Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

Ronald Ojeda Moreno sería, según acusaciones de ex presos políticos venezolanos, una víctima más del régimen de Nicolás Maduro.

Infobae

El ex comisionado Especial de Seguridad de Inteligencia de Juan Guaidó, Iván Simonovis, denunció en las últimas horas que el militar exiliado en Chile, teniente Ronald Ojeda Moreno, fue capturado por agentes chavistas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que se infiltraron en el país sudamericano y se acercaron a él disfrazados de oficiales migratorios.

Desde este encuentro, que quedó registrado en las cámaras de seguridad, se desconoce su paradero y la activista Tamara Suju hasta aseguró que “ya estaría en Caracas”.

Ojeda Moreno es un militar venezolano que, bajo la dictadura de Maduro, fue detenido arbitrariamente y encarcelado en la prisión de Ramo Verde. El 30 de noviembre de 2017, ante las torturas que sufría y al ver la oportunidad al salir de un tribunal, se dio a la fuga y se exilió a Chile.

Como represalia, el 28 de febrero de 2018, el oficialismo publicó en la Gaceta Oficial N° 41.350 el decreto 2.399 en el que anunció la degradación y expulsión de las Fuerzas Armadas (FANB) sin previo juicio de 13 altos oficiales y 11 primeros tenientes, entre ellos Ojeda Moreno.

Tras pasar años en Santiago de Chile, lejos de las amenazas chavistas pero aún al tanto de las violaciones y abusos que se cometen en su país, el 26 de noviembre de 2022 se presentó frente al Palacio Presidencial y se arrodilló frente a la casa de Gobierno con un cartel y una bolsa negra en la cabeza con las iniciales del DGCIM, en señal de protesta. Entonces, no sólo reclamaba la liberación de los presos políticos en Caracas sino que, también, repudiaba las negociaciones que entonces tenían lugar entre la oposición y el chavismo, en México.

Un año más tarde, a finales de 2023, el gobierno de Gabriel Boric le concedió el asilo político, para que pudiera permanecer sin problemas en el país.

Sin embargo, poco antes de su desaparición, el 23 de enero del corriente año, el Ministerio del Poder Popular para la Defensa informó que, bajo órdenes de Maduro, se lo había incluido en una lista de traidores a la patria.

“Se llevó a cabo un acto de Degradación y Expulsión de un grupo de profesionales militares en situación de Actividad y Reserva Activa, implicados en conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el sistema de gobierno legítimamente constituido, las autoridades e instituciones del Estado y el pueblo venezolano, contemplando incluso, el asesinato del primer mandatario nacional, todo lo cual representa ‘Actos de Traición a la Patria’”, se lee en el escrito que detalla, a continuación, los nombres de todos los oficiales alcanzados, entre ellos Ojeda Moreno.

Puntualmente, el fiscal general de Caracas, Tarek William Saab, lo acusa de formar parte del plan “Brazalete Blanco”, en el que también incluyó a otro tanto de opositores, como la activista Rocío San Miguel, recientemente detenida al intentar salir del país. Inclusive, ya son 19 los encarcelados en este caso y, según dijo Saab el pasado 15 de febrero, aún quedaban 15 órdenes de arresto por ejecutar.

Asimismo, en los últimos meses, el chavismo recrudeció la persecución contra los disidentes dado que, según se acordó con la comunidad internacional, este año deberían celebrarse elecciones presidenciales, para las que aún no se ha definido una fecha. No obstante, el Palacio de Miraflores ya se adelantó a cualquier voz opositora que pudiera intentar cuestionar la candidatura de Maduro, desde líderes políticos hasta organismos como la ONU, que cesó sus operaciones locales la última semana.

Se calcula que más de diez millones los extranjeros que han entrado en Estados Unidos durante el desastroso mandato de Joe Biden, 7,2 sólo por la frontera con México, una cifra superior a la población de 36 estados de la Unión considerados individualmente.

La Gaceta de la Iberosfera

Estas son, al menos, las cifras oficiales. El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense ha informado de 961.537 «encuentros» en la frontera terrestre del suroeste sólo en lo que va de año fiscal (de octubre a septiembre), y a este ritmo se superará la plusmarca alcanzada el año pasado, de 2.475.669 encuentros en la frontera suroeste, más que toda la población de Nuevo México. El número total de encuentros en la frontera terrestre del suroeste desde que Biden asumió el cargo en 2021 es de 7.298.486, según los datos de la CBP.

Curiosamente —o no— son los estados demócratas los únicos que apenas corren riesgo de sufrir un reemplazo poblacional a corto plazo. La cifra de 7,3 millones representa aproximadamente el 18,7% de la población de 39 millones de California, el 23,9% de la población del estado de Texas y sus 31 millones de habitantes, el 32,3% de la población de Florida y el 37,3% de Nueva York, y más de la mitad de Pensilvania, Illinois y Ohio.

Como informa Fox News, si la cantidad de inmigrantes ilegales que ingresaron a los Estados Unidos bajo el presidente Biden se reunieran para fundar una ciudad, sería la segunda más grande de Estados Unidos después de Nueva York. Sorprendentemente, ese total no incluye aproximadamente 1,6 millones de ilegales adicionales que ingresaron a Estados Unidos por otros lugares, ni 1,8 millones de «fugas» conocidas que evadieron la aplicación de la ley, lo que haría que el total fuera mayor que la población de Nueva York.

En conjunto, más de 10 millones de inmigrantes han cruzado a Estados Unidos ilegalmente durante la Administración Biden, un récord que, según afirman los críticos del dirigente demócrata, sólo podría lograrse negándose intencionalmente a hacer cumplir la ley. «Este aumento sin precedentes de la inmigración ilegal no es un accidente. Es el resultado de decisiones políticas deliberadas de la administración Biden «, dijo Eric Ruark, director de investigación de Numbers USA, una organización sin ánimo de lucro que aboga por restricciones a la inmigración.

Las autoridades de Chile trabajan en la búsqueda del ex preso político venezolano teniente (r) Ronald Ojeda Moreno, quien estaba asilado en el país sudamericano y desapareció este miércoles.

AFP

El periodista chileno José María Del Pino informó que Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) están investigando el caso para intentar dar con el paradero del militar retirado venezolano

La investigación la lidera el fiscal Barros. Equipos del Ministerio Público, Carabineros, la PDI desplegados. Fiscalía mantiene como reservado todos los antecedentes de la causa. Fuentes del Ejército confirman que su inteligencia ‘monitorea’ situación», reportó Del Pino.

El canal 13 de Chile reportó que la PDI realizó peritajes en un auto que fue abandonado en la autopista Costanera Norte en la comuna de Independencia, en el que hallaron varios celulares y chalecos antibalas.

La desaparición de Ronald Ojeda Moreno la dio a conocer públicamente el investigador criminal Iván Simonovis, quien denunció que «la madrugada de hoy funcionarios del DGCIM se hicieron pasar por funcionarios de inmigración de Chile y secuestraron al Tte. Ronald Ojeda Moreno. Se desconoce su paradero».

Simonovis afirmó que se trataría de una «incursión ilegal» de agentes del régimen de Nicolás Maduro en Chile, presuntamente planificada por Alexander Granko, quien ha sido identificado por la ONU como uno de los principales torturadores de la Dirección General de Contrainteligencia Militar en Venezuela.

En un video publicado por Simonovis en las redes sociales se aprecia cómo los presuntos secuestradores habrían utilizado uniformes y equipamiento tácnico para suplantar a las fuerzas policiales chilenas.

El teniente (r) Ronald Ojeda Moreno se encontraba asilado en Chile luego de lograr escapar en diciembre de 2017 de la cárcel militar de Ramo Verde, donde se encontraba recluido después de haber sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro el 25 de marzo de 2017.

Tras un confuso hecho, la familia del teniente (r) del Ejército de Venezuela, Ronald Ojeda Moreno, denunció un posible secuestro ante el Ministerio Público. El exmilitar reside en Chile, luego que el Gobierno le concediera asilo político.

Bio Bio

Durante esta jornada de miércoles, un grupo de desconocidos ingresó hasta un departamento en Santiago, donde vivía el teniente (r) del Ejército de Venezuela, Ronald Ojeda Moreno.

Según la información que maneja Radio Bío Bío, el Gobierno del presidente Gabriel Boric le concedió asilo político a Ojeda Moreno a fines del año 2023. Es decir, sólo llevaba semanas en Santiago de Chile.

A esta hora, Carabineros y la PDI están a cargo de la búsqueda del teniente (r). En tanto, la familia de Ojeda Moreno denunció secuestro ante el Ministerio Público.

En concreto, según fuentes de La Radio, los hechos ocurrieron durante la madrugada en la calle El Molino, en la comuna de Independencia. Lo que se ha logrado establecer es que a bordo de un automóvil llegaron cuatro personas que se habrían hecho pasar por funcionarios de migraciones, lo cual se entendió como que eran funcionarios de la PDI.

Los hombres, equipados con cascos balísticos y chalecos antibalas, ingresaron al departamento del Teniente y lo sacaron contra su voluntad. Luego de esto, el vehículo desapareció del lugar sin que hasta ahora aparezca el hombre. Sin embargo, Ojeda Moreno mantendría antecedentes policiales en Chile.

Igualmente, se debe precisar que personas cercanas al exmilitar indican que se trataría de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar del Gobierno de Nicolás Maduro, lo que significaría que estarían desarrollando operaciones de contrainteligencia en territorio nacional.

Aún así, mismas fuentes indican que también hay otra pista que se está evaluando: que quienes llegaron y se llevaron a Ojeda Moreno podría tratarse de personas ligadas a crimen organizado.

Lo anterior, a raíz de la información que el exmilitar posee producto del alto cargo que ocupó dentro de la estructura militar venezolana.

Según informó el Ministerio Público, el equipo del fiscal regional sur, Héctor Barros, está liderando la investigación del presunto secuestro. Igualmente, se indicó que la causa fue declarada como secreta.

“Gravísimo”

Desde la Cámara, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, diputado Tomás De Rementería, comentó que “si se puede corroborar que hay una operación de inteligencia extranjera en suelo chileno, que incluya el secuestro de un ciudadano venezolano, pero con residencia en Chile (…) me parece gravísimo”.

“Voy a pedir en la Comisión de Inteligencia de la Cámara que se cite a la autoridades de los órganos de inteligencia para ver la información que tienen y también en la Comisión de Relaciones Exteriores que se haga un análisis de lo que pasó, si hay información y si se le preguntó al Gobierno venezolano si efectivamente esto estaba sucediendo”, agregó.

Desde la oposición, el diputado Luis Fernando Sánchez (Partido Republicano) dijo que “la denuncia es gravísima, no solo por el secuestro de una persona, sino que por la eventual participación de agentes de la dictadura venezolana operando libremente en Chile”.

“El gobierno tiene que salir a explicar de manera urgente lo que está ocurriendo, porque si esta información es cierta, hay una vulneración grave a la soberanía y la seguridad nacional. Por eso he tomado contacto con la ministra Tohá, pidiéndole que de ser esto efectivo llamen además a informar a nuestro embajador en Venezuela y se cite al Cosena de nuevo”, complementó.

El analista político, Carlos Blanco, conversó con el Ciudadano Leopoldo Castillo este martes sobre las elecciones presidenciales en Venezuela.

EVTV

Carlos Blanco aseguró que para garantizar unas elecciones libres, limpias y transparentes, Nicolás Maduro debe frenar las represiones.

“Debe cesar la represión para una elección presidencial libre”, afirmó Blanco.

Asimismo, dijo que las elecciones sean verdaderamente justas deben aceptar la participación de la candidata unitaria María Corina Machado.

“Hay que estar enfocados en el objetivo estratégico, que es la realización de elecciones libres y limpias que significa la participación de María Corina Machado como candidata”, advirtió el analista político.

Con el fin de fortalecer el conglomerado marítimo-logístico, La Cámara Marítima de Panamá presentó su propuesta “Visión Marítima País 2024-2029: Nuestra Industria-Nuestra Ruta”, la cual es un documento que analiza los desafíos y retos del sector, y a la vez recoge la propuesta gremial para el fortalecimiento integral de un sector crítico para el país.

ANPanamá

Esta propuesta fue el resultado de una consulta y colaboración entre los clústeres que conforman el sector marítimo, logístico y portuario, así como autoridades y gremios aliados, y tiene como propósito ser un documento de referencia con propuestas concretas que entrega el sector para que sea parte del plan de gobierno de la próxima administración.

Según la presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Yira Poyser, la Visión Marítima País se presenta como una hoja de ruta respaldada por un estudio técnico sobre el impacto del sector marítimo en el país, que representa el 31% del Producto Interno Bruto de Panamá.

“Este informe aboga por una renovación integral del sector marítimo panameño con propuestas claras y factible, por lo que se necesita una voluntad política para una gestión sólida y consistente capaz de enfrentar vaivenes sociopolíticos y lograr resultados concretos y duraderos”, mencionó Poyser.

Poyser explicó que la Visión Marítima País 2024-2029, se fundamenta en seis pilares de de trabajo que componen la propuesta y estos serían: Fortalecimiento del marco regulatorio, promoción de la coordinación institucional y gremial, incorporación de la digitalización y tecnología,optimización de la infraestructura y conectividad, gestión del impacto socioambiental y fomentar la educación.

Además la propuesta se presenta como un llamado para los candidatos presidenciales, fomentando un diálogo que permita la implementación de medidas necesarias para impulsar el crecimiento sostenible del sector marítimo, promoviendo la colaboración público-privada, la modernización y la excelencia del sector.

De igual forma, promueve la implementación de políticas a largo plazo, la despolitización en la designación  de funcionarios y mecanismos efectivos de rendición de cuentas como elementos esenciales para alcanzar la visión propuesta.

Finalmente Poyser indicó que se deben establecer metas concretas para garantizar un desarrollo sostenible y un crecimiento óptimo de la industria marítima ya que este sector genera 109,406 empleos directos, y tiene un impacto en 320,317 empleos asalariados en general.

“Es decir, que representa el 23.1% de los salarios nacionales y contribuye con el 34% a la recaudación de impuestos indirectos, asegurando así la estabilidad económica y el bienestar de la sociedad panameña en su conjunto”, concluyó Poyser. 

La filial en Panamá de la compañía canadiense First Quantum Minerals lanzó este martes un inusual programa de visitas a la mayor mina a cielo abierto de Centroamérica, que cesó sus operaciones por un fallo judicial.

AFP

El programa fue anunciado cuatro días después de que nueve oenegés denunciaran «graves incumplimientos» del gobierno panameño en el proceso de cierre de la mina Cobre Panamá, luego de que la Corte Suprema panameña declarara inconstitucional el contrato de concesión el pasado 28 de noviembre.

Cualquier panameño adulto -o extranjero residente- podrá visitar el yacimiento, situado en una remota zona de la costa caribe, que dejó de operar tras el fallo judicial y protestas en las calles contra la mina, acusada de dañar el medioambiente.

El propósito de las visitas es «tener canales de comunicación abiertos» con la ciudadanía para contrarrestar «la campaña de desinformación» contra la mina, dijo la portavoz de la empresa, Maru Gálvez, en rueda de prensa.

La iniciativa surgió de un estudio conducido por la encuestadora Gallup que reveló que el 49% de los panameños quiere conocer la mina «de primera mano», según la portavoz.

«Va a ser un recorrido bien completo», explicó la jefa del programa, Deydi Araúz, agregando que los interesados deberán inscribirse en internet. Podrán acudir más de 100 personas cada día.

El viernes, nueve oenegés deploraron la «alarmante ausencia de las auditorías necesarias» en el proceso de cierre, y afirmaron que hay riesgo de deslaves en la mina.

Además, las organizaciones amenazaron con retomar las protestas que semiparalizaron Panamá durante más de un mes a fines de 2023, e insistieron en su consigna de que «Panamá vale más sin minería».

Tras el cese de operaciones, la mina despidió a la mayor parte de sus 7.000 empleados y ahora solo hay unos 1.400 trabajadores en tareas de mantenimiento. Los caminos de acceso y el puerto donde se embarcaba el cobre están desiertos.

La mina producía desde 2019 unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, que representaban el 75% de las exportaciones panameñas y el 5% de su PIB.

En forma paralela avanza sigilosamente en Miami un arbitraje iniciado por la compañía canadiense para proteger su inversión de más de 10.000 millones de dólares en Panamá.

La minera de cobre First Quantum Minerals dijo el miércoles que buscaba 20 mil millones de dólares a través de un arbitraje internacional después de que Panamá ordenara el cierre de la mina de la compañía en la nación centroamericana.

Reuters

«Hemos proporcionado un valor mínimo solicitado en esos procedimientos de 20 mil millones de dólares, lo que refleja un valor justo de mercado estimado de la inversión inicial», dijo el director ejecutivo de First Quantum, Tristan Pascal, en una conferencia telefónica sobre ganancias.

Esto ocurre después de que Panamá ordenara el cierre de la mina de la compañía en la nación centroamericana1. El director general de First Quantum, Tristan Pascal, declaró que han establecido un valor mínimo de 20,000 millones de dólares, reflejando el valor de mercado estimado de la inversión inicial. La situación se ha vuelto tensa y compleja, y la empresa está tomando medidas legales para proteger sus derechos.

La mina en cuestión es parte del proyecto Cobre Panamá, que es la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica. La controversia surge después de que la Corte Suprema de Justicia panameña declarara inconstitucional el contrato entre el Estado y la filial de First Quantum, Minera Panamá S.A.

La empresa canadiense está luchando por mantener su inversión y busca una resolución a través del arbitraje internacional.

La situación económica de Brasil es cada vez más preocupante. El Gobierno socialista de Lula da Silva desequilibró las arcas del Estado federal en su primer año de gestión, y la principal vía de financiamiento es el endeudamiento con el exterior y con el mercado de capitales local.

La Derecha Diario

El déficit financiero del Gobierno brasileño alcanzó el 7,49% del PBI al cierre de diciembre del año pasado, sin contabilizar a los Estados locales y a las municipalidades. Cuando Lula llegó al poder en enero, este mismo déficit oscilaba el 4,32% del PBI, y su composición se explicaba estrictamente por el pago de intereses de deuda.

La situación cambió drásticamente en pocos meses. La herencia fiscal de Jair Bolsonaro quedó casi totalmente obliterada: mientras que en enero de 2023 Brasil registraba un superávit primario de casi el 0,6% del PBI, para el mes de diciembre se alcanzó un déficit del 2,43%. En otras palabras, el Gobierno federal no es capaz de tan siquiera poder financiar sus propios gastos corrientes con recursos genuinos.

Pese a haberse presentado como “conciliador y moderado” en su campaña electoral del año pasado, lo cierto es que Lula está ejerciendo una política fiscal mucho más agresiva e irresponsable en comparación a la que alguna vez aplicó en sus primeros mandatos.

Muy a diferencia de aquellas épocas, ahora el Presidente de Brasil se muestra completamente ajeno al respeto por la disciplina fiscal, ejecutando el déficit más imponente desde el estallido de la pandemia en el año 2020.

Los ingresos fiscales se mantuvieron estables en relación al producto bruto, pero las erogaciones federales se dispararon del 22,8% del PBI a 24,7% entre enero y diciembre de 2023. Este repunte irresponsable de la política fiscal fue el factor que desencadenó el desorden de las finanzas públicas.

El socialismo brasileño propone cerrar al menos una parte de los déficits incurridos en 2023 mediante una amplia reforma impositiva, que entre otras disposiciones contempla aplicar la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) más alta del planeta. Brasil comenzaría a aplicar un gravámen de entre el 25% y el 27%, a partir de la unificación de una serie de impuestos internos.

También se elevarían los impuestos sobre el patrimonio para personas físicas y empresas (fuertemente distorsivos para la economía), y se convalidarían todos los aumentos impositivos del 2023. El Gobierno gravó las apuestas, las ganancias de capital y los combustibles, además de aplicar retenciones transitorias sobre las exportaciones petroleras.

El presidente de VOX, Santiago Abascal, viaja esta semana a Washington para participar por primera vez en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), el mayor evento anual de los conservadores estadounidenses, que se celebrará entre el 21 y el 24 de febrero en Washington D.C.

La Gaceta de la Iberosfera

La CPAC llega en un contexto prelectoral y con Donald Trump como gran favorito para ser el candidato de los republicanos en las presidenciales del próximo mes de noviembre. El expresidente de Estados Unidos, que participó en el Viva 22 de VOX y felicitó a la formación «por todos esos extraordinarios mensajes que está defendiendo en España y en todo el mundo», clausurará el evento de este año.

Abascal ya había acudido en otras ocasiones a la CPAC, pero como público, y esta es la primera vez en la que ha sido invitado a subir a la tribuna de oradores. En esta convención también intervendrá el presidente de Argentina, Javier Milei, que en varias ocasiones ha mostrado su respaldo hacia VOX, también en las recientes elecciones celebradas en Galicia.

En anteriores ocasiones han participado otros líderes europeos también aliados de Abascal como la líder de Fratelli d’Italia y actual primera ministra italiana, Giorgia Meloni.

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