El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, banalizó este viernes los crímenes de violencia sexual que investiga la Corte Penal Internacional (CPI), cuya Sala de Apelaciones desestimó el recurso de apelación introducido por el régimen de Nicolás Maduro y autorizó continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Infobae
“Por ejemplo, colocan casos como el de ultraje sexual. Imagínense a que supuestamente en un operativo a una joven le tocaron la espalda, le tocaron la mano, ya lo colocan como un delito de violencia sexual”, afirmó Saab en un discurso televisado.
Saab reprochó, además, que la CPI insista en “el camino de la instrumentalización” de la justicia “con fines políticos” que, en su opinión, es fruto de una “estrategia” coordinada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y por el extinto Grupo de Lima, instancia internacional conformada por países que rechazaban el sistema de Gobierno de Nicolás Maduro.
Aseguró que, para promover el caso y “construir una realidad paralela”, se utilizaron medios de comunicación, redes sociales, organizaciones y figuras, e insistió en que en Venezuela “no se han cometido delitos de lesa humanidad”, y que la Fiscalía y otros órganos de Justicia han investigado “y siguen investigando” las presuntas violaciones de derechos humanos de las que han tenido conocimiento.
Recordó que, desde que comenzó el proceso, el Estado venezolano ha consignado “14 extensos informes” ante la Fiscalía de la CPI y “toda la información de casos objeto de estudio y avances estadísticos”, así como otra documentación relevante.
Según el fiscal, la CPI “apenas revisó el 20% de la información suministrada”.
El funcionario repudió que “mientras la CPI se pronuncia contra Venezuela, el mundo mira horrorizado cómo se ejecuta el holocausto del siglo XXI, a la vista de todos, en la Franja de Gaza, sin que haya pronunciamientos acordes a tales crímenes” por parte del fiscal del alto tribunal.
Además, reiteró que “resulta indignante” que hayan sido “asesinados” 30.000 palestinos, de los cuales -dijo- el 92 % eran civiles y más del 40 %, niños, “e incluso, bebés recién nacidos”.
El 3 de noviembre de 2021, la Fiscalía de la CPI había anunciado su decisión de abrir una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en el país caribeño, luego de que en 2018 Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú presentaran una remisión sobre el caso.
La CPI divulgó en abril del 2023 el informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS), que compiló los testimonios de 8.900 víctimas venezolanas en apoyo a la solicitud del fiscal de La Haya, Karim Khan, para que se continúe la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En el informe, la CPI cita algunos de los testimonios de las víctimas que relataron las torturas y la violencia sexual sufridas a manos del régimen de Nicolás Maduro.
“Lo desnudaron y le ordenaron a un perro rottweiler que le mordiera los testículos”, expresó una de las víctimas.
Otro testimonio desgarrador describió cómo “[la víctima] fue secuestrada [por] un gran número de funcionarios del SEBIN quienes lo amarraron de pies y manos, lo arrastraron por más de un kilómetro por las calles antes de llevarlo al [Redactado] donde lo torturaron durante 24 días”.
Una víctima relató su experiencia después de que descubrieran su identidad de género no binaria: “Me metieron en un tigrito o calabozo de dos por dos metros, me esposaron las manos a la espalda a un gancho en el piso en medio del tigrito, dejándome así por lo que creo que fueron dos o tres días, sentado en ese lugar. No me dieron agua, no me dieron comida, no me permitieron hacer mis necesidades fisiológicas entonces tuve que hacerlas encima”.
El informe también detalla la brutalidad infligida a la familia de una víctima: “Otra forma particular en que los uniformados ejercieron torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes en mi contra fue de carácter vicario, es decir, maltrataron a mi familia para hacerme sufrir”.
Además, se describen incidentes donde “unos desconocidos tocaron el timbre de mi casa, yo no abrí la puerta, entonces entraron a mi casa. Eran un grupo de hombres del SEBIN, me golpearon, me escupieron, me tiraron del pelo, me dijeron que me violarían”.
Otro testimonio detalla un acto extremadamente violento: “Una bolsa plástica negra de basura la rociaron con insecticida y le taparon la cabeza con ella tratando de asfixiarla […]. Fue golpeada brutalmente por estos hombres, al punto que cayó al suelo, y cuando dos trabajadores intentaron intervenir para ayudarla, los mataron en el lugar”.
En abril de 2022, la investigación se había detenido pero reanudó en junio de 2023. El mes siguiente, el régimen de Maduro comunicó su intención de apelar la decisión y el 14 de agosto de 2023 presentó su escrito de apelación. En este proceso, la Sala de Apelaciones recibió escritos del Fiscal de la CPI y de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas, así como representaciones de las víctimas y observaciones del Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de Estados Americanos (OEA), y los días 7 y el 8 de noviembre de 2023 celebró una audiencia pública para escuchar a las partes.
Durante la audiencia, los representantes de la Fiscalía de la CPI y la Oficina de Víctimas desmontaron los argumentos del régimen.
“La posición de las víctimas es que Venezuela no está, ni lo hará en un futuro, investigando los crímenes de sus familiares y amigos”, sostuvo Paolina Massidda, la representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI.
Además, los representantes del régimen admitieron que en Venezuela continúan impunes la mayoría de los casos de los cuales presentó documentación ante el tribunal de La Haya.
