El Gobierno de Pedro Sánchez enfrenta un nuevo bache. En plena negociación de la ley de amnistía con los líderes independentistas catalanes para salvar su legislatura, ha surgido un nuevo caso de corrupción que atormenta al presidente. Se trata del caso Koldo, una trama que salpica directamente al PSOE y por la que se investiga el cobro de presuntas comisiones ilegales, relacionadas con contratos millonarios para la compra de mascarillas en el peor momento de la pandemia, desde -al menos- el 4 de noviembre de 2023.

Por: Noelia Tabanera – Infobae

En concreto, se estudia si hubo mordidas en las adjudicaciones de contratos de material sanitario destinados a entidades dependientes de los ministerios de Fomento e Interior, así como a los servicios de salud de los gobiernos de Baleares y Canarias. El juez Ismael Serrano sospecha que pueda haber delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Los hechos se remontan al pasado 21 de febrero, cuando la Guardia Civil detuvo a unas 20 personas. De ellas,15 quedaron en libertad inmediatamente tras declarar ante la Unidad Central Operativa (UCO). Sin embargo, otras cuatro están en el foco de la investigación, también con libertad pero con medidas cautelares, ya que pasaron a disposición judicial. Fueron: Koldo García (exasesor de Jose Luis Ábalos), su hermano, Joseba García, Víctor de Aldama (empresario y presidente del Zamora CF) e Íñigo Rotaeche (empresario).

Quién es Koldo García, principal protagonista de la trama

El principal protagonista es Koldo García, exasesor del que fue ministro de Transportes entre 2020 y 2021, Jose Luis Ábalos, uno de los pesos pesados del partido socialistas. Koldo se convirtió en el chófer de Ábalos en 2018, cuando era secretario de Organización del PSOE. Cuando Ábalos pasó a ser ministro, nombró a su chofer consejero de Renfe Mercancías. Y de ahí Koldo ha ido creciendo: también fue nombrado vocal del Consejo Rector de Puertos del Estado, que fue precisamente el primer organismo público que adjudicó un contrato a la trama.

¿Y qué hizo Koldo? El juez cree que Koldo fue la persona que mediaba en negociaciones de la compra de las mascarillas entre el ministerio y empresas de distintas provincias, cobrando comisiones por familiar estos contratos. Y según la Fiscalía, lo hizo abusando de su cargo público. De hecho, el primer contrato de Soluciones de Gestión fue con Puertos del Estado, donde él era vocal del Consejo Rector.

Una de las cuestiones que ha llamado la atención de la Fiscalía es el incremento patrimonial de Koldo García y su familia, que entre 2020 y 2022 habría aumentado hasta 1,5 millones de euros.En esos años, Koldo García y su entorno habría adquirido cuatro pisos sin pedir hipoteca -uno de ellos a nombre de su hija de un año-, coches, motos y habrían firmado varios testamentos sucesivos, según recoge Efe.

También dispuso de varios coches de alta gama -Ferrari, Land Rover- el empresario Víctor de Aldama, quien habría creado siete sociedades en Portugal, presuntamente para intentar sacar de España los beneficios que habría obtenido de los contratos. Los investigadores creen que Aldama, junto al empresario Juan Carlos Cueto, “habrían sido los responsables de hecho” de los contratos investigados. La Fiscalía cifra en 5,5 millones de euros el beneficio que habría obtenido el primero, y en 9,6 el segundo.

¿Por qué se señala a Ábalos?

Pero esta investigación no se limita a un asesor del ministerio de Transportes, sino que señala directamente al que fue ministro. El juez de la trama sitúa a Ábalos como el intermediario para vender 2,6 millones de mascarillas al Gobierno de Baleares por 3,7 millones de euros. En aquel momento, el ejecutivo autonómico era liderado por la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Ábalos, que actualmente es diputado en el Congreso, fue expulsado del PSOE, aunque mantiene su acta de diputado. Y este lunes, el Partido Popular ha exigido la dimisión Armengol.

La última reunión conocida entre Ábalos y Koldo tuvo lugar el pasado 10 de enero en una marisquería de Madrid entre las 21.15 y las 22.20 horas. Aquella cena obedecería a la reclamación de Baleares, que quería comprar mascarillas. Así, y siempre según la investigación de la UCO, Ábalos habría actuado como “intermediario” a petición de Koldo García, en las gestiones realizadas con la administración balear para buscarle una solución al reclamo, realizado por el gobierno de Armengol, por el contrato de las mascarillas que nunca llegaron a utilizarse.

De hecho, el día previo a reencontrarse con Ábalos, Koldo mantuvo una conversación telefónica con el dueño de Soluciones de Gestión, Juan Carlos Cueto. “Esto era un favor… él y su ex jefe…y parece ser que el otro ha dicho que sí…porque le han dado otro favor a cambio”, explica Cueto en una conversación intervenida por la Guardia Civil unos días antes. Para los investigadores, Cueto se refería al exministro.

¿Qué pruebas hay contra Armengol?

La tercera autoridad del Estado -tras el Rey y el presidente del Gobierno- es Argmengol, quien también fue la presidenta del Govern balear cuando la trama del exasesor de Ábalos, Koldo García, recibió la adjudicación de un contrato millonario para la compra de mascarillas el 8 de mayo de 2020. Como se ha mencionado anteriormente, la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo SL, sobre la que pivota la trama, fue demandada por el Govern para adquirir 3,7 millones de euros en mascarillas FFP2.

Sin embargo, la trama de Koldo entregó al Ejecutivo de Francina Armengol un lote de mascarillas quirúrgicas que no cumplían con los estándares reflejados en el contrato adjudicado a Soluciones de Gestión y Apoyo SL. Pese a la evidente falta de correspondencia, el Govern balear, según publicó el diario El Mundo, pagó a la trama 3,7 millones de euros siete días después de que sus técnicos comprobaran que el material no contaba con la calidad exigida.

Antes, solo dos días después la llegada de las mascarillas en un vuelo a Mallorca, el subdirector de Compras y Logística del Ejecutivo de Armengol envió un correo electrónico interno en el que hacía constar el desconcierto entre los técnicos y señalaba que el material, adquirido en lo peor de la pandemia, había sido adquirido “para la desescalada”. Asimismo, alertaba en mayúsculas que las mascarillas no eran “para uso hospitalario”.

Los otros detenidos

Uno de ellos es José García, hermano de Koldo. Según las investigaciones, estaría involucrado en la ocultación de la propiedad de propiedades y habría experimentado un notorio incremento en su riqueza, recibiendo 267.774 euros entre 2020 y 2022. Desde 2019, ha mantenido vínculos con organismos relacionados con el sector del transporte, una conexión que, según las fuentes, “no puede desligarse de la posición” de su hermano.

El pasado 20 de febrero, agentes de la Guardia Civil llevaron a cabo un registro en su residencia. Durante la operación, se descubrió una caja fuerte en uno de los dormitorios. Tras abrir la caja con la llave hallada en un mueble del salón, se constató que estaba vacía, como indicó el acta oficial de la Guardia Civil: “En el interior de la caja fuerte no hay nada”. Este suceso tuvo lugar apenas dos semanas después de que su hermano Koldo fuera informado sobre la investigación en curso.

Otro es Víctor de Aldana. Es el actual presidente del Zamora CF se encuentra bajo la lupa de los investigadores, quienes sugieren, basándose en conversaciones intervenidas, que podría haber actuado como “comisionista”. Se sospecha que los contratos objeto de investigación fueron parte de un “proyecto conjunto” entre él y el empresario Juan Carlos Cueto, del cual habría obtenido un beneficio de 5,5 millones de euros.

Según las indagaciones, ambos individuos mantienen una “estrecha relación” con Koldo García. De hecho, se ha registrado al menos un contacto entre De Aldama y Koldo García, presumiblemente para “agilizar trámites” relacionados con contrataciones del Ministerio de Transportes.

Finalmente, está involucrado el empresario Íñigo Rotaeche. Es el titular de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas. Los investigadores creen que realmente la controlaba el grupo Cueto.

La Corte Suprema de Justicia determinó este lunes por unanimidad que Colorado no puede aplicar la cláusula de insurrección al expresidente Donald Trump y descalificarlo como aspirante a regresar a la Casa Blanca. Por lo tanto debe permanecer en la boleta electoral para las primarias que se realizarán en el llamado Supermartes del 5 de marzo.

Univisión

«Aceptamos la petición de certiorari del expresidente Trump, que planteaba una única pregunta: “¿Se equivocó la Corte Suprema de Colorado al ordenar que el presidente Trump sea excluido de las elecciones primarias presidenciales de 2024? Concluimos que sí lo hizo, ahora revertimos (la decisión de Colorado)», indica el texto de la decisión adoptada por los 9 magistrados del tribunal.

«Este caso plantea la cuestión de si los estados, además del Congreso, también pueden hacer cumplir la Sección 3. Concluimos que los Estados pueden descalificar a las personas que poseen o intentan para ocupar un cargo estatal. Pero los Estados no tienen poder bajo el Constitución para hacer cumplir la Sección 3 con respecto a los cargos federales, especialmente la Presidencia».

¿Quién puede aplicar la Enmienda 14?

En este caso, el máximo tribunal de justicia de EEUU consideró por primera vez en la historia el alcance de la Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución que prohíbe a quienes «participaron en una insurrección» ocupar ciertos cargos públicos.

El caso llegó a Washington DC luego de que el equipo legal del expresidente apelara el fallo de la Corte Suprema estatal de Colorado, que dijo que Trump no podría participar en las primarias del estado por su rol en el asalto al Capitolio.

Este es uno de los varios frentes legales que Trump viene enfrentando en 2024, año de elecciones presidenciales. El republicano enfrenta 91 acusaciones que van desde litigios por fraudes, falsificación de documentos empresariales, mal manejo de documentos gubernamentales clasificados, conspiración para subvertir las elecciones en Georgia y cargos federales de conspiración y obstrucción del procedimiento de certificación de votos y violación de los derechos civiles.

“El 29 de noviembre estuve retenido en una de las instalaciones de seguridad del Estado, junto a tres directores (de escuelas) más”, contó a Expediente Público Roymer Durán, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del municipio de Acevedo, al norte del país.

Por: Yarely Madrid – Expediente Público

La policía venezolana incriminó de terrorismo y bloquear las elecciones a Durán, sólo por las llaves de un centro de votación en Acevedo, durante las elecciones primarias del 22 de octubre del 2023.

Horas después, él y otros maestros retenidos, fueron liberados tras demostrar con actas que las llaves estaban en poder de los jefes de las comunidades.

Los jefes de las comunidades son seleccionados por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y aunque su función es ayudar a los ciudadanos, sobre todo en elecciones, sirven como oídos del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Para Durán, lo que sucedió ese día fue parte de un “plan político” para poder arrestarlo.

El año pasado, el 16 de enero, mientras marchaba exigiendo un salario digno para los educadores en Caucagua, ciudad del estado Miranda, un colectivo del PSUV se acercó y lo agredió físicamente.

“Coloqué la denuncia en el Ministerio Público (MP) y hasta el sol de hoy no recibí llamada de la fiscalía, ni nada”, manifestó Durán.

Retención migratorio y arrestos en Venezuela

Rocío San Miguel, de 57 años, de nacionalidad venezolana y española, fue detenida el 9 de febrero del 2024 en el área de migración del aeropuerto internacional de Maiquetía, a las afueras de Caracas.

San Miguel fue acusada de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación para delinquir.

Ella es esposa del preso político Alejandro González, militar retirado, a quien la justicia chavista lo acusa de revelar secretos políticos, obstrucción a la justicia y asociación.

San Miguel viajaría a Miami acompañada de su hija, Miranda Díaz, cuando agentes de contrainteligencia las arrestaron, a ambas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó en 2012 medidas de protección.

Víctor Díaz Paruta, padre de Miranda, sus hermanos Miguel y Alberto San Miguel y su expareja, Alejandro González de Canales también fueron arrestados.

Todos los familiares de San Miguel fueron liberados condicionalmente y tendrán que presentarse antes los tribunales, no salir del país y con prohibición de declarar a los medios de comunicación.

El 19 de febrero del 2014, el fiscal general del Venezuela, Tarek William Saab, en cadena nacional justificó que Rocío San Miguel se encontraba en prisión por supuestamente realizar espionaje.

También se le acusó de utilizar información del Estado para formar parte de una supuesta conspiración militar denominada “Brazalete Blanco” para asesinar al presidente Nicolás Maduro.

La intimidación a las ONG’s

Clara Ramírez, directora de FundaRedes, una ONG venezolana dedicada a la defensa de los derechos humanos, dijo a Expediente Público que Venezuela busca también fiscalizar las Organizaciones No Gubernamental con una ley copiada de Nicaragua.

En enero del 2024 se presentó ante el Poder Legislativo la “Ley para la Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG’s presentado en enero ante la Asamblea Nacional”.

“Lo que busca esta ley es que el Estado venezolano tenga ahora el poder absoluto para decidir que organizaciones pueden trabajar y qué organizaciones no pueden trabajar”, indicó.

«Es una ley, que busca aniquilar a las organizaciones en la sociedad civil ya que son las únicas que se encuentran allí frente a las violaciones de derechos humanos”, explica Ramírez.

En Nicaragua han sido cerradas más 3,500 ONG’s por incumplimiento de leyes como la de Agentes Extranjeros de 2020, el régimen de Ortega se queda con los bienes y el dinero de las cuentas de estas organizaciones.

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