Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

“Sólo hay una regla para todos los políticos del mundo: no digas en el poder lo que decías en la oposición”. Aunque la frase pertenece a la ficción (la novela “Maid in waiting” de John Galsworthy), bien podría ser uno de los consejos que han inspirado a Gustavo Petro en su excursión a la Casa Blanca. Por supuesto, Petro no tiene nada que ver con la refinada y cáustica sociedad que el Nobel británico retrató en su famosa saga de los Forsyte, pero parece coincidir con el personaje del profesor Hallorsen en la efectividad de la mutación ideológica. Una mutación que, en su caso, no se ha producido en el tránsito de la oposición a la presidencia, sino en el camino que va de Bogotá a Washington.

Por: Pilar Rahola – Infobae

Ciertamente el giro de guion ha sido espectacular. No hace nada aún nos deleitaba ese Petro guardián del santo grial de la izquierda, camisa en rojo y espada en la mano, perdiéndose lentamente en el espectro bolivariano. “Se está mimetizando con Maduro”, clamaban ilustres voces de la oposición, y los discursos presidenciales abonaban el diagnóstico: “genocidio en Gaza”, “Milei fascista”, “Trump malo, malo, malo”, y el resto de los ítems conocidos. Era tanta la deriva que se empezó a engendrar la idea de un frente opositor, no para ganar las elecciones, sino directamente para “salvar a Colombia”, en frase épica del ex presidente Pastrana. Y si el Petro de estos últimos tiempos era la versión colombiana de los Podemos del mundo, el Petro de estas últimas semanas, desatado con Trump por “maltratar” a los emigrantes y por “secuestrar” a Maduro, hacía méritos para codearse con el póster del Che Guevara.

¡Viva la Revolución! Viva… hasta que don Trump se puso al teléfono, le habló bajito y le dio pase de visitante para la White House. En la previa, el mandamás norteamericano había dejado caer el simpático aviso de una posible intervención militar, en la última versión del clásico del trumpismo de empezar amenazando para acabar negociando. Aunque no siempre, de ahí que las amenazas no debían caer en saco roto en la Casa de Nariño. Amenaza, llamada y viaje, y lo siguiente ha sido una maravilla del postureo político. Trump pasó, de ser la encarnación del mal a ser un “gringo franco”, de esos que gustan a don Petro. Y el ídem pasó de ser el líder del narcotráfico, entrar en la lista Clinton y perder el visado, a convertirse en un tipo “muy amable” con el que “nos llevamos muy bien”. Un festival olímpico de cinismo.

Es cierto que la reunión fue a puerta cerrada, sin prensa, ni agasajo en la entrada del Ala Oeste, ni tuvo la tradicional guardia de honor militar, despojado de la rutilancia de la que habían gozado Nayib Bukele y Javier Milei, pero dos horas con Trump valen un imperio. Y así, dos políticos de boca grande y verbo fuerte, situados a las antípodas ideológicas y en plena crisis regional, salían de la reunión convertidos en monjes tibetanos. Lo que tiene la real politik cuando se pone estupenda.

Disfrutado el espectáculo, cabe preguntarse el qué, el por qué y el hacia dónde, no en vano Colombia sigue siendo una zona caliente en términos de violencia de guerrillas, crimen organizado y deterioro democrático. El informe de la ONU no deja dudas: Colombia produce el 67% de la cocaína del mundo, ha aumentado su producción un 53% y la superficie dedicada al cultivo ha alcanzado las 253.000 hectáreas. Además, parte del territorio, especialmente en la frontera con Venezuela, está fuera del control del estado, y el letal Tren de Aragua ya ha acampado en tierras colombianas según los datos de InsightCrime. “Estamos volviendo a los tiempos de Pablo Escobar”, me decía hace unos meses Ingrid Betancourt, y la expresión la he escuchado en otras voces opositoras. Todos ellos señalan a Petro como principal responsable.

Entonces, ¿qué ha cambiado? Sin ninguna duda, la acción militar de Estados Unidos en Venezuela y la detención de Maduro: este es el hecho que transforma el paradigma en la región y asienta las bases de un tiempo nuevo. Con la caída de Maduro, el régimen bolivariano ha perdido su poder expansivo, tanto como Petro pierde un aliado fundamental y, además, se sitúa primero en el foco del conflicto. Si la onda expansiva de la caída de Maduro está sacudiendo seriamente a Cuba, es evidente que también ha sacudido a Colombia, y en ese nuevo tiempo, no cabe el Petro de la camisa roja. De ahí que se haya puesto el vestido de niño bueno, haya ido con las orejas gachas y haya vuelto enamorado del gringo franco. No podía hacer otra cosa si quería sobrevivir. Además, en una Colombia que gusta de tener buenas relaciones con Estados Unidos, la situación de conflicto con Trump también incidía negativamente en las elecciones.

En este sentido, es evidente que Petro ha vuelto reforzado de su visita a Washington: ha pasado de ser un repudiado –el “an illegal drug leader” del famoso tuit de Trump-, a ser un negociador. Los sapos ideológicos que se ha tragado por el camino, se digieren bien en el poder.

Trump también ha ganado en su afán de demostrar que es el mastermind de un mundo nuevo, capaz de atacar en todos los frentes y poner en vereda a todos los díscolos. ¿Significa ello que ha cambiado la relación entre Trump y Petro? No lo parece, aunque la reunión permite concluir que se aleja el riesgo de intervención militar. Pero más allá de ello, no es probable que Trump haya abandonado la agenda colombiana, y menos que se fíe de Gustavo Petro. Una cosa es darle unos golpecitos en la espalda, y otra considerarlo confiable. Sea como sea, la caída de Maduro va cobrándose víctimas: la primera, su régimen, en proceso de caída prolongada; la segunda, la degradación de Cuba, que acelera la erosión de la dictadura castrista; la tercera, la impostación pseudo revolucionaria de Petro, que ha pasado del grito huracanado, a ser un mudito disciplinado. La región está mutando, y quienes no muten con ella, se quedarán fuera de la ecuación.

X: @RaholaOficial

Web: https://pilarrahola.com

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, lanzó el miércoles una advertencia a las filas del chavismo y llamó a la unidad del sector oficialista de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

El Nacional

“Mientras nos vean unidos, lo pensarán. Si nos ven separados, nos van a comer uno a uno. Y no va a quedar nadie, ninguno de nosotros”, afirmó Cabello durante el acto conmemorativo por el 34 aniversario del fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992.

La ceremonia se realizó en el Cuartel de la Montaña, en Caracas, donde reposan los restos de Hugo Chávez, y contó con la presencia de militares que participaron en la intentona, así como dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

El llamado a la “máxima unidad” tras la captura de Maduro

Sin mencionar de forma explícita las pugnas internas, Cabello reconoció que el chavismo atraviesa un momento muy complicado que exige elevar “los niveles de conciencia” del liderazgo político y militar.

“No puede haber lugar para el individualismo ni los personalismos. Este tiempo histórico exige máxima unidad de las fuerzas revolucionarias”, sostuvo.

Insistió en que la cohesión interna es la única garantía de supervivencia política del oficialismo. “Los únicos que garantizamos la paz de este país somos nosotros, el pueblo chavista”, afirmó.

Cabello evocó episodios de crisis enfrentados por Chávez, como el golpe de Estado de 2002 y su enfermedad, para subrayar que, en su opinión, las derrotas pueden transformarse en victorias a largo plazo.

“El que se desespera pierde. Calma y cordura. Además de la unidad, debemos tener inteligencia para actuar y tomar decisiones que a veces son incómodas, pero necesarias”, dijo, sin hacer referencia directa al gobierno estadounidense.

Cabello calificó como “artero y vil” el ataque del 3 de enero, en el que fueron capturados Maduro y su esposa, Cilia Flores, a quienes definió como “prisioneros de guerra”.

Cabello respalda a Delcy Rodríguez

Ya hacia el final de su discurso, Cabello expresó su respaldo a Delcy Rodríguez, quien quedó al frente del Ejecutivo tras la captura de Maduro, y aseguró que su designación no fue producto de una ambición personal.

“Acompañamos a nuestra hermana Delcy en la difícil tarea que está cumpliendo, que no pidió. Le hubiera podido tocar a cualquiera que hubiera sido designado vicepresidente”, afirmó, al tiempo que la calificó como “una mujer buena y valiente”.

La Iglesia católica venezolana pidió a las autoridades del Estado avanzar en mecanismos de amnistía para los presos políticos, garantizar condiciones dignas de reclusión y respetar plenamente el debido proceso y los derechos humanos.

El Nacional

Monseñor Jesús González de Zárate, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, hizo el llamado el miércoles durante la instalación de la centésima vigésima quinta Asamblea Ordinaria Plenaria de la institución.

“Solicitamos a quienes están al frente de las instituciones del Estado que lleven adelante formas de amnistía o de condenación de la pena o implementen itinerarios de inserción para los privados de libertad”, declaró.

El presidente del episcopado subrayó que la Iglesia mantiene una posición pastoral y no partidista frente a la crisis del país, pero insistió en que la defensa de la dignidad humana, la justicia, la verdad y la paz forma parte esencial de su misión.

Señaló asimismo que la asamblea tendrá dos ejes centrales de trabajo: de reflexión y discernimiento sobre los desafíos que plantea la realidad nacional, especialmente tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el 3 de enero, y el estudio del plan de trabajo de la conferencia y sus órganos ejecutivos para el período 2026-2029.

En el acto, en el que estuvieron presentes el cardenal Baltazar Porras y monseñor Alberto Ortega, nuncio apostólico en Venezuela, pidió garantizar condiciones dignas de reclusión y el respeto estricto del debido proceso y de los derechos constitucionales.

Ley de amnistía en Venezuela

La declaración de la Iglesia católica ocurrió días después del anuncio de una ley de amnistía, una iniciativa que, según analistas, podría abrir un camino hacia una eventual transición política, aunque con alcances todavía inciertos y condicionados a cambios profundos en el sistema judicial.

El politólogo y profesor de la Universidad Metropolitana, Guillermo Tell Aveledo, expresó a la agencia de noticias Efe que la propuesta representa “una señal embrionaria” y un gesto humanitario relevante, aunque insuficiente para hablar de una apertura democrática real.

A su juicio, una transición requeriría, además de la amnistía, la legalización de sectores políticos excluidos, el fin de la censura y la despolitización del sistema de justicia.

Por su parte, Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, advirtió que la amnistía no debe entenderse como una solución automática. Señaló que este mecanismo debería servir no solo para liberar personas, sino también para evitar nuevas detenciones por motivos políticos y limpiar expedientes de persecución.

Cifras verificadas por la organización muestran que desde el 8 de enero se han excarcelado 344 personas, mientras que otras 687 continúan privadas de libertad.

Riesgo de impunidad para los responsables

Romero también alertó sobre el riesgo de que la amnistía derive en impunidad para los responsables de violaciones de derechos humanos y recordó que miles de excarcelados siguen sometidos a medidas cautelares que limitan su libertad.

Tanto él como Aveledo coincidieron en que, sin una reforma estructural del sistema judicial y sin garantías políticas, la amnistía podría convertirse en una medida superficial.

En su mensaje, González de Zárate advirtió además sobre la manipulación informativa y la difusión de falsedades en el debate público, así como sobre intentos de instrumentalizar a la Iglesia con fines políticos.

“No faltará quien quiera instrumentalizar la Iglesia también con fines políticos o desautorizarla con intereses de parte. Y eso requerirá de nosotros, pastores y fieles laicos, un nuevo impulso de conversión a la unidad y a la catolicidad del cuerpo eclesial que se debe traducir en actos concretos de ayuda a cada persona, sobre todo de los más necesitados, y de construcción del bien común de nuestro amado pueblo venezolano, que debe ser un deseo nuestro prioritario en estos momentos llenos de desafíos”, expresó.

Excelentísimo Monseñor Jesús González de Zárate, presidente y demás miembros de la Asamblea de la Conferencia Episcopal Venezolana, 2026.

Presentes.

Excelentísimos señores:

Nos dirigirnos a ustedes en un momento en que la situación de la patria es confusa e incierta. Sabemos que no les es ajena como pastores del pueblo de Dios, y por ello quisiéramos enumerar algunos temas ineludibles, urgentes, los cuales, de cara a la Asamblea que realizarán en los próximos días, estimamos apremiante incluyan en sus debates y posterior exhortación al país:

1. Podríamos asegurar que no hay hoy un tema que duela más a este pueblo que la tragedia de los presos políticos, civiles y militares. De hecho, por estos días, se ha levantado como la convocatoria más incluyente. Ha movilizado al país. Desde hace mucho tiempo no teníamos una causa más compartida entre los venezolanos. Ustedes, que como Iglesia jerárquica han mencionado en varias ocasiones este tema, entienden que las excarcelaciones que se han producido no son verdaderas liberaciones. Les pedimos a ustedes que se unan al planteamiento de garantizar la plena libertad y uso de sus derechos ciudadanos a TODOS los presos políticos, civiles y militares.

2. Otro drama que subyace a esta crítica coyuntura es la persistente y severa censura que se ha impuesto en el país. Lo que nuestros egregios cardenales Porras y Padrón y nuestro arzobispo emérito Pérez Morales han calificado como hegemonía comunicacional, No sólo hacia los medios de comunicación radioeléctricos tradicionales, sino a las redes sociales, que también son milimétricamente monitoreadas para impedir manifestaciones disonantes en el mundo digital. Todo bajo una ley draconiana que convierte, de manera inmediata, una simple crítica o demanda en punible “discurso de incitación al odio”, sin el reconocimiento efectivo de la libre expresión. Lo que se está coartando es la libertad de espíritu, de sentir y opinar, de colaborar, de discrepar o coincidir, en suma, de comunicación recíproca.

3. Ante las dudas o la confusión del momento, creemos lo conducente acudir a la soberanía popular. Es la voluntad del pueblo, consagrada en la Constitución Nacional, en la que reposa la soberanía de la nación venezolana, la misma que se expresó claramente el 28 de julio de 2024 y que debe ser consultada sobre la dirección que debe tener la vida del país. Hacerlo este mismo año despejará las dudas sobre el horizonte prometedor que tiene Venezuela para los venezolanos.

Obispos y pueblo de Dios, todos, debemos remar en una misma dirección para construir el país que anhelamos: reunir a los venezolanos en la tolerancia y el respeto, conseguir que la libertad no sea un sueño ni la democracia una aspiración anclada en el pasado, sino realidad presente para todos.

Siempre se nos recuerda que la justicia en la verdad es condición para la paz, pero también debemos tener como norte que sin una política de oportuna denuncia, sin asumir las obligaciones morales ante la indignidad que nuestra fe nos reclama, y sin atender al llamado que el Papa León XIV nos hace de “anunciar el Evangelio en todas las circunstancias y en todos los ambientes”, no nos recuperaremos plenamente de estos años de ignominia.

De ustedes, 

  • Oswaldo Álvarez Paz       
  • Eduardo Fernández
  • Corina Yoris
  • Teresa Albanes Barnola                                     
  • José María De Viana                                          
  • Enrique Colmenares Finol
  • Cecilia García Arocha                                        
  •  Haydeé Castillo de López
  • Arnoldo José Gabaldón                                      
  • Lucas Guillermo Castillo
  • Beatriz Briceño Picón                                         
  • Trinette Durán de Branger
  • Elías Pino Iturrieta
  • Julio Rodríguez Berrizbeitia
  • Cecilia Sosa Gómez  
  • Pilarica Iribarren de Romero
  • Werner Corrales
  • Tulio Álvarez
  • Virginia Rivero Losada
  • Macky Arenas
  • José Antonio Pérez Osuna
  • Sadio Garavini Di Turno
  • Gloria Cuenca
  • Haydeé Deustch
  • Enrique Urdaneta Fontiveros
  • Luis Alejandro Aguilar
  • Roberto Enriquez
  • Lorenzo Tovar
  • León Henrique Cottin
  • Milos Alcalay
  • Gehard Cartay
  • Luis Granados
  • Imelda Cisneros
  • Ivonne Attas
  • Rafael Montero Revete
  • Nelson Maldonado
  • Jorge Sucre Castillo
  • Fernando Febres Villalba
  • Germán Borregales
  • Alberto López Oliver
  • Fernando Luis Egaña
  • Haroldo Romero
  • Federico Carmona
  • Pedro Méndez Dáger
  • Miguel Parra Giménez
  • Rafael Simón Giménez
  • Oscar Arnal
  • Nelson Chitty La Roche
  • Alfredo Rincón
  • Marcos Villasmil
  • Julio César Arreaza
  • Luis Carlos Solórzano
  • Emilio López
  • Henry Escalona Meléndez
  • Carlos Luis Capriles
  • Andrés Caldera Pietri

Caracas, 3 de febrero de 2026.

La cifra de 1.207 presos políticos en Cuba, verificada al cierre de enero, marca un récord histórico en el país, impulsado por el encarcelamiento de 18 personas solo en el primer mes del año.

Por: Gastón Calvo – Infobae

Detrás de este número —el más alto jamás documentado desde que existen registros internacionales sistemáticos— se encuentra una política de represión estatal sostenida y expansiva que abarca tanto la vigilancia digital masiva como la criminalización pública y judicial de la disidencia, en especial de los jóvenes, y el uso institucionalizado de la tortura y el abandono médico.

La organización Prisoners Defenders atribuyó esta ola represiva al propósito del régimen de asegurar su perpetuidad y brindó un dato alarmante: la población carcelaria ya equivale a 923 personas por cada 100 mil habitantes.

Una de las aristas más alarmantes es la vigilancia sistemática de las redes sociales, convertidas en plataformas de alto riesgo para quienes protestan o denuncian problemas cotidianos.

Entre los casos paradigmáticos del último reporte destaca el de Ankeily de la Caridad Guerra Fis, joven de 23 años detenido violentamente en La Habana tras transmitir en Facebook críticas al régimen, con mensajes dirigidos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para pedir un cambio político en la isla.

Según el informe, la detención de Ankeily, quien vive con VIH y padece problemas de salud mental y epilepsia, se realizó sin orden judicial y con uso de fuerza excesiva: “Digo lo que muchos quisieran decir y no dicen”, se lo escuchó manifestar antes de ser arrestado. Desde entonces, permanece incomunicadosin acceso pleno a medicamentos, y bajo la acusación de “propaganda contra el orden constitucional”, sin la celebración de juicio ni tutela judicial efectiva.

Casos como el de Enrique Ramos Bosch, también joven, arrestado en Santiago de Cuba tras denunciar en redes sociales los apagones eléctricos y criticar al dictador Miguel Díaz-Canel, confirman una rutina de desapariciones forzadasinterrogatorios y represalias directas ligadas a la disidencia digital.

Un 88% de los 200 declarantes auditados en el informe sobre vigilancia digital dijeron haber sido citados, detenidos o interrogados por sus publicaciones y hasta comunicaciones privadas, muchas veces intervenidas sin orden ni control judicial. Las detenciones se producen, habitualmente, tan solo pocas horas después de los mensajes críticos.

El patrón se replica en acciones policiales de escala comunitaria. Activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) como Roilán Álvarez Rensoler o Dariel Calderín Rensoler fueron arrestados en operaciones coordinadas en Santiago de Cuba a fines de enero, con allanamientos sin orden judicial, cortes de comunicaciones y denuncias de violencia incluso contra familiares de los opositores.

El reporte destacó que algunos de estos jóvenes, tras quedar incomunicados durante jornadas, fueron trasladados y permanecen en huelga de hambre, con un riesgo alto de torturas y confesiones forzadas en las primeras 72 horas de detención.

El informe también documentó el proceso de “criminalización del ejercicio pacífico de derechos fundamentales” como eje de la política represiva cubana. El costo humano incluye a cientos de personas con padecimientos graves de salud, agravados por la negación deliberada de atención médica que el texto describe como una “herramienta de tortura”.

Al menos 463 presos políticos presentan enfermedades graves y 42 trastornos mentales, vinculados al abandono, la mala alimentación, el hacinamiento y la violencia institucional.

Casos extremos como el de Onaikel Infante Abreu muestran el rostro de esa tortura: después de una protesta en La Habana, en octubre de 2023, fue arrestado tras resultar herido por balas de goma. Durante su reclusión ha sido víctima de golpizas, encierros prolongados, abuso sexual cometido por otros reos por orden de los guardias, y privación de medicamentos pese a diagnósticos de cáncer de garganta. “La familia lo vio tan demacrado que se desmayó al inicio del encuentro”, recogió el escrito. Cumple ahora una condena de ocho años por supuestos delitos contra el Estado.

Por su parte, Maykel Castillo Pérez -más conocido como “Maykel Osorbo”-, músico y activista, permanece encarcelado desde 2021 condenado a nueve años por “desórdenes públicos” y otros cargos, tras convertirse en símbolo internacional por su canción “Patria y Vida”, ganadora de dos premios Grammy Latino. El informe relató su traslado repentino entre prisiones, la privación de abrigo y medicamentos en medio de una gripe y el hostigamiento sistemático reportado: “Estoy vigilado, junto a chivatones (delatores), y mis comunicaciones son escuchadas”, advirtió él mismo en una llamada.

La condición médica y el acceso a la salud ilustran el carácter sistemático de los abusos. Presos como Daniel Alfaro Frías, activista de 71 años y coordinador del Movimiento Opositores por una Nueva República, relató ser esposado y devuelto a su celda sin atención médica tras sufrir una crisis hipertensiva en una prisión conocida por la aplicación de torturas. Dixán Gaínza Moré, con diagnóstico de hipoglucemia e hipertensión, se encuentra postrado y sin cuidados. “No tiene fuerzas ni para comunicarse directamente”, denunció su familia.

El perfil de los presos políticos cubanos es diverso: desde jóvenes hasta adultos mayores, desde figuras públicas como Maykel Osorbo hasta ciudadanos anónimos, de los cuales Duannis Dabel León Taboada y su madre recibieron medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debido al riesgo inminente para sus vidas. León Taboada, condenado por “sedición” tras las protestas del 11 de julio de 2021, perdió parcialmente la visión y presenta un cuadro de salud mental grave sin atención, agravado tras la muerte de un compañero de celda.

La muerte bajo custodia estatal de Lázaro García Ríos, detenido desde 2022 y condenado a 20 años, resume el peligro extremo que enfrentan los reclusos políticos en el sistema penitenciario cubano. El informe detalló que, pese a las denuncias de su madre sobre el deterioro físico y la falta de atención médica tras una cirugía cardíaca, fue regresado de un hospital a la prisión días antes de morir.

De los 1.207 presos políticos actuales, 32 fueron detenidos siendo menores y 16 ya han sido condenados por sedición con medias de cinco años de privación de libertad. Según cifras citadas, las Naciones Unidas confirmaron que al menos 410 niños menores de 18 años pasan cada año por cárceles o “Escuelas de Formación Integral”, una denominación eufemística para centros penitenciarios bajo control del Ministerio del Interior cubano.

El listado actualizado recoge también a 128 mujeres procesadas como presas políticas y evidencia que 219 personas cumplen penas por “sedición” con medias de 10 años de prisión. El informe distingue entre “convictos de conciencia” (727 casos), “condenados de conciencia” (445) y “otros presos políticos” (35), categorías que reflejan la naturaleza y motivación política de sus condenas o restricciones de libertad.

El uso de la salud pública –o su denegación– como castigo se repite con nombres como José Antonio Pompa LópezRoberto Pérez Fonseca o Walfrido Rodríguez Piloto, que pasan años en prisión bajo amenazas, carencias extremas, privación de contacto familiar, negación de tratamientos y traslados arbitrarios, además de campañas de hostigamiento abiertas a raíz de su participación en protestas como las del 11 de julio de 2021.

La sistematicidad y amplitud de la represión en Cuba —desde la digital hasta la física, y desde la tortura hasta el abandono médico— confirman una política estatal integral de criminalización de la disidencia.

Prisoners Defenders distribuye mensualmente la lista de los presos políticos en Cuba, que en el último año sumó 147 nuevas incorporaciones (más de 12 al mes), mientras el régimen reconoce ante organismos internacionales la veracidad de muchas de estas cifras, aunque intenta matizar los datos sobre menores.

El registro –utilizado por organismos internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como por entidades parlamentarias europeas y medios de todo el mundo– expone la persistencia de una “isla cárcel”, donde el control social y la producción de miedo avanzan sobre cualquier posibilidad de defensa jurídica o protección de los derechos fundamentales básicos.

La sede del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), ubicada en Quinta Crespo, Caracas, se ha consolidado como uno de los principales centros clandestinos utilizados para retener a civiles y militares por órdenes de Diosdado Cabello.

Por: Sebastiana Barráez – Infobae

Según denuncias, los detenidos son víctimas de amenazas, extorsiones y procesos irregulares. Entre los casos está el de cuatro militares retirados vinculados con dos empresas de vigilancia privada.

El Conas opera detrás de las antiguas instalaciones de RCTV, canal obligado a cesar transmisiones en 2007; está dirigido por el coronel (GNB) Leonardo Gómez Acevedo, Comandante de la unidad militar; el Mayor (GNB) José Ángel Ponce, Segundo comandante, y el Mayor (GNB) Torres.

La situación se intensificó cuando Cabello asumió el Ministerio del Interior, Justicia y Paz (MIJP), iniciando una investigación exhaustiva contra funcionarios cercanos al almirante en Jefe Remigio Ceballos Ichaso, quien lo había precedido en el cargo ministerial.

De acuerdo con testimonios recogidos, las celdas, de tamaño reducido, superan ampliamente su capacidad por metro cuadrado. Allí conviven un número excesivo de personas, expuestas de manera constante a roedores, humedad y otros factores que afectan su salud. A esto se suma que los detenidos permanecen encerrados las 24 horas del día, sin acceso a la luz solar ni a espacios para caminar o realizar actividad física. La falta prolongada de luz natural, advierten, ha provocado pérdida progresiva de visión e incluso episodios de ceguera en varios reclusos.

Las celdas permanecen iluminadas permanentemente con luces incandescentes, empleadas como un mecanismo de tortura que impide el descanso, altera los ciclos de sueño y genera un agotamiento físico y mental extremo.

La situación se agravó recientemente con el ingreso de un nuevo grupo de detenidos trasladados en autobús desde el Helicoide, lo que terminó de colapsar la ya limitada capacidad del recinto. Paralelamente, se repite un patrón de irregularidades en los procesos judiciales: audiencias dilatadas sin justificación, imposición de defensores públicos y restricciones al derecho a la defensa.

Aunque en las audiencias suelen ordenarse evaluaciones médicas, estas no se concretan. Las comunicaciones oficiales no llegan ni a los centros de salud ni a los de reclusión, dejando a los detenidos sin atención médica incluso cuando presentan enfermedades crónicas o condiciones urgentes.

Lea la nota completa siguiendo este enlace a Infobae

Los abogados de Jair Bolsonaro, en prisión por tramar un golpe de Estado, alertaron este miércoles a la Corte Suprema brasileña de que el estado de salud del expresidente «ha empeorado en los últimos días», con nuevos episodios de vómitos y crisis de hipo «acentuadas».

EFE

La defensa del líder ultraderechista calificó de «frágil» su cuadro de salud y, en este sentido, solicitó al alto tribunal que notifique a la Policía Federal para que presente con «la máxima urgencia» el informe de la pericia médica realizada el pasado 20 de enero.

Los representantes legales del exgobernante (2019-2022) consideran que ese reporte es esencial para justificar la petición de prisión domiciliaria por razones «humanitarias».

Bolsonaro fue condenado el pasado 11 de septiembre a 27 años de cárcel por «liderar» una trama golpista integrada por militares y antiguos ministros, tras perder las elecciones de 2022 frente al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

El capitán retirado del Ejército empezó a cumplir la condena a finales de noviembre, primero en una sala especial de la Superintendencia de la Policía Federal en Brasilia y, después, en un complejo penitenciario de la capital brasileña.

Desde entonces, sus abogados han solicitado sin éxito al juez Alexandre de Moraes, relator del caso en el Supremo, que le conceda el régimen de prisión domiciliaria.

En este contexto, insistieron en «el estado de salud debilitado» del dirigente del Partido Liberal (PL), quien, «incluso, presentó un empeoramiento en los últimos días, con la aparición de episodios de vómitos y crisis de hipo acentuadas».

Bolsonaro, quien cumple condena desde noviembre, estuvo ingresado en un hospital de Brasilia en la última semana de 2025 para someterse a cuatro intervenciones quirúrgicas.

La primera fue para corregir una hernia inguinal bilateral y las otras tres estuvieron destinadas a bloquear de forma parcial los nervios del diafragma con el fin de paliar esas recurrentes crisis de hipo.

Bolsonaro, de 70 años, sufre desde hace meses episodios de mareos, hipo y vómitos, trastornos que él y su entorno atribuyen a la puñalada que sufrió durante un acto de la campaña electoral de 2018.

El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, fijó este miércoles límites al nuevo proceso de “diálogo” con miembros de la «oposición», al señalar que líderes que se encuentran en el extranjero, quedarán excluidos por sus «posturas y acciones pasadas».

La Patilla

Rodríguez sostuvo tras el encuentro, que existen sectores que “se autoexcluyen” del diálogo, al haber llamado, según dijo, a «invasiones extranjeras, celebrado ataques contra el país o promovido salidas de fuerza y hechos de violencia para subvertir el orden constitucional».

“Si llamaste a invasión, si celebraste el ataque letal contra la capital de la República y otras zonas el pasado 3 de enero, si de manera consuetudinaria llamas a salidas de fuerza y violencia para subvertir el orden constitucional, ¿de qué tipo de diálogo estamos hablando?”, expresó.

Asimismo, afirmó que el «único límite» para el diálogo es el «respeto a la Constitución», y calificó como una “antítesis del diálogo” cualquier intento de negociación con líderes opositores que, a su juicio, no se apeguen a ese marco.

Rodríguez defendió que el “diálogo verdadero” debe servir para construir acuerdos con resultados tempranos en temas sociales y políticos, así como una hoja de ruta que garantice la participación política, aunque bajo las condiciones planteadas por el chavismo.

Carta Abierta

Por: Héctor Urgelles Fox

En Venezuela, la represión no distingue género, edad ni condición. Golpea con especial crudeza a quienes han decidido convertir la política en un acto de servicio y la palabra en un instrumento de verdad. Entre esas voces valientes se encuentra Dignora Hernández, diputada de la Asamblea Nacional electa en 2015 por el estado Yaracuy, y una dirigente comprometida con la articulación de fuerzas democráticas dentro del partido Vente Venezuela. Su trayectoria no es la de quien busca privilegios, sino la de quien asume riesgos. Su liderazgo no se construyó en oficinas, sino en las calles, al lado de la gente, escuchando, organizando, resistiendo.

En el Comando de campaña de María Corina Machado, Dignora fue mucho más que una dirigente: era el puente entre la candidatura y las organizaciones aliadas. Era quien recibía, articulaba y daba rostro político a una coalición que entendía que aquella campaña no era una más, sino el inicio de algo distinto.

Mujer recia, de carácter firme, desde el primer encuentro dejaba claro que aquel Comando y aquella campaña rompían con el pasado. En su voz y en su mirada se percibía una convicción profunda: por encima de todo estaban el cambio de paradigmas, la ruptura con la resignación y las ansias irreductibles de libertad.

Esa coherencia la convirtió en una voz incómoda para el poder. Por eso fue perseguida. Por eso fue señalada. Por eso fue finalmente secuestrada por los organismos represores del régimen de Nicolás Maduro.

Hoy somos nosotros quienes hablamos por ella.

Hoy somos nosotros quienes alzamos la voz sin miedo:

¡Liberen a Dignora Hernández!

¡Que sean todos!
¡Libertad para todos los presos políticos!

Porque no hay celda capaz de encerrar la dignidad,
Tampoco, está ya decadente dictadura, será capaz de derrotar la conciencia de un pueblo que decidió ser libre.

Familiares del gendarme Nahuel Gallo y del abogado Germán Giuliani, dos argentinos que continúan secuestrados por el régimen chavista en Venezuela, se reunieron este miércoles con senadores y diputados nacionales para plantear un pedido urgente de apoyo político para lograr su liberación.

La Patilla

En el encuentro, que se realizó en la sede del Congreso argentino, participaron los senadores Maximiliano Abad, Patricia Bullrich, Carolina Losada y Francisco Paoltroni. También estuvieron presentes los diputados Karina Banfi, Maximiliano Ferraro y Silvana Giudici, junto a la activista de derechos humanos Elia Trotta, secretaria general del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).

Los familiares de Nahuel Gallo y Germán Giuliani manifestaron su desesperación porque, luego de 27 días desde que el 8 de enero el régimen chavista anunció excarcelaciones masivas de presos políticos, aún no se concreta la liberación de sus parientes, por lo que la angustia y la incertidumbre aumenta cada día que pasa.

En sus exposiciones, las familias recordaron que Gallo sigue detenido arbitrariamente desde diciembre de 2024 en la cárcel El Rodeo I, sometido a desaparición forzada sin que ningún familiar o abogado haya podido visitarlo o hablar con él; y que Giuliani continúa privado de su libertad desde mayo de 2025.

Los legisladores presentes expresaron su solidaridad con los reclamos familiares y coincidieron en la necesidad de ampliar el apoyo político tanto dentro del Congreso como en el plano internacional para presionar por la liberación inmediata y segura de Gallo y Giuliani. También remarcaron la importancia de abordar el tema como una causa de derechos humanos y de defensa de ciudadanos argentinos privados de libertad sin un proceso claro y transparente.

La reunión puso de relieve que el reclamo trasciende las diferencias partidarias y que las familias seguirán solicitando a todas las fuerzas políticas que se sumen al pedido de gestión diplomática para asegurar el regreso de los detenidos a la Argentina.

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