La Unión Europea (UE) expresó este martes su enérgico rechazo a la decisión de la dictadura de Nicolás Maduro de revocar la Misión de Observación del bloque para fiscalizar las elecciones presidenciales de Venezuela del próximo 28 de julio.
“El pueblo venezolano debería poder elegir a su presidente en elecciones creíbles, transparentes y competitivas, respaldas por la observación internacional, incluida la Unión Europea, que tiene un largo y distinguido historial de observación independiente e imparcial”, expresó el bloque de los 27 a través de un comunicado publicado en su cuenta en X.
Además, manifestó su descontento con la decisión del poder electoral venezolano, calificándola como una “decisión unilateral” y enfatizó la importancia de que las elecciones sean confiables y supervisadas internacionalmente para asegurar la legitimidad del proceso electoral.
La delegación del bloque europeo en Venezuela hizo un llamado al CNE a “reconsiderar su decisión”, ya que el acuerdo de Barbados, firmado por el régimen de Maduro y partidos de la oposición, “establecía específicamente que la UE sería invitada a observar” los comicios.
Estas declaraciones tienen lugar apenas horas después de que la autoridad electoral venezolana, controlada por Maduro, revocara y dejara “sin efecto la invitación que extendió a la misión de veeduría electoral”, amparándose en una decisión “adoptada en ejercicio” de su “soberanía e intereses del pueblo”.
El CNE considera que su presencia no sería “grata en un proceso electoral tan importante para la democracia, la paz y el mundo”.
“La Unión Europea en su posición histórica colonialista ratificó las sanciones coercitivas, unilaterales y genocidas dictadas al digno pueblo de Venezuela, situación que atenta contra sus habitantes, la soberanía e independencia de nuestra nación (…) Sería inmoral permitir su participación conociendo sus prácticas neocoloniales e intervencionismo contra Venezuela”, manifestó el presidente del organismo electoral, Elvis Amoroso.
La UE ha sido un actor clave en la presión internacional para que el régimen chavista lleve a cabo reformas democráticas y respetuosas con los derechos humanos.
El bloque europeo ratificó a mediados de mayo sanciones contra 50 funcionarios chavistas, aunque suspendió temporalmente la de Amoroso, quien entonces tachó la medida de “chantaje”, así como la de otros tres ex directivos del CNE.
El vocero del servicio diplomático de la UE, Peter Stano, declaró entonces que la decisión de retirar la sanción contra Amoroso reafirmaba el “compromiso y apoyo (del bloque) al buen progreso del proceso electoral” y buscaba “fortalecer los esfuerzos venezolanos” hacia los comicios.
Uno de los mayores partidos políticos de la oposición, Voluntad Popular, rechazó en un comunicado la decisión del CNE, por considerar que “atenta” contra “elecciones transparentes y confiables”.
La organización pidió a los presidentes de Colombia y Brasil, los izquierdistas Gustavo Petro y Luiz Inácio Lula Da Silva, y a la comunidad internacional “activar cualquier mecanismo diplomático que permita revertir esta peligrosa medida”.
Antes del anuncio de Amoroso, la coalición Plataforma Unitaria había exigido al CNE que procediera “sin más dilaciones” a formalizar la presencia de la misión observadora de la UE.
Tras los acuerdos del año pasado, Estados Unidos flexibilizó sus sanciones contra el petróleo, el gas y el oro de Venezuela, pero volvió a retomarlas en abril por la ratificación de las inhabilitaciones contra dirigentes opositores como María Corina Machado.
Para las últimas elecciones de alcaldes y gobernadores, en 2021, la UE envió una misión que identificó mejoras en el sistema de votación, pero también irregularidades como “el uso extendido de recursos del Estado” para apoyar a candidatos del chavismo.
