Morfema Press

Es lo que es

Armando Esteban Quito

Al menos dos de los migrantes acusados de la espeluznante agresión a dos policías de Nueva York en Times Square, grabada en vídeo, son miembros de la conocida banda callejera venezolana «Tren de Aragua», según informaron el jueves funcionarios federales de inmigración al diario New York Post.

Primer Informe

Wilson Juárez, de 21 años, y Kelvin Servita-Arocha, de 19, acusados por el ataque del 27 de enero contra policías de Nueva York, están detenidos sin fianza por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. como presuntos miembros de la sanguinaria banda que ha dejado su huella en la Gran Manzana.

«Ambos ciudadanos venezolanos presentes ilegalmente han sido acusados en relación con el violento asalto de pandillas llevado a cabo en dos agentes de la policía de Nueva York se detallan actualmente sin fianza», dijo la portavoz de ICE Marie Ferguson en un correo electrónico a The Post.

«Ambos no ciudadanos han sido identificados como miembros de la organización criminal transnacional Tren de Aragua», dijo Ferguson.

Juárez y Arocha fueron detenidos por agentes de inmigración en el interior de un apartamento del Bronx después de que la policía ejecutara una orden de detención contra otro solicitante de asilo buscado por el atentado de Times Square.

Arocha fue detenido en virtud de una orden del ICE y se reevaluará su situación de custodia, mientras que Juárez fue detenido en virtud de una orden de deportación de un juez de El Paso, Texas, hace un año, según funcionarios del ICE.

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El régimen venezolano usa la administración de justicia como instrumento de judicialización política o acoso judicial, con apariencia de legalidad, para inhabilitar o provocar repudio popular contra opositores de cualquier tendencia, lo que se conoce como guerra legal (en inglés lawfare). Esa acción contra opositores políticos la ha extendido a grupos de la revolución bolivariana, que no se han plegado a determinadas políticas del gobierno o han asumido alguna posición crítica en materia social, política o judicial. Algunos han sido asesinados, otros desaparecidos, en medio de la opacidad informativa.

Por: Sebastiana Barráez – Infobae

Varias acciones violentas o de ataque impulsadas, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), a través de grupos de choque o bandas armadas, se han ejecutado a través de campañas o eslóganes como “furia roja”, “tun tun”, “furia bolivariana”, entre otros.

Las amenazas no son recientes. Hugo Chávez le dio fuerza a los Círculos Bolivarianos, algunos derivados en grupos violentos que atacaron a dirigentes de oposición. Se le suma el respaldo de grupos colectivos, principalmente de la parroquia caraqueña 23 de Enero, la mayoría formados en la década del 90, mucho antes de la llegada de Chávez al poder.

A medida que avanza la revolución bolivariana en Venezuela, los colectivos, los círculos bolivarianos y los grupos de choque en general, también sufrieron transformaciones. Lina Ninette Ron Pereira, furibunda defensora de la revolución chavista, con un verbo fuerte y agresivo, logró mantener ascendencia sobre los más importantes colectivos del 23 de Enero y otros sectores de Caracas, pero su muerte en marzo de 2011 desató las acciones de los grupos, que recibieron protección de algunos dirigentes del chavismo.

En el año 2017 un grupo de colectivos se aglutina para coincidir en planteamientos comunes; ubican como sitio de reunión la plaza de Santa Capilla, a la que llamaron plaza Lina Ron, en el centro de Caracas, frente al Banco Central de Venezuela y a unos metros del palacio de Miraflores. El interés principal fue dar respuesta a la cantidad de hechos de corrupción que desbordaban al Gobierno en sus diversas instancias.

Creyeron que la revolución les permitiría expresar críticas con énfasis en la corrupción y el ‘bachaqueo’, como se llama a la reventa de productos básicos, y así proponer políticas públicas. Los más encumbrados de la revolución lo vieron como afrenta, lo que al final lleva a que la mayoría de los colectivos salieron del control de Miraflores, quedando plegados los grupos La Piedrita y Tres Raíces.

Extraña muerte

Valentín Santana es el jefe de La Piedrita, uno de los colectivos más importantes del 23 de Enero, por la zona que controla, el poder del calibre de las armas que poseen y por el liderazgo de su líder sobre parte importante de la población de la parroquia, además de sus relaciones con determinados políticos del chavismo.

En el caso del colectivo Tres Raíces, tuvo como líder a Heyker Leobaldo Vásquez Ferrera, quien fuera asesinado en un extraño suceso, en el marco de la llamada Masacre de El Junquito, donde el ex funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC), piloto Oscar Pérez, fue asesinado junto a su grupo por fuerzas estatales policiales y de inteligencia, el 15 de enero 2018.

La información, dada entonces a conocer por Freddy Alirio Bernal Rosales, para el momento jefe de los Comités Locales de Abastecimiento Popular (CLAP), fue que “un grupo de patriotas como Heiker han caído en combate como caen los revolucionarios de todos los días, los revolucionarios de siempre, los que son capaces -más allá del discurso-, de arriesgar la vida por las ideas”, aunque en realidad el único fallecido del lado gubernamental fue el jefe de Tres Raíces.

Allegados a Vásquez han considerado que, en el marco de la operación para liquidar a Oscar Pérez, se pudo aprovechar para asesinar al jefe de Tres Raíces, que estaba resultando incómodo por determinadas órdenes. “Ese colectivo fue organizado y financiado con el dinero del bachaqueo y el contrabando, por parte de Freddy Bernal. Después de la muerte de Heiker, Tres Raíces se convierte en punta de lanza para controlar a grupos radicales de izquierda del 23 de Enero”, le dice a Infobae un ex miembro de la organización.

“No es casual que los mismos líderes de los colectivos que participaron en la muerte de Oscar Pérez, hayan sido anulados silenciosamente a través de diversas maniobras”. Menciona como el caso más emblemático el del sociólogo Carlos Rafael Lanz Rodríguez, quien perteneció a grupos guerrilleros venezolanos ya desaparecidos como el Partido de la Revolución Venezolana (PRV) y Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), estuvo detenido por asalto a bancos y sospechoso del secuestro del estadounidense William Niehous. Hugo Chávez lo nombró, en el 2005, presidente de una empresa estatal de aluminio.

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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha criticado este jueves las acciones de la «dictadura venezolana» contra la oposición del país, tras lo que ha cuestionado la transparencia de las próximas elecciones presidenciales, que en un principio habían sido pactadas con los opositores en los Acuerdos de Barbados.

Europa Press

«Las acciones de la dictadura venezolana, incluida la inhabilitación de la ganadora de las primarias y líder en las encuestas, María Corina Machado (candidata unitaria de la oposición), hablan por sí mismas sobre la transparencia del proceso electoral. Persecución política, violación de derechos políticos de la ciudadanía e incumplimiento de acuerdos son el modus operandi del régimen», ha publicado Almagro en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Por otro lado, Machado ha asegurado que su compromiso con el país es «irrenunciable» y que el destino de Venezuela es «la libertad», tras lo que ha pedido actuaciones y apoyo en su favor.

Esto se produce en el marco de la campaña de detenciones en el país latinoamericano después de que el presidente Nicolás Maduro afirmase en enero que durante el año pasado las autoridades desmantelaron cuatro intentos de magnicidio en su contra planificados desde Estados Unidos y Colombia.

La Oficina en Venezuela del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que el Gobierno de Nicolás Maduro decidió expulsar del país esta semana, tenía como mandato monitorear, evaluar y hacer informes sobre la situación de los derechos humanos en el país, de acuerdo con su página web.

CNN

Estas labores se fundamentan en diversas resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la ONU, en particular la 48/141, que en 1994 estableció la promoción y protección de todos los derechos humanos como la misión del Alto Comisionado.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, anunció este jueves la decisión del Gobierno de Maduro de expulsar a la Oficina del país. En un mensaje a medios, dijo que esta instancia “se ha desviado de su mandato” y “se ha convertido en una caja de resonancia de la oposición”.

Dos días antes, el Alto Comisionado se había sumado a las voces que se declararon preocupadas por la detención de la activista Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano a quien la Fiscalía de Venezuela acusa de participar en una supuesta conspiración contra Maduro y de la cual las autoridades aún no han ofrecido pruebas. Los abogados de San Miguel rechazan los señalamientos y exigen que sea liberada. Este viernes, San Miguel cumplió una semana bajo arresto.

En tanto, tras el anuncio del canciller venezolano —quien dio 72 horas para que el personal de la Oficina salga del país—, la portavoz Ravina Shamdasani dijo que desde la ONU lamentan la decisión y evalúan qué acciones tomar.

“Seguimos colaborando con las autoridades y otras partes interesadas. Nuestro principio rector ha sido y sigue siendo la promoción y protección de los derechos humanos del pueblo de Venezuela”, expuso Shamdasani.

Las tareas de la Oficina

La Oficina dice en su página web que desde 2019 ha realizado diversas acciones en Venezuela para monitorear la situación de los derechos humanos y dar asesoría técnica para instrumentar recomendaciones.

Algunas de estas acciones —señala— han sido establecer un mecanismo de “alerta temprana” para detectar casos individuales de violaciones a los derechos humanos y pedir a las autoridades correspondientes medidas urgentes; visibilizar las violaciones a los derechos económicos y sociales, que se agravaron después de la pandemia de covid-19, y “proteger y mejorar el espacio democrático”, resguardando a defensores de derechos humanos, colaborando con organizaciones no gubernamentales y llamando a que haya procesos participativos e inclusivos en la adopción de políticas públicas.

Previamente, en 2017 y 2018 el Alto Comisionado publicó dos informes en la materia. El primero se centró en los hechos ocurridos en el marco de las protestas que se extendieron de abril a julio. El segundo dio seguimiento a ese tema y refirió otras situaciones, como presunto uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura y crisis sanitaria y alimentaria.

Las reacciones tras la expulsión

Este jueves, luego del anuncio del canciller Gil, el Gobierno de Venezuela emitió un comunicado en el que acusó a la Oficina de la ONU de tener una actitud “colonialista, abusiva y violadora de la carta de las Naciones Unidas”.

“Esta Oficina del Alto Comisionado resulta muy activa para falsear hechos y precalificar situaciones en relación con Venezuela, solo para agredir la soberanía y autodeterminación del país con mentiras, falsificaciones, desinformaciones y manipulaciones”, dijo.

Dentro y fuera de Venezuela, en contraparte, diversos actores han criticado la decisión del Ejecutivo de Maduro.

Las fuerzas de oposición agrupadas en la Plataforma Unitaria Democrática consideraron que la expulsión de la Oficina “ratifica el carácter totalitario del régimen, quien no quiere la presencia activa de la comunidad internacional como testigos de las permanentes violaciones de DDHH en nuestro país”.

Este viernes, la embajada de Estados Unidos en Venezuela dijo que el gobierno estadounidense “está alarmado” por la expulsión de la Oficina de la ONU, la cual consideró un acto de represalia por la preocupación que esa instancia expresó por la detención de la activista Rocío San Miguel.

La madre y uno de los abogados del fallecido disidente ruso Alexei Navalni, quienes viajaron hasta la colonia penitenciaria donde estuvo detenido en el norte de Rusia, dijeron este sábado (17.02.2024) que su cuerpo «no está en la morgue», a diferencia de lo afirmado por las autoridades del régimen. El entorno del opositor, que tenía 47 años, exigió que los restos sean entregados a la brevedad.

DW

«La madre y el abogado (de Navalni) llegaron a la morgue de Salekhard», escribió en X (Twitter) la portavoz de Navalni, Kira Yarmysh, poco después de haber confirmado la muerte del opositor. «Está cerrada, pese a que en la colonia les habían dicho que estaban trabajando y el cuerpo se encontraba ahí. El abogado llamó al número de teléfono que aparecía en la puerta. Les dijeron que era la séptima llamada que recibían y que el cuerpo no estaba en la morgue».

En una publicación posterior, Yarmysh afirmó que «otro abogado de Navalni, que fue al Comité de Investigación de Salekhard, fue informado de que aún no se había establecido la causa de muerte» de Navalni, y que se estaba realizando «un nuevo peritaje histológico». Los resultados de esos estudios «supuestamente estarán disponibles la próxima semana. Parece obvio que están mintiendo y haciendo todo lo posible para evitar entregar el cuerpo».

Esta idea fue reforzada por el equipo de Navalni en Telegram, donde aseguró que «es evidente que los asesinos quieren cubrir sus huellas y por eso no entregan el cuerpo de Alexei, ocultándoselo incluso a su madre».

«Perdimos a nuestro líder, no nuestras ideas”
Según el equipo de Navalni, la madre del disidente, Lyudmila Navalnaya, llegó a la colonia penitenciaria ubicada en la región rusa de Yamal, donde se le entregó oficialmente la notificación de la muerte de su hijo, que sostiene que el deceso se produjo a las 14.17 horas del viernes. De acuerdo con las primeras informaciones, Navalni cayó inconsciente tras realizar una caminata en el penal donde se encontraba recluido.

En una entrevista con Reuters, Yarmysh -exiliado, como muchos opositores- dijo que el trabajo del grupo de Navalni seguirá adelante, así como su visión para lograr un cambio en Rusia. «Perdimos a nuestro líder, pero no perdimos nuestras ideas y nuestras creencias”, dijo. La aliada del opositor considera que Navalni fue asesinado, recordando que en 2020 fue envenenado, ataque del que sobrevivió milagrosamente.

«Sabemos que existe un riesgo, Alexei lo sabía. Y ayer lo asesinaron como habían planeado hacerlo hace tres años”, apuntó.

Más de 400 personas han sido detenidas en diferentes ciudades rusas durante acciones de protesta por la muerte en prisión del líder opositor, Alexei Navalny, según informó este sábado OVD-Info, organización que vela por los derechos de los disidentes detenidos.

Infobae

Más de la mitad de las detenciones ocurrieron en San Petersburgo, ciudad natal del presidente ruso Vladimir Putin.

Las detenciones restantes sucedieron en Moscú, Nizhni Nóvgorod, Krasnodar y otras ciudades de la parte europea de Rusia y de Siberia, precisó OVD-Info en su página web.

Además, la Policía recogió los datos personales de todos los participantes en esos actos, incluido los reporteros que acudieron a cubrirlos.

Las fuerzas del orden y agentes de civil intentan desde el viernes retirar todos los memoriales creados por los simpatizantes de Navalny, tanto en monumentos a las víctimas de las represiones políticas como en lugares improvisados.

Así ocurrió, según los canales de Telegram locales, frente al Kremlin en el puente donde fue asesinado en 2015 el también dirigente opositor Boris Nemtsov.

Según la prensa local, numerosas personas rinden desde la víspera memoria al líder opositor depositando flores o colocando velas en lugares señalados de sus ciudades.

Miles de rusos en el exilio salieron a la calle para protestar por lo que consideran un asesinato por encargo del Kremlin y convocaron para el sábado más acciones en ciudades europeas, estadounidenses y latinoamericanas.

Navalny, de 47 años, murió el viernes de manera repentina en la prisión ártica en la que se encontraba desde diciembre pasado, según informaron los servicios penitenciarios de Rusia.

La oposición y la prensa independiente rusa, y las cancillerías occidentales acusaron al unísono a Putin de ordenar el asesinato de Navalny, enemigo número uno del Kremlin desde hace 15 años.

Navalny, que cumplía una condena de casi 30 años de cárcel, fue trasladado en diciembre a una prisión ártica después de anunciar una campaña contra la reelección de Putin en los comicios presidenciales de marzo.

El portavoz presidencia, Dmitri Peskov, consideró “inaceptables” las acusaciones vertidas por Occidente antes de que se conozcan los resultados de la autopsia.

En la noche del viernes, en toda Rusia grupos de personas depositaron flores en memoriales improvisados en monumentos en recuerdo de disidentes políticos y hubo detenciones, según denuncias en las redes sociales.

Ante los llamados a manifestarse que circularon en internet, la fiscalía de Moscú advirtió el viernes que “organizar o celebrar concentraciones no autorizadas, convocarlas y participar en ellas es una infracción administrativa”

Las protestas son ilegales en Rusia, donde rigen duras leyes para castigar a la disidencia, que incluyen penas de cárcel por criticar al poder. Las autoridades han reprimido con especial severidad las concentraciones en apoyo a Navalny.

Navalny había sobrevivido en 2020 a un envenenamiento. Estaba detenido desde 2021 y fue condenado por “extremismo”.

Este abogado, que alcanzó notoriedad como activista contra la corrupción, era la figura más prominente de una oposición que está reducida a su mínima expresión por la represión que se intensificó tras el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania, en febrero de 2022.

Su muerte fue anunciada a un mes de las elecciones en Rusia, que se espera consoliden en el poder al presidente, Vladimir Putin.

Estas personas están tropezando con el hecho de que ya no son fumadores. Un estudio reciente descubrió que una combinación de psicodélicos y terapia de conversación puede ayudar a los fumadores de cigarrillos a dejar definitivamente el sucio hábito.

The New York Post

El estudio, publicado en el Kennedy Institute of Ethics Journal , examinó los diarios posteriores al tratamiento que mantuvieron los participantes en un estudio de Johns Hopkins de 2014 que analizó el «uso terapéutico de los alucinógenos en el tratamiento de los trastornos por uso de sustancias».

En ese estudio, 15 participantes recibieron psilocibina, el ingrediente alucinógeno activo de los hongos psicodélicos, después de hablar con un terapeuta.

Posteriormente, investigadores de la Universidad de Cincinnati analizaron los diarios de los participantes y descubrieron que la mayoría de ellos reinventaron su percepción de sí mismos como «fumadores».

“Vimos una y otra vez que las personas tenían la sensación de que habían dejado de fumar y que ahora no fumaban”, dijo en un comunicado de prensa Neşe Devenot, autora principal e investigadora postdoctoral de la Universidad de Cincinnati .

“Si quieres renunciar a la carne pero hueles un bistec delicioso, puede ser difícil resistirse”, agregó. “Pero si te identificas como vegetariano y tu sentido de quién eres es alguien que no come carne, esa identidad ayuda a fomentar una elección diferente”.

«Los psicodélicos se han comparado con esquiar en la nieve fresca… es posible que tengas más libertad para maniobrar tus esquís en cualquier lugar de la montaña», explicó Devenot, y dijo que la psilocibina puede ayudar a algunas personas atrapadas en las mismas rutinas de mal comportamiento.

“Es posible que los surcos arraigados de los malos hábitos no tengan tanta fuerza en nuestros esquís, por lo que podemos establecer otros caminos”, afirmó, continuando con la comparación.

De hecho, muchos de los participantes parecían reinventar radicalmente la idea de sí mismos.

“Siento que de alguna manera soy fundamentalmente diferente a ayer”, escribió un participante. «¡Supongo que siento que ha tenido lugar algún tipo de metamorfosis!»

“El concepto parece firmemente arraigado en mi realidad incluso hoy, que los antojos no son algo real”, declaró otro.

Al final, el estudio encontró que 12 de los 15 participantes (80%) pudieron dejar de fumar durante seis meses. Según el comunicado de prensa de la Universidad de Cincinnati, ese porcentaje de éxito es mayor que “otros métodos tradicionales para dejar de fumar”.

Los Institutos Nacionales de Salud dijeron que alrededor del 75% de los fumadores experimentan una recaída dentro de los seis meses. Sin embargo, la probabilidad de volver a caer en el hábito disminuye drásticamente después de ese punto. Hasta el 60% de los que lograron abstenerse durante seis meses mantienen el abandono del hábito de fumar durante al menos ocho años

La terapia cognitiva conductual funciona haciendo que las personas se concentren en sus pensamientos y sentimientos a medida que responden al mundo que los rodea, mientras que se ha descubierto que los psicodélicos ayudan a las personas a cambiar sus respuestas a ciertos factores estresantes u otros desencadenantes.

«Esto prepara el escenario para tener realmente la experiencia de la psilocibina, que puede proporcionar nuevos conocimientos y perspectivas, así como servir como marcador de ese cambio de identidad como un rito de iniciación, lo que significa el cambio, por ejemplo, de fumador a no fumador», dijo Albert. García-Romeu, profesor asistente de psiquiatría y ciencias del comportamiento en la Universidad Johns Hopkins.

Los psicodélicos se han vuelto cada vez más populares en los últimos años tanto en entornos recreativos como clínicos. El año pasado, Colorado se convirtió en el primer estado en legalizar la psilocibina y otros estados, incluido Nueva Jersey, están considerando seguir esos pasos .

En entornos clínicos, se ha descubierto que la terapia con hongos mágicos es un tratamiento exitoso para el trastorno de estrés postraumático, la depresión y el estrés de la muerte , entre otras cosas.

Esta fue la semana en que Nicolás Maduro dejó incluso de fingir.

Después de meses de acosar a sus propios ciudadanos y a la comunidad internacional con esperanzas de un deshielo casi democrático, el dictador de Venezuela arrestó a un conocido activista de derechos humanos y luego expulsó abruptamente del país a una agencia de derechos humanos de las Naciones Unidas, dando a su personal 72 horas para salir.

Por: Brian Winter – Americas Quarterly

Las tácticas eran viejas. Pero el sentimiento era de alguna manera nuevo.

En los últimos cinco años, los esfuerzos para restaurar la democracia en Venezuela han cerrado el círculo: desde las más de 50 naciones  que reconocieron a Juan Guaidó como presidente legítimo en 2019, hasta el intento fallido de Guaidó de reunir al ejército venezolano a su lado; a las sanciones de Donald Trump y a los discursos poco realistas sobre una invasión estadounidense ; a los intentos más recientes de reconciliación; el levantamiento de algunas sanciones ; y el acuerdo alcanzado en Barbados en octubre pasado para liberar a los presos políticos y organizar algún tipo de elección presidencial a finales de este año.  

El sentimiento que se escucha ahora, al menos en privado, de algunos activistas en Venezuela y diplomáticos en capitales de América, es de impotencia.

Hemos probado de todo, zanahorias y palitos. Y ahora básicamente estamos de vuelta donde empezamos.

Es decir: un narcoestado que toma prisioneros políticos, empobrece a su gente, provoca una hemorragia a millones de inmigrantes y periódicamente pretende ser lo suficientemente razonable como para mejorar su posición internacional y obtener algunos dividendos económicos, antes de volver a cerrar la puerta de un portazo. 

Hay rumores, como siempre, de que tal vez estemos leyendo mal: que la desaparición forzada de Rocío San Miguel, quien tiene excelentes contactos en el ejército venezolano, en realidad señaló algún tipo de intriga palaciega que dejó a Maduro en pánico. Que las facciones dentro del régimen de Maduro continúan buscando algún tipo de rampa de salida, incluso después de la decisión de enero de romper el acuerdo de Barbados al prohibir a María Corina Machado como candidata de la oposición.

“El régimen es débil. Se está agrietando. Se han quedado sin dinero. Y lo más importante de todo es que son conscientes de que han perdido su base social”, dijo Machado en un evento del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales esta semana. Dijo que el arresto de San Miguel tenía como objetivo “paralizar” el impulso entre las fuerzas que presionan por la democracia.

Otros tenían explicaciones más prosaicas. “Este es Maduro señalando al mundo con el dedo”, me dijo David Smolansky, un destacado venezolano en el exilio.

De cualquier manera, si Maduro ha dejado de fingir, entonces tal vez el resto del mundo también debería hacerlo.

¿Qué significa eso? Bueno, algo único entre las dictaduras del mundo es que la política hacia Venezuela en Estados Unidos, Europa y algunos países latinoamericanos sigue siendo tratada como si la democracia estuviera al alcance de la mano: si el mundo dijera lo correcto o encontrara la respuesta correcta, combinación de coerción e incentivos, la puerta podría quedar abierta.

Personalmente desearía que eso fuera cierto. Pero Venezuela, a estas alturas, parece un régimen autoritario consolidado, como Cuba (que asesora a Maduro y se ha mantenido “fuerte” durante 65 años) o Rusia. En tales casos, uno nunca debe perder la esperanza de un cambio, pero éste vendría desde adentro, abruptamente, a través de una revuelta popular o un golpe palaciego. 

La comunidad internacional todavía puede hacer cosas para fomentar el retorno de la democracia. Pero reconoce la triste verdad de que una vez que una dictadura se afianza, resulta increíblemente difícil desalojarla y, por lo tanto, se centra primero en opciones realistas para gestionar la situación tal como está.

La administración Biden dio uno o dos pasos en ese camino en 2023, cuando alivió las sanciones de la era Trump al sector petrolero de Venezuela y otras áreas. Pero los funcionarios estadounidenses continuaron vinculando públicamente sus decisiones con el progreso hacia una apertura democrática, aparentemente creyendo que podrían “tenerlo todo”, una política que 1) expulsaría a Maduro, o al menos reduciría la opresión 2) obtendría más acceso al petróleo venezolano. en medio de la guerra en Ucrania y otras perturbaciones globales y 3) Mejorar las condiciones económicas en Venezuela, lo que a su vez podría 4) Detener el flujo verdaderamente masivo y creciente de migrantes venezolanos desesperados que llegan a los Estados Unidos en un año electoral.

Ese escenario de Ricitos de Oro está completamente descartado ahora, después de los acontecimientos de esta semana. La presión proviene de muchos sectores, incluidos algunos ex presidentes y líderes políticos de América Latina y España, para restablecer las sanciones y poner en marcha el ciclo punitivo una vez más.

La alternativa sería decir: Desafortunadamente, Maduro ha incumplido su parte del trato. Hoy anunciamos nuevas y duras sanciones contra personas dentro del régimen, así como nuevas medidas para apoyar a los venezolanos que continúan luchando valientemente por la democracia. Pero creemos que un restablecimiento total de las sanciones entregaría aún más el control de las mayores reservas de petróleo del mundo a actores difamatorios como China, Irán y Rusia, tanto ahora como en el futuro. Empeoraría la situación económica en Venezuela, enviando otra ola de migrantes a través de la frontera suroeste de Estados Unidos. Y para ser franco, no creemos que haría nada significativo para debilitar el control de Maduro sobre el poder. 

Esto puede resultar demasiado tóxico desde el punto de vista político, especialmente durante este año electoral. 

El costo para la credibilidad de Estados Unidos sería sustancial, quizás inaceptable. 

Pero si todos realmente dejaran de fingir, podría ser el enfoque más honesto y eficaz.

Perkins Rocha, enlace legal del Comando Con Vzla, denunció este viernes en rueda de prensa que en Venezuela existe hoy en día desaparición forzada y «alguien que se asume como Fiscal General es cómplice de eso».

Vente Venezuela

A casi un mes de la detención arbitraria de los jefes de los Comandos Con Vzla en Vargas, Yaracuy y Trujillo, Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López, respectivamente, Rocha prosiguió que en el país se están violando uno de los más valiosos derechos: libertad y vida.

«Nadie sabe si nuestros jefes de Campaña viven, nadie sabe dónde están (…) Esto se suma a las graves irregularidades contra Victor Venegas y Rocío San Miguel».

A su juicio, esta ola de represión se debe al miedo del régimen a que el ciudadano se organice. «Se criminaliza la crítica, la protesta y el llamado a unas elecciones limpieas y libres que deben ocurrir este año (…) Maduro quiere que nos callemos y Tarek William Saab es el pregonero de sus acciones, pero el silencio nunca puede ser una opción ante la arremetida del poder», advirtió Rocha.

En este sentido, el abogado defensor Omar Mora Tosta agregó que los dirigentes de Vente Venezuela se encuentran sin paradero conocido. «Hemos transitado todas las instituciones y recintos policiales y no aparecen».

Cronología del caso

Mora Tosta hizo una cronología del caso desde que los dirigentes fueron secuestrados por los cuerpos de seguridad del régimen el pasado 23 de enero.

«El 23 de enero fueron arrebatados de una manera violenta, el 26 del mismo mes el Fiscal confirmó que los tenían detenidos. Sus familiares y nosotros hicimos un escrito de denuncia ante la Fiscalía y al día de hoy no tenemos respuesta».

«¿Dónde están? ¿Quién los tiene? Es gravísimo como precedente legal en Venezuela (…) El 14 de febrero fuimos al tribunal de terrorismo y nos dijeron que estas personas no fueron presentadas; estamos en total estado de indefensión», alertó Mora.

Reacciones sobre expulsión de la ONU

Asimismo, Rocha fustigó este viernes en rueda de prensa al régimen de Nicolás Maduro por la expulsión del país de la oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos.

«Expulsar groseramente a un órgano que ha defendido los DDHH en todo el planeta es como dispararle a los enfermeros y médicos en pleno campo de batalla», advirtió Rocha.

Por otro lado, denunció que el régimen no sabe jugar con árbitros y en canchas imparciales. «Maduro y su sistema no saben jugar con árbitros, en canchas constitucionales (…) Creen en árbitros tramposos», concluyó.

Activistas coinciden en que la decisión de Nicolás Maduro de expulsar a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas podría contribuir al cierre del espacio cívico en Venezuela.

El Nacional

Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, estima que una de las principales repercusiones de la suspensión de actividades de esa instancia es que los ciudadanos quedan en situación de indefensión.

“Era un órgano internacional al cual podían acudir estando aquí en Venezuela para denunciar violaciones de derechos humanos. Esto va a dejar en indefensión tanto a quienes quieren hacer denuncias de nuevas violaciones de los DD HH y a quienes ya habían presentado sus casos”, afirmo en una entrevista a la Voz de América.

Para Ezequiel Monsalve, coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela, al «no tener a la misión los defensores nos encontramos más en riesgo, mucho más preocupados por el impacto que puede tener en nuestro trabajo, nuestra seguridad personal. La presencia de la misión para bien o para mal era importante».

El gobierno venezolano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, firmaron el año pasado un memorando de entendimiento para concretar la instalación de una oficina de cooperación técnica de la Fiscalía de la CPI en Caracas.

Sobre esto, Daniels señaló que dicha oficina iba a trabajar en estrecha colaboración con Naciones Unidas. «No sabemos si tendrá repercusiones en la instalación de la oficina, las consecuencias son delicadas y van más allá de la presencia o no de 13 funcionarios en el país», dijo.

Ante lo ocurrido, los activistas consideran que el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que vence en septiembre de este año, debería prorrogarse.

Los defensores de derechos humanos también concuerdan en que el trabajo de la oficina se llevó a cabo con un bajo perfil y de manera considerablemente diplomática.

“En muy pocas ocasiones ha hecho pronunciamiento. Una de las pocas en la que lo hicieron fue en el caso de Rocío San Miguel. Pedían que se supiera dónde estaba y que se respetaran sus derechos”, dijo Daniels.

La Oficina de DD HH de la ONU, que ha estado en el país desde 2019, entre otras funciones ha llevado a cabo labores de asistencia técnica, monitoreo y apoyo para la implementación efectiva de recomendaciones emitidas en informes, según lo establecido en resoluciones del Consejo de Derechos humanos de la ONU.

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