma inconsulta e improvisada en Washington.

Pedro Mario Burelli
@pburelli

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